Rodeado por indígenas en el Palacio Quemado, sede del gobierno, y en medio del júbilo, el presidente Evo Morales promulgó esta madrugada la reforma a la ley agraria con la que se propone acabar con los latifundios improductivos y repartir tierra entre campesinos pobres. Horas antes, el gobierno consiguió quebrar la resistencia de la derecha […]
Rodeado por indígenas en el Palacio Quemado, sede del gobierno, y en medio del júbilo, el presidente Evo Morales promulgó esta madrugada la reforma a la ley agraria con la que se propone acabar con los latifundios improductivos y repartir tierra entre campesinos pobres.
Horas antes, el gobierno consiguió quebrar la resistencia de la derecha e instalar la sesión del Senado. Poco después se aprobó a toda velocidad la reforma a la ley agraria -que ya tenía el sí de Diputados- en medio de airadas protestas de la oposición, que denunciaba que el oficialismo había ofrecido plata y puestos para seducir a los legisladores. El presidente del Senado, Santos Ramírez logró, «después de arduas gestiones», que un senador titular y dos suplentes de los partidos Podemos y Unidad Nacional se sentaran en sus bancas.
La semana anterior, estas fuerzas políticas se replegaron -e inmovilizaron el funcionamiento de la Cámara alta- para reclamar que la nueva Constitución se apruebe por dos tercios y no por mayoría absoluta, lo que deja a la oposición como convidado de piedra de la Asamblea Constituyente. También rechazan la revolución agraria por considerarla un atentado contra la propiedad privada.
La jornada estuvo marcada por una masiva movilización indígena que llegó hasta La Paz para cercar al Senado y apoyar «la guerra al latifundio» impulsada por Evo Morales, quien había amenazado con un decretazo si seguía la parálisis congresal. «Cuando la democracia beneficia a las mayorías -y no a unas pocas familias- a la derecha ya no le gusta, da un golpe institucional en el Senado», arremetió el mandatario, quien conminó a los senadores a volver a sus bancas con el apoyo campesino.
«Mi abuelo recibió cuatro hectáreas de la reforma agraria de 1953, dejó una hectárea para cada hijo y los nietos ya no recibimos nada, pero en el oriente cada vaca tiene 25 hectáreas, eso no es justo», decía Juan Canasa, de Potosí, uno de los indígenas que llegaron hasta La Paz y forzaron la definición del round entre oficialismo y oposición. Los cientos de kilómetros recorridos se reflejaban en pies ampollados y en rostros curtidos, además de los padecimientos de una caminata que incluyó 4 muertos por accidentes y un parto en el trayecto.
«Si no dejan legalmente sus latifundios improductivos van a justificar la ocupación de tierras por los campesinos», amenazó el jefe de Estado, aclarando que «los predios productivos van a ser respetados». El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, denunció que políticos y empresarios del oriente boliviano recibieron tierras gratuitamente de manos de las dictaduras militares y luego las vendieron -ilegalmente- en beneficio propio.
Este lunes, sectores políticos y empresariales liderados por el Comité Cívico de Santa Cruz dieron un plazo de 72 horas para que el gobierno acepte los dos tercios en la convención constituyente y consensúe la ley de tierras. En caso contrario convocarán a un paro cívico nacional. Pero esa medida sólo puede tener éxito en el oriente, no así en el occidente indígena, donde el apoyo al gobierno es masivo. Según una encuesta de la firma Apoyo, Opinión y Mercado -difundida ayer por el matutino La Razón- la gestión de Morales tiene una aprobación del 67%.
Y este apoyo se extiende a sectores populares cruceños. «Los croatas y los italianos nos han quitado la tierra y hoy controlan el comité cívico, ellos hablan en nuestro nombre pero no nos representan», dice a Clarín Jonatan Marquina, quien llegó desde Santa Cruz marchando con los campesinos. Después del triunfo oficialista por puntos, hoy le toca a la oposición retroceder o dar la pelea.