A fines del mes de junio pasado se ha cumplido la mitad del periodo gubernamental del Presidente Evo Morales, el mismo que se inició en Enero del año 2010, luego de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Restando otros dos años y medio para la conclusión del mandato constitucional y democrático del […]
A fines del mes de junio pasado se ha cumplido la mitad del periodo gubernamental del Presidente Evo Morales, el mismo que se inició en Enero del año 2010, luego de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Restando otros dos años y medio para la conclusión del mandato constitucional y democrático del gobierno, parece oportuno efectuar un balance sobre la gestión y la marcha del proceso.
La asincronía entre la gestión gubernamental y el mandato del proceso de cambio
Generalmente cuando se evalúa el desempeño de cualquier iniciativa, una de las primeras cosas que se observa es existe compatibilidad y consistencia entre el mandato y los objetivos planteados originalmente y la forma cómo se están ejecutando en la práctica. Al observar los dos años y medio transcurridos de este periodo gubernamental, se puede apreciar que la gestión gubernamental ha privilegiado la atención coyuntural de los asuntos y postergado (abandonado?) el cumplimiento de los objetivos y el mandato del proceso de cambio. Lo urgente ha prevalecido sobre lo importante. Se ha coyunturalizado la gestión gubernamental y se han postergado las tareas del proceso de cambio y transformación democrático cultural.
Esta afirmación se sustenta en los siguientes hechos. En lo que hace a la atención y resolución de los conflictos sociales que en los últimos años han constituido los principales asuntos de la agenda nacional, se pueden apreciar los siguientes equívocos:
Primero, que al margen de la falta de oportunidad y dilación inexplicable en la atención de los conflictos surgidos, que se ha aunado a un enfoque agresivo y confrontacional; se ha podido establecer que ha prevalecido generalmente un criterio que optó primero por minimizar y descalificar las protestas y anuncios de movilización de diversos sectores sociales, que a la postre terminaron en crisis sociales de envergadura que sacudieron a toda la opinión pública nacional, provocando movilizaciones, enfrentamiento y hasta muerte de ciudadanos (como por ejemplo las dos marchas nacionales del TIPNIS, la movilización nacional de los discapacitados, el conflicto de salud, el caso de Mallku Q’ota o el conflicto de los policías). Al final, el gobierno terminó adoptando aquella tan perniciosa modalidad del pasado neoliberal de firmar acuerdos y comprometer la fe del Estado en documentos que ceden y convalidan lo que originalmente fue rechazado, lo que ha generado perversos precedentes que alientan el uso de la violencia y la fuerza, como el mejor argumento de lucha, al margen e independientemente de la justeza y razonabilidad de las demandas sociales.
Segundo (y quizás lo más importante), que al mismo tiempo se optó en algunos casos con romper y contradecir frontalmente las banderas y objetivos del propio proceso, como se puede comprobar con el caso del TIPNIS, por el cual el gobierno parece haber optado por contradecir e ir en contra de aquellos principios y derechos reclamados para la Madre Tierra (Pachamama) y el Vivir Bien en armonía con la naturaleza, que constituyen dos de las más importantes propuestas alternativas al capitalismo salvaje y el neoliberalismo extractivista a nivel mundial, que el gobierno del Estado Plurinacional sostuvo y defendió en la Cumbre Mundial de Tiquipaya en Cochabamba y otros foros internacionales. De esa forma, al mismo tiempo de caer en un método de manejo de conflictos que en el pasado generó un círculo vicioso que terminó desgastando, debilitando y agotando a los gobiernos neoliberales, también se perdió la oportunidad de transformar los conflictos en oportunidades para profundizar y ampliar el proceso hacia perspectivas que superen los límites sectoriales y corporativistas que generalmente han caracterizado a las movilizaciones sociales.
En lo que hace a las principales actividades presidenciales en la gestión del gobierno, es muy clara la opción y priorización por la construcción e incesante entrega de diverso tipo de obras (no necesariamente estratégicas) como canchas deportivas, mercados, tinglados, aeropuertos, etc., que se encuentran asociados a un muy fuerte impulso de la inversión pública y la ejecución presupuestaria «a como de lugar». Al respecto se echa de menos la existencia de un Plan Maestro de Obras que permita orientar socialmente la pertinencia e importancia de las obras a encarar, pero sobre todo garantice la realización de inversiones de desarrollo productivo que permitan generar empleos permanentes, iniciativas sostenibles y que estén orientados a objetivos tan importantes como por ejemplo la seguridad y soberanía alimentaria, o el desarrollo tecnológico nacional. En contrario de ello, el Plan Nacional de Desarrollo que debería constituir el referente fundamental para que sectorial, programática y regionalmente en todo el país se pueda encarar las tareas de desarrollo; el mismo no ha merecido (desde el año 2006 cuándo se publicó), ninguna evaluación de lo proyectado, una actualización de metas y, mucho menos, la formulación y puesta en marcha de indicadores que permitan medir el Vivir Bien, que constituye la finalidad (inclusive formulada constitucionalmente) del desarrollo nacional. Este vacío no solo implica la imposibilidad de contar con una herramienta fundamental para medir y encarar programáticamente el desarrollo nacional, sino que posterga indefinidamente la posibilidad de operativizar la construcción del paradigma alternativo al capitalismo salvaje que se encuentra en una crisis sistémica.
Por otra parte, en lo que hace al ámbito legislativo que constitucionalmente tiene el mandato de aprobar y poner en marcha el soporte legal y todo el entramado institucional que permita operativizar los postulados de la Constitución Política del Estado, se puede observar que paulatinamente se ha ido posponiendo y postergando el tratamiento y aprobación de normas fundamentales como la Ley Marco de la Madre Tierra, la Ley Marco de Consulta y Participación de los pueblos indígenas, la ley de descolonización, etc., para que a su turno surjan iniciativas como la ley de regularización de la propiedad de inmuebles, la ley de trata y tráfico de personas, o la ley de seguridad ciudadana que están más estrechamente ligadas con las demandas sociales de coyuntura, antes que con el mandato de transformación democrático cultural que debería constituir la prioridad principal para cumplir con los objetivos estratégicos del proceso. Sin desmerecer en absoluto la atención de problemas acuciantes de la sociedad nacional a través de la aprobación de normas, paralelamente no deja de llamar la atención el hecho de que se hayan pospuesto normas que hacen al contenido y las perspectivas estratégicas del proceso. La opción es legítima, pero no es deseable y tampoco justificable de cara a toda la esperanza nacional y las expectativas sociales, que se han traducido en el mandato constitucional que el gobierno está en la responsabilidad y obligación de cumplir.
La encrucijada del proceso en perspectiva
Enumerados algunos de los aspectos más importantes que hacen a la gestión gubernamental y tomando en cuenta los hechos sucedidos hasta aquí, seguramente coincidiremos en la necesidad de efectuar un ejercicio prospectivo sobre las tareas que quedan a futuro, principalmente en lo que se refiere al proceso de cambio y transformación democrático cultural (que en este artículo se distingue y diferencia de lo que se entiende por gestión gubernamental).
En este campo y al margen de las tareas de descolonización del Estado, la implementación de la Constitución Política del Estado y el desarrollo de las autonomías que también son fundamentales y estratégicas para avanzar en la consolidación del proceso; seguramente coincidiremos que en perspectiva el asunto de la transformación de la matriz productiva y la industrialización, constituye el principal desafío del gobierno.
Se trata de un debate largamente discutido y disputado (inclusive en revueltas y revoluciones populares) a lo largo de nuestra historia republicana. El cambio de la matriz productiva y la industrialización nacional, ha estado asociado a las tareas de liberación y soberanía nacionales, así como a la descolonización del dominio imperialista. De allí surge su importancia estratégica de cara al proceso de cambio y transformación, porque dependiendo de la forma como sea encarado y el modelo que adopte en su realización, también dependerá el contenido revolucionario y las perspectivas del cambio.
Al respecto, el presente artículo quisiera llamar la atención sobre la doble encrucijada que deberá sortear este asunto tan caro para los objetivos estratégicos el proceso:
a) La encrucijada ideológica. Toda la opinión pública nacional ha podido advertir que, al margen de los temas específicos vinculados con el derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas, el respeto y obligación de proteger su identidad, costumbres y el derecho a su autodeterminación, así como de resguardar y conservar las áreas protegidas y los territorios indígenas como manda la Constitución y otras normas nacionales e internacionales; el conflicto del TIPNIS también ha tenido la virtud (o pecado según se vea) de evidenciar la incongruencia entre el discurso en favor de la defensa y protección de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas que el gobierno propugnó y defiende en foros internacionales, frente a la decisión expresada públicamente de construir «quieran o no quieran» una carretera que indudablemente implicaría alinearse con el criterio desarrollista y extractivista que defienden los intereses transnacionales y el capitalismo salvaje.
Esta encrucijada ideológica, que adicionalmente está asociada a la pérdida, desvinculación o rechazo de uno de los sectores sociales estratégicos (los pueblos indígenas), para construir el Estado Plurinacional, la descolonización y la interculturalidad con igualdad en la diferencia y diversidad cultural y social es, ni duda cabe, un aspecto nodal que a futuro marcará la orientación del proceso.
Es claro que de mantenerse el criterio y la posición actual del gobierno sobre este tema, ya no podrá hablarse con la solvencia necesaria y por supuesto con ninguna autoridad, respecto del paradigma del Vivir Bien en armonía con la naturaleza y de la necesidad de construir una propuesta alternativa al capitalismo salvaje y el neoliberalismo extractivo que se encuentran en la antípoda de estos planteamientos que han posicionado internacionalmente al proceso y el gobierno de Bolivia. De esa forma, al interior del proceso, no solo se habrá perdido un aliado estratégico y fundamental en el bloque social revolucionario; sino también, a nivel internacional, la legitimidad y autoridad necesarias para plantear y construir un paradigma civilizatorio alternativo al capitalismo, que el gobierno del Estado Plurinacional y el proceso de cambio han posicionado en los movimientos, foros y plataformas internacionales.
Debe quedar claro además, que al optar por la vía de un desarrollismo extractivo y la construcción de megaobras en diferentes áreas, Bolivia no solamente resignará y someterá su soberanía e independencia nacionales bajo la tutela y dominio de los intereses transnacionales y el imperialismo que cuentan con el capital y la tecnología necesarias para llevar adelante aquellos megaproyectos de comunicaciones, transporte, infraestructura, hidrocarburos y minería; sino que se habrá embargado la posibilidad de emprender y desarrollar iniciativas en armonía con la naturaleza y la construcción del socialismo comunitario para Vivir Bien, puesto que mal se puede esperar que, reforzando el dominio imperialista y adoptando sus métodos de desarrollo extractivista, podamos liberarnos de su dependencia y sometimiento y, al mismo tiempo, construir un modelo alternativo. De esa forma solo se habrá favorecido la neocolonización nacional y la descolonización externa solo será una aspiración sin contenido.
b) La encrucijada material. Asumiendo que la encrucijada ideológica ha sido resuelta en favor de la idea de construir el socialismo comunitario para el Vivir Bien, desechando las tentaciones desarrollistas y extractivistas que actualmente parecen predominar en la gestión gubernamental; el problema que se plantea está relacionado con las condiciones materiales para llevar adelante el proceso para el cambio de la matriz productiva y la industrialización nacional, así como la definición de los sectores estratégicos que deberán encarar esta tarea de transformación y liberación nacional.
En principio debe señalarse que independientemente de las razones que puedan argumentarse para fundamentar las opciones y prioridades adoptadas en este campo, debe coincidirse en que los esfuerzos nacionales se han orientado a los hidrocarburos y la minería, para dejar de lado los sectores fabril y agropecuario, cuyo potencial (como veremos) es indudablemente muy importante para los objetivos del proceso.
En el caso de los hidrocarburos, la opción ha sido claramente inobjetable desde el punto de vista de la recuperación de la propiedad y soberanía nacional sobre estos recursos naturales y, mucho más, habida cuenta de la cantidad de reservas probadas de gas y petróleo que para el año 2004 se había certificado que llegaban a más de 465 millones de barriles de condensado y petróleo, con los cuáles indudablemente se contaba con todo el potencial necesario para abastecer la demanda del mercado internacional, así como los requerimientos que se presentarían para el consumo interno y, principalmente, los proyectos de industrialización y cambio de matriz productiva que el país requiere. Sin embargo, para fines del año 2009, la cantidad de reservas probadas cayó a menos de la mitad de lo que se había establecido el año 2004, sumando un poco más de 209 millones de barriles, según reporte de YPFB. Paralelamente a ello, públicamente es conocido que la actual producción de gas y petróleo de Bolivia se encuentra prácticamente al mismo nivel de los volúmenes requeridos para cumplir con los contratos de exportación que se tienen, así como para cubrir la demanda interna. Como las tareas de exploración de nuevos pozos también ha sido relegada y tardía, no se cuenta con condiciones para atender nuevas demandas de gas a nivel internacional y tampoco para ampliar los contratos que actualmente se tienen comprometidos. En estas condiciones, se puede afirmar que los proyectos de transformación e industrialización del gas y petróleo producido en Bolivia se han rezagado significativamente, y tampoco se cuenta con la disponibilidad de gas para ampliar el abastecimiento de industrias como las del cemento o, como en el caso del Mutún, para alimentar el proyecto siderúrgico que finalmente, luego de varios años de tira y afloja, ha sido rescindido, sin que alternativamente tampoco el Estado haya iniciado ningún tipo de acciones en la otra mitad de la reserva de hierro del Mutún que había quedado en propiedad nacional.
En resumen es posible afirmar que aun cuando ya se hubiese resuelto el problema de la disyuntiva ideológica descrita anteriormente, el proceso de industrialización y transformación hidrocarburífera no dispone materialmente de los volúmenes necesarios de gas y energía para emprender esta iniciativa. No se puede transformar e industrializar un recurso hidrocarburífero que no se dispone.
En el caso de la minería sucede un problema similar en lo que se refiere a la ausencia de proyectos de transformación de la materia prima extraída de la tierra, porque no solamente se acaba de anular aquel emprendimiento tan caro para Bolivia como era el establecimiento de la industria siderúrgica en base a la explotación del hierro en el Mutún; sino que ha comenzado a proliferar el avasallamiento de minas y el extractivismo más contaminante, desordenado y salvaje que, muy en contrario de los objetivos de transformación productiva para superar la condición de proveedores de materias primas que ha caracterizado nuestra economía; este tipo de extractivismo provoca enfrentamientos, violencia, avasallamientos y, al desarrollarse, enormes daños socioambientales y contaminación, que terminan afectando los acuíferos y las condiciones de vida de las comunidades y los pueblos cercanos a los yacimientos mineros.
En el caso de la minería, por tanto, y mientras duren precios elevados de los minerales explotados (que suelen ser muy coyunturales y por cierto ya han mostrado tendencias a la baja por la crisis en Europa), lo que se puede apreciar es que comienza a prevalecer la tradicional explotación de materias primas que debería superarse; y una extracción salvaje, desordenada y muy contaminante, que va en contra tanto de los objetivos de transformación productiva, como de los principios de convivencia armoniosa con la naturaleza.
En el caso del litio, que evidentemente constituye otro emprendimiento de trascendencia, dadas las posibilidades de posicionar a Bolivia internacionalmente en vista de las reservas existentes en el salar de Uyuni; debe mencionarse la excesiva lentitud y cautela en los avances alcanzados hasta ahora, y los muy incipientes pasos para lograr la transformación e industrialización de este yacimiento de litio. No parece existir consonancia entre la importancia y trascendencia de un emprendimiento de esta envergadura, con los avances y resultados alcanzados hasta ahora. Parece claro que las preocupaciones del ministerio encargado del ramo, no han estado precisamente orientadas a este campo de la minería, que con seguridad pueden ser atribuidas a la enorme conflictividad social que ha tenido que atender y la incapacidad de aprobar y poner en marcha un nuevo Código minero que, a diferencia del contenido ultraliberal que actualmente se rige la minería, puede decirse que constituye una de las causas fundamentales del caos en este sector.
En cualquier caso, de cambiarse la actual tendencia y retomar iniciativa en el proceso de transformación e industrialización minera, es imperioso que paralela y aun previamente, también se efectúen todos los esfuerzos necesarios para construir y desarrollar nuevas fuentes de energía eléctrica, puesto que lo mismo que sucede con la producción de gas e hidrocarburos, la producción y generación de este insumo tan fundamental para mover a la industria, se encuentra al mismo nivel y en precario equilibrio con la demanda nacional, teniendo graves dificultades para atender y proveer la energía necesaria a las industrias actualmente en funcionamiento o que desean ampliar su producción. Inclusive el consumo doméstico ha tenido que sufrir apagones y cortes en varias ciudades, en vista de estos precarios equilibrios entre oferta y demanda de energía eléctrica.
Para concluir este acápite, debe mencionarse la relativa y comparativamente menor atención brindada a los sectores de manufactura, pequeña industria fabril y la agricultura campesina con base comunitaria y producción ecológica. Tomando en cuenta la gran importancia que tienen estos sectores en lo que hace a la ocupación de mano obra, la capacidad para desarrollar tecnología acorde a la producción y necesidades nacionales y, especialmente, desarrollar iniciativas comunitarias que emergen de las prácticas culturales aun persistentes, que constituyen la base material para impulsar iniciativas de producción basadas en el intercambio, la complementariedad, la solidaridad y la reciprocidad, así como prácticas armoniosas con la naturaleza para Vivir Bien; es claro que deberían merecer una atención preferencial, puesto que adicionalmente fortalecerían la conformación del bloque social del proceso.
Un aspecto adicional que no puede escapar al análisis de los elementos que pueden contribuir a la transformación de la matriz productiva y la industrialización, es el referido al uso y destino de las reservas internacionales acumuladas en el Banco Central de Bolivia. La acumulación de una riqueza que ya ha superado los doce mil millones de dólares, que son resultado de los ingresos generados principalmente por la venta de gas y minerales del país, debería también asociarse al asunto de la redistribución de la riqueza nacional, porque este asunto constituye el origen principal de los conflictos sociales, las movilizaciones y las demandas populares que han convulsionado el país en los últimos años.
Por ahora, dichos recursos han sido destinados preferentemente para su inversión en actividades hidrocarburíferas, y aunque efectivamente hay que reconocer que también se han impulsado importantes políticas de redistribución que se tradujeron en diverso tipo de bonos que llegan a los sectores sociales más vulnerables de nuestra sociedad; tampoco debería descartarse la importantísima alternativa de invertir dichos recursos en proyectos productivos de base comunitaria (como la campesina de producción asociativa ecológica, la pequeña industria manufacturera, mecánica y automotriz, por ejemplo para el ensamblado de automotores y otros vehículos) que tendrían la virtud de generar fuentes de trabajo permanente, estable y con elevado uso de mano de obra. De esa manera, a su turno, ello bien podría evitar y competir con la actual tendencia de los sectores rurales más empobrecidos y necesitados, a convertirse en mineros que provocan tan serios y violentos problemas socio ambientales. Al margen de descomprimir la cada vez más fuerte presión social para que el gobierno distribuya los ingresos nacionales en salarios y gastos corrientes, no debería descartarse el gran efecto multiplicador que conlleva utilizar y redistribuir la riqueza nacional, generando producción, fuentes de trabajo e iniciativas productivas de base comunitaria y gestión social.
De esa forma, el socialismo comunitario para Vivir Bien en armonía con la naturaleza, dejará de constituir una aspiración que quede como una tarea para un futuro incierto, para pasar a ser una política nacional a desarrollarse ya.
Tomando en cuenta este conjunto de reflexiones y hechos que han tratado de dar cuenta de lo que sucede con la gestión gubernamental y el proceso de cambio, seguramente el planteamiento para reconducir la orientación del proceso, ya no aparecerá como un fenómeno externo, ajeno y rechazado, sino más bien como una necesidad imperiosa, propia de la dinámica del proceso y que surge como resultado de un análisis autocrítico, orientado a dar cumplimiento cabal del mandato constitucional y la demanda popular.
Arturo D. Villanueva Imaña. Sociólogo boliviano. Cochabamba
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