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Bolivia: A cinco meses de la Masacre

Fuentes: Rebelión

Los grupos de poder económico, que hacen política desesperada utilizando sicarios en campaña electoral, o buscando culpables donde no hay, como en el caso de los 33 camiones con mercadería que salieron de Zofra Cobija -que ese mismo clan político administra en nombre del Estado- tienen un objetivo claro: Ocultar la matanza de campesinos pandinos […]

Los grupos de poder económico, que hacen política desesperada utilizando sicarios en campaña electoral, o buscando culpables donde no hay, como en el caso de los 33 camiones con mercadería que salieron de Zofra Cobija -que ese mismo clan político administra en nombre del Estado- tienen un objetivo claro: Ocultar la matanza de campesinos pandinos en Porvenir, Filadelfia y en el río Tahuamanu, entre el 11 y 19 de septiembre de 2009.

Hasta ahora no sabemos cuántos muertos fueron ocultados en el río, en el monte o en alguna hacienda cercana a la despoblada frontera con Perú o Brasil (o sea en fosas comunes). Los asesinos trasladaron restos humanos en las volquetas del estatal Servicio Departamental de Caminos-SEDCAM pero no los llevaron a la morgue de Cobija o al centro de salud de Porvenir. Esos días en Cobija y Porvenir mandaba la «Ley del sicario», a la cabeza de ahora reo Leopoldo Fernández Ferreira.

Cinco días antes del referéndum constitucional apareció en La Paz «Brusher Alpire» quien ante la televisión y la prensa mostró su pistola y sus «otros instrumentos de trabajo» (municiones, explosivos…) y, campante dijo que fue «contratado por (Miguel) Chiquitín Becerra para asesinar al senador Roger ‘Chonta’ Pinto» pero que como es su amigo, no se sentía capaz de ese trabajo (de asesino). El mensaje electoral estaba destinado a quitar votos al MAS y sus aliados en Pando, vía apología del delito. «Brusher» estuvo en Porvenir el jueves 11 de septiembre y sabe mucho.

Ningún periodista (ingenuos de ellos) preguntó o cuestionó la condición del mencionado «ciudadano Alpire» quien apareció como lo que es: sicario y asesino a sueldo. Claro, en campaña electoral todo vale, incluso hacer apología del asesinato (delito penal). Alpire no está procesado y menos detenido, aunque hizo alguna útiles revelaciones como las circunstancias del asesinato de Pedro Oshiro Menguari. En cuanto a «los 33 camiones» quien autorizó su salida de Zofra-Cobija hacia a Montevideo (Puerto Evo) es su administrador Huáscar Aguilar Jordán, por orden directa del ahora reo Fernández Ferreira, por entonces Prefecto de Pando y presidente del Directorio de Zofra-Cobija. El «diputado investigador» Arturo Murillo (tonto útil) lo sabe y no lo dice por razones obvias. Estos dos hechos fueron determinantes para que el MAS y las organizaciones sociales bajen en enero 2009, del 67 a 61 por ciento de apoyo electoral. Aún así, mantienen los dos tercios a nivel nacional.

Pero ¿qué paso realmente antes, durante e inmediatamente después del 11 de septiembre de 2008?

Por qué la Masacre de Tahuamanu

El 2 de agosto de 2008, Pando fue declarado «Primer departamento de Bolivia libre de latifundio»; ese día se colocó el último «bolón» o plaqueta del finalización del saneamiento de tierras en esa olvidada región. Parecía mentira, todo el territorio pandino (más de 6.3 millones de hectáreas) había sido mensurado… incluso las concesiones forestales y las famosas «barracas», aquellas estancias-haciendas castañeras-gomeras donde campean (aún hoy) la servidumbre y el «habilito» (ese «cheque» de patrón para los peones y sus familias).

Para entonces, faltaban ocho días para el referéndum revocatorio de mandato para el Presidente, Vicepresidente y ocho prefectos, en medio de la dura oposición de los «cívicos» ligados a los grupos de poder económico y regional en el oriente. Era evidente el temor de éstos a los resultados que finalmente se dieron en esa consulta ciudadana (67 por ciento de apoyo al gobierno boliviano).

Luego del 10 de agosto vinieron los exabruptos y el vandalismo. El sábado 16 de agosto 2008, en el Cristo Redentor de Santa Cruz de la Sierra, un desaforado (casi loco) prefecto Rubén Costas dijo: «¡…Excelentísimo asesino presidente de los bolivianos…!», expresión de irrespeto que no tuvo sanción judicial. A continuación vinieron las sucesivas y vandálicas «tomas» de oficinas estatales y aeropuertos en Santa Cruz, Trinidad, Tarija, Riberalta, Guayaramerín y Cobija a cargo de los «jóvenes unionistas». Incluso se llegó a designar a autoridades prefecturales en esas maltrechas dependencias nacionales. Por ejemplo Gary Von Boeck, un rabioso militante de la difunta ADN-Podemos, fue posesionado el 4 de septiembre como director del INRA-Pando en reemplazo de Julio Urapotina Aguararupa.

El único propósito de esta «nueva autoridad autonómica» era borrar todo lo que se había hecho en ocho años de saneamiento, y sobre todo borrar la huella del Decreto Supremo 25848, del 18 de julio de 2000 (gestión Hugo Banzer-Jorge Quiroga) que otorga a los campesinos de Pando y la provincia Vaca Diez (Beni) 500 hectáreas de tierra por familia campesina… algo impensable pero necesario si Banzer quería mantenerse en el gobierno. Walter Guiteras, por entonces ministro de la Presidencia, conoce bien de esto porque lo negoció personalmente, como permitió la creación de la UPEA alteña en agosto de ese mismo año. Si la UPEA no era creada caía Banzer y todo su gobierno y se adelantaba aquel octubre de 2003.

Al ver que el INRA-Pando había sido intervenido por el hoy reo Fernández y sus secuaces, los campesinos pandinos convocaron a un Ampliado Departamental para el 13 y 14 de septiembre en el Mercado Campesino de Cobija que es su sede natural. Los dirigentes convocaban a este encuentro por medio de Radio «San Miguel» de Riberalta, la única que les da micrófono en la región. Al menos 500 campesinos salieron el 9 de septiembre desde Riberalta (paso obligado para quienes vienen desde las provincias Federico Román y Madre de Dios). Iban recogiendo delegados al ampliado a lo largo de la carretera Riberalta-El Sena-Puerto Rico-Porvenir.

Matanza y terror en el monte

Los campesinos-delegados, que se dirigían a Cobija habían llegado sin problema hasta Tres Barracas, donde a las 02:00 de la madrugada del jueves 11 se encontraron con una zanja por donde no podían pasar los camiones y camionetas que les transportaban. Había sido cavada por trabajadores del SEDCAM-Pando, por orden directa del hoy reo Leopoldo Fernández, y ejecutado por el director del SEDCAM, Julio César Villalobos Aguilar (sobrino de Huáscar Aguilar Jordán, administrador de Zofra-Cobija). Pasadas las 06:00 de la mañana, los campesinos discutieron en Tres Barracas con Ricardo «Shusy» Shimokawa, Pedro Oshiro Manguari y otros «funcionarios prefecturales y dirigentes cívicos».

Cuando llegaron a un acuerdo, los campesinos retornaban a sus camiones y caminaron casi 3 kilómetros, pero fueron perseguidos por los grupos cívico-prefecturales, a punta de petardos, palos y hasta disparos. Los campesinos reaccionaron y lograron tomar rehenes a seis de sus oponentes. Para entonces, desde Filadelfia (oeste de Pando) venían en su ayuda otros 500 campesinos (también delegados al Ampliado de Cobija) y decenas de estudiantes normalistas que fácilmente vencieron y pasaron la otra zanja en Cachuelita; ambos grupos se encontraron en Tres Barracas.

Cuando los grupos cívicos-prefecturales escapaban (eran sólo 70 frente a mil campesinos) uno de ellos, Pedro Oshiro chocó la camioneta prefectural que conducía contra otro vehículo y, cuando su encapuchado compañero (alias «Pantera») le pidió «hacer el trabajo encargado» (matar a campesinos) Oshiro se negó porque estaba malherido por el choque. «Pantera» le agarró del cuello y le disparó en la frente. El reo Fernández ya tenía el muerto que buscaba para alarmar, vía desinformación y rumor sobredimensionado, a los ciudadanos de Porvenir y Cobija. Existen antecedentes de esta actitud del ex «Cacique a la antigua» como los casos de asesinato de Ronald «El Tranca» Maradei, Jorge «Jorgito» Núñez Ferreira (su sobrino) o Antonio «El Negro» Roca, todos allegados al hoy reo Fernández.

Los campesinos habían logrado pasar las dos zanjas (en Tres Barracas y Cachuelita) y juntos avanzaron hasta Porvenir, paso obligado para ir a Filadelfia o a Cobija. Entre las 09:30 de la mañana y las 12:00 del mediodía, la Policía los tuvo esperando por una promesa del concejal de Porvenir, Homer Polanco Ventura de dejarlos pasar. Nunca ocurrió aquello. En realidad, esas dos horas fueron tiempo ganado para la llegada de 50 sicarios (incluso brasileros como ‘Rachiño’ o ‘Vaia’, traidos desde Montevideo-Nacebecito) en dos volquetas del SEDCAM-Pando y que recibieron armas de un tal José Arab y su colega Flores Calpinheiro. Cuando la policía Mirtha Sosa Chalar de Zelaya terminó de inspeccionar los autos de los campesinos para liberar a los seis rehenes -entre ellos «El Mago», quien pidió dejar pasar a los campesinos hacia Cobija- hizo un ademán con las manos levantadas, comenzó la matanza.

Pistolas automáticas, rifles, fusiles, rifles salón (de caza) y metrallas descargaron su artillería de muerte al grito de «¡…meta bala al hijo e’ puta…!». Los campesinos escaparon por donde pudieron, en medio de confusión, incredulidad y pena por haber dejado en los autos pertenencias como documentos personales, de sus tierras, personerías jurídicas de sus comunidades, alimentos y otros. Muchas mujeres (más de una embarazada) escaparon por el río Tahuamanu, pero desde una volqueta del SEDCAM-Pando varios sicarios, entre ellos los tres hermanos Franco Hurtado dispararon metrallas hacia el río… como cazando patos, contra despavoridos campesinos que iban a nado. Un grupo de 30 campesinos se ocultó entre los matorrales y fue rescatado por un balsero brasileño que los llevó a la hacienda «Esperanza» y pudo pedir al alcalde de Puerto Rico, Walter Valverde, un vehículo para trasladar a los rescatados a un lugar seguro. Esos testimonios no son difundidos, a propósito por la prensa privada aliada del reo Fernández Ferreira.

La lluvia de balas cesó recién a las 14:30. A esa hora comenzó la tenebrosa búsqueda de campesinos en Filadelfia, Puerto Rico, camino Porvenir-Filadelfia y en el monte. Los sicarios, encapuchados y fusiles y metrallas en mano, iban y venían, en moto o en camioneta, y en su trajín de muerte encontraron a un campesino que iba oculto en un vehículo que llevaba a los policías que retornaban de Porvenir a Cobija. El subteniente Argollo y su tropa tuvieron que bajar; los sicarios los apuntaban y ya habían disparado la llanta delantera de esa camioneta. «¡…Buscamos a Chiquitín…»! dijo uno de los matones. El campesino fue secuestrado y trasladado a Cobija.

Otros 18 campesinos y estudiantes normalistas de Puerto Rico, entre ellos la dirigente Lucía Da Silva también fueron secuestrados. Fueron llevados al Comité Cívico, donde los «sicarios-cívicos» les golpearon a gusto, luego los llevaron a la Policía, donde el «interrogador armado» fue el senador pandino José Sebastián Villavicencio Amuruz y sus dos matones con armas niqueladas. La pregunta del legislador, delante de PAT y Unitel, fue: «Dí quien los mandó, te están grabando, y fuiste grabado ahí afuera… ¿Te mandó Chiquitín…?». Esa noche durmieron en la celda policial, sin acusación formal. El viernes 12 fueron entregados al juzgado. El fiscal Mario Mariscal y el juez cautelar Alejandro Flores los declararon culpables y los encerraron en la cárcel de Villa Bush donde estuvieron hasta el viernes 19 de septiembre…

Ese mismo viernes 12, por la tarde, ya habían sido saqueados los comercios de la avenida Tcnl. Cornejo y las armerías «Méndez» y «Santa Elena». Esta última entregó a la Prefectura, el jueves 11, una escogida mercadería de metrallas, rifles y pistolas automáticas. Esas mismas armas fueron usadas en el aeropuerto de Cobija, para «recibir con disparos» a conscriptos y oficiales que venían a frenar las tropelías asesinas del hoy reo Fernández y su banda. Allí apareció, otra vez el «pastor evangélico» Luis Antonio Rivero Siguekuni quien un día antes estuvo en Cobija, pistola en mano, «obligando a hablar» a un campesino rehén. Eso está filmado. Rivero recibió un disparo en la espalda y cuando era auxiliado en un vehículo rojo, éste recibió disparos de civiles armados en el ingreso al aeropuerto, y obligado a retornar. Cuando recién pudo salir, el evangelista no pudo resistir. El senador-pastor evangélico Roger «Chonta» Pinto Molina, conocía al detalle el movimiento de Rivero Siguekuni; era «hombre de su absoluta confianza».

Recién a horas 19:00 las Fuerzas Armadas pudieron consolidar su presencia en el aeropuerto y reforzar al Regimiento Riosihno y al Comando Conjunto pero tuvieron que esperar tres días para controlar Cobija y más de un semana para entrar al monte, donde los sicarios hacían de las suyas, secuestrando, amedrentado, y matando campesinos… Por ejemplo, el cadáver del torturado estudiante, Alfonso Cruz Quispe, fue encontrado en el río Tahuamanu recién al día siguiente de la masacre; fue llevado a Filadelfia y velado en la alcaldía. Filadelfia en ese momento era un pueblo sometido a la voluntad de los sicarios «cívico-prefecturales». El sábado 13, a las 05:00 de la madrugada el edificio la alcaldía de Filadelfia -donde velaban a Cruz- fue incendiad por tres encapuchados sicarios.

Aprendizajes de la Masacre

Lo ocurrido en Porvenir, Filadelfia y Cobija, antes durante y después del 11 de septiembre 2008 es un genocidio y debe ser juzgado como un delito de lesa humanidad ejecutado por un grupo de «matones políticos» que crearon un mini Estado donde grupos paramilitares hicieron del matonaje una forma de vida con amedrentamientos, matanzas, asesinatos y desaparición de campesinos y campesinas. Todo esto en medio de censura explícita de prensa a los campesinos (58 periodistas, productores y medios tienen relación contractual-prebendal con la Prefectura), el abandono cultural-estructural del Estado y la dictatorial vigencia de grupos de sicarios-políticos como el Comité Cívico, Unión Juvenil Pandina, Columna Cívica y boñigas similares, que con el pretexto de «autonomía e IDH» a diario destilaban su discurso mediático de recalcitrante odio racista, segregación social y separatismo político-geográfico.

A ello se suma la angurria de poder del reo Fernández y sus cómplices como Shimokawa (operador cívico-sicario) Villavicencio (armado interrogador de campesinos aquel jueves 11, privilegiado beneficiario de Zofra-Cobija) y el terrateniente Peter Alvin Enrique Hecker Hasse (entonces senador beniano autor del Decreto Supremo 25532 del 5 de octubre de 1999, conocido como «Decreto barraquero»). Los tres pertenecen al exclusivo clan de 10 latifundistas de Pando, afectados con el saneamiento concluido en agosto 2008. Este grupo tenía «todo el poder» en Pando y quería probar si podía mantener sus privilegios… a bala. Por ello, lo ocurrido en Pando en septiembre 2008 es una ruptura histórica y un desafío a la integración estatal y social real, a partir del protagonismo de organizaciones como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando-FSUTCP y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando Bartolina Sisa-FDMCP «BS», más sus regionales de Madre de Dios y de la sociedad pandina, urbana y especialmente rural, sin amedrentamientos ni imposiciones.

El «vandalismo» político del hoy reo Fernández Ferreira debe ser sancionado como corresponde. De lo contrario, seguirán vigentes matones políticos como los Fernández, Hecker, Melena Oliver, Shimokawa, Neira, Villalobos, Aguilar, Villavicencio, «Chonta» Pinto, Bravo Alencar, Romaña, Camargo Suzuki y adefesios similares; o delincuentes-sicarios-asesinos a sueldo con alias como los Brusher, Bolon, Choncha, Bobi, Lilico, Irancito, Papi Mosuli, Boro, Negro, Peyo, Rafo, Chicharra, Choco, Canchincho, Técnico, Chipo, Piqui, Chichi, Apiro, Tatín, Papirio, Aris, Guaroco, Catechi, Macarena, Chespirito, Chufa, Tuco, Negra, Oso, Tete, Dico, Máquina, Pacharaco, Bayano, Rachiño, Pantera, Cono, Tamboata, Rafo, Fito, Goyo, Xuxa y Vera; todos ellos muy conocidos en el sangriento ambiente del narcotráfico de Cobija y entre el matonaje del ahora reo «Cacique». – – – (*) Edgar Ramos Andrade. Comunicador e investigador social. Autor del libro «aGONIa y Rebelión Social»; la historia de septiembre y octubre 2003 (La Paz, 2004). Tel. (00591) 77 22 07 36 E-mail: [email protected]