La aprobación de la ley financial 2011, que incluye modificaciones a la ley del Banco Central de Bolivia (BCB), fundamentalmente en lo relativo a la autorización para que el BCB utilice hasta el 30% de las Reservas Intenacionales Netas (RIN) en la compra de títulos valor de empresas estratégicas bolivianas y, a su vez, la […]
La aprobación de la ley financial 2011, que incluye modificaciones a la ley del Banco Central de Bolivia (BCB), fundamentalmente en lo relativo a la autorización para que el BCB utilice hasta el 30% de las Reservas Intenacionales Netas (RIN) en la compra de títulos valor de empresas estratégicas bolivianas y, a su vez, la autorización para que éstas emitan ese tipo de valores, constituye un paso trascendental en materia de política económica. Tal vez el paso más importante dado por el Gobierno de Evo Morales, siempre y cuando se cumpla y no ocurran retrocesos como los registrados en el proceso de la nacionalización de los hidrocarburos. Se trata, nada más ni nada menos, que de reinvertir el ahorro nacional en el propio desarrollo de nuestro país que fue capaz de generar ese ahorro. Se autoriza por ahora sólo el 30%, aunque debiera ser un porcentaje mucho mayor. De todos modos, es el inicio de un círculo virtuoso si se lo sabe sostener. Como se sabe, hasta hoy incluso, el ahorro boliviano ha servido para financiar economías extranjeras a tasas de interés casi ridículas (0,25% anual en 2010). Era, en contrasentido, el círculo vicioso más nefasto.
¿Cuál el paso siguiente? El primero y trascendental es definir exactamente en qué invertir. ¿Procesar leche o industrializar el litio? ¿Avanzar en la industrialización del gas para reducir, y si es posible hasta eliminar, la exportación del escaso gas que tenemos como materia prima? ¿Invertir en nuestras propias carreteras eliminando la oprobiosa dependencia de créditos caros y condicionados de la CAF o el BNDES de Brasil? ¿Incorporar tecnología al sector minero para agregar valor a las exportaciones? ¿Ampliar la frontera agrícola para garantizar la soberanía alimentaria? Esa definición es clave. Cuanto más acertada, la tasa de crecimiento de las RIN se incrementará. Si tomó cinco años en llegar de 2 mil a 9 mil millones de dólares, en el mismo período futuro podrá incrementarse más y a mayor velocidad porque exportaremos bienes con valor agregado.
En el contexto anotado, consideramos también imprescindible (1) fortalecer y cualificar la dirección de las empresas estratégicas, así como la (2) normativa regulatoria que garantice que los títulos valor a ser emitidos por aquellas, tengan calidad crediticia irreprochable, pero bajo los (3) parámetros de calificación de riesgos que deben, necesariamente, ser modificados sustancialmente.
La cualificación de la dirección y gerencia de las empresas estratégicas, incorporando personal idóneo, pasa, necesariamente, por corregir la distorsión salarial. Al respecto, el Gobierno ha dado un paso fundamental al permitir que profesionales de esas empresas puedan ganar más que el Primer Mandatario. Esa camisa de fuerza autoimpuesta causó grave daño al país. Felizmente ya se corrigió.
En relación a la normativa regulatoria, ésta debe adecuarse a la nueva ley financial 2011. En el mercado de valores de Bolivia el BCB comprará ahora títulos valor emitidos por empresas bolivianas que antes no estaban autorizadas a hacerlo. Éstos deben tener cualidades crediticias irreprochables. Los Estados Financieros de las corporaciones nacionales que emitan esos títulos deben ser prístinos. La administración misma debe ser transparente, cosa que debe asegurarse no sólo mediante los buenos sueldos para tener buenos administradores y gerentes, sino, también, mediante exigencias normativas que provengan del propio Estado boliviano.
Un elemento esencial que debe estar presente en la normativa nueva es que el BCB no invierta en títulos valor de empresas en las que exista presencia de «socios» como Repsol YPF, por ejemplo. Estas compañías transnacionales tienen la obligación de cumplir previamente sus compromisos de inversión en Bolivia. El caso de Repsol es paradigmático, porque detenta participación en los megacampos de gas y se ha constatado que no invirtió en exploración durante los pasados diez años, según las propias declaraciones de autoridades nacionales.
Respecto de los parámetros de calificación de riesgos, no hay duda que corresponde también una reorientación de 180 grados. En efecto, si se aplican los criterios de calificación de las célebres calificadoras de riesgo internacionales que basan su trabajo en criterios normados en Estados Unidos, que, a su vez, basan su análisis en el hecho de que la deuda soberana de Estados Unidos tiene riesgo cero, la cosa no caminará.
Mientras el país más endeudado y deficitario del mundo (Estados Unidos), tiene la menor calificación de riesgo soberano (los bonos de deuda del casi quebrado Tesoro estadounidense, «por definición», tienen riesgo casi cero), la deuda soberana boliviana está entre las más riesgosas del mundo cuando, dados los datos macroeconómicos, debiera ser exactamente lo contrario. Bolivia tiene superávit fiscal, superávit comercial y altísima liquidez, además de haber acumulado un récord en reservas internacionales netas (cerca del 50% del PIB). Ninguno de esos parámetros puede ostentar hoy y desde hace varios años Estados Unidos ni varias «potencias» europeas.
No nos cabe duda que la introducción de una normativa básica de obligatoria observancia por parte de las calificadoras de riesgo que operan en Bolivia, permitirá reorientar las inversiones no sólo del BCB, sino también de las AFP (aunque éstas sean de gestión estatal, como está previsto en el proyecto de Ley de Pensiones actualmente en discusión) y de las propias instituciones financieras bolivianas. De lograrse ese objetivo, será un imperativo indiscutible la inversión en Bolivia y merecerá un castigo la exportación casi gratuita de capital al exterior.
Ese cambio eliminará también las elocuentes contradicciones en indicadores sociales sobre todo en lo relativo a la salud. En materia educativa tenemos dudas, debido a que la población estadounidense ha mostrado preocupantes síntomas de falencias formativas estructurales, cosa que no se da en Bolivia, pese a que existe aún analfabetismo absoluto y funcional. En nuestro país hay más conciencia del ser y de la necesidad de armonizar con el entorno natural.
Gerencia, cambios regulatorios, transparencia y nuevos criterios de calificación de riesgo crediticio son las áreas que corresponde modificar a fondo, de modo que la inversión del ahorro en nuestro propio país tenga los más altos y garantizados rendimientos. No es posible continuar con interinatos como en el caso de YPFB, por ejemplo. Éstos diluyen responsabilidades y paralizan decisiones ejecutivas que deben ser oportunas y agresivas en más de un sentido.