Frente a los más de setenta mil casos confirmados y 2647 muertos en Bolivia, Jeanine Añez respondió con militares en las calles, curas milagrosas y amuletos mágicos. El colapso sanitario profundizó la crisis política: las elecciones se postergaron por tercera vez y ella está en el momento más débil de su corta gestión. En ese panorama, las fuerzas de derecha se fragmentan y la amenaza a proscribir al MAS de los comicios resuena fuerte entre los opositores a Evo Morales.
—Me hice la prueba y he dado positivo. Voy a estar en cuarentena, pero me siento bien y fuerte. Juntos vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga.
Es 9 de julio y Jeanine Añez acaba de anunciar en sus redes sociales que tiene Covid-19. El mensaje es breve, apenas 46 segundos. Desmejorada, con una campera de frisa verde que contrasta con su ostentación habitual, mira al celular que la filma mientras describe el aumento de contagios en las familias bolivianas. En ese momento el país registraba 44.113 casos confirmados y 1.638 muertes. Hoy, 20 días después, las cifras ascienden a 71.181 positivos y 2.647 muertos.
El sistema de salud boliviano está desbordado, los cementerios y las funerarias comenzaron a colapsar y los principales dirigentes del país se están enfermando. Ante el contagio de la Ministra de Salud Eidy Roca, el militar Fernando López, titular de la cartera de Defensa, asumió la cartera de modo interino. El cuarto funcionario al frente del Ministerio en tres meses es una metáfora de cómo Añez manejó la pandemia: hasta ahora la estrategia sanitaria estuvo supeditada a la fuerza y la represión.
En Bolivia todos tienen un conocido infectado. Las noticias de cadáveres recolectados en calles y casas se volvieron parte del día a día. Pero mientras la curva de contagios y la cantidad de muertos crece la clase política se polariza: los sectores opositores a Evo Morales piden la inhabilitación del Movimiento Al Socialismo (MAS), y, sin consenso, la fecha de las elecciones se postergó una vez más.
Cuando la única vacuna es la cárcel
El 21 de marzo, once días después de los dos primeros casos de Covid-19 en Bolivia, Añez decretó la cuarentena total con penas impositivas y penales para quienes no la cumplieran. La demanda de obediencia civil se reforzó con la declaración del Estado de Emergencia Sanitaria, lo cual supuso un mayor despliegue de policías y militares en todo el territorio nacional. Pero a diferencia del resto de los mandatarios de la región, Jeanine Añez Chávez no fue elegida democráticamente y carece de la legitimidad de origen que gozan sus pares. Este no es un dato menor: en contextos de crisis sanitaria donde los Estados deben tomar medidas drásticas, la legitimidad del voto popular se convierte en una herramienta fundamental.
Bolivia inició la pandemia con al menos dos problemas heredados del gobierno de Evo Morales. El primero, un sistema de salud débil con tan solo 430 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (de las cuales el 60% está en manos del sector privado) e insuficiente personal especializado. El segundo: una economía que ronda el 60% de la informalidad, con trabajadores no bancarizados que viven el día a día y les resulta muy difícil cumplir la cuarentena sin trabajar.
Las primeras acciones de comunicación estuvieron lejos de persuadir a la sociedad a un cuidado responsable. Desde el palacio de Gobierno se difundieron piezas publicitarias que apelaban al pánico como disparador de la prevención: “Soy el coronavirus, ya llegué a Bolivia y te voy a encontrar”, advertía una tétrica voz masculina en un spot oficial que recibió burlas en las redes sociales.
El miedo y la violencia como política sanitaria aumentó cuando el ministro de la Presidencia Arturo Murillo amenazó con ciberpatrullaje y procesos judiciales a los militantes del MAS. Y se profundizó el 25 de marzo, día en que Jeanine Añez dispuso a través del Decreto Supremo 4.200 que quienes desinformaran o generaran incertidumbre a la población podrían ser condenados hasta con 10 años de cárcel por delitos contra la salud pública. Esta disposición habilitó el arresto de decenas de personas, entre ellas los manifestantes que protestaban por la escasez de alimentos en el Beni.
Los organismos internacionales advirtieron preocupados la vulneración al derecho a la libertad de expresión. Y a ellos se sumaron las asociaciones periodísticas, indignadas por la imputación de un “guerrero digital del MAS” por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública. Desde la presidencia no hubo acuse de recibo: Añez insistió con un nuevo Decreto Supremo que ampliaba la restricción a la difusión de “información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento”, aunque debió derogarlo al poco tiempo.
En las calles, Añez dispuso la movilización de más de 47.600 militares en todo el país. Las zonas con mayor presencia fueron las consideradas opositoras, como el Chapare, El Alto y San Julián. “Las fuerzas armadas y la policía tienen la orden de usar la fuerza necesaria para aquellos que no quieran obedecer”, amenazó Murillo al momento de sugerir el Estado de Sitio en los lugares donde no se acataba la cuarentena. Igual de intimidante fue el ex ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, cuando anunció la militarización de la ciudad de Santa Cruz: “En guerra, los ciudadanos solo obedecen”.
El apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas a Añez tiene su premio: el Gobierno decretó el ascenso de generales y almirantes sin acuerdo del Senado como obliga la Constitución.
El desafío de gestionar el Estado
Hasta el 10 de noviembre Jeanine Añez era una política desconocida por la opinión pública. Sin un proyecto político propio, la ex senadora inició su gobierno con un gabinete que representaba la heterogénea oposición al MAS. En calidad de presidenta interina su única obligación era conducir a un nuevo proceso electoral, pero rompió los acuerdos establecidos y a fin de enero anunció su candidatura a las elecciones de mayo (que luego se postergaron por la crisis sanitaria). Lejos de liderar un nuevo bloque hegemónico que superara la figura de Evo Morales, esta decisión se tradujo en una institucionalidad inestable y la fragmentación de la ex oposición.
La llegada del Covid-19 a Bolivia enfrentó a Añez con la necesidad de mantener en cuarentena a una población necesitada de salir a trabajar. Por eso, a pesar de las críticas a las políticas asistencialistas de Evo Morales, dio nuevos bonos para la subsistencia diaria: el Bono Familia, el Bono Universal y la Canasta Familiar. Pero la inversión no tomó en cuenta que buena parte de la sociedad vive en el campo, la selva o el monte, donde no hay bancos ni cajeros automáticos. Indígenas, originarios y campesinos debieron desplazarse hacia los centros urbanos y quedaron expuestos al virus para cobrar sus bonos. Tal vez, esta sea una de las razones por las que el SARS-CoV-2 llegó a las comunidades rurales: en cuatro meses 52 de los 59 territorios indígenas presentaron casos y el abandono hace temer un etnocidio. Allí no se destinaron recursos para una atención adecuada ni se priorizaron los testeos.
Las críticas a la mala gestión de la pandemia empeoraron con el aumento de contagios, la falta de controles a la especulación de farmacias y clínicas, y la autorización de procedimientos abreviados para la evaluación de semillas transgénicas de maíz, soja, algodón, trigo y caña de azúcar. Aunque en mayo se sumó un golpe aún más duro a la imagen pública de la Presidenta. Para mitigar los cuestionamientos por el gasto en armas y la falta de financiamiento de la salud pública, el Gobierno anunció con bombos y platillos la compra de 170 respiradores de la empresa española GPA Innova por 25.000 euros cada uno. En total, una inversión de 4,3 millones de euros. Pero semanas después se reveló que cada respirador valía 6.600 euros y que ninguno era apto para terapia intensiva. Del día a la noche la principal inversión en salud pública se convirtió en un escándalo de corrupción que terminó en la detención de su segundo ministro de Salud, Marcelo Navajas, que había asumido el 8 de abril ante la renuncia “por motivos personales” de Aníbal Cruz Senzano.
Una gestión eficiente de la pandemia podría haber sido el punto de partida de la campaña política de Añez de cara a las elecciones del 6 de septiembre, la nueva fecha dispuesta por el Tribunal Electoral. Pero la incapacidad, la corrupción y la profundización de la agenda extractivista socavaron el apoyo “antimasista” con el que la Presidenta comenzó su gestión.
Fundamentalismo religioso, pseudociencia y curas milagrosas
Mientras otros presidentes conformaban comités de médicos y científicos para enfrentar el Covid-19, el día anterior al inicio de la cuarentena la Presidenta convocó a la sociedad a través de sus redes sociales a rezar por la salud del país: “Les pido podamos realizar un ayuno en oración, arrepentimiento y fe para que sea nuestra mejor arma de lucha contra esta enfermedad. Que Dios bendiga Bolivia”. La polémica en torno al fundamentalismo religioso de Añez como parte de la política sanitaria volvió a escena en Semana Santa, cuando se realizaron cuatro “vuelos de bendición” en helicóptero sobre Cochabamba, La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Tarija. Cada vuelo costó 15.000 dólares. Ambas intervenciones incumplían el artículo 4 de la Constitución Política: el Estado es independiente de la religión. La ciudadanía, rápida de reflejos, reaccionó a través de las redes sociales bajo los hashtags #NiAyunoNiOración y #EstadoLaico. Aunque a finales de abril, mientras los reclamos por falta de alimentos se replicaban en varias ciudades del país, Añez volvió a insistir con la ayuda divina.
—Para Dios nada es imposible. Y estando con él vamos a vencer esta pandemia. El día de mañana quiero que sea un día de ayuno y oración en familia.
La desesperación frente al aumento de contagios fue el caldo de cultivo para que además de actos religiosos proliferaran las “curas milagrosas”. En mayo la gobernación de Beni realizó una masiva campaña de prevención y repartió casa por casa dosis de ivermectina: un antiparasitario de uso veterinario que se utiliza en las vacas. Mayor difusión tuvo el cocktail repartido por el odontólogo Alejandro Unzueta: dos antibióticos, un antiinflamatorio y un corticoides. Del día a la noche, se convirtió en una figura mediática: “No la descubrí yo. Dios me la transmitió a través del sueño. Son cuatro remedios, cuatro ángeles celestiales que detienen la ira del cuarto apocalipsis”. Después de la entrega de más de 50.000 kits gratuitos, el resultado fue lógico: a los casos de Covid-19 se sumaron las intoxicaciones y las hemorragias digestivas por automedicación.
El riesgo de las soluciones mágicas sin evidencia científica llegó a las primeras filas del Gobierno cuando el 16 de mayo Jeanine Añez y Arturo Murillo participaron en actos en Oruro y Sucre con una tarjeta azul atada al cuello. El diario El Deber de Santa Cruz tituló: “La presidenta Jeanine Añez usa una ‘tarjeta bloqueadora de virus’ cuestionada en otros países”. El Correo del Sur de Sucre replicó la nota, pero sin advertir las críticas al producto: “Covid-19 ¿Qué es y para qué sirve la tarjeta azul que usa la Presidenta?”. En pocas horas las consultas por las tarjetas “Virus shut out”, fabricadas en Japón y ofrecidas por Facebook a un valor de 120 bolivianos (un poco menos de 20 dólares), se multiplicaron: si lo usaba la Presidenta su efectividad debía ser cierta. Para entonces circulaban las advertencias de la Agencia de Protección Ambiental y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos sobre la falsa seguridad y eficacia de la tarjeta. La prensa internacional cuestionó la actitud anticientífica de Añez y al día siguiente los diarios bolivianos informaron que la presidenta había dejado de usarla. Dos meses más tarde la tarjeta todavía se sigue comercializando en Facebook, aunque a mitad de precio.
Tras la ivermectina, el “kit milagroso” y las tarjetas azules, el Dióxido de Cloro o Solución Mineral Milagrosa (MMS, por sus siglas en inglés) que patrocina el cuestionado Andreas Kalcker se convirtió en la nueva estrella de los espejitos de colores. A pesar de que el químico se utiliza como blanqueador en la industria del papel, cientos de bolivianos hacen cola para comprarlo. A la desesperación de la sociedad, se suma la irresponsabilidad institucional: el Senado, donde el Movimiento Al Socialismo tiene mayoría, acaba de darle media sanción a un proyecto para producir dióxido de cloro y aplicarlo en pacientes con Covid-19 y ahora espera la revisión de Diputados para convertirse en ley. En Bolivia, la pseudociencia está a ambos lados de la confrontación política.
Un nuevo ciclo de inestabilidad política
La polarización iniciada el 21 de febrero de 2016 con la derrota del Movimiento Al Socialismo en el referéndum para modificar la Constitución Política del Estado y permitir una nueva reelección no ha parado de escalar. La falta de consenso entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los gobernadores subnacionales del MAS decanta en una obstrucción mutua que impide gestionar la pandemia. Y a eso se suma el incesante cambio de funcionarios: en solo siete meses Añez reemplazó 13 ministros y cerró tres ministerios. En Bolivia, comparan al Gabinete con el baile de la silla.
Esta lógica se intensificó cuando el virus llegó al Palacio de Gobierno. En la primera semana de julio tres miembros del Gabinete lo contrajeron: el Ministro de Presidencia, Yerko Núñez; la Ministra de Salud, Eidy Roca; y el titular de Minería y Metalurgia, Jorge Fernando Oropeza. El 9 de julio, fue Jeanine Añez quien comunicó que había dado positivo. Mientras sus seguidores se preocupaban de que la máxima autoridad del Senado, Eva Copa, asumiera como nueva presidenta, otro sector veía en el anuncio una estrategia electoral.
Las especulaciones duraron poco. Al día siguiente Añez volvió a aparecer frente a cámara con un vestido blanco y radiante para anunciar un Plan Nacional de Reactivación del Empleo y, cinco horas después, Eva Copa informó su positivo de Covid-19. El 12 de julio el nuevo ministro de Economía y ex candidato a Presidente, Oscar Ortiz, se sumó a los contagiados. El 13 lo hizo la Canciller Karen Longaric. Y el viernes 17 fue el turno del Ministro de Desarrollo Productivo, José Abel Martínez.
La crisis sanitaria también le ha servido a Añez para estrechar lazos con Estados Unidos. En su primera semana de gobierno rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba, decretó la salida de Bolivia del ALBA y Unasur y anunció el ingreso al Grupo de Lima. El 16 de abril, su gobierno recibió una donación de USAID de 750.000 dólares para apoyar la lucha contra el Covid-19. La agencia estadounidense, expulsada por Morales en 2013 por injerencia externa, negociaba desde diciembre su retorno al país. Y un día más tarde, el FMI aprobó un préstamo de 327 millones de dólares que había solicitado. Amparándose en la Constitución Política del Estado, que señala que los créditos externos deben ser aprobados mediante ley, el Poder Legislativo anunció su rechazo luego de solicitar al Ejecutivo documentación de respaldo y las condiciones del financiamiento. Mientras el endeudamiento se convierte en un nuevo foco de conflicto entre las fuerzas políticas, Añez condicionó la otorgación de un “Bono Salud” de 500 bolivianos a la aprobación del crédito. En plena campaña, Arce Catacora retrucó: “Ese bono no puede ser de 500 bolivianos, nosotros proponemos uno de 1.000”.
Envuelta en casos de corrupción y un despegue molecular de la prensa que apoyó su llegada a la primera magistratura, Jeanine Añez Chávez se encuentra hoy en el momento más débil de su corta gestión. No manejó la pandemia con eficiencia ni se consolidó como la opción electoral del antimasismo. La crisis sanitaria ha profundizado la crisis política y amenaza con fagocitar su figura. En este ocaso, con encuestas que la ubican en el tercer lugar de intención de voto, su partido convocó a Carlos Mesa para construir algún tipo de acuerdo electoral que no le permita al MAS una victoria en primera vuelta. Por ahora, el paceño parece confiado en que la candidatura de Añez se termine de desinflar y sea él quien reúna el voto opositor al MAS. Como ocurrió en 2019.
Mientras tanto, el “Mallku” Felipe Quispe, histórico adversario político de Evo Morales al interior del movimiento indígena-originario-campesino, rompió el silencio para decir que hasta los enemigos del MAS votarán por su candidato, Luis Arce Catacora. El Altiplano quechua-aymara no olvida las masacres de Sacaba y Senkata. El retorno del racismo de Estado y la pésima gestión sanitaria se han convertido en la mejor campaña electoral del MAS.
En respuesta a la solicitud de cinco fuerzas políticas de derecha, la autoridad del Órgano Electoral (que en Bolivia es un cuarto poder) anunció la postergación de los comicios para el 18 de octubre. Es la tercera vez que se aplaza debido a la pandemia. Al respecto, Evo Morales y el MAS se pronunciaron rápido:
—En las dos oportunidades en las que se modificaron los plazos para las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió notas a la Asamblea Legislativa poniendo en consideración esas modificaciones. Ahora lo hace unilateralmente, dándole un golpe a la democracia —escribió en Twitter, al mismo tiempo que las organizaciones sociales vinculadas al MAS anunciaron movilizaciones en todo el país para que se cumpla la fecha acordada.
La polarización inhabilita el diálogo. La bancada del Movimiento Al Socialismo en la Asamblea Legislativa considera que una resolución del Órgano Electoral no puede estar encima de una ley. Y la Ley 1304 establece el 6 de septiembre como plazo máximo para la realización de elecciones. Del otro lado, el presidente del TSE Salvador Romero afirma que la modificación está dentro de sus atribuciones. Interviene el Poder Judicial, que le da un plazo de 10 días al Órgano Electoral para que defina una fecha apropiada para los comicios en base a lo dispuesto por el Comité Científico de la Presidencia. Como en Brasil, la política boliviana se ha judicializado.
Ahora, la oposición a Evo Morales también demanda la proscripción del MAS porque su candidato difundió encuestas, lo cual está prohibido por la ley electoral. Tras el colapso de hospitales y cementerios, el virus está desbordando las cárceles. A pesar del pico de contagios el Gobierno decidió que Bolivia salga de la cuarentena y retorne a la normalidad.
¿Qué más podría salir mal?
Damián Andrada, profesor de periodismo, comunicación, epistemología e historia económica. Es editor de la revista “Debates Indígenas” y compilador de “Hacia un periodismo indígena”, un trabajo un trabajo colectivo en el que 29 autores y autoras interpelan las coberturas mediáticas sobre las problemáticas y luchas de las comunidades aborígenes.
Fátima Monasterio Mercado, es abogada especializada en Derechos Indígenas. Con estudios en Relaciones Internacionales, forma parte del Grupo de Trabajo de CLACSO sobre “Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos” y, actualmente, desarrolla su tesis de Maestría sobre el Bosque de Chimanes en la Amazonía boliviana.
Fuente: http://revistaanfibia.com/ensayo/biblias-botas-votos-anez/