Bolivia es un país distinto desde que la población indígena está representada en el poder. La mayoría de sus habitantes camina por las calles con mejor semblante. La fiesta del 25 de Mayo, por los doscientos años del primer grito de independencia del continente americano, confirmó que los tiempos son otros. Los abundantes recursos naturales […]
Bolivia es un país distinto desde que la población indígena está representada en el poder. La mayoría de sus habitantes camina por las calles con mejor semblante. La fiesta del 25 de Mayo, por los doscientos años del primer grito de independencia del continente americano, confirmó que los tiempos son otros. Los abundantes recursos naturales que desde siglo atrás produjeron riqueza solo para unos pocos, comienzan a ser resarcidos para el bienestar nacional.
El gobierno del presidente Evo Morales y del Movimiento al Socialismo (MAS), desde el2006, han puesto en marcha un proyecto de cambios de raigambre popular, utilizando las reglas y limitaciones que exige una legítima democracia. La actual población que se aproxima a los 10 millones de habitantes habla español, quechua, aymara y guaraní, con una tasa de analfabetismo que en los tres últimos años se ha reducido de 12% a menos de 3%.
La nueva Constitución, aprobada en el Congreso y ratificada por un referéndum, define al país altiplánico como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías regionales. La propiedad agraria ha sido reducida a cinco mil hectáreas como máximo; y las autonomías indígenas se regirán a partir de los territorios ancestrales de las markas y suyus, basados en el Ayllu.
Los actos oficiales por el bicentenario tuvieron dos escenarios paralelos. Desde El Villar, la cuna de Juana Azurduy, heroína de la independencia, Evo Morales rindió homenaje a las generaciones de indígenas que se levantaron contra el yugo español, especialmente a partir de 1780 con la insurrección de los Katari y los Amaru y a quienes hoy trabajan para conseguir la igualdad y la libertad. Y en Sucre, la capital boliviana, la prefecta de Chuquisaca, también indígena Sabina Cuéllar, presidió los festejos, escoltada por el presidente del Senado, los prefectos y dirigentes cívicos de Santa Cruz, Beni y Tarija, regiones enfrentadas al MAS.
Estas fiestas han servido para reconfirmar al mundo la injerencia, años atrás, de los aparatos de inteligencia policial norteamericanos en la desestabilización de empresas como la petrolera nacional; y sobre todo mostrar la riqueza cultural traducida en danzas, bailes, música, canciones, vestimentas, tejidos – que cada año se resume en el Carnaval de Oruro, tan espectacular como sus similares de Río, Colonia, Venecia o Lousiana.
Evo Morales, en la ONU, a principios de año, afirmó que la privatización de los servicios públicos, como ha ocurrido en gran parte de América Latina, es el peor error que puede cometer un gobierno, porque discrimina a pueblos enteros. Recordó a los asistentes que el mandato democrático de Bolivia es acabar con el desprecio y odio a los indios. «Mi madre cuando iba a la ciudad no tenía derecho a caminar libremente por las calles y aceras», comentó, al mismo tiempo que invitaba a cada uno de los miembros de las NNUU a participar en Bolivia del camino de liberación sin retorno, en el cual están comprometidos también pueblos y gobiernos como El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Cuba.
Bolivia sigue trabajando para recuperar los recursos naturales y destinarlos al desarrollo interno. Proclama garantías para los inversionistas, «pero no acepta patrones». El gas y el petróleo deben ser para el desarrollo local y otorga seguridad para la recuperación de la inversión externa. «Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso no sea perjudicial al interés colectivo». «La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa», precisa el artículo 57 de la Carta Política.
Petróleo y gas
Para la oposición, el MAS no acierta en nada. Considera que los trabajadores bolivianos en los tres primeros años del gobierno de la izquierda indigenista (2006-2008) han perdido por lo menos un 15% del salario real por el aumento de precios de los alimentos, mientras el Ministerio de Hacienda informa que los ingresos del Estado y las ganancias empresariales se han multiplicado entre dos y tres veces, aunque el actual ingreso no de los trabajadores es suficiente.
Con una gran movilización de masas, los mineros han reconquistado la jornada laboral de ocho horas y logrado mejores salarios a Glencore, transnacional que explota ilegalmente los yacimientos de plata, oro y zinc que eran de propiedad del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado por una insurrección popular. La Glencore/Sinchi Wayra mantiene un doloso contrato de transferencia de esas minas, operación realizada en Estados Unidos, cuando los bienes y minas de Sánchez de Lozada ya eran reclamados en los tribunales de justicia de Bolivia como resarcimiento para las familias de las centenas de víctimas del genocidio de octubre del 2003.
El presupuesto para este año consigna una tasa de crecimiento económico de 5.05%. El FMI pronosticó 5%. El Banco Mundial apunta solo 3.6% y más recientemente la CEPAL estima 3%. Los más pesimistas estiman que la economía crecería solo 1.3%. El Banco Central prevé que el año cerrará con una inflación menor al 8%.
La economía boliviana se basa principalmente en la minería, industria del petróleo y del gas natural, la industria agropecuaria, cementera y la textil. El abundante litio descubierto se suma ahora como nuevo recurso. El gobierno ha desmentido la explotación de uranio. A la administración de Evo Morales le preocupa el reclamo de las ganancias y la propiedad de los recursos de gas y petróleo, porque los movimientos sociales están exigiendo la nacionalización total.
Morales ha dado señales de un enfoque más moderado al hacer una distinción entre los recursos naturales bajo tierra y los activos de la industria extractiva. Es probable que el MAS discuta de manera diferente con cada compañía, tratando de negociar concesiones individuales, basados en el equilibrio. «Vamos a garantizar la recuperación de sus inversiones y sus ganancias, pero no por medio del saqueo y del robo», ha enfatizado el jefe de gobierno.
Bolivia ha dialogado con Lula y se conoce que no expropiaría a las compañías energéticas y que garantizará la seguridad de las inversiones brasileñas. Estaría en marcha un plan para organizar una comisión multinacional entre inversionistas del gas boliviano para revisar contratos y acuerdos entre diferentes países.
En el tercer año de nacionalización YPFB obtuvo utilidades de Bs 4.440 millones. El campo gasífero de Río Grande fue nacionalizada por el gobierno el 1 de mayo de 2006 y tiene el control del sector. Durante la gestión 2008, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incrementó sus utilidades en 697% gracias a los mejores precios del gas. Los ingresos de la exportación de gas natural subieron de 810 millones de bolivianos en 2007 a 4.288 millones de bolivianos en 2008. Bolivia vende gas a Brasil y Argentina a precios que se ajustan trimestralmente.
La inversión en exploración y explotación de hidrocarburos de las petroleras alcanzará a 625,5 millones de dólares. El monto lo ejecutarán Petrobras Bolivia, Repsol YPFB, BG-Bolivia, Petrobras Energía, Vintage, Pluspetrol S.A., Matpetrol S.A., Total E&P Bolivie, Dongwon y Canadian Energy, con las cuales se tienen contratos de operación.
Cumbre indígena
En Puno, ciudad peruana fronteriza con Bolivia, los participantes a la IV Cumbre de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Aya se sumaron a los festejos del Bicentenario. Sus cinco mil asistentes insistieron que a través de las Naciones Unidas se constituya un Tribunal de Justicia Climático, que sancione a las empresas transnacionales que contaminan los territorios de los pueblos originarios, así como a los estados que les autorizan ingresar a sus territorios.
Reclamaron, entre otros puntos, que el convenio 169 de la OIT y la resolución de Kyoto no pueden ser desoídos por los estados. Las organizaciones desde Alaska a la Patagonia «debatieron más argumentos contra el modelo de civilización capitalista neoliberal en crisis terminal» con miras a la construcción de la Organización Mundial de Naciones Unidas Indígenas.
Señalaron que la primera transnacional que debe ser sancionada es la minera Doe Run, en los andes centrales del Perú, por dañar la vida de millares de niños intoxicados por alto contenido de plomo en la sangre. La Cumbre denunció que los once decretos legislativos emitidos por el gobierno de Alan García en julio del 2007 criminalizan la protesta de las comunidades, legalizan el paquete legislativo del Tratado de Libre Comercio con los EU que vulnera derechos territoriales indígenas. También criticó al presidente del Perú por haber concedido refugio y asilo político a tres ex ministros del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez, que la justicia boliviana los imputa por delitos de lesa humanidad.
La Cumbre cuestionó los megaproyectos de infraestructura como el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), la instalación de bases norteamericanas en lugares estratégicos de acceso y salida a los recursos naturales, junto con estrategias represivas como el «Plan Colombia».
Finalmente, la Cumbre del Altiplano señaló que la Política Económica enmarcada en el «Consenso de Washington», agudizó la crisis, y los organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, han elevado irresponsablemente el endeudamiento de los países, por lo que exigen transparencia en el destino y los resultados de las cooperaciones y préstamos y la supresión radical de los privilegios que gozan «los expertos» sin asumir responsabilidad alguna. Lo más dramático es que el creciente armamentismo y la corrupción en la región, no son limitaciones para que el BID y organismos similares, reduzcan o aprueben los créditos que además son muy caros. Precisamente, Chile y Perú no han aceptado los préstamos de contingencia, pese a la presión que venía promoviendo el actual presidente del BID, designado con la anuencia del presidente Bush.