El presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó el decreto de nacionalización de la riqueza hidrocarburífera de la nación, en un acto realizado en el campo petrolero de San Alberto. A través del decreto supremo No. 28701 el gobierno boliviano nacionaliza de manera definitiva los recursos hidrocarburíferos del país. Con esta medida el Jefe de Estado […]
El presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó el decreto de nacionalización de la riqueza hidrocarburífera de la nación, en un acto realizado en el campo petrolero de San Alberto.
A través del decreto supremo No. 28701 el gobierno boliviano nacionaliza de manera definitiva los recursos hidrocarburíferos del país. Con esta medida el Jefe de Estado reivindicó el derecho de todos los pueblos de tener el control de sus recursos naturales.
Con la decisión, el Estado recupera la propiedad, la posición y el control absoluto de los recursos.
Las Fuerzas Armadas bolivianas han tomado el control de medio centenar de campos petroleros distribuidos por el país, incluidos los de Repsol YPF, por orden del presidente de la República, Evo Morales, quien horas antes había firmado el decreto supremo por el que ordena nacionalizar los recursos petroleros.
Unos meses después de ganar las elecciones Morales ha ejecutado una de sus principales promesas electorales: la recuperación de los recursos petroleros para el Estado. Para ello, entre otras medidas, el presidente ha ordenado a las Fuerzas Armadas tomar el control de las 56 instalaciones de campos petroleros y dos refinerías que estaban controladas por las Chaco y Andina, ésta última filial de Repsol YPF, además de la transportadora ‘Transredes’.
«El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos» lo cual redundará en la política económica del país, afirmó Morales este mediodía al leer el primer artículo del decreto, en un acto público coincidiendo con las celebraciones con motivo del Día Internacional del Trabajo.
El Decreto Supremo 28.701 que ordena la nacionalización establece la recuperación el 82 por ciento de la producción petrolera para el Estado de aquellos campos que hayan alcanzado una producción superior a 100 millones de pies cúbicos diarios de gas durante 2005, según informa la prensa local, recogida por Europa Press.
Además, se establece para las petroleras extranjeras presentes en el país andino un plazo de 180 días para adecuarse a las nuevas reglas para poder seguir operando en el país y advierte de que, en caso contrario, el Gobierno intervendrá sus instalaciones.
En lo que calificó de una «tercera y definitiva» nacionalización, Morales explicó que Bolivia vuelve a asumir la propiedad de este recurso natural que se constituirá, junto a otras acciones, en el pilar central del desarrollo de los bolivianos y de la liberación de un país con los más altos niveles de inequidad en el mundo.
La disposición, que ha sido leída en toda su extensión por el presidente y que está sustentada en la Constitución, la nueva Ley de Hidrocarburos y una serie de acuerdos internacionales que permiten a los indígenas aprovechar sus recursos naturales sin perjuicio del apoyo internacional, se constituye «en una respuesta al pueblo».
Las petroleras están obligadas a entregar toda su producción de gas y petróleo a la empresa estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que también estará a cargo de la comercialización dentro del país con la definición de las condiciones volúmenes y precios internos y la exportación e industrialización.
El Gobierno estableció que las petroleras que acaten de forma inmediata esta disposición podrán operar en el país, una vez que en 180 días, a partir de este 1 de mayo, negocien nuevos contratos. «Las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país», insistió Morales durante la lectura del decreto supremo.
Con la finalidad de garantizar la producción, la petrolera estatal deberá hacerse cargo de las operaciones en los campos de compañías que se nieguen a acatar o intenten impedir la nacionalización de los hidrocarburos, que también implicará que el Estado acceda a 780 millones de dólares anuales.
Además, a partir del 1 de mayo, «los oleoductos y gaseoductos, los pozos, refinerías y gasolineras están siendo resguardados por efectivos de las Fuerzas Armadas y policiales», según un comunicado emitido por la Agencia Boliviana de Noticias poco antes de que Morales anunciara la nacionalización.
La distribución de los recursos generados por la explotación de los recursos también cambiará. De los recursos económicos generados de aquellos campos donde se haya registrado una producción superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios de gas durante 2005 se destinará el 82 por ciento al Estado y 18 por ciento a las empresas.
El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, en su última visita a La Paz a principios de marzo, en la que se reunió con Morales, anunció la «absolutamente firme decisión» de sentarse a renegociar su contrato «tan pronto como diga el Gobierno», y resaltó el interés de la petrolera de mantenerse en el país y participar en proyectos de industrialización del gas natural.
Mientras, el Gobierno español ha emitido esta noche un comunicado en el que muestra «su más profunda preocupación» por el decreto que ordena la nacionalización y da al Estado y al pueblo boliviano el «control absoluto» de todos los hidrocarburos existentes en sus tierras, y confía en que el plazo dado a las empresas extranjeras abra un proceso de auténtica negociación y diálogo.