La construcción en Bolivia de un modelo de gobierno basado en la participación de las mayorías en las decisiones políticas y el avance a una forma de vida sin discriminaciones, centran las metas de los actores sociales durante el segundo mandato de Evo Morales.
Cuando se cumple el primer decenio del Foro Social Mundial (FSM), Bolivia se ha convertido en una referencia de los pilares que en enero de 2001 fueron trazados bajo el principio de un mundo solidario, durante el primer encuentro organizado por movimientos civiles, en la meridonal ciudad brasileña de Porto Alegre.
La lucha contra el dominio económico o imperial y el deseo de convivir en armonía con la diversidad de culturas y corrientes de pensamiento que ha orientado el FSM fue adoptada por la revolución democrática y cultural iniciada por el presidente Morales y las organizaciones sociales que lo respaldan, desde su llegada al poder hace cinco años.
Tras su nuevo triunfo el 6 de diciembre, Morales, un indígena de 50 años, es juramentado formalmente este viernes como presidente para un segundo mandato quinquenal. Antes, asume el cargo en una ceremonia ancestral especial sin valor legal.
Entre los días 25 y 31 de enero Brasil será escenario de una serie de reuniones del FSM que hará un balance de sus 10 años de vida y establecerá las estrategias del futuro en medio de lo que sus diferentes movimientos han definido como una «crisis civilizatoria» que soportan los pueblos del mundo.
«Bolivia ha posicionado demandas legítimas de los pueblos del mundo y percibo que está en un momento y con capacidad de ser referente real», expresó a IPS el secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el hondureño Mateo Martínez.
El dirigente aseguró que en los últimos tres años en Bolivia se construyó una jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, en cuya elaboración participaron representantes de pueblos y comunidades, academias y actores de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas algunas empresariales.
«No es suficiente que haya leyes sobre derechos de los pueblos. Hay que definir políticas para hacer efectivos esos derechos y considerando más de una doctrina en materia de justicia», según Martínez.
La aprobación de una nueva constitución y la reelección de un presidente indígena que fortalece una política social para vivir bien, y la posición boliviana contra el dominio de los imperios expresada en cumbres presidenciales, merecen un reconocimiento, expresó a IPS Aloha Núñez, viceministra del Poder Popular Indígena de Venezuela.
El carácter plurinacional, multiétnico e incluyente incorporado en la nueva constitución boliviana es el hecho que más destaca Núñez, una funcionaria de 25 años de edad y elevado conocimiento de la realidad de los pueblos indígenas.
La autoestima de los pueblos creció por el proceso de cambios registrados en esta nación andina, donde ahora los sectores populares pueden obtener recursos para agua potable, transporte, construcción de puntos de atención sanitaria y carreteras, comentó a IPS el coordinador del V Encuentro Social Alternativo Boliviano, Guido España.
La reunión, realizada en octubre, estuvo inspirada precisamente en el Foro Social Mundial, relató España que anticipa un proceso largo hasta alcanzar una articulación y armonía en el debate de ideas entre todos los segmentos de la sociedad boliviana.
«A veces la euforia nos muestra rapidez, pero este es un proceso de concertación para sentarnos todos a la mesa en condición de igualdad y redefinir la visión y estrategia del país, con perspectiva plurinacional y multilingüe. La opinión de un indígena o un citadino debe tener el mismo valor», afirmó.
La reelección del presidente Morales fue apoyada por el 64 por ciento de electores, pero España está convencido de que existen sectores conservadores a favor del «statu quo» actual y que buscan formas de expresar su descontento con las políticas sociales del gobierno.
Sugirió buscar muchos pactos entre el gobierno y esos grupos conservadores para «desactivar estas pequeñas bombas» y ampliar el proceso de inclusión ciudadana.
Desde la óptica de la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Katia Uriona, el proceso político y social boliviano permitió ampliar la democracia a la mayoría de la población boliviano, en un hito histórico por la inclusión de pueblos indígenas y organizaciones de mujeres.
«Las organizaciones sociales estaban ausentes de los espacios de decisiones y hoy se reconocen las iniciativas y voces de la mayoría de la población», expresó a IPS.
El proceso que vive Bolivia plantea un desafío a juicio de Uriona, porque el espacio democrático se amplía en lo simbólico y en lo concreto, las mayorías tienen la posibilidad de decidir en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, en los procesos de autonomías regionales, en los municipios y en los pueblos indígenas.
«Se abre la posibilidad de construir nuevas políticas, enfrentar las condiciones de discriminación, subordinación y pobreza, y exclusión indígena dentro de una estructura patriarcal de nuestras sociedades», resumió la dirigente feminista.
«El desafío será construir un país con capacidad de inclusión y la noción de vivir bien, una propuesta política que debe materializarse. Es momento en que debe hacerse realidad y responder a las expectativas de los movimiento sociales, para cambiar la vida de los hombres y mujeres bolivianos», dijo en tono reflexivo.
«Si continúan los mismos niveles de pobreza, entonces quedará demostrado que el camino recorrido no fue el correcto», opinó la responsable de la organización más influyente de mujeres bolivianas.