En el fragor del debate mediatizado de «líderes de opinión pública» Bolivia apareció, como pocos países con varias autoridades legislativas y ejecutivas así como con dirigentes sociales (los denominados «cívicos» y los agro-empresarios) cuya característica común es su condición de latifundistas que, al parecer no quieren perder privilegios de dudoso origen, según reportan informes oficiales.Senadores […]
En el fragor del debate mediatizado de «líderes de opinión pública» Bolivia apareció, como pocos países con varias autoridades legislativas y ejecutivas así como con dirigentes sociales (los denominados «cívicos» y los agro-empresarios) cuya característica común es su condición de latifundistas que, al parecer no quieren perder privilegios de dudoso origen, según reportan informes oficiales.
Senadores cuya responsabilidad política y estatal es legislar (en este caso el uso de la tierra) o prefectos que deben hacer cumplir la ley en sus regiones, aparecen como juez y parte en el debate por la ley de tierras, que tiene en ascuas al Parlamento y al gobierno. No se quedan atrás los «dirigentes cívicos» o los agro-empresarios que generan opinión social urbana concentrada (en el primer anillo de la ciudad de Santa Cruz, o el centro histórico de Tarija, pero no más allá).
El informe entregado a la prensa señala que legisladores como Walter Guiteras, beniano del ultra conservador Podemos, tiene 49.051 hectáreas. Su colega Miguel Majluf (MNR del Beni) 5.468 Has. El prefecto (gobernador) de Beni por Podemos, Ernesto Suárez Sattori tiene 1.105 Has. El presidente del Comité Cívico cruceño Germán Antelo tiene en «proceso de saneamiento» una propiedad de 4.993 Has. A su vez Zvonko Matkovic, ex presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) y ex prefecto de Santa Cruz por ADN, cuenta con dos propiedades agrarias, una de ellas con 267 Has. La familia de otro empresario y ex canciller de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Saavedra Bruno, tiene 10 predios por un total de 17.298 Has.
El informe gubernamental añade que Bolivia tiene 109 millones de hectáreas; de ellas 65 millones de hectáreas son productivas y 59 millones fueron distribuidas a un grupo de poder que gozó de privilegios políticos en años anteriores. Dicho grupo tiene amplio respaldo en las redes mediáticas y círculos de intelectuales y «formadores de opinión». Pero el mayor apoyo está en las «brigadas» de la Nación Camba (liderizados por el ex ministro del MIR Carlos Dabdoub), la Unión Juvenil Cruceñista (grupo paramilitar que ya agredió a campesinos y diputados marchistas en octubre 2003 y junio 2005). Esto contradice el lema: «Es ley del cruceño la hospitalidad».
Los representantes de este grupo de poder tuvieron una rabiosa reacción ante la media aprobación parlamentaria de la nueva ley de tierras (INRA) y del reglamento de la Asamblea Constituyente. Esa reacción fue un paro en 4 departamentos (Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz) y una marcha empresarial (con tractores y vehículos de lujo) hace pocos días. Esa actitud fue coronada con una agresión al propio presidente Evo Morales, en el inseguro departamento de Santa Cruz cuyo prefecto es Rubén Costas, ex presidente del Comité Cívico cruceño.
Santa Cruz parece haberse convertido en el último reducto de los grupos oligárquicos de poder, como lo fueron en su momento Tupiza (con la familia Aramayo), Sucre (con los industriales mineros) o La Paz-Cochabamba con los barones del estaño, porque en el actual debate político-parlamentario no se habla de la tierra como recuso natural y bien público, sino como objeto de usufructo dudosamente habido.
Es más, no se habla de cómo se adquirió la tierra sino de cómo «sanearla» y, en lo posible tardando mucho: En 10 años solo se saneó el 46 por ciento de la tierra, por la falta de voluntad de los seis sucesivos gobiernos –Sánchez de Lozada, Banzer, Quiroga, Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.
Por ello, prefectos, legisladores ultra conservadores, y dirigentes cívico-agro-empresariales parecen jugarse su última carta. Evo Morales y su gestión comenzaron a «sanear» el acceso a la tierra, controlar el reparto de miles de millones de dólares por venta del gas recientemente nacionalizado y a refundar el país en la Asamblea Constituyente. La sexta marcha de indígenas, convergente de varias regiones y que está en las puertas de La Paz, parece tener razón: Es la única forma de hacer funcionar, realmente, a los poderes públicos.
(*) Edgar Ramos Andrade. Comunicador UNLP-Argentina. Investigador y activista social. Autor de los libros «aGONIa y Rebelión social» e «Inclusión y Dignidad Indígena».