Para llegar hasta donde finalmente cedió y negoció, sobre todo con los terratenientes, el gobierno pudo haber ahorrado a los bolivianos la confrontación de los últimos 10 meses, incluidos los altos costos del revocatorio, el vandalismo en Santa Cruz y el Chaco, la matanza de Pando y hasta las lágrimas del Presidente en la […]
Para llegar hasta donde finalmente cedió y negoció, sobre todo con los terratenientes, el gobierno pudo haber ahorrado a los bolivianos la confrontación de los últimos 10 meses, incluidos los altos costos del revocatorio, el vandalismo en Santa Cruz y el Chaco, la matanza de Pando y hasta las lágrimas del Presidente en la plaza Murillo, según las repercusiones al reciente acuerdo entre masistas y la derecha sobre el texto constitucional que será votado el 25 de enero.
La liebre del retroceso, agazapada durante los últimos meses en la alta yerba del oficialismo, saltó de pronto el pasado fin de semana hacia las galerías del Parlamento para negociar desnuda pero con la agilidad de siempre un pacto que los nacionalistas de los años 40 habrían denunciado como entreguista pero que sus apologistas no terminan de celebrar, mientras las contrapartes se aprestan a sumergirse en otro año de elecciones, propaganda y gastos a raudales.
«Las propuestas que hicieron para aprobar en Sucre, y después en Oruro, eran un poco fuertes para después negociarlas», reveló en las últimas horas el presidente Evo Morales.
El pacto, por el que se modificaron en La Paz los términos de la nueva Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro hace diez meses, tiene similitudes, según algunos dirigentes oficialistas, con las transacciones de los partidos tradicionales por el reparto de cupos en las anteriores administraciones estatales.
«Es como antes con la megacoalición, que era por cuotas de poder. Pero ahora es por acuerdo político de cambio», dijo Miguel Surco, una de los cabecillas de la multitudinaria marcha que el pasado lunes llegó a la sede de Gobierno para presionar por la nueva Constitución.
Horas después, paradógicamente festivos, los marchistas, en su mayoría indígenas y campesinos, abandonaban La Paz sin haber evitado, por ejemplo, que los latifundistas sigan detentando sus extensos predios rurales.
«Ahí, han quedado aliviados los ganaderos», admitió Surco en declaraciones a la Cadena Erbol, mientras el presentador de la Cadena A, Jorge Tejerina precisaba que el presidente Evo Morales sirvió como un «tapón» para contener una eventual reacción de los movimientos sociales.
De la Constitución de Oruro sólo quedó la mitad» dijo en las últimas horas el líder derechista Tuto Quiroga la a cadena Unitel haciendo el ademán de partir unos de los pequeños ejemplares del texto difundido entre los movimientos sociales para «socializar» sus ventajas, que al final quedaron sustancialmente reducidas.
TIERRAS PARA LOS LATIFUNDISTAS
Uno de los retrocesos oficiales más cuestionados se refiere a que las restricciones y eventual expropiación de grandes propiedades rurales, entre cinco mil y diez mil hectáreas, sólo regirán para futuro y no tendrán carácter retroactivo.
Con este beneficio -no aplicado por ejemplo hace medio siglo por la Reforma Agraria de 1953, que confiscó cientos de hacienda para repartirlas entre los campesinos- los grandes ganaderos y terratenientes preservarán sus privilegios, conservando incluso la posibilidad de seguir «engordando la tierra» a través de argucias para cumplir con la función económica y social.
Las propiedades que están siendo saneadas se regirán por el actual reglamento, de manera que, mientras los latifundios sean productivos, no tendrán ningún límite de extensión, ni podrán ser revertidos ni expropiados, explicó el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero.
Pero algunos dirigentes oficialistas discreparon de estos términos. Se deberá aclarar «por qué modificaron lo que han hecho los asambleístas y por qué se ha convertido el Congreso en Constituyente. El Presidente debe explicar al pueblo, porque yo también estoy descontento», dijo el constituyente Román Loayza, seguido de su colega Mirtha Jiménez, luego que el Congreso funcionara como poder constituyente, haciendo a un lado a la Asamblea por la que los movimientos sociales fueron atropellados en varias oportunidades.
Adolfo Chávez, de la Confederación de Pueblo Indígenas del Oriente, reveló que cierta «autorización» al primer mandatario se limitaba realizar cambios únicamente en el capítulo de autonomías, pero que «por la urgencia de alcanzar acuerdos» se abrieron otros puntos.
«Este nuevo pacto con la derecha de Evo Morales demuestra hasta la saciedad su debilidad, falta de carácter e incapacidad de llevar adelante las exigencias de cambio y transformación», cuestionó un comunicado del MIP difundido por la agencia Bolpress.
«Esto constituye un gran alivio para los 100 clanes familiares que son dueños de la tierra y los grandes negocios en el oriente y los valles del país. Ellos controlan más de 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos que subsisten apenas en los valles y el altiplano en los minifundios degradados por la sobreexplotación y la desertificación», recordó la agencia Econoticias.
LA DERECHA FESTEJA, ELGOBIERNO REVELA
Significativamente, los acuerdos fueron más largamente celebrados por Podemos de Tuto Quiroga, el MNR y la Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, y más enfáticamente destacados por los analistas neoliberales y medios allegados a la derecha, pese a cuestionamientos de los comités cívicos regionales y parlamentarios de Santa Cruz, que en representación de los agroempresarios reclamaron no haber sido oídos
«Que nos digan qué es lo que no les han aceptado, porque les han dado todo lo que han pedido», reveló el senador por Tarija Roberto Ruiz Wass Werner (Podemos)
«Se transformó radicalmente la nueva CPE. El control, social, que se planteaba como un suprapoder, se convirtió en un fiscalizador simple», dijo su conmilitón, el senador Luis Vásquez, mientras sus colegas destacaban que la oposición había logrado modificar 200 de los 411 artículos del texto aprobado en Oruro. El vicepresidente Alvaro García Linera dijo que sólo fueron 100.
A su vez, Morales dijo que los sindicatos oficialistas sabían que las propuestas fuertes serían después negociadas: «hemos callado, hemos callado, y cuando hay que empezar a acordar, se acordó los temas complementarios», dijo en su característico estilo, remarcando su complacencia:
«No ha sido una modificación sin consulta. Tal vez algunos aumentaron, se puede ver, y seguro que la derecha va a empezar a difundir como ya lo están haciendo, como un triunfo de ellos, pero era parte de nuestro secreto».
El pacto debía ser logrado entre el 20 de octubre, en honor a la fundación de la ciudad de La Paz según las declaraciones de algunos parlamentarios oficialistas, y el 26, fecha de un nuevo cumpleaños de Morales al que querían ofrendarle «un regalo».
El Presidente -que junto a su partido y los de la oposición se alista para las elecciones generales de diciembre próximo- anunció que el lunes 27 se reunirá con los sectores sociales para explicarles los cambios finales que se hicieron al texto de Oruro, en diciembre pasado.
A partir de entonces se intensificó en los últimos diez meses la escalada de confrontación y violencia que incluyó las protestas de las regiones opositoras al gobierno masista, entre abril, mayo y junio, cuando fueron aprobados cuatro estatutos autonómicos departamentales.
Se sumaron también golpes y vejaciones en ambos bandos durante la campaña por el referéndum revocatorio del Presidente y los prefectos; los bloqueos en el oriente seguidos de la explosión de una válvula de gas y finalmente la matanza de campesinos en Pando.
El Presidente encara los últimos 14 meses de gestión en una cuenta regresiva que incluye modestos avances en el Plan Nacional de Desarrollo denominado « Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien», y cuyo incumplimiento fue atribuido a los problemas sociales, a la falta de legislación y a otras causas, entre las que no se mencionaron la falta de experticia de la nueva burocracia, y los riesgos de nepotismo.
Debido a la crisis económica internacional, el crecimiento de la economía boliviana proyectado para 2008 será solo 5,7% y no 6,5% como se había pronosticado
Junto con la frustrada doble reelección del presidente Morales, la oposición logró mantener los parlamentarios plurinominales. Asimismo, que la reforma constitucional se realizará por dos tercios de voto en el Legislativo y no por mayoría absoluta, además que «la propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión» y que la expropiación «se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa».