La administración gubernamental de Carlos Mesa definitivamente marcha sin rumbo: acorralado por las movilizaciones sociales y regionales, censurado por los parlamentarios, atentado por grupos de la oligarquía cruceña, rechazado por los sectores populares e incluso presionado por el gobierno de Estados Unidos, en las próximas horas, está obligado a dar un giro radical en su […]
La administración gubernamental de Carlos Mesa definitivamente marcha sin rumbo: acorralado por las movilizaciones sociales y regionales, censurado por los parlamentarios, atentado por grupos de la oligarquía cruceña, rechazado por los sectores populares e incluso presionado por el gobierno de Estados Unidos, en las próximas horas, está obligado a dar un giro radical en su gestión de gobierno, antes que sea demasiado tarde.
Los 15 meses de gobierno (desgobierno) de Mesa son sólo comparables con lo que pasó en Bolivia a principios de la década del 80 con la Unidad Democrática Popular (UDP), cuando la gestión gubernamental se pasaba más tiempo resolviendo conflictos sociales antes que conduciendo la política de Estado.
En esta última gestión de gobierno -a diferencia de otras- nunca se escucharon tantas demandas sociales ni tampoco pronunciaron varios mensajes presidenciales ni menos se escuchó a un Jefe de Estado amenazar reiteradamente con renunciar.
El conflicto social que caracteriza a este país, principalmente al departamento más grande: Santa Cruz, ya lleva tres semanas y ante la inoperancia gubernamental, cada día, cada hora, se agudiza.
Recordemos que los conflictos sociales se desataron desde el primer día de enero de 2005, como producto de la elevación del precio de los hidrocarburos, en un porcentaje que oscilaba entre el 10 al 32 por ciento.
El pasado miércoles 19, el presidente Mesa determinó dar un paso atrás en su política neoliberal al rebajar en 24 centavos de bolivianos el precio del diesel, nivelándolo con el de la gasolina. Esa determinación no fue aceptada por los sectores que se encuentran movilizados -sobretodo en Santa Cruz- que ahora no sólo exigen la derogatoria del decreto sobre la elevación de todos los hidrocarburos sino que la demanda pasó a exigir la autonomía departamental.
Autonomías regionales
Varios analistas sostienen que tras la demanda de «autonomía» se encuentran grupos ligados al ex régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Lo cierto es que ante el desgobierno reinante en esa región del país, grupos organizados de manifestantes tomaron el control de varias dependencias estatales, bloquearon el acceso de caminos y del aeropuerto internacional, multiplicaron los piquetes de huelga de hambre y también radicalizaron sus medidas.
Ayer se produjeron enfrentamientos, entre manifestantes y efectivos policiales con el saldo de heridos leves e incluso estalló un artefacto explosivo en la sede de los agropecuarios cruceños.
«Hoy el diesel es una excusa para una presión de dos puntas. La presión de una punta que quiere un cambio de modelo y que quiere que el gobierno nacionalice todo, que quiere que las transnacionales se vayan a su casa y que quiere forzarnos a hacer y aplicar su programa», aseveró en su mensaje presidencial del 9 de enero; «somos capaces de escuchar y de ceder», dijo en un nuevo mensaje, el Jefe de Estado.
Por si fuera poco, en las últimas horas, el embajador norteamericano David Greenlee, conminó al gobierno a aprobar la Ley de Inmunidad de los Ciudadanos de Estados Unidos; caso contrario, se podría reducir la ayuda económica que brinda la poderosa nación a este país.
La mencionada ley de inmunidad norteamericana ante la Corte Penal Internacional debía ser aprobada el pasado primero de enero; sin embargo, la reacción de diferentes sectores sociales que defienden la soberanía y dignidad de todo un pueblo impidieron la aprobación de ese atentado.
A las presiones cívicas y sindicales de Santa Cruz, se suman las demandas campesinas de una fracción de la CSUTCB y de los cocaleros de Los Yungas que realizan medidas de presión; en cambio, desde diferentes sectores sociales se suman a las voces de protesta para iniciar movilizaciones en los próximos días.
Aunque existe una bancada denominada «patriótica» compuesta por diputados y senadores tránsfugas que fueron electos por un determinado partido político y hoy decidieron apoyar la gestión del presidente Mesa, lo cierto es que la administración de gobierno cada vez, se encuentra más cercada y debilitada.
Una muestra muy clara de esa debilidad y orfandad política, sucedió en las últimas horas, cuando la mayoría de congresales en la Cámara de Diputados, determinó censurar a todos los ministros del área económica del gobierno. Esa determinación obliga a cuatro ministros a renunciar a sus cargos.
Cambios estructurales
El Movimiento al Socialismo (MAS) considera que la crisis estructural por la que atraviesa Bolivia es reflejo del producto de los errores, agresiones y la soberbia del gobierno hacia los bolivianos y la imposición de organismos internacionales con políticas económicas ajenas a nuestra realidad, que está siendo aprovechada por grupos de la oligarquía y sus representantes en el afán de rearticularse atentando contra la democracia.
«Nosotros, movimientos sociales del campo y la ciudad, profesionales, intelectuales, clases medias que sentimos por nuestra patria y que somos el pueblo boliviano, sabemos que mientras no resolvamos los problemas de la mayoría nacional que es discriminada y explotada e incluso amenazada con la extinción, jamás se solucionarán los problemas en el país si antes no se resuelve esta situación», afirmó en un mensaje a la nación, el diputado y jefe del principal partido político de este país, Evo Morales.
Agregó que la solución a los problemas del país no pasa por medidas coyunturales ni antipopulares sino por soluciones estructurales. «El gobierno de Carlos Mesa debe respetar y cumplir con la agenda de octubre: referéndum, nueva ley de hidrocarburos, convocatoria a la asamblea constituyente y juicio de responsabilidades y no por la dictación de decretos que atentan contra la economía y los derechos humanos del pueblo.
«Estamos consientes que la solución a la crisis que vive el país debe ser en el marco de la democracia, mediante transformaciones pacíficas expresadas en acciones concretas que demuestren un compromiso profundo con nuestro país».
El MAS propuso al país soluciones políticas, económicas y sociales que desataron un intenso debate en diferentes sectores sociales.
En lo político conciben a la Asamblea Constituyente como la máxima instancia, autónoma, plena y potenciaría, no una simple reforma constitucional, sino la «refundación» del Estado Boliviano.
Para garantizar una Asamblea Constituyente democrática, indígena y popular, refundacional del Estado Boliviano, se debe definir un nuevo pacto social constituyendo un Consejo de los Pueblos que cuente con la amplia participación de representantes de las víctimas del neoliberalismo: todas las organizaciones sociales del campo y la ciudad para recuperar los recursos naturales del suelo, subsuelo y sobresuelo que serán la base del nuevo régimen económico del país y desneoliberalizando todos los servicios básicos para convertirlos de servicios públicos.
«Para el pueblo boliviano la dignidad y soberanía nacional es la base para la construcción de nuestro país, la dignidad y la soberanía nacional no están en venta ni en subasta; por eso, no aceptamos, bajo ningún concepto, el sometimiento al chantaje por parte del Poder Ejecutivo para la aprobación de la Ley de Inmunidad exigida por el Gobierno de Estados Unidos», enfatizó Morales.
En lo económico la propuesta masista radica en la elaboración de una nueva propuesta económica y social, tomando como base la diversidad económica y la heterogeneidad productiva y abrogando la política neoliberal.
La aprobación de la Ley de Hidrocarburos es de vital importancia con la visión de la verdadera recuperación de la propiedad de los recursos hidrocarburíferos y la captación de los recursos para beneficio del pueblo boliviano.
Plantean refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos como la máxima instancia de control de los hidrocarburos en toda su cadena productiva: exploración, explotación, comercialización, exportación e industrialización.
Alertando que en el futuro se pueden reproducir conflictos sociales, demandaron soluciones estructurales al problema de la tierra y territorio, educación, salud, vivienda y empleo.
Según Morales, sólo la madurez y serenidad del pueblo boliviano, acompañada del ejemplo y lucha de otros países del continente y el mundo, promoverán la construcción de la nueva Bolivia.
Retroceso neoliberal
El gobierno de Carlos Mesa se encuentra en una hora crucial: hasta hoy solucionó todos los conflictos sociales en base al diálogo y la concertación, pero en los últimos días aprobó un decreto mediante el cual se autoriza a las Fuerzas Armadas utilizar armamento de fuego contra los conflictos sociales.
«El Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos» autoriza a los uniformados al uso de armas de fuego en conflictos y convulsiones sociales que atenten contra la Constitución Política del Estado.
Según dirigentes de los movimientos sociales, «el gobierno y su ejército ya tienen licencia para matar».
Es bueno apuntar que producto de las últimas movilizaciones sociales pacíficas, los pobladores de El Alto (La Paz), lograron que el gobierno rompa el contrato de concesión con la empresa Aguas del Illimani, vinculada a la transnacional francesa Lyonnaise des Eaux-Suez.
El principal dirigente de las Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani, destacó que con la rescisión del contrato con la transnacional del agua -producto de ejemplares movilizaciones de miles y miles de alteños y alteñas- no sólo lograron recuperar un recurso natural y forzar a la constitución de una nueva empresa del agua con participación popular, sino perforar y hacer retroceder la política neoliberal.
Aunque el sector empresarial y los organismos internacionales, así como sectores políticos conservadores, reaccionaron contrariados por esa determinación del gobierno, la administración gubernamental continúa su política sin un rumbo definido y cada vez más presionada.
Diferentes sectores sociales advirtieron que si el gobierno de Carlos Mesa -en forma urgente- no modifica estructuralmente su plan en lo económico, político y social, no define su preferencia entre las transnacionales y el pueblo, no es capaz de rechazar las presiones externas, no cambia a su gabinete ministerial, no atiende las demandas crecientes de los movimientos sociales y, en suma no cristaliza la «agenda de octubre» con la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, la convocatoria a la Asamblea Constituyente Popular y el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus ex ministros, se pueden producir conflictos con imprevisibles consecuencias…
Cochabamba (Bolivia), 21 de enero de 2005.