Las protestas que semanas atrás se transformaban en noticia, hoy son moneda corriente. La oposición de ultra derecha redoblaron sus apuestas por lo que la paz y el equilibrio nacional son cada vez más lejanos.
El panorama que se vive en Bolivia es cada vez más oscuro, y cada segundo que pasa es crucial para el gobierno de Evo Morales, que hace más de 25 días se ve amenazado por grupos de derecha, pertenecientes a las regiones separatistas de Bolivia. La violencia y la desestabilización de la democracia se encuentran a la orden del momento y muy poco parece importar que el gobierno encabezado por Morales haya sido elegido legítimamente hace 2 años y medio.
Semanas atrás, cuando la oposición acrecentaba su rebeldía, el presidente denunció que se estaba gestando una revuelta violenta en Santa Cruz, con apoyo interno y externo. Durante estos últimos días, esos peligros se materializaron, dando inicio en la ciudad capital del departamento de Santa Cruz «a un golpe de estado cívico prefectural contra la unidad del país y la democracia», según palabras del ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
Dicho golpe estuvo encabezado por el presidente del Comité Cívico, Branco Marinkovic, quien además tuvo el apoyo incondicional del prefecto Rubén Costas. Los grupos de choque del movimiento cívico cruceño -alentados por estos hombres- llevaron adelante la toma del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Entel e Impuestos Nacionales.
Estas violentas protestas afectan la estabilidad política, social e institucional del país. Tal como afirma el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la oposición en definitiva lo que está haciendo, es «atacar a la democracia».
Aunque los conflictos se tornaban más tensos y complicados, el Gobierno -en un principio- decidió no declarar el estado de sitio en la región, porque eso avivaría más las llamas de la ultra derecha boliviana. «En ningún momento se ha discutido y pensado que pueda haber un estado de sitio; estamos apelando al Parlamento, donde podamos encontrar soluciones», expresó el diputado César Navarro.
El problema de fondo sigue siendo el mismo: la intolerancia de la derecha aglutinada en la llamada «Media Luna» -la zona más rica del país-, que reclama autonomía, la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y además rechaza el proyecto oficial de aprobar una Constitución que represente a la mayoría.
Lo cierto es que las protestas callejeras en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, van aumentando su violencia, e incluso han llevado a cabo asaltos a instituciones estatales. Pero por si eso fuera poco, los sectores opositores amenazaron con tomar puestos fronterizos para impedir el ingreso y la salida de personas. De acuerdo a datos aportados por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), existen por lo menos 30 bloqueos a lo largo del país.
En Villamontes cerraron cuatro llaves de paso del gasoducto a Brasil, y lo mismo sucedió en Yacuiba desde donde se proporciona gas a Argentina. Pese a la custodia militar, el cierre de válvulas fue ordenado por opositores al gobierno de Evo Morales, que amenazaron con tomar las plantas proveedoras de gas.
Según fuentes del sector energético, consultadas por la agencia argentina DyN, durante estos días de conflicto el suministro de gas a Brasil «se redujo cerca de un 50 por ciento» y los envíos a Argentina «serían casi nulos». El ministro de Finanzas de Bolivia, Luis Alberto Arce aseguró que el corte de suministro a Brasil le causa al país un perjuicio de 8 millones de dólares diarios, por lo que estas medidas no sólo afectan al gobierno de Morales, sino también a la economía boliviana.
Los conflictos violentos desatados por las huestes de la «Media Luna», ya se han cobrado varias vidas y decenas de heridos. La democracia boliviana está siendo golpeada y su economía se debilita.
En ese sentido, Evo Morales aseguró «vamos a defender la democracia, vamos a defender el proceso de cambio y sobre todo vamos a garantizar la unidad del país». Por eso afirmó que no responderá con más violencia a las provocaciones, pero advirtió que «la paciencia tiene un límite».
Por lo pronto, tomó la decisión de expulsar y declarar «persona no grata» al embajador estadounidense en La Paz, Philip Goldberg, al acusarlo de ser «un experto en dirigir conflictos separatistas» y de «conspirar para buscar la división de Bolivia».
Es importante tener en cuenta que desde hace tiempo, el Ejecutivo boliviano, venía cuestionando el accionar de Goldberg, quien en varias oportunidades recibió llamados de atención, por las reuniones que mantenía con prefectos de la oposición, como Rubén Costas, de Santa Cruz y Savina Cuellar, prefecta de Chuquisaca.
En una entrevista dada a Telesur el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, justificó la decisión tomada por el presidente, asegurando que la misma » es un mecanismo diplomático que aplica el Gobierno de Bolivia para defender su soberanía, frente a acciones individuales del señor Goldberg, que ponen en peligro tales relaciones entre ambos países».
El canciller boliviano, David Choquehuanca, intentó dejar en claro que la medida tomada, no busca romper relaciones diplomáticas con el país del norte, y explicó: «en la nota que enviamos, manifestamos la decisión y el propósito del Gobierno boliviano de continuar manteniendo las relaciones bilaterales y de cooperación con Estados Unidos».
Sin embargo, como era de esperarse, Washington respondió inmediatamente. El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, afirmó que «la acción del presidente Morales es un grave error, que ha dañado seriamente las relaciones bilaterales». En una actitud recíproca, Estados Unidos, expulsó al embajador boliviano, Gustavo Guzmán, quien -al igual que Goldberg- deberá abandonar el país en el que desempeña su rol diplomático.
Un dato aparte para tener en cuenta sobre la expulsión del embajador de Estados Unidos. Dicen las «malas lenguas» (o no tan malas) que el único lugar donde no habría golpe de Estado orquestado por Washington, es Estados Unidos, porque no tiene embajada estadounidense. Y quizás (sólo quizá) pueda hacer entender el contexto.
Por otro lado, en vista que el Gobierno está siendo duramente golpeado, los gobiernos de Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, al igual que Paraguay y la Comunidad Andina (CAN), formada por Colombia, Ecuador y Perú -además de Bolivia- expresaron su respaldo incondicional al Gobierno de Evo Morales.
Desde la Cancillería argentina, se envió un mensaje que condena «todo intento exterior de buscar la desestabilización de gobiernos populares elegidos democráticamente, en elecciones libres y sin proscripciones en Sudamérica».
También el presidente venezolano, Hugo Chávez, manifestó su apoyo, y aseguró que su país ayudará a la resistencia armada boliviana, en caso de que los adversarios lleven a cabo un Golpe de Estado contra el mandatario. «Si la oligarquía, dirigidos, financiados, armados por el Imperio (léase Estados Unidos), derrocan a algún Gobierno nuestro, tendríamos luz verde para iniciar operaciones de cualquier tipo, para restituir el poder al pueblo en esos países hermanos», afirmó.
Tal es el apoyo de Venezuela hacia «sus hermanos bolivianos», que Chávez decidió expulsar al embajador de Estados Unidos en Caracas, Patrick Duddy.
«A partir de este momento tiene 72 horas el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela, en solidaridad con Bolivia», indicó el mandatario, en un acto celebrado en Puerto Cabello. Cabe recordar que horas antes de hacer este anuncio, el presidente venezolano, había denunciado un complot su contra su Gobierno, con fuerte apoyo de la administración estadounidense.
La tensión diplomática entre Estados Unidos y Bolivia, por el retiro de sus respectivos embajadores en cada país, se hizo más fuerte a partir de la intervención de Chávez. Pero hay que recordar que las relaciones nunca fueron muy sólidas, dado que Evo se define como antiimperialista.
Los hechos de violencia han aumentado en intensidad desde el referendo revocatorio del 10 de agosto. Utilizando palabras del periódico Le Monde Diplonatique, es claro que el fracaso de la mesa de diálogo post-referendo, fue un anticipo de lo que se estaba por desatar en Bolivia, y aunque Morales cuenta prácticamente con el 70 por ciento del apoyo social, algo ha cambiado en los últimos 25 días, ya que el proceso propuesto por el presidente exhibe una gran tensión.
Se sabe que la violencia desatada en las regiones opositoras ha sido brutal, porque las fuerzas de choque estuvieron armadas «hasta los dientes». Tanto es así que los hechos desatados el jueves, se cobraron la vida de 14 personas, motivo el cual el Presidente boliviano declaró duelo nacional.
Pero por si esto fuera poco, el gobierno boliviano acusó al gobernador de la región de Pando, Leopoldo Fernández, de contratar a sicarios peruanos y brasileños, para amedrentar a campesinos. Al respecto el diario argentino Página/12 publicó que «según información disponible para el Gobierno argentino, los autonomistas han innovado en un rubro de importaciones, los mercenarios».
La situación en Bolivia lejos está de calmarse, por lo que el Presidente desde el Palacio Quemado convocó a los prefectos agrupados en el autodenominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) a «iniciar un diálogo sin condiciones, ni imposiciones que permita encontrar solución a la crisis política en el país».
Para descomprimir el conflicto que se está viviendo en Bolivia, Morales convocó «al diálogo no solo a los prefectos, sino también a los alcaldes, los sectores sociales, organizaciones cívicas, sindicales, para que participen como garantes de dicho encuentro», aseguró la Agencia Boliviana de Información (ABI).
«Posiblemente como Presidente de la República esté equivocado, pero que sean las organizaciones cívicas y sociales, que las instituciones colegiadas sean nuestro mejor juez para saber quién es el que se equivoca, para saber quién es el ambicioso y quién está equivocado», expresó el Primer Mandatario.
Dicha convocatoria fue apoyada por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, quien rechazó el uso de la violencia en territorio boliviano y aseguró que «las Naciones Unidas están listas para proveer cualquier apoyo que los bolivianos puedan requerir en dicho diálogo».
A este pedido también se sumo el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que pidió a los bolivianos acatar a las autoridades legítimas de ese país, e instalar una mesa de diálogo donde los problemas pendientes puedan ser resueltos.
Si bien -como ya se dijo- Evo se negaba a decretar el Estado de Sitio, tuvo que hacerlo en el distrito amazónico de Pando, porque los enfrentamientos comenzaron a empeorar y la violencia tomó por completo las calles, causando decenas de víctimas, en hechos que para el gobierno constituyen «genocidio» y «crímenes de lesa humanidad».
El decreto prohíbe portar armas de fuego o armas blancas, organizar reuniones políticas y el tránsito de tres o más personas en un horario comprendido entre las 0 y las 6 de la mañana. El encargado de leerlo fue el ministro de Defensa, Walker San Miguel, quien en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, explicó que la medida fue tomada por la «violencia desbordada» en el norte del país.
Por su parte las Fuerzas Armadas bolivianas, aseguraron que «van a cumplir su rol constitucional, defendiendo el orden y la unidad nacional, puesto que los militares responden al pueblo». El general Luis Trigo, señaló que cualquier tipo de movilización de tropa y de equipos militares, obedecerá estrictamente a la ejecución de operaciones que tiene el único objetivo garantizar el respeto a la Carta Magna.
Al cierre de esta edición, la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) convocó una reunión de urgencia para este lunes para tratar la crisis política boliviana y reiterar el apoyo a Evo Morales. .
El encuentro fue convocado el sábado por la mandataria chilena, Michelle Bachelet, que ostenta la titularidad temporaria del bloque sudamericano, y tendrá lugar mañana a las 15 en el Palacio de La Moneda.
El objetivo será «mirar cómo, desde Unasur, podemos tener una actitud positiva y constructiva, que permita acercar las partes, buscar apoyar los esfuerzos del pueblo boliviano y del gobierno boliviano para ir en pos de una garantía de su proceso democrático y la estabilidad y la paz en Bolivia», señaló a medios locales Bachelet. .
Desde que Evo Morales encabeza el gobierno, la oposición de derecha ha tratado de hacer de todo para que su gobierno fracase. Las jornadas de protesta ya han provocado unos 100 heridos en las cinco regiones gobernadas por opositores al oficialismo.La mecha está ya esta encendida, los actos vandálicos están a la orden del día y parece que todo está a punto de explotar, sin embargo el gobierno no flaquea y sigue poniéndole el pecho a una situación que parece insostenible.