Transitar Bolivia es caminar calles y campos en donde la gente se muestra profundamente involucrada con cómo la actualidad del país se va construyendo. El referendo popular por la aprobación o el rechazo a la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), acontecido el pasado 25 de enero, ha editado un nuevo capítulo en la política del país, en buena medida aún inconcluso.
Entender que la política nace y se nutre siempre que un conflicto cuestiona o interpela a las estructuras establecidas implica, en parte, concebirla como juego transformador y desarticulador de las relaciones de poder opresivas e injustas.
La paulatina aparición en el escenario de los movimientos campesinos cocaleros y las guerras del agua y del gas, entre otros acontecimientos, ponen en evidencia que desde hace ya varios años en Bolivia se teje colectivamente la búsqueda de condiciones de existencia más justas e igualitarias para todos.
Bloqueos, protestas asentadas en la recuperación de consignas ancestrales, las consecuentes represiones armadas, presidentes que huyen. Si la movilización social de un país casi ignoto a los ojos del mundo ha logrado atraer la atención internacional, es porque mucho ha convulsionado a quienes habitan esos altiplanos y llanuras. Resulta difícil en esta tierra asumir la indiferencia, mantenerse impoluto de opinión.
La llegada de un aborigen a la cabeza del Palacio Quemado, por primera vez en la historia del Estado andino – amazónico, alimenta esta idiosincrasia. Pues desde el 2006 emergen permanentemente nuevos tópicos para la pronunciación en torno a cómo pensar estructuralmente la redefinición del pueblo y sus instituciones.
La permanencia o la transformación de condiciones sedimentadas en el tiempo ha fogoneado una vez más la discusión en los últimos meses. Sí o no a la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE). Mientras se anotan estas ideas urgentes desde La Paz, la simple conversación en las calles y lo que se dice y muestra en los medios revela un antagonismo casi puro de ideas,a priori inconciliables.
Días antes del referendo, tras sus aparentes calma y silencio, la gente milenaria terminaba de tomar una decisión.
Quienes bogaban por la aprobación de la NCPE, fundamentaban su posición aludiendo a la necesidad de un cambio, o expresando que finalmente los pueblos originarios deben terminar de despertarse para regir definitivamente sus propios destinos. Esto, claro, en el contexto de un país con mayorías tremendamente pobres y excluidas [2] .
Todos los anteriores textos constitucionales, por ejemplo, nunca reconocieron la presencia de pueblos originarios… en un país en el cual más del 85 por ciento de la población tiene sangre no europea (quechuas, aymaras, mestizos, africanos y otros pueblos minorizados).
Se trata ahora de reconocer a todas estas naciones como conformadoras de un Estado que las aglutine entre sí. De ahí la necesidad de generar un proyecto verdaderamente inclusivo para ellas, de forjar la independencia eliminando el colonialismo interno y externo, de reconocer la otredad social y cultural.
Pero además de la afirmación de una alternativa de realidad, el juego político implica la identificación de un opositor a dicha propuesta. Aquí es donde nace realmente la confrontación, en el marco de ese estado indeseable que se pretende modificar.
Por un lado, el anterior posicionamiento. Por el otro, el rechazo a la NCPE. Éste venía y sigue enmarcado en un conjunto de argumentos disímiles, a menudo poco serios.
La postura hegemónica en la oposición al proyecto fue la encabezada por los sectores más ricos de Bolivia, herederos de un poder incluso colonial. La televisión presentó anuncios en donde quienes apuestan por las autonomías departamentales, hablan de una Bolivia unida; los mismos que siguen apostando por un modelo económico generador de inequidades cada vez más insalvables, acuden a términos como «justicia» o «igualdad»; los que proponen una nación con liderazgo de blancos, recurren para sus avisos a testimonios de indígenas hablando su quechua o su aymara.
La perversión de apropiarse del fundamento de la fuerza mayoritaria y disfrazarlo como propio, para materializar luego una realidad totalmente opuesta a la prometida. La cínica apuesta por la confusión en el desesperado intento por mantener los privilegios de los cuales disfruta la oligarquía (ilegítimos por necesitar para existir que el polo opuesto sufra la explotación, la servidumbre y la pobreza).
Además de estos spots, la campaña mediática de la oposición incluyó también la opinión diaria de «serios» analistas e informantes que inducían, a veces explícitamente, al voto por la negativa. Todo un impresentable ejemplo de ética profesional dentro del periodismo (y no porque los presentadores y columnistas tuviesen que bogar por el proyecto presidencial).
Luego de conocidos los primeros resultados de la consulta popular, y ante lo previsible de los mismos, los prefectos opositores recurrieron al ya raído recurso de acusar fraude, quizá el último pretexto posible antes de comenzar a poner palos en la rueda a la implementación de la NCPE aprobada. Los observadores internacionales, no indicaron irregularidades que pudiesen afectar de manera significativa los porcentajes finales.
UNITEL (la principal empresa televisiva de oposición al gobierno nacional) tras insistir inútilmente y con argumentos vacuos e inverosímiles en la posibilidad de una elección ilegítima, no cubrió periodísticamente el triunfo por el «Sí», tal como lo hicieron la televisión estatal y otras señales. En su lugar, prefirió transmitir una de las películas que componen la saga infantil del mago «Harry Potter»… Otro ejemplo de la seriedad profesional.
Fuera de los medios, la ciudadanía que responde al mismo sector de gobernantes opositores pierde la «corrección política». Sobre todo en la «media luna» occidental del país se ha hablado y se menciona explícitamente la necesidad de no permitir la emergencia de sectores populares – campesinos. Las recordadas matanzas y vejaciones populares acaecidas hace algunos meses en la región atestiguan la vehemencia con la cual también se ha actuado. El argumento: el ser aborigen, sinónimo de atraso y de peligrosa suciedad para el sector «progresista» del país.
No obstante, en menor medida también están quienes argumentan que no se debe apoyar a Evo Morales no porque sea indígena… sino por no serlo. Este mestizo constituiría una suerte de impostor, que se ha apropiado de una retórica populista para satisfacer sus intereses individuales.
Ser o no ser originario parece ser la cuestión para rechazar de plano las propuestas de transformación. En Bolivia, la ridiculez de los sectores conservadores puede llegar a lo paroxístico. Al racismo «positivo» que reconoce y endilga en un tercero la característica de «indio» como algo malo, se agrega ese racismo «negativo» que arbitrariamente desconoce en el otro las cualidades por él reivindicadas (¿negada ahora por ser algo «bueno», tal vez?). Otra pseudo argumentación para ocultar la etnofobia en la cual se asienta el rechazo profundo a las mayorías del país.
Otras miradas de oposición -ya al partido político en el poder, ya a su líder Evo Morales- son minoritarias. Algunas interesantes de considerar [3] . Pero, las que se oyeron principalmente en el rechazo a la NCPE, fueron aquellas. Son las mismas que se arguyen para desconocer la gestión presidencial en general.
El talante y la profundidad analítica de las mismas en buena medida impiden un debate serio sobre los destinos democráticos del país. Paralelamente, estas posiciones profundizan un conflicto de identidades basado más en la asumisión conciente de una u otra pertenencia cultural, que en el origen de clase [4] .
Aún así, y con estas limitaciones, es precisamente esta confrontación la que permite la re emergencia, una vez más, del combate político en Bolivia. Y la actualización del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los últimos años, nutrido ahora por propuestas progresistas y reivindicando las cualidades de las mayorías en el país -lo campesino, lo aborigen-, es central en este proceso.
A los ojos de quienes aún habitan las viejas estructuras, ya no se trata sólo de protestas al margen de la legalidad. Lo popular ha asumido la estrategia que hasta el momento se le tenía negada.
En las nuevas condiciones, las minorías enquistadas hasta ahora en el poder (o en los poderes) no se contentan con espectar. Muestran sin más su rechazo visceral, su odio aflorado hacia cualquier tipo de reivindicación que amenace con la continuidad de sus privilegios decimonónicos. Y la amenaza, para ellas, está en manos de la gente que obra la tierra y de los excluidos de una vida digna.
La historia debía esta vuelta. Sabido es que cada vez que un opresor tensa sus músculos, engendra sentimientos emancipatorios. A veces descarnada e inhumana, la experiencia boliviana se agita en este juego dialéctico en donde hoy las fuerzas despiertas dirimen diferentes alternativas: el poder como poder – dominar, o como poder – hacer – colectivamente.
La política en tanto herramienta, y no reducida a propuesta ilusoria de cambio, sirve para alimentar esta dinámica. A diferencia de muchos países de la región que quedan en la declaración de supuestas intenciones (anótese los casos de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil), las modificaciones proyectadas por el MAS desafían la extendida versión de la política como juego pragmático y oportunista de corto plazo, carente de sentidos trascendentales.
Indicio de que este dinamismo está vivo en Bolivia es que en las ciudades el oficialismo ha visto menguado su caudal de votos. Respecto de elecciones anteriores y a nivel nacional, en este último referéndum el gobierno contabilizó casi el nueve por ciento menos de sufragios.
Por ser la NCPE una propuesta que atiende más a los sectores campesinos que urbanos, por el desgaste propio de las instituciones, o por «errores» del masismo en los últimos meses, quizá por la habilidad y los argumentos de la oposición. Lo cierto es que a pesar de todo, en Bolivia se vuelve a discutir la afronta de cambiar o no el país, y de cómo hacerlo.
Consolidar la transformación es el desafío para el movimiento que encabezan Morales Ayma y García Linera. Que la política viva en el altiplano, en los andes nevados, en las selvas y tierras bajas, es el reto de los cocaleros y demás campesinos, de los mineros, de quienes habitan las urbes, de la gente de la Pacha toda. Hombres y mujeres que luchan por una nueva época en el Continente.
[1] Por Emiliano Bertoglio, Lic. en Ciencias de la Comunicación. Enero 2009.
[2] El catedrático Rubén Martínez es contundente al sostener que «Pocas oligarquías han manejado con puño de hierro el país como lo han hecho en Bolivia, todo un manual de dominación económica, social y política. Pocas minorías han tenido tanto éxito a la hora de mantener posiciones extremadamente racistas ya entrado el siglo XXI, de someter durante décadas a las clases pobres, de obstaculizar procedimientos democráticos de decisión y de buscar desesperadamente el mantenimiento de privilegios de todo tipo en un país en donde sólo se distribuye la pobreza» (artículo de Rebelión, tomado por el periódico estatal boliviano «Cambio», el lunes 26 de enero de 2009).
[3] Ejemplo de esto es la investigación que Jorge Komadina y Céline Geffroy articularon en «El poder del movimiento político» (Cochabamba, 2007). En este trabajo de enfoque socio – antropológico se cuestiona el supuesto verticalismo de quien encabeza el MAS (vicios que, aclaran, afectan también a todos los demás partidos políticos tradicionales de Bolivia).
En esferas también intelectuales, así como en movimientos sociales de mirada más radical, se objeta por otra parte la imposibilidad de gestar cualquier tipo de cambio por dentro de los canales establecidos por el Estado para la participación ciudadana. La experiencia de incursionar en esferas institucionales puede ser interpretada incluso como «traición al pueblo».
[4] El contrapunto entre la adhesión y la oposición al proyecto masista no encierra un correlato predefinido o lineal con las parcialidades étnicas que constituyen la multiculturalidad de Bolivia. De hecho, son numerosos los conjuntos de hombres y mujeres, a menudo pobres aunque no se reconozcan como tales, que no legitiman al gobierno de Morales, uno de los que más derechos sociales ha reconocido para las mayorías en el país. Es que la identidad constituye una compleja trama, cambiante, asumida por los sujetos colectivos e individuales como estratégica y posicional según las circunstancias.