Bolivia enfrenta la pandemia bajo una profunda crisis sanitaria, política y social.
Un 80% de la población boliviana vive de la economía informal. Y la mayoría no ha podido generar recursos económicos desde el 22 de marzo, fecha en que se declaró al país en cuarentena sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.
A pesar de los esfuerzos, los casos confirmados superan seis mil contagiados a nivel nacional. Y se desconoce la cantidad de muertos que está dejando la pandemia porque no hay test de pruebas suficientes para todos los enfermos.
Muchas familias salen a las calles a pedir víveres o dinero, otras organizan ollas comunes en los barrios para sobrevivir.
En este panorama, los hospitales del sector público solo tienen 145 camas de terapia intensiva a nivel nacional. Lo que significa que los pacientes que necesitan esta atención mueren en sus casas sin ningún tipo de tratamiento, puesto que los centros hospitalarios están colapsados.
Según la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, en este momento hay un total de 430 camas de terapia intensiva en el sistema público y privado de salud.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe existir una cama de terapia intensiva por cada diez mil habitantes, por lo que el país requiere al menos mil unidades de este servicio, sin tomar en cuenta la pandemia.
Bolivia tiene una población de 11.216.000 de habitantes y solo cuenta con 14,1 profesionales en salud por cada 10 mil habitantes. Cuando la OMS recomienda que sean 25.
A esto se suma la falta de especialistas, especialmente internistas que atienden terapia intensiva, a nivel nacional solo suman 190 profesionales.
El sistema de salud enfrenta la pandemia en medio de una profunda crisis. No hay ítems, infraestructura e insumos de bioseguridad para atender a los enfermos.
El déficit de médicos es alarmante en Bolivia. De los 27 mil galenos que existen en el país solo el 3800 tiene una especialidad, cuando la demanda es de unos seis mil.
Bolivia tiene un presupuesto de más de 18 millones de bolivianos para salud, la cifra más baja de la región latinoamericana.
Las manifestaciones de los médicos están a la orden del día, con paros y amenazas de paro exigen que las autoridades brinden más atención para salud.
Para completar el negro escenario de la situación en que se encuentra la salud en Bolivia, el panorama político es desalentador.
El gobierno transitorio de Jeanine Añez está seriamente cuestionado por escandalosos actos de corrupción.
Asumió el poder el noviembre del año pasado, en una cuestionada sucesión de golpe de estado, donde se instaló “con el único propósito de convocar a elecciones generales”.
Sin embargo, fuera de todo pronóstico, se postuló como candidata presidencial, luego prometer a la población que no se postularía.
A dos meses de su régimen, las empresas estatales se convirtieron en un botín político, tal es el caso de la aerolínea BOA, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Por si esto fuera poco, el gobierno de Jeanine Añez no tiene control sobre las adquisiciones que se realizan para paliar la pandemia.
Grata fue la noticia cuando se entregaron 170 respiradores a los hospitales. Pero días después nos enteramos de que no eran aptos para terapia intensiva sino para las ambulancias, además de que llegaron incompletos puesto que faltan las baterías y software para que funcionen. De modo que están depositados en los hospitales sin usar.
Otro balde de agua fría nos llevamos al saber que dichos respiradores llegaron con sobreprecio. Ya que cada uno fue comprado en casi 28 mil dólares cuando en el mercado se cotizan en 12 mil dólares.
Ese hecho fue el detonante para nuevas denuncias de corrupción en las adquisiciones del gobierno, por el sobreprecio de los productos que se han estado comprando.
Así está funcionado el gobierno de Jeanine Añez. La mitad roba todo lo que puede y la otra mitad está en campaña electoral.
Los sectores sociales no se han quedado en silencio. Exigen que se realicen las elecciones y que se pueda retornar al trabajo, porque ya no tienen dinero para sostener a sus familias.
La convulsión social está cada vez peor. Hay bloqueos y manifestaciones en contra del gobierno en plena pandemia del coronavirus.
Mientras tanto, el gobierno sigue en campaña electoral y descuida la forma de mitigar la pandemia.
Ni siquiera han podido inaugurar un moderno hospital que construyó el anterior gobierno de Evo Morales en la ciudad de Montero, debido a que primero se dieron a la tarea de pintarlo nuevamente con color verde retoño, el de la sigla proselitista de la presidenta. Así, mientras sigue la campaña, los montereños siguen esperando la apertura del hospital para enfrentar la pandemia.
Esta es la situación de Bolivia en medio de la pandemia, bajo una progresiva crisis social y corrupción en altas esferas del gobierno.
Daniela Ardaya Doradolic es licenciada en Comunicación Social