«Si no quieren por las buenas, por las malas, vamos a aprobar esta nueva Constitución Política del Estado y sin miedo», afirmó el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, días antes que concluya -sin ningún acuerdo firmado- el diálogo entre el gobierno y los nueves prefectos del país. Los 18 días de diálogo nacional, con […]
«Si no quieren por las buenas, por las malas, vamos a aprobar esta nueva Constitución Política del Estado y sin miedo», afirmó el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, días antes que concluya -sin ningún acuerdo firmado- el diálogo entre el gobierno y los nueves prefectos del país.
Los 18 días de diálogo nacional, con interminables jornadas de trabajo de comisiones y con la labor facilitadora de observadores internacionales, a pesar de haber culminado en esta ciudad, el domingo 5 de noviembre, con una foto oficial para el recuerdo donde aparecen el Presidente y Vicepresidente de la República, más ocho de los nueves prefectos (la de Chuquisaca se marginó), no alcanzó su objetivo final porque no se llegaron a acuerdos firmados, reluciendo la polarización existente en Bolivia.
Según el gobierno, producto del diálogo, existen avances importantes, porque se contempla impulsar la aprobación del referéndum constitucional en el Parlamento Nacional viabilizando las autonomías departamental, indígena y municipal, con competencias legislativas.
El ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Carlos Romero, -a nombre del gobierno- lamentó la actitud de los prefectos opositores, porque dijo que cuando todo estaba listo en el tema de las autonomías y de los impuestos sobre hidrocarburos, se impusieron los intereses políticos y partidarios.
«Lamentamos que los prefectos de oposición no se hayan adherido a un acuerdo nacional de gran expectativa de la población que básicamente significaba consolidar los consensos como constitucionalizar las autonomías y viabilizar los referendos», comentó.
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, informó que en la reunión expresaron sus observaciones no sólo en el tema de las autonomías departamentales sino la necesidad de abrir todo el texto del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado y la necesidad de realizar una auditoría al Padrón Electoral, propuestas que fueron rechazadas por el gobierno.
«No fue posible concluir este gran acuerdo porque no hubo coincidencias en los temas centrales de la agenda, subsisten serias divergencias en el tema de lograr una autonomía departamental plena, IDH, pero sobretodo en la revisión total del texto de la nueva constitución», aseveró.
El jefe de la misión de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), Juan Gabriel Valdez, manifestó: «En el diálogo no hemos visto fracaso, sino un avance importante en la aproximación de posiciones. Para muchos de nuestros representantes y embajadores que estuvieron en diálogos previos, aquí se produjeron posturas que habrían sido impensadas hace dos meses atrás, eso debe ser valorado por la sociedad boliviana».
Comentó que se cumplió una función, calificada de positiva, y que aún tiene la esperanza de que el proceso del diálogo podría continuar.
El chileno Valdez, anunció que en las próximas horas los miembros de UNASUR retornarán a sus países para informar a sus respectivos Presidentes acerca del desarrollo y los avances que se dieron en la mesa nacional de diálogo.
Obligado a negociar
Después de duras jornadas de violencia, de saqueo a instituciones estatales, de posiciones encontradas y de la muerte de 18 bolivianos en Porvenir-Cobija (Pando), gobierno y prefectos se llamaron a una tregua a través de un proceso de negociación.
Aunque ya se conocía el resultado de que no se llegarían a acuerdos concretos, ambos sectores hicieron esfuerzos por ganar la pulseta.
«No quisiera, pero obligado tengo que sentarme con estos señores (opositores para dialogar). Pero esto no significa que voy a negociar los intereses del pueblo. Si ellos apuestan por la autonomía, primero tiene que haber una (nueva) Constitución», aseguró el Jefe de Estado en una reunión junto a las organizaciones sociales.
El director departamental de autonomías de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, señaló que los prefectos de la oposición que participaron en este proceso de diálogo estuvieron con la predisposición de llegar a una solución; sin embargo, estos puntos fueron rechazados por el gobierno.
Si el Congreso aprueba la convocatoria al referéndum constitucional tiene que ser con dos tercios de los parlamentarios asistentes.
«Si en algún momento se llega ir a un referéndum, si el padrón electoral no se limpia, la carnetización, el registro civil, será un proceso espúreo que no tendrá ninguna validez, aquí el gobierno tiene que garantizar que este proceso tiene que ser transparente y limpio», dijo Dabdoub.
El ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, dijo que es indudable que se debe recurrir al escenario congresal para buscar acuerdos.
«El Congreso Nacional es un escenario natural de acuerdos políticos y uno de los principales instrumentos de la democracia, entonces nosotros tenemos que tener la convicción de que actúe de acuerdo a la responsabilidad histórica que le ha conferido el pueblo boliviano y las circunstancias del país y que responda a ese desafío democrático», dijo.
Según la oposición, antes de la realización de cualquier proceso electoral es necesario que se realice un Padrón Electoral.
«Hemos vuelto a pedir al Presidente de hacer una auditoría electoral y esperemos que el gobierno lo asuma en la eventualidad que impulse cualquier tipo de actividad electoral, más aún si se trata del referéndum para la nueva Constitución Política del Estado», aseveró el prefecto de Tarija.
Al no llegar -gobierno y prefectos- a acuerdos escritos, se convocó para el 15 de octubre a una sesión del Congreso Nacional donde se debe considerar la aprobación de la Ley de Convocatoria al referéndum aprobatorio del texto de la nueva CPE y el referéndum dirimidor que está referido a la regulación de la tierra.
La aprobación congresal de una ley se la debe realizar por dos tercios: la oposición controla la Cámara de Senadores, el oficialismo tiene mayoría en la Cámara de Diputados.
Movilización social
Mientras la denominada clase política no se pone de acuerdo en temas cruciales para el futuro del país, los movimientos sociales convocaron a una masiva movilización y un cerco para que en el Congreso Nacional se apruebe la convocatoria al referéndum constituyente.
El dirigente de los colonizadores y representante de la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), Fidel Surco, afirmó que una gran marcha hasta La Paz, sede de gobierno, se realizará desde el 13 de octubre desde la población de Caracollo, ubicada aproximadamente a 175 kilómetros.
La movilización sólo podría ser paralizada si, antes de esa fecha, el Congreso de la República aprueba la Ley de Convocatoria a Referéndum para la nueva Carta Magna.
La movilización se iniciará en la histórica población de Caracollo, aunque simultáneamente partirán, la mencionada fecha, diferentes marchas desde Yungas, Río Abajo, Tiquina y otros puntos que serán acordadas esta semana con los movimientos sociales y sindicales del país.
En el último ampliado de los movimientos sociales que son el pilar fundamental del gobierno nacional, se resolvió:
1. Ratificar nuestra lucha inclaudicable por la democracia, por la unidad de la patria y la defensa de la democracia bajo el liderazgo del Presidente Evo Morales Ayma.
2. Declarar movilización nacional y departamental para garantizar la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado.
3. Denunciar y condenar ante la comunidad internacional y nacional, el pretendido golpe de estado civil cívico-prefectural, que violó y desconoció el estado de derecho, atentando la institucionalidad, los derechos humanos.
4. Conminar a los prefectos de Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, suscribir los avances obtenidos en la mesa del diálogo referido a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado hasta el 15 de octubre, así como exigir al Congreso Nacional, aprobar la Ley Convocatoria al Referéndum dirimitorio y aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.
5. Convocar a la marcha y movilización nacional a partir del 13 de octubre desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, contra el Congreso Nacional, hasta aprobar la ley de convocatoria del referéndum para aprobar la nueva Constitución Política del Estado.
6. Exigir al Poder Judicial, Ministerio Público, investigar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del golpe de estado civil cívico-prefectural.
7. Exigir al Senado Nacional, la aprobación inmediata de la ley de voto de los bolivianos y bolivianas en el exterior.
Bolivia, una vez más, se encuentra ante una serie de retos.
El reto más próximo, la aprobación o no del referéndum constitucional que no sólo debe poner a consideración del soberano la nueva Constitución Política del Estado sino que debe marcar el camino de la «refundación» del Estado Boliviano…
Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano, ex vocero de gobierno.