En octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Losada huyó de Bolivia, dejando un saldo de 70 muertos y más de 400 heridos. El Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades esta en medio de una «guerra jurídica» para juzgar al ex mandatario. El 17 de Octubre de 2003, el -por entonces presidente- Gonzalo Sánchez de Losada […]
En octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Losada huyó de Bolivia, dejando un saldo de 70 muertos y más de 400 heridos. El Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades esta en medio de una «guerra jurídica» para juzgar al ex mandatario.
El 17 de Octubre de 2003, el -por entonces presidente- Gonzalo Sánchez de Losada huía de Bolivia. Su proyecto de exportar gas natural a Estados Unidos vía Chile fue cercenado por las manifestaciones populares, quienes además forzaron su renuncia
Sin embargo, el ex primer mandatario -conocido como «Goñi»- vendió cara su derrota. Al momento de abandonar el país su política represiva dejaba un saldo de 70 muertos y más de 400 heridos.
Cinco días después de la fuga presidencial, en la justicia boliviana se presentaron las primeras denuncias (al final totalizarían siete) que acusaban a Sánchez de Losada de delitos tales como genocidio. Las mismas planteaban la necesidad de acusarlo bajo los cargos de haber violado delitos de lesa humanidad.
Teniendo como experiencia el proceso contra el ex presidente de facto Luís García Mesa, que fue sentenciado a 30 años de prisión, los movimientos sociales decidieron en enero de 2004 crear un Comité para poder así impulsar el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Losada.
Esta comisión está conformada por más de 50 organizaciones, entre las que sobresalen la Central Obrera Boliviana (COB), la coordinadora del Agua y la Vida de Cochabamba, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto.
En una entrevista exclusiva con APM, el abogado Rogelio Maita cuenta los detalles de porque se decidió crear el Comité Impulsor. «Es una forma de organización en la que todos somos iguales. No hay un jefe, porque no tiene que existir en esta iniciativa un afán de protagonismo personal de nadie. Tiene que ser un trabajo colectivo de todos, dirigido a obtener justicia».
En el proceso por el Juicio de Responsabilidades, el comité consiguió algunos logros significativos. Por un lado la imputación de nueve de los ex ministros del gobierno de ese entonces. Entre los casos que mas sobresalen se destacan los del ex Ministro de Gobierno, Yerko Kukoc y la ex Ministra de Participación Popular, Mirta Quevedo.
Asimismo también logró que los altos mandos militares, que dirigieron la represión en Octubre de 2003, estén formalmente imputados en la causa que lleva adelante el Fiscal Milton Mendoza.
Sobre este tema en especial, Maita mostró su satisfacción ya que «anteriormente en otros casos los militares habían logrado evadir la responsabilidad penal, arguyendo que tienen una jurisdicción aparte».
De acuerdo a la opinión del abogado, en menos de un mes se estaría dando por terminado con el proceso investigativo. No obstante, este período se podría alargar, ya que en este último tiempo surgieron nuevos elementos que -de acuerdo a la opinión de Rogelio Maita- confirmarían la hipótesis que para reprimir a la gente durante Octubre de 2003 se utilizó dinero del Estado.
«El domingo 12 de Octubre se sacan más de trece millones de bolivianos del banco Central de una forma absolutamente irregular. Pero este dinero no ha sido destinado a pagar salarios de ningún empleado público, eso ha ido a pagar la represión», sostuvo el doctor Maita.
Asimismo también añadió que en el marco de la causa, «hace dos semanas atrás, ex funcionarios del Banco Central de Bolivia han declarado que el gobierno boliviano pagó a inteligencia israelí, pero no precisamente para hacer espionaje en otros países vecinos, sino para espiar y enseñar al ejercito a realizar operaciones contra los movimientos sociales».
El saldo negativo del Juicio de Responsabilidades, es que todavía no se logró la imputación de los principales autores intelectuales de la masacre de Octubre: Gonzalo Sánchez de Losada y su ex Ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
De acuerdo lo que estipula el derecho a la defensa, el acusado debe ser «formalmente» notificado de las denuncias que pesan sobre su contra. Pero como estos ex funcionarios escaparon a Estados Unidos, el Estado Boliviano en marzo de 2005 presentó un exhorto suplicatorio para que las autoridades norteamericanas les notifiquen de los cargos que pesan sobre ellos.
Luego que se produce la notificación, se puede dar paso a la extradición. Pero el único problema es que las autoridades de la Casa Blanca, todavía no respondieron al pedido del gobierno de Evo Morales, no obstante de que ya pasó un año y cinco meses.
Intentando buscar las causas del silencio estadounidense, el abogado Rogelio Maita sostiene que en buena medida, éste se debe a la estrategia de la defensa de Sánchez de Losada. Para defenderse de las acusaciones, el ex primer mandatario consiguió la ayuda de dos afamados juristas: Gregory Gregg -abogado defensor de Bill Clinton en el recordado «caso Lewinsky»- y Claudio Grossman -quien desempeño un alto cargo en derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
«Este equipo no realiza acciones legales, ha estado realizando actividades de lobby. Sobre funcionarios de los Estados Unidos, funcionarios de organismos vinculados a derechos humanos, e inclusive ONG», afirmo el abogado Maita. Asimismo también sostuvo que esta estrategia «informal» tiene como objetivo no dejar prosperar el pedido del estado boliviano.
Para finalizar, Rogelio Maita hizo un análisis de la situación que actualmente esta viviendo el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades. «Dicen que el proceso es el sustituto civilizado de la guerra, nosotros estamos en guerra». No obstante esto, se mostró optimista en que finalmente van a poder obtener justicia: Tengamos que hacer los que tengamos que hacer, Gonzalo Sánchez no va a quedar impune».
Solo dos interrogantes quedan flotando a esta altura: ¿Cómo es posible que Estados Unidos, autoproclamado «paladín de la libertad y la lucha contra el terrorismo», este protegiendo a una persona acusada de delitos tales como genocidio? ¿Porque no respondió nunca al pedido de notificación del gobierno de Evo Morales?