El pasado domingo, la Asamblea Constituyente aprobó en Oruro por los dos tercios de los diputados presentes –unos 160–, 410 de los 411 artículos que tiene la nueva Constitución de Bolivia, cuyo proceso de redacción y ratificación fue sistemáticamente boicoteado por la oposición encabezada por la oligarquía. Solo uno, el relacionado con la tenencia de […]
El pasado domingo, la Asamblea Constituyente aprobó en Oruro por los dos tercios de los diputados presentes –unos 160–, 410 de los 411 artículos que tiene la nueva Constitución de Bolivia, cuyo proceso de redacción y ratificación fue sistemáticamente boicoteado por la oposición encabezada por la oligarquía. Solo uno, el relacionado con la tenencia de la tierra, no obtuvo la votación necesaria.
La nueva Constitución recoge muchas de las reivindicaciones históricas del pueblo boliviano, uno de los más preteridos y explotados de la región. Entre ellas, la autonomía de las etnias indígenas, aprobada recientemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que devuelve los derechos conculcados por el colonialismo a los pueblos originarios del mundo.
Además, establece preceptos legales para mantener la propiedad del estado sobre los recursos naturales, impone la seguridad social –que sólo existe en ciertos sectores de la economía boliviana–, la gratuidad de la salud y la educación, y el nivel de autonomía a que puede aspirar los 9 departamentos y las etnias que componen el país.
Es obvio que semejantes principios constitucionales no pueden ser del agrado de la oligarquía local, tampoco de las de otros países, y mucho menos de las empresas transnacionales. Es, de hecho, un mal ejemplo para el resto de los pueblos de América Latina que aspiran a que las constituciones de sus respectivas naciones reivindiquen sus derechos como seres humanos.
Si algo ha caracterizado a la oligarquía boliviana desde la independencia a la fecha, es su profundo carácter reaccionario, su racismo y su convicción de tener el derecho a hacer de Bolivia lo que desee, con la anuencia, desde luego, del gobierno de Estados Unidos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Bolivia es el país que más golpes de estado tiene en su historia, luego de la independencia de España. No por gusto, en varias ocasiones, líderes de la oposición al gobierno de Evo Morales han solicitado la intervención del ejército. En todos los casos, esa posibilidad ha sido rechazada por el alto mando de las fuerzas armadas bolivianas, que han reiterado su apego a los principios constitucionales.
Sin embargo, no es descartable esa posibilidad. Muchos de los oficiales de alto rango del ejército tienen vínculos familiares y de intereses con la oligarquía. En Bolivia, como en otros países de América Latina, existe una casta militar que, de un modo o de otro, ha participado en el gobierno del país, ya sea directamente en el poder, o defendiendo a los que lo detentan.
Para algunos observadores existe un empate entre el gobierno y la oposición. Ni la oligarquía está en capacidad de derrocar a Evo Morales sin la ayuda del ejército, debido al apoyo popular que tiene (62%), ni el gobierno está en condiciones de neutralizar a la oposición sin el uso de la fuerza, aunque esa no ha sido jamás la política del presidente y su equipo de gobierno.
Por lo tanto, el ejército puede actuar como un contrapeso que puede inclinar la balanza hacia un lado u otro del espectro político boliviano. Si nos guiamos por los antecedentes históricos, lo más probable es que se incline por los intereses de la oligarquía. El apoyo popular de que goza Evo es fuerte, pero puede no ser suficiente para detener una asonada militar, sobre todo teniendo en cuenta la división que existe en la izquierda boliviana.
Y esta es una situación que se repite, tanto a nivel de las naciones como del resto del planeta. Las oligarquías, el imperio y sus aliados suelen ponerse de acuerdo con relativa facilidad cuando peligran sus intereses, a pesar de la competencia y las contradicciones que existen entre ellos.
No es el caso de la izquierda, que convierte en valladares insalvables las diferencias ideológicas, los sectarismos y, lo que es peor, los protagonismos individuales. Ese es uno de los principales peligros que enfrenta el proceso de cambios en América Latina, en los momentos en que la reacción, representada por el gobierno de Estados Unidos, las oligarquías y las organizaciones internacionales de derecha, como la democracia cristiana, llevan a cabo una ofensiva para impedir que esos cambios se consoliden en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba.
Volviendo al tema boliviano, creo que Evo Morales acaba de realizar una movida política inteligente y a la vez peligrosa. Ante la imposibilidad de detener el accionar de la oligarquía, ante la agresividad cada vez mayor de los prefectos (gobernadores) de 6 de los 9 departamentos, ha solicitado al Senado la realización de un referéndum revocatorio para él y para los 9 prefectos departamentales.
Todavía el Senado no ha dado luz verde al referéndum, que se realizaría en el primer semestre del próximo año, pero es evidente que le va a costar trabajo no aprobarlo, pues quedaría en entredicho ante la opinión pública nacional. El llamado a un referéndum revocatorio, reduce todavía más la capacidad de movimiento de la oligarquía y sus aliados.
Sólo les va quedando la violencia que, hasta ahora, han empleado a los efectos de impedir las reuniones de la Asamblea Constituyente en Sucre –tuvo que trasladarse a Oruro–, y como una forma de atemorizar a los sectores de la población que apoyan el proceso de cambios impulsado por Evo Morales
De ahí los nuevos llamados a un golpe de estado, y el viaje a Estados Unidos de cuatro prefectos (Santa Cruz, Pando, Tarija y Cochabamba), en el momento en que el presidente Evo Morales les hizo un llamado al diálogo. En Estados Unidos se reunieron con el expresidente y prófugo de la justicia boliviana Gonzalo Sánchez de Losada y seguidores del exdictador Hugo Bánzer. No se tiene información de que se hayan reunido con funcionarios de la Casa Blanca, pero…
También hicieron contacto con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, para pedirle la intervención de esa entidad en Bolivia, debido, según ellos «a la falta de democracia que existe en su país».
Insulza anunció que enviaría a Bolivia una delegación si el gobierno lo solicitaba. Parece evidente que la OEA mejor debiera llamar a capítulo a los prefectos en vez de seguirle el juego a los que han violado en todo momento los principios constitucionales y democráticos. Pero no le pidamos peras al olmo.
La aprobación de la nueva Constitución boliviana por el pueblo parece algo inevitable. De ser así, Bolivia entrará en un período de definiciones inevitables. Si, en definitiva, el Senado aprueba la celebración del referéndum revocatorio, en el que el pueblo decidirá la permanencia o no del presidente Evo Morales y de los prefectos en sus respectivos cargos, es de esperar nuevas y fuertes acciones de la oligarquía para impedir ambos procesos democráticos.
Desde el intento de separar la llamada Media Luna (departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Benin), a la que se uniría Cochabamba y probablemente Chuquisaca –lo que daría pie a una situación en extremo peligrosa, pues sería el ejército el encargado de impedirlo–; hasta un conflicto armado en los departamentos de la Media Luna, que también tendría que ser detenido por las fuerzas armadas.
La prepotencia de los dirigentes de la Media Luna es tal que han llegado a decir que, en caso de una intervención militar para impedir la secesión, el ejército sería derrotado. En ese sentido es bueno recordar que la oligarquía de esos 4 departamentos ha creado grupos paramilitares, entrenados por mercenarios colombianos y de otras nacionalidades. La foto del embajador norteamericano, Phillip Goldberg, junto a un conocido paramilitar colombiano, ahora detenido, no puede ser obra de la casualidad, si no expresión de la política de la Casa Blanca hacia Bolivia, lo que ha sido denunciado en varias ocasiones por Evo Morales y el vicepresidente Alvaro García Linera.
Se abre, pues, un período de definiciones importantes en Bolivia, que puede conducir a la creación de un país más justo y equitativo, o a un nuevo período de explotación y vasallaje para el indio boliviano. Creo que todo dependerá de lo que haga la mayoría del pueblo.
Si el pueblo se moviliza y apoya la nueva Constitución, es poco lo que podrán hacer la oligarquía y sus aliados, salvo provocar un gran baño de sangre, cuyas consecuencias serían imprevisibles para toda América Latina. Al parecer, la suerte está echada. El tiempo dirá.