Pese a estar refrendado en la nueva Constitución Política del Estado, un proyecto de ley contra el racismo y la discriminación destapa hoy en Bolivia diversas reacciones de algunos sectores sociales. El propio concepto fundacional de construir un Estado Plurinacional, vigente desde febrero de 2009 cuando se promulgó la ley de leyes, un mes […]
Pese a estar refrendado en la nueva Constitución Política del Estado, un proyecto de ley contra el racismo y la discriminación destapa hoy en Bolivia diversas reacciones de algunos sectores sociales.
El propio concepto fundacional de construir un Estado Plurinacional, vigente desde febrero de 2009 cuando se promulgó la ley de leyes, un mes antes sancionado en las urnas por el pueblo, parecía suficiente, pero no bastó.
A la hora de concebir la nueva norma, una suerte de acto de justicia por 500 años de ignominia con los originarios, sus impulsores, entre ellos el único diputado afroboliviano, Jorge Medina, explicaba a Prensa Latina que consultaron a más de 300 organismos e instituciones de la sociedad civil.
Ese tipo de sondeo se extendió además a los profesionales de la prensa, actualmente en protesta no contra la ley, según aseveran los máximos representantes del gremio, sino contra un par de artículos y un inciso en la introducción que amenazan la «libertad de expresión», opinan.
Este martes, el propio presidente boliviano, Evo Morales, recibió en Palacio Quemado a los líderes de esas agrupaciones sindicales, gremiales y de propietarios de medios de comunicación de todo el país.
En la cita, Morales dejó claro que la propuesta legislativa no atenta contra normas jurídicas establecidas y sólo trata de resarcir a los marginados de siempre.
También garantizó que su gobierno respetará la estabilidad laboral de los periodistas en una cita calificada de cordial y amena, al tiempo que descartó actitudes racistas por parte de los informativos, en general.
Sin embargo, mientras los dirigentes de los periodistas acudían al diálogo, en actitud contraria, varios reporteros organizados, según dijeron, por el diario nacional La Razón -de conocida postura opositora- se manifestaron en las afueras de la casa de gobierno, con carteles y consignas en rechazo a la promulgación de esa propuesta, sancionada antes en Diputados.
Entre esos profesionales, quizás pocos recordaron a Jorge Melgar, y aquel programa de Riberalta (Beni) en los días del intento de golpe de Estado de 2008, cuando a micrófono abierto, el supuesto comunicador llamó a asesinar al «indio y colla (del occidente) de mierda», en alusión al presidente Evo Morales.
El propósito de la ley, entre otros muchos capítulos, intenta evitar que los medios de comunicación exhorten a desmanes contra los originarios.
La Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja (Diputados) que encabeza Marianela Paco, precisó además que la iniciativa está sustentada en convenios y tratados internacionales.
Paco agregó que desde el pasado 10 marzo se organizaron unos 22 foros, entre ellos reuniones con las víctimas del 24 de mayo (en Sucre), talleres de observación y complementación a la propuesta y audiencias públicas.
«El proyecto, remarcó, es de carácter preventivo, por ello prevé la inclusión en programas educativos, pero también sanciones a responsables de actos racistas», acotó.
Para articulistas como Vinicius Mansur, corresponsal del semanario Brasil de Fato en La Paz, las demandas de los periodistas y su amplio reflejo en los medios da la impresión de que es el único sector en el que incidiría esa ley.
El analista comenta que en editoriales y artículos, nadie cuestiona la lucha que es la razón primera de la medida, pero, paradójicamente, la prensa pone todo énfasis en el artículo 16 y nada refieren a los aspectos económicos, entre otros.
En ese sentido, señala que frente a tan poco compromiso en combatir la discriminación y delante de muchos ejemplos de uso de su propio espacio en defensa de su propio interés, los medios pierden credibilidad para reclamar para si mismos la responsabilidad de regularse.
El proyecto de nueva ley contra el racismo y todo tipo de Discriminación, pone en la mesa del debate de la sociedad boliviana uno de sus puntos más neurálgicos: aceptar que la igualdad llegó para quedarse.
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