La Paz, junio 2, 2004.- A punta de dinamita, dos centenares de mineros, con sus familias e hijos, presionaban este miércoles al gobierno boliviano para que cumpla su palabra y no retroceda en la nacionalización de la mina de Caracoles.En medio de un gran debate nacional acerca de la «posibilidad» o «imposibilidad» de la «nacionalización» […]
La Paz, junio 2, 2004.- A punta de dinamita, dos centenares de mineros, con sus familias e hijos, presionaban este miércoles al gobierno boliviano para que cumpla su palabra y no retroceda en la nacionalización de la mina de Caracoles.
En medio de un gran debate nacional acerca de la «posibilidad» o «imposibilidad» de la «nacionalización» de los hidrocarburos, el pasado 19 de mayo, los trabajadores mineros de Bolivia habían logrado una hazaña: la segunda nacionalización de una mina ligada a capitales transnacionales.
Luego de más de una década de privatizaciones, los mineros de la atrasada Bolivia, otra vez, se pusieron a la altura de los acontecimientos y mostraron su rol de vanguardia del movimiento obrero, campesino y popular.
Sin embargo, el gobierno y algunos dirigentes de los cooperativistas mineros, con un sin fin de argucias, vienen bloqueando esta medida nacionalista. El 30 de mayo, por tercera vez en un mes, los 222 trabajadores mineros de Caracoles con sus familias retornaron a la ciudad de La Paz, luego de que fueran amenazados por los cooperativistas con «¡hacerlos volar (matar), uno por uno, con dinamita!».
La lucha de clases en Bolivia, sin lugar a dudas, es muy compleja. Y en ese marco, la batalla que desarrollan los mineros de Caracoles en este momento tiene un importante valor histórico y es vital para las aspiraciones futuras del país, pues están librando un conflicto que se encuentra en el eje de la política nacional: la guerra por la nacionalización de los recursos naturales.
PRIMERA VICTORIA
Hace casi dos años, en junio y julio del 2002, en pleno proceso de ascenso social y político de los trabajadores del país, los mineros de Huanuni, encabezados por Jaime Solares Quintanilla -ahora secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB)- Pedro Montes -ahora secretario Ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro- y Miguel Zuvieta -ahora secretario Ejecutivo de la histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB)- lograron la primera nacionalización de una reserva minera: la mina Huanuni.
Este hito histórico, de la misma forma que ocurre hoy, también fue opacado por las grandes redes de información privada. El pueblo de Oruro con un paro cívico, marchas, bloqueos y dinamitazos, respaldó conscientemente a los trabajadores mineros de Huanuni. Esa lucha callejera concluyó con la obligada promulgación por parte del gobierno de Jorge «Tuto» Quiroga de la Ley No. 2400, del 24 de julio de 2002.
El «Artículo Único» de la Ley 2400, aprobada además por el Congreso Nacional, dice textualmente lo siguiente:
«De conformidad al Artículo 59, numeral 1) de la Constitución Política del Estado, complementase el Capítulo II, Artículo 91 del Código de Minería, en los siguientes términos:
«La Corporación Minera de Bolivia asumirá la dirección y administración directa, plena y definitiva de las actividades mineras y metalúrgicas, consistentes en el derecho de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de:
1. Los grupos mineros nacionalizados por Decreto Supremo No. 3223, de 31 de octubre de 1952, elevado a Rango de Ley el 29 de Octubre de 1956;
2. Las demás concesiones mineras obtenidas o adquiridas a cualquier título;
3. Los residuos minero – metalúrgicos provenientes de las concesiones mineras mencionadas en los incisos anteriores;
4. Las plantas de concentración, volatilización, fundición, refinación, plantas hidroeléctricas y otras de su propiedad; y
5. El Cerro de Potosí, sus bocaminas, desmontes, colas, escorias, relaves pallacos y terrenos francos del mismo, respetando derechos preconstituidos.
«Cuando los contratos adjudicados mediante licitación, exceptuando los contratos de las Sociedades Cooperativas Mineras, no puedan continuar en el marco contractual pactado y particularmente cuando se produzca quiebra, quiebra fraudulenta, impericia, incumplimiento legalmente comprobados, que atenten a los intereses del Estado».
¡A DINAMITAZOS!
Para el secretario Ejecutivo de la Federación de Mineros de Bolivia, Miguel Zuvieta, la promulgación de las Ley 2400 fue un «logro importante y sin precedentes»: «¡Con la nacionalización de Huanuni permitimos que el 100 por ciento de las divisas por exportaciones de minerales de esta empresa se queden en el país!».
Hay que recordar que la empresa británica que administraba Huanuni, según informes de la FSTMB, se llevaba más del 80 por ciento de las ganancias y «sólo dejaba por impuestos y regalías al país el 19 por ciento de las utilidades netas».
Algo muy parecido a lo que ocurre con los 78 contratos de riesgo compartido que los gobiernos neoliberales firmaron con las transnacionales petroleras y que el gobierno de Carlos Mesa tampoco quiere revisar.
Con voz vehemente y el orgullo propio de los trabajadores mineros, Zuvieta afirmó que esta es la manera concreta cómo se nacionaliza un recurso natural: «¡A dinamitazos! ¡A dinamitazos…! hemos efectivizado la nacionalización de Huanuni y este es el camino que ahora también están recorriendo nuestros hermanos de clase de Caracoles».
SEGUNDA NACIONALIZACIÓN
Mediatizada, otra vez, por las grandes cadenas de información, el 19 de mayo, los trabajadores mineros lograron la nacionalización de una segunda empresa minera: la mina Caracoles, que estaba en manos de la Empresa Barrosquira, ligada a capitales nacionales y transnacionales.
El punto 1 del convenio firmado con el gobierno, luego de que se movilizarán, día y noche, en la ciudad de La Paz, dice lo siguiente:
«COMIBOL (la Corporación Minera de Bolivia), una vez resuelto el Contrato de Riesgo Compartido que tiene suscrito con la Empresa Minera Barrosquira, toma plena y definitiva posesión de la Mina Pacuni y Molinos (Caracoles) y todas sus instalaciones, para llevar adelante tareas de administración y actividades mineras metalúrgicas consistentes en: prospección, exploración, explotación y concentración».
«¡Hablar, discutir., discutir y discutir. sobre una posible nacionalización del gas y el petróleo que está en manos de las transnacionales a través de un Referéndum es una mamada (engaño)! Esta es la forma cómo se debe nacionalizar nuestros recursos naturales: en la calle, concientizando a nuestros compañeros e imponiendo al gobierno, con la fuerza de nuestras movilizaciones, la recuperación real y total de nuestras riquezas que fueron enajenadas por los gobiernos neoliberales (desde 1985)», subrayó Miguel Zuvieta.
Según los dirigentes del Sindicato de Caracoles, con este convenio firmado con el gobierno, sin mucha pompa, el 86 por ciento de las ganancias que la empresa transnacional Barrosquira se «metía al bolsillo» ahora se va quedar en el Tesoro General de la Nación.
«Este es un logró para el país. Hemos nacionalizado otra empresa para que sus ganancias netas vayan en beneficio de nuestros hermanos bolivianos que tienen bajos salarios o que no tienen empleo», agregó el secretario Ejecutivo de la COB, Jaime Solares, tras convocar al pueblo boliviano a luchar por la segunda nacionalización de una mina.
Sin embargo, ahora el gobierno quiere «borrar con el codo» este convenio que firmó con los mineros. Ha movilizado a algunos empresarios mineros, camuflados con el ropaje de «cooperativistas», para evitar el cumplimiento de esta segunda nacionalización.
El 30 de mayo, por tercera vez, los 222 mineros de Caracoles con sus familias fueron echados de sus fuentes de trabajo y sus viviendas. El máximo dirigente de la COB, Jaime Solares, visiblemente molesto, denunció en la asamblea minera del 1 de junio que el gobierno es «sumamente débil» y que con «medidas deshonestas» está boicoteado la segunda nacionalización de una mina.
Ahora, los mineros decidieron radicalizar sus medidas y sumarse a la lucha que otros sectores de trabajadores vienen desarrollando contra el régimen de Carlos Mesa.
Ayer, por ejemplo, los 222 mineros con sus familias se echaron, formando una especie de «alfombra humana», en una de las principales avenidas de la ciudad de La Paz (El Prado), exigiendo el respeto del convenio firmado con el gobierno. Y hoy abrieron otra vez el diálogo con las autoridades a punta de dinamitazos. Tres cachorros de dinamita colocados en las puertas de las oficinas centrales de la Comibol, en La Paz, hicieron comprender a las autoridades que deben escuchar a los hombres del subsuelo.
PLAN DE LUCHA
Por su parte, frente a esta «actitud cómplice» del régimen de Carlos Mesa, varias organizaciones sociales, sindicales, personalidades, bajo la dirección de la Central Obrera Boliviana y la Central Obrera Departamental de La Paz, redactaron y firmaron una «carta pública» dirigida al Presidente de la República, que «exige» el «respeto y cumplimiento» de la segunda nacionalización de una mina boliviana.
En la asamblea de los mineros de Caracoles, realizada el 1 de junio, varios trabajadores afirmaron que «están cansados de tanta humillación».
No faltaron quienes plantearon, con lágrimas en los ojos, que la «inmolación» -igual que el minero Eustaquio Picachuri- es el último camino que les queda para recuperar de manos extranjeras y empresarios mineros bolivianos la mina Caracoles.
Por el momento, se aprobó la necesidad de firmar un pacto intersindical con varios sectores que estén en lucha para lograr la atención global de los pedidos de los trabajadores del país.