Es evidente que esta crisis, que amenaza convertirse en una crisis del Estado boliviano, ha sido ocasionada, de manera principal, por la oligarquía cruceña y sus representaciones políticas, concentradas en el llamado sector «gonista» del MNR, del MIR y otras expresiones políticas menores de la derecha. En particular, es el MNR el instigador y el […]
Es evidente que esta crisis, que amenaza convertirse en una crisis del Estado boliviano, ha sido ocasionada, de manera principal, por la oligarquía cruceña y sus representaciones políticas, concentradas en el llamado sector «gonista» del MNR, del MIR y otras expresiones políticas menores de la derecha. En particular, es el MNR el instigador y el que financia los planes desestabilizadores; para ello ha movido todas sus fichas: Desde el parlamento, pasando por las estructuras empresariales, enclaves en el propio ejecutivo de Carlos Mesa, ciertas juntas vecinales e inclusive alguna dirigencia sindical crónicamente desorientada. La motivación del proceso desestabilizador que está adquiriendo connotaciones más claramente sediciosas y golpistas son en esencia dos: El retorno al poder político de la coalición derrotada en la Insurrección de Octubre y sobre todo, asegurar la continuación del servicio a las transnacionales petroleras, a los organismos financieros internacionales y el usufructo de inmensos latifundios.
Es evidente que el gobierno de Carlos Mesa tiene también una culpa y muy grande, de que la crisis hubiera llegado al extremo que observamos. La subida de los carburantes y particularmente del diesel, fue un artero golpe a la economía popular, realizado en cumplimiento de los mandatos del FMI y el BM. El alza no fue decretada para detener el contrabando, sino para disminuir el déficit fiscal, con las consabidas medidas fondomonetaristas. El gobierno de Mesa es, en realidad, un gobierno profundamente débil porque ni se asienta sobre bases políticas bien definidas, ni tiene definiciones creíbles sobre los aspectos centrales de la economía y la política. Su gobierno, que inicialmente él mismo lo definió como de transición, pretende continuar con la política bonapartista de estar por encima de los intereses de las clases sociales, de los partidos y de los sectores sociales en pugna. Esa manera de gobernar se ha agotado. El país no tolera más los bandazos y los discursos de un experto comunicador, pero un ejecutivo prisionero de su pasado, al lado de Sánchez de Lozada, y gobernante que hace arreglos sólo después de que la demanda social lo obliga a enmiendas, como en el caso de «Aguas del Illimani», cancelando el contrato con una transnacional explotadora.
Sin embargo y a pesar de todos los traspiés, actos erráticos y medidas antinacionales y antipopulares, el Partido Comunista, como lo hace la inmensa mayoría del pueblo boliviano, incluidos grandes sectores populares de Santa Cruz, no pierde de vista al enemigo principal: el imperialismo y las oligarquías antinacionales y antipopulares. Estas últimas recurren, como en el pasado, a la demagogia; parecen aproximarse a las posiciones populares y sus justos reclamos, pero no alcanzan a encubrir sus propósitos antinacionales, sus ambiciones de crónicos explotadores de los trabajadores; su egoísmo regionalista, sus odios etnocentristas y sus inclinaciones antidemocráticas y fascistoides que incluso pretenden vulnerar preceptos constitucionales. Las banderas autonomistas son sólo un pretexto, mal diseñado, mal fundamentado y cuya formulación es tan pobre que se han convertido más en un espejismo que en planteamientos serios que den solución a los graves problemas económicos, sociales y políticos de la región. Es más, estas banderas autonomistas despiertan la codicia y las tendencias expansionistas de vecinos más poderosos. Oportunamente nuestro Partido ha denunciado que bajo el pretexto de evitar el contagio de la «anarquía y el caos»a países aledaños, desde ciertos comandos militares se aprestan a intervenir y acaso balcanizar nuestro país con soldados vecinos disfrazados con cascos azules.
Por fortuna, tan lejos han ido los derechistas y oligarcas cruceños, secundados hipócritamente por servidores tarijeños de las transnacionales, que se está produciendo una notable reacción de lo sectores patrióticos y populares de ambos departamentos, condenando los aviesos propósitos separatistas y antidemocráticos. Son plausibles los buenos oficios de la Iglesia Católica, en tanto que las Fuerzas Armadas están obligadas por la Constitución Política del Estado a defender la integridad nacional.
El Partido Comunista está por una salida pacífica y democrática a esta crisis. Como ya lo hemos dicho, es el Parlamento actual el que concentra las contradicciones políticas, regionales y hasta económicas y no expresa la correlación de fuerzas que se da en la sociedad boliviana. El adelantamiento de elecciones presidenciales o la renuncia de Carlos Mesa, no son ninguna solución. Es más, complicaría infinitamente el panorama político y hasta podría ponernos al borde de enfrentamientos armados. Sus sucesores, según línea constitucional (Vaca Diez, Cossío o Ramírez), son anteladamente rechazados por la mayoría del país por representar política e ideológicamente el pasado derrotado en Octubre. Tampoco la inmediata convocatoria a una Asamblea Constituyente es una solución a corto plazo; con la actual ingerencia de las ONG’s y sus organizadores nativos sus resultados pueden ser peores para la unidad de la República, para los intereses nacionales y populares. Si el pueblo boliviano y en particular los trabajadores no son vigilantes, una Asamblea Constituyente, dominada por la derecha y por los demagogos comunicadores puede significar un retroceso histórico.
Por lo tanto se impone una salida escalonada, sin precipitaciones ni apuros, con un sinceramiento de la correlación de fuerzas políticas y sociales que debe comenzar por el Parlamento. Si queda algo de honradez política, ningún parlamentario puede rechazar someter su representatividad al examen de las urnas. Un nuevo parlamento, con legitimidad, podría aprobar las leyes adjetivas que no necesitan reforma ni Asamblea constituyente como son: Las nuevas leyes de Hidrocarburos, Pensiones y Seguros, un Código de la Educación Boliviana que reemplace la ley 6515, una Ley de IIª Reforma Agraria; que establezca una política de tratamiento justo de la deuda externa y dicte una ley de descentralización administrativa que supere el centralismo, igualmente dañino para todas la regiones y sin caer en experimentos autonómicos que sólo encubren los afanes egoístas de la oligarquía y la derecha cruceñas. Nos vemos en la necesidad de remarcar que este no es un apoyo al gobierno transitorio de Mesa y mucho menos a sus erráticas políticas que pretenden reflotar, maquillada, la política neoliberal derrotada en Octubre.
Por último, nuestro Partido, reafirma su convicción de que sin la unidad del pueblo trabajador, de la intelectualidad de avanzada, de la juventud, de las organizaciones sindicales, sociales y políticas de izquierda democráticas y patrióticas no se podrán plasmar los objetivos históricos por los que luchan los bolivianos y bolivianas conscientes de la necesidad de: Rescatar La Patria, su soberanía, sus riquezas enajenadas, a sus hombres y mujeres sometidos a la explotación, a la opresión, a la discriminación y marginación social.
Marcos Domich
Primer Secretario del CC del PCB
La Paz, 26 de enero del 2005