Con una virtual declaración de «guerra», que hace retornar el riesgo del desencadenamiento de la violencia ininterrumpida, los prefectos y comités cívicos opositores de cinco departamentos se muestran decididos a continuar dando la espalda a la voluntad popular que el domingo 10 de agosto apoyó, en un 68 por ciento, a la propuesta de cambio […]
Con una virtual declaración de «guerra», que hace retornar el riesgo del desencadenamiento de la violencia ininterrumpida, los prefectos y comités cívicos opositores de cinco departamentos se muestran decididos a continuar dando la espalda a la voluntad popular que el domingo 10 de agosto apoyó, en un 68 por ciento, a la propuesta de cambio que encabeza el presidente Evo Morales y que demanda la aprobación de una nueva Constitución y la incorporación de un régimen autonómico.
Reunidos en la ciudad de Santa Cruz, el epicentro de la reacción, a convocatoria del prefecto Rubén Costas, quien el domingo no escatimó adjetivos contra el presidente Morales y el gobierno, las primeras autoridades de Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca decidieron, sin mayor argumento que su lógica opositora, convocar a un paro cívico para el martes 19 y endurecer sus medidas de presión.
«La lucha recién se inicia, tengan por seguro que vamos a ganar», afirmó el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, al dar lectura a las resoluciones del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) que horas antes había decidido levantar una huelga de hambre en la que sus protagonistas rotaban todos los días.
El gobierno, al que se lo crítica por haber convocado de manera prematura al diálogo, no tardó en responder: la derecha no ha realizado una correcta lectura del referéndum revocatorio.
Lo aparente
La contraofensiva de la oposición cívico-política-mediática, que con una serie de acciones de violencia física y simbólica ejercidas contra la investidura presidencial y sectores de la población perdió el espacio conquistado entre julio de 2007 y abril de 2008, cuando el gobierno estaba acorralado, se produce a escasos días de una de las fiestas democráticas más profundas que vivió Bolivia en los últimos 26 años, según se han encargado de reconocer sectores moderados de la oposición y observadores internacionales.
Una primera intención de la maniobra se huele a kilómetros. Es un esfuerzo por disminuir el carácter del triunfo oficialista, que ha superado los límites de la militancia masista y de los movimientos sociales, para convertirse en una conquista de más de dos tercios de los bolivianos que miran hacia el pasado para saber qué y a quiénes no quieren de vuelta.
Y entonces, hay que darle a la intención de proteger privilegios un barniz de aparente realidad. Sin eso, sería difícil de movilizar. Para ello, como lo han señalado el jueves en la noche los prefectos contrarios a la línea de gobierno, la demanda de reconocimiento de los estatutos autonómicos y la reposición de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con los que se pagó la renta dignidad a más de 700 mil ancianos mayores de 60 años, constituyen los ejes de la protesta.
En el tema del IDH, el gobierno se ha manifestado favorable a lograr un entendimiento. De hecho, a pedido del presidente Morales se ha presentado a los prefectos del país la propuesta de lograr un acuerdo nacional en torno a un pacto constitucional, fiscal e institucional.
En cuanto a la autonomía, la exigencia cae por su propio peso. El presidente Evo Morales, a quien la población le dio su amplio respaldo, convocó en la noche del domingo, sin dubitaciones y con espíritu magnánimo, a unir la Constitución y los estatutos autonómicos, en el marco de la legalidad.
Y es el apego a lo legal que parece ahuyentar a las elites de la «Media Luna», ya que la vigencia de sus estatutos no cuenta con la cobertura constitucional, según se han cansado de sostener los dirigentes del oficialismo y analistas, a los que no se los podría calificar de progubernamentales, como el constitucionalista Carlos Alarcón.
Para prueba un botón. La Constitución vigente no reconoce la condición de «gobernadores» que los prefectos quieren alcanzar ni cualidades legislativas que los opositores desean lograr. Salvo que se esté apostando al separatismo, del que han sido denunciados de conquistar el presidente cívico cruceño, Branko Marinkovic, y el embajador estadounidense, Philiph Golberg, las posibilidades de ejecución de las medidas autonómicas son mínimas.
Y nuevamente en el tema de los ingresos. Datos oficiales, no negados por la oposición, revelan que los departamentos han recibido en dos años del actual gobierno cerca de 32.000 millones de bolivianos, lo cual implica un aumento más que significativo frente a los 30.000 millones de bolivianos que recibieron en once años (1994-2005). La diferencia salta a la vista.
Por lo demás, el argumento de que el gobierno ha recortado ingresos a los departamentos no tiene asidero, ya que el decreto supremo que modifica la distribución de ingresos del IDH lo que hace, según ha explicado el ministro de Hacienda, Luís Arce, es incrementar el porcentaje del presupuesto de los municipios, y además porque este año los departamentos accederán a 12.719 millones de bolivianos, el doble de lo recibido hace dos años.
Lo real
La movida de la ultraderecha, entonces, apunta a objetivos políticos y económicos que, de presentarse como tal, difícilmente podrían tener la posibilidad de movilizar a la población.
En lo político, como se ha manifestado entre agosto de 2006 y diciembre de 2007, las clases dominantes en Bolivia apuntan a detener y luego revertir el proceso de cambio estructural con el que Evo Morales, el primer presidente indígena de este país, llegó a ganar las elecciones de diciembre de 2005 con un 54 por ciento, un porcentaje nunca visto en la historia democrática boliviana.
Para ser menos abstractos. el objetivo político es impedir la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado aprobada en Oruro que, tras un necesario ajuste, deberá ponerse a consideración del pueblo a través de un referéndum popular que ya cuenta con el marco legal, promulgado en febrero, y que solo está a la espera de la definición de su fecha de realización.
La oposición continúa cuestionando el texto constitucional que el MAS y diez fuerzas aprobaron en diciembre pasado, principalmente por los temas de la autonomía, la tierra y los recursos naturales, además de la reelección.
El gobierno, en franca oposición al centralismo departamental -defendido por las elites-, considera que una descentralización profunda pasa por el reconocimiento, con igualdad jerarquía, de las autonomías departamental, provincial, regional e indígena, además de la municipal que ya existe.
En cuanto al recurso tierra, el texto constitucional aprobado en Oruro parte de la premisa de acabar con el latifundio, del que todavía se benefician pocas familias en el oriente boliviano, y deja en manos de la población decidir, mediante referéndum, si la extensión máxima de la propiedad rural será 5 mil o 10 mil hectáreas.
De acuerdo a datos oficiales de los últimos 10 años, la producción de la soja en Bolivia está en un 60 por ciento controlada por empresarios extranjeros, que le alquilan a los latifundistas, y un 40 por ciento en manos de pequeños productores, lo cual respalda la posición oficial que está decidida a terminar con una cruda realidad: 32 millones de hectáreas están en manos de unas pocas personas, mientras 4 millones de hectáreas están distribuidas entre más de dos millones de campesinos e indígenas.
A diferencia de lo que se piensa, el gobierno ha actuado con moderación en el tema de la tierra. En dos años se han repartido no más de 800 mil hectáreas a campesinos sin tierra y el drama del «surcofundio», que sirve insuficientemente para cosechar algo para la sobrevivencia familiar, acompaña a miles de campesinos que se resignan a un beneficio radical más pronto a condición de consolidar el poder político simbolizado en Morales.
Y la posición frente a los recursos naturales es otro tema de debate. El texto constitucional señala que los recursos naturales no renovables es propiedad de todos los bolivianos y que es administrado por el gobierno central. La posición de la ultraderecha, con la que moviliza a la población, es que esos recursos deben ser administrados y beneficiar a los departamentos en los que se hallan ubicados.
Los límites de la protesta
A pesar de las declaraciones fuertes y la radicalidad que la protesta vaya a registrar los próximos días, el límite de los planes de la ultraderecha se encuentra en el resultado que el oficialismo ha logrado obtener en los departamentos de la «Media Luna», a la se debe sumar Chuquisaca, y la legitimidad conquistada en todo el territorio nacional.
Del 67.43 por ciento de apoyo en todo el país, de un 99.90 por ciento de votos escrutados, el presidente alcanzó una victoria en Pando -controlado por el prefecto opositor Leopoldo Fernández- con un 52.50 por ciento; en Chuquisaca -hace poco asumida por Savina Cuellar-, con un 53.88 por ciento; en Tarija -con Mario Cossio al frente-, obtuvo un virtual «empate técnico»; en Beni – de Ernesto Suárez Sartori- superó la franja del 43.72 por ciento y en Santa Cruz, del radical Rubén Costas, pasó el 40 por ciento.
Los datos adquieren valor y sentido político cuando se considera que el MAS preservó su territorio cautivo del voto cruzado (La Paz, Potosí, Oruro y Cochabamba) y penetró y conquistó provincias y municipios de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija durante años controlados por la derecha.
Pero el respaldo al proceso de cambio, que pone límites a la movilización de la derecha, también se operó en Chuquisaca, donde después de los fatales saldos que dejaron los enfrentamientos por la aprobación en grande de la Constitución se pensó que demandaría años su reconquista. La realidad se mostró lejana de la angustia: El MAS alcanzó el 45 por ciento de la votación para prefecto en ese departamento, en mayo, y el domingo pasado se erigió en ganador.
Pero además, salvo la instrumentalización que se está haciendo de los discapacitados, los planes de la derecha para desestabilizar a Morales se han debilitado y es poco probable que la Central Obrera Boliviana (COB) vaya a radicalizarse contra el gobierno en un momento como los que vienen, según han afirmado dirigentes sociales.
El soberano ha tendido, con paz y democracia, un cerco, interno y externo, sobre la burguesía agroexportadora y las elites dominantes que solo será roto con violencia. Los próximos días serán cruciales.
Y si de cerco se habla, la posición del gobierno en el concierto internacional es inmejorable. La OEA, el Grupo de Río, la Unión Europea y los gobiernos vecinos se han pronunciado por el diálogo y por el respeto a la voluntad del soberano expresada en las urnas.