La confrontación abierta en Bolivia es una nítida síntesis de la contradicción que hoy desgarra a nuestro continente. Por un lado está la mayoría de la población trabajadora y pobre, organizada en sus múltiples y diversos organismos gremiales, vecinales, sindicales, comunitarios, regionales. Todos estos hombres y mujeres configuran un mosaico móvil de resistencia y lucha […]
La confrontación abierta en Bolivia es una nítida síntesis de la contradicción que hoy desgarra a nuestro continente. Por un lado está la mayoría de la población trabajadora y pobre, organizada en sus múltiples y diversos organismos gremiales, vecinales, sindicales, comunitarios, regionales. Todos estos hombres y mujeres configuran un mosaico móvil de resistencia y lucha que desde hace años viene pugnando por conseguir, de todas las maneras posibles, dos objetivos prioritarios que, expresados de manera sintética, son: a) poner un límite o evitar la continuación del saqueo de los recursos naturales (agua, gas y petróleo, principalmente) llevado adelante por las empresas trasnacionales más poderosas del mundo, amparadas en el apoyo que les han brindado los sucesivos gobiernos que ese país ha tenido -Carlos Mesa (2003-?), Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), Bánzer-Quiroga (1997-2002), Sánchez de Lozada (1993-1997), Jaime Paz Zamora (1989-1993)-; b) poner un límite a la monopolización partidaria y elitista de la decisión sobre los asuntos públicos decisivos hasta hoy secuestrada por una decadente «clase política» enormemente desprestigiada y percibida por la multitud movilizada como un conjunto de enemigos que se atrincheran en el Parlamento Nacional para promulgar leyes que no atienden el sentir profundo de la sociedad.
Por otro lado, están las elites bolivianas, principalmente los empresarios asociados al capital trasnacional en los negocios mineros y los terratenientes agroexportadores del oriente del país que se han enriquecido con la siembra de soya y oleaginosas, que, además, son los dueños de los medios de comunicación. Este sector empresarial-terrateniente criollo, en una nación mayoritariamente indígena, ha recuperado la iniciativa desde enero pasado presentando un proyecto de «descentralización económica» y de «autonomías departamentales» que, en los hechos, busca poner bajo su propio control la decisión sobre los recursos petroleros y gasíferos actualmente en disputa, manteniendo las prerrogativas que hoy tienen las trasnacionales, aun a riesgo de desmembrar al país que está en el centro de América Latina.
En este complejo caleidoscopio de antagonismos, ¿qué papel juegan el Estado boliviano y el gobierno de Carlos Mesa? Hasta ahora el gobierno ha llevado adelante un papel de garante de la propiedad de la tierra en el oriente -como se mostró en la participación del ejército para desalojar las haciendas tomadas por el Movimiento sin Tierra de Santa Cruz la semana anterior- y de agente de los intereses de las trasnacionales petroleras frente al movimiento social, negándose a promulgar una ley de hidrocarburos que ni siquiera recupera el control sobre los hidrocarburos bolivianos, como exigen los hombres y mujeres movilizados desde octubre de 2003, sino que simplemente eleva en 32 por ciento los impuestos a las utilidades de tales empresas.
En medio de este inestable y frágil equilibrio se ha abierto la segunda semana de luchas indígenas y populares por la recuperación de los hidrocarburos y por la refundación del país utilizando una Asamblea Constituyente, mediante la cual, según afirman los principales voceros de los movimientos sociales, sería posible transformar el acartonado sistema partidario que imposibilita hoy la toma democrática de decisiones en Bolivia.
La lucha indígena y popular boliviana entonces va expandiéndose y se encamina velozmente hacia una conflagración directa contra dos de los tres pilares del proyecto neoliberal impuesto en toda América Latina. Este proyecto, auténtica ofensiva del capital mundial y local contra los pueblos y las naciones del mundo, se ha apoyado en estos últimos 20 años en 1) el saqueo más abyecto y general de la riqueza pública y los recursos naturales de los países subalternos; 2) la imposición de la más terrible explotación de la fuerza de trabajo por la vía de la precarización, la flexibilización, la contención salarial, la desprotección y la reducción a cero del salario indirecto; y 3) el vaciamiento total de las instituciones democráticas, que se han vuelto simples lugares de reunión de las elites partidarias, donde no se decide nada sobre los principales problemas de los pueblos; vaciamiento que corre paralelo a un supuesto apego a la «legalidad» entendida como camisa de fuerza contra los anhelos y necesidades de la población.
Si el neoliberalismo es esto, en Bolivia se está luchando directamente contra dos de estos pilares: el grito múltiples veces repetido que expresa de distintas maneras tanto un «no al despojo y saqueo trasnacional» como un «no a la ficción democrática» que secuestra la soberanía social, es la síntesis boliviana de esta lucha. Esta resistencia, estas miles de acciones de lucha hilvanadas en un horizonte de sentido democrático y recuperador de la riqueza cuestiona la dominación global del capital trasnacional, aunque ocurre en el ámbito de un Estado nación. Por esta razón, en Bolivia, en estos días, se condensa de manera incierta una posibilidad de ir ya no sólo contra sino más allá del orden neoliberal que hoy enluta y empobrece al mundo.