La democracia representativa está en crisis, aquí y en el mundo. Eso por cuestiones de fondo, como la distancia creciente de la dirigencia política con la mayor parte de la ciudadanía.
La pérdida de perfil de los partidos políticos, convertidos en maquinarias electorales que no levantan programas de transformaciones de sentido popular.
En nuestro continente existe asimismo la utilización de mecanismos orientados a hostilizar y poner fin a gobiernos que no se ciñan por completo a los preceptos del “libre mercado”, al pago incuestionado de la deuda externa, a la instauración de reformas regresivas, a las reformas que debilitan la capacidad de acción y movilizaciones de trabajadores y pobres.
Hay elecciones periódicas, se sostiene la vigencia formal de las libertades públicas y la división de poderes. Sin embargo quien gane las elecciones y traiga una agenda diferente a la de los poderes de hecho tendrá sufrir el hostigamiento constante o bien traicionar esos propósitos y abandonar a su suerte a la base social que los votó.
La participación política de ciudadanos y ciudadanas, cuya participación política queda restringida a la votación en elecciones periódicas. Voto que muchísimas veces emiten más por rechazo a una o varias opciones que por identificación con candidatos o por coincidencia ideológica con partidos y coaliciones.
Las instancias de poder se despreocupan por completo del desarrollo de instancias de participación política que amplíen la incidencia ciudadana en las decisiones políticas más allá del voto periódico.
En Argentina la reforma constitucional de 1994 incorporó mecanismos de iniciativa popular y consulta popular y, pasadas ya tres décadas, esas modalidades de participación más allá de lo electoral han quedado en la letra de la constitución, sin ser jamás aplicadas. Las dirigencias políticas sistémicas parecen tener un tácito acuerdo en cuanto a mantener el componente democrático de nuestro régimen confinado a la elección periódica.
Son escasas las diferencias que puede marcar una reforma del sistema de votación que sólo abarca el cómo se presentan las candidaturas en una papeleta. No se producen cambios en el complejo sistema de tres vueltas, ni se revisan las modalidades de financiación de los partidos políticos, ni se reafirma un rumbo en cuanto a hacer equitativo el acceso a los medios de las distintas fuerzas políticas.
La boleta llamada “partidaria” fue criticada por variados aspectos, a menudo junto con la “lista sábana”, esa tira de candidatos a la que el ciudadano promedio vota o no sin conocer más que a uno o dos de los que van al tope de la lista. La boleta única de papel no trae ninguna respuesta a ese tema. O peor, agudiza el efecto ´”sábana” ya que por cuestiones del tamaño de la boleta única, la mayor parte de los candidatos ni figurará en el instrumento para sufragar. Los candidatos que van en orden descendente escaparán a la visión ciudadana, salvo la hipotética e improbable consulta a listados específicos en los lugares de votación.
En esas condiciones el clima político que reina es de apatía, de desentendimiento de lo que ocurre en la esfera política. Esa abulia suele con el tiempo mutarse en “antipolítica”, sustrato propicio, dado el clima ideológico de estos años, en propuestas rupturistas que plasman un supuesto propósito de renovación en un programa de regresión integral de conquistas y derechos que tienen un componente de construcción democrática.
La forma más apropiada de poner bajo análisis la ley de boleta única de papel es emcuadrada en esta crisis de la democracia. Se la presenta como un avance en la capacidad de decisión y reflexión del electorado en el mismo tiempo en que la toma de conciencia política es combatida en diversos terrenos, como expresamos más arriba.
Boleta Única Electrónica. Sigue votándose en “sábana”. A diferencia de cómo ocurría con boleta partidaria, el votante sólo puede ver el nombre de los primeros en las listas, no de todos. Se podría afirmar que el problema de la transparencia de las candidaturas no sólo no se resuelve sino que se acentúa. Las condiciones para incluir postulantes impresentables se ven facilitadas.
Cierta desvinculación de las elecciones provinciales de las nacionales. Y atenuación del efecto arrastre.
Podrían perder algo de gravitación los referentes nacionales.
Es cierto que con el sistema anterior jamás hubo denuncias de fraude masivo ni dudas acerca de que el resultado electoral no haya correspondido a la efectiva voluntad popular.
Hace más sencillo votar a partidos diferentes para los distintos cargos. No introduce posibilidades de tachar o agregar candidatos.
Se supone que es el final de un conjunto de probables abusos.
Eliminación del negocio de percibir grandes sumas por la impresión de un número muy elevado de boletas.
Simplificación del control al no tener riesgo de rotura o sustracción de boletas.
El financiamiento electoral es una instancia que favorece la incidencia sobre el aparato estatal de quienes disponen de cuantiosos recursos para promover a uno u otro candidatos y crearles compromisos con sus auspiciantes.
El manejo de los medios de comunicación por grandes corporaciones. Que en el caso de las redes sociales son mucho más grandes y trasnacionalizadas todavía.
Se supone que desaparecen mecanismos para inducir el voto, como el reparto de boletas con criterio clientelístico o el voto “cadena”. Son procedimientos “punteriles” que han sido muy mencionados, pero en torno a los cuales no suele haber denuncias concretas. La boleta de papel es presentada como una herramienta para incrementar la autonomía del ciudadano frente a los aparatos partidarios.
En la redacción final de la norma quedó suprimida la opción de votar en bloque a todos los candidatos a la misma lista. Ahora el sufragante tendrá que expedirse sobre cada categoría, marcar a que partido o coalición vota para diputados, a quienes para senadores o a diputados del Parlasur. Es una de las razones por la que los partidarios de este cambio aducen que promueve un voto más reflexivo, un mayor detenimiento en la consideración de las opciones.
Una consecuencia del cambio podría ser cierta atomización de los partidos al aflojarse los lazos en los niveles provinciales y municipales.
Desde la Oficina del Presidente emitieron un comunicado tras la aprobación en Diputados. El texto destacó el «fin del fraude electoral»
Se supone que el nuevo procedimiento favorece a partidos pequeños, escasos de militancia y recursos como para instrumentar un eficaz sistema de fiscalización. La función de los fiscales quedaría circunscripta al conteo final de votos y pasaría al recuerdo la vigilancia a lo largo de toda la jornada electoral, para el resguardo de que no faltaran boletas.
En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el oficialismo destacó que “la Boleta Única de Papel pone fin a un sistema de votación que imperó en la Argentina decadente de los últimos 100 años, que beneficiaba a la casta política y que facilitaba todo tipo de flagelos cuando los ciudadanos eran llamados a las urnas para realizar el sagrado acto de sufragar”.
De nuevo la narración de un descenso inexorable que abarca al total del historial democrático de nuestro país. El fraude elevado a sistema, el irrespeto completo al sufragio popular remite justamente a esa “época de oro” que tanto le gusta invocar al oficialismo y al presidente en particular. Por lo menos suena paradójico, mientras reivindican la verdadera era del fraude, se autoexaltan como paladines de la autenticidad del sufragio.
Hay sin embargo un sendero conducente. Son épocas e instrumentos diversos con el objetivo central de someter a la sociedad argentina al dominio indisputado de la gran empresa local y extranjera. Eso desde un lugar periférico en el sistema capitalista mundial. El que condena, en el cambio del siglo XIX al XX y también ahora, a una economía primaria (o reprimarizada), extractivista, con acentuado dominio del capital más concentrado.
«Será el sistema que los argentinos utilizarán para elegir a sus representantes en la nueva Argentina que propone el presidente Javier Milei por los próximos 100 años, donde la trampa y el fraude electoral no dominarán el proceso político”, continuó el mensaje.
El oficialismo festejó la aprobación definitiva de la ley y sostuvieron que “en la nueva Argentina, sin inflación, con una economía ordenada y sin déficit crónico, con un modelo de seguridad que combata el delito y un sistema judicial que termine con la doctrina en favor de los delincuentes, habrá un sistema de votación a la altura de las circunstancias”.
La BUP formaría parte de un futuro luminoso de gestión libertaria exitosa, con su componente económico y la fuerte presencia represiva, a través del aparato de “seguridad” y del poder judicial. En algún punto pareciera que el nuevo instrumento electoral abreva en una “normalización” de la sociedad argentina.
“Las listas completas de candidatas y candidatos con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación, cuarto oscuro, centros de votación y/o cualquier otro espacio destinado a tal fin.”
Sólo electores dotados de superlativa minuciosidad y paciencia llegarán a enterarse de todos los nombres que están votando.
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