Bolivia ha dado hoy un plazo de tres días a los bancos BBVA y Zurich para que entreguen al Estado «a título gratuito» las acciones que gestionan a través de un fondo de pensiones en las petroleras nacionalizadas o, de lo contrario, sus instalaciones serán intervenidas. Mientras Evo Morales se dirigía al Parlamento Europeo, el […]
Bolivia ha dado hoy un plazo de tres días a los bancos BBVA y Zurich para que entreguen al Estado «a título gratuito» las acciones que gestionan a través de un fondo de pensiones en las petroleras nacionalizadas o, de lo contrario, sus instalaciones serán intervenidas. Mientras Evo Morales se dirigía al Parlamento Europeo, el vicepresidente, Alvaro García Linera, ha firmado un decreto complementario para asumir «el control absoluto» sobre el negocio petrolero.
En Bolivia BBVA está presente a través de BBVA Previsión AFP, la empresa líder en administración de fondos de pensiones en el país andino con 515.243 afiliados y copa algo más del 50% del sistema con una inversión que supera los 1.125 millones de dólares, según datos de la propia entidad. El petróleo concentra la mayor parte de su cartera: el 42,74% de los fondos que gestiona están invertidos en este sector.
La medida fue anunciada por el vicepresidente, Alvaro García Linera, quien, en calidad de presidente en ejercicio por la ausencia del gobernante socialista Evo Morales, firmó un decreto complementario al suscrito hace una semana para asumir «el control absoluto» del Estado sobre el negocio petrolero.
«Habrá intervención a estos fondos de pensiones si no cumplen en tres días el decreto, así de claro», advirtió García Linera después de presentar el documento.
Desde 1997 el BBVA y el Zurich Financial Service manejan en Bolivia las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) «Previsión» y «Futuro», respectivamente. Las dos entidades administran un fondo colectivo creado con las acciones resultantes del proceso de privatización parcial de las firmas estatales en los sectores estratégicos, llevada a cabo en la década pasada y que significó la entrada de un gran número de inversores extranjeros.
Con el decreto presentado hoy, las AFP deberán entregar al Estado las acciones que manejan en las petroleras Andina, filial de la hispano-argentina Repsol YPF; Transredes, de la estadounidense Enron y la anglo-holandesa Shell, y Chaco, del grupo británico British Petroleum.
Estas compañías surgieron de la desmembración de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que ahora recuperará su rol ejecutivo al recibir las acciones administradas por las AFP en las petroleras, que representan unos 700 de los 1.600 millones de dólares que tiene el fondo.
«Hemos dialogado varias horas, varios meses, con la gente de las AFP y hemos encontrado colaboración de una más que otra, hemos encontrado resistencia verbal y exceso verbal de alguno de los representantes de los fondos de pensiones», dijo García Linera.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las empresas gestoras extranjeras sobre la forma de transferencia de las acciones, el ejecutivo de La Paz ha tenido que tomar esta decisión, señaló el funcionario, al anticipar la eventual intervención.
Durante su intervención ante el Parlamento europeo el eurodiputado popular Juan Ignacio Salafranca ha preguntado hoy a Morales por el decreto complementario firmado por el vicepresidente García. Morales ha respondido que su gobierno «no expropia ni quita nada» a las empresas extranjeras, y que los fondos de pensiones que eran administrados por compañías privadas ahora deberán ser administrados por el Estado. Morales incidió en que esos fondos se crearon tras las ‘mal llamadas normas de capitalización, que finalmente han sido de descapitalización’. Esos fondos, dijo el presidente, ‘son del Estado boliviano, son del pueblo boliviano’.
Morales añadió que tanto BBVA como Zúrich utilizaron las aportaciones de los trabajadores ‘y no ha habido inversión fresca, con fondos frescos’ en Bolivia. Pese al sentido de este decreto, hoy en Estrasburgo el presidente de Bolivia, insistió ante el Parlamento Europeo que con la nacionalización de los hidrocarburos en su país no «se expulsa a nadie, ni se expropia a nadie». «Cualquier empresa que invirtió en mi país tiene todo el derecho a recuperar su inversión y las utilidades, pero no al control. Serán socios, no dueños de nuestros recursos naturales», dijo Morales, en sesión solemne en el pleno de la Eurocámara.
En su intervención, el líder boliviano explicó la nacionalización cómo una forma de prevenir la inmigración económica de latinoamericanos a la UE. «Para que haya seguridad jurídica es necesario que haya seguridad social», señaló asimismo.
Además, arremetió «contra algunos medios de comunicación» que, a su juicio, quieren enfrentar a su gobierno con el de otros países, entre ellos, el brasileño, a cuenta de la decisión de nacionalizar el petróleo y el gas.
Por otro lado, abogó por distinguir entre la producción de hoja de coca y el narcotráfico. «Los primeros países en industrializar la hoja de coca fueron los europeos», señaló. Pidió el apoyo de la UE para que el ex presidente boliviano Gonzalo Sanchez de Lozada y el ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, acusados de genocidio en el país andino y residentes en EE.UU., «sean juzgados en Bolivia».
Expresó su «admiración» por la Unión Europea, mostró su compromiso con la «integración en Latinoamerica» y apostó por fraguar entre los dos continentes «una alianza estratégica por la vida».
El presidente boliviano fue recibido con varias salvas de aplausos y eurodiputados puestos en pie desde la filas de los grupos de izquierda, mientras que apenas un puñado de miembros del Partido Popular Europeo, entre ellos su presidente, Hans Gert Poettering, y el español José Ignacio Salafranca, asistieron a la sesión.