El gobierno de Evo Morales solicitó ayer a la Corte Internacional de Justicia que se considere competente para actuar en el diferendo, algo a lo que Chile se había opuesto, sin ofrecer otra alternativa para llegar a un acuerdo. Apenas un mes después de las elecciones presidenciales que otorgaron un amplio triunfo a Evo Morales […]
El gobierno de Evo Morales solicitó ayer a la Corte Internacional de Justicia que se considere competente para actuar en el diferendo, algo a lo que Chile se había opuesto, sin ofrecer otra alternativa para llegar a un acuerdo.
Apenas un mes después de las elecciones presidenciales que otorgaron un amplio triunfo a Evo Morales Ayma, Bolivia volvió a la carga en el plano internacional: presentó un alegato ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, a fin de que tribunal declare su competencia para tratar la demanda marítima boliviana, presentada el año pasado. La medida es una respuesta a la objeción anterior planteada por Chile, que consideraba que el tribunal no tiene atribuciones en este caso y, por tanto, no puede tomarlo.
«La respuesta de Bolivia pide a la CIJ que declare que la demanda boliviana se encuentra dentro de su jurisdicción y en consecuencia se fijen los plazos para las futuras actuaciones», explicó la cancillería boliviana a través de un Comunicado emitido ayer, en el que se hace referencia al tema. Como se ve, la cuestión continúa siendo de primer orden para la gestión de gobierno de Evo Morales, quien dirige el Palacio Quemado desde 2006.
La histórica demanda marítima boliviana surge a fines del Siglo XIX: fue en 1879 cuando Bolivia perdió allí unos 400 km de costa -120 mil kilómetros cuadrados de territorio- tras una guerra con Chile. En los últimos años, con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder, se acrecentó la política exterior boliviana, llevando la problemática a diversas instancias integracionistas de la región. Un punto álgido, por ejemplo, fue la recordada cumbre de la CELAC de 2012 en Santiago de Chile, con un fuerte cruce entre Evo Morales y el entonces presidente Sebastián Piñera, anfitrión de la reunión.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, sintetizó días atrás la situación con una contundente frase: «Una invasión injusta promovida por intereses mezquinos, no de pueblos, sino de empresas y de imperios nos arrebató temporalmente nuestro mar. Son más de 100 años, pero esos más de 100 años no pueden interrumpir indefinidamente la historia de más de 3000 años de pueblo, de cultura y de civilización vinculada al mar». Más tarde prosiguió, audaz, con palabras que fueron luego desvirtuadas por algunos medios de comunicación, cuando afirmó que «para que renunciemos a nuestro derecho al mar nos tienen que matar a todos, para que renunciemos a nuestro derecho al mar nos tienen que hacer desaparecer como pueblo, como cultura, tendrán que hacer desaparecer cerros, tendrán que hacer desaparecer la historia».
Esto fue replicado por el canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien afirmó que esas palabras «altisonantes, hasta dramáticas, no importan, porque lo que importa son los argumentos que se presentan» en la CIJ. Sin embargo, la postura del funcionario esconde otro elemento no menor: es Chile, precisamente, el que desconoce la competencia de La Haya en dicha demanda, no proponiendo otra solución alternativa al litigio entre ambos países, en busca de «dejar caer» el reclamo boliviano. Bajo esa premisa es que Bolivia, confiada en su argumentación y también en un apoyo internacional creciente -que incluye a movimientos sociales y políticos de Chile-, pretende una nueva redefinición de la CIJ que permita contemplar el caso.
La administración de Morales quiere así avanzar en una solución desde La Haya al litigio, tal como sucedió recientemente entre el propio Chile y Perú, intentando lograr una conquista histórica para su país. Sólo el tiempo dirá que posición triunfará: la más diletante de Santiago, confiada en que la CIJ no tomará el reclamo, o la más audaz -pero a la vez también diplomática- de La Paz.