Bolivia: un camino difícil

9 meses después del triunfo de la insurrección aymara y boliviana en el centro de América Latina, que terminó con la caída y fuga del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, la confrontación social continúa abierta. Movilizaciones aymaras contundentes aunque locales en el poblado de Ayo Ayo y en algunas provincias que limitan con el Lago Titicaca, amplios conglomerados de población urbana discutiendo qué hacer con los hidrocarburos en cientos de asambleas a todo lo ancho de Bolivia, entre otras cosas, nos hablan de una inquietud social latente y sorda, que no se manifiesta con la contundencia con que lo hizo anteriormente, pero que tampoco se disipa.

Por su parte, el 18 de julio pasado Bolivia volvió a ser noticia en los medios internacionales, pues ese domingo se llevó a cabo el Referéndum que debía decidir, a decir del gobierno, sobre «la política hidrocarburífera». Los resultados no fueron del todo alentadores para el movimiento social: de la gente que acudió a las urnas, la mayoría (el 70%) votó por el SI, que era la opción promovida por el gobierno. Sin embargo, los resultados tampoco son reconfortantes para el presidente Mesa si más de la mitad del padrón, o bien no acudió a votar o anuló su voto. Así, pese a los esfuerzos mediáticos por construir una alterada realidad estadística insistiendo en una drástica victoria del gobierno en la contienda, ellos mismos la saben dudosa, frágil y altamente volátil. ¿Qué harán ahora los casi 3 millones de bolivianos y bolivianas que, convocados obligatoriamente a votar en el apodado «tramparéndum», no lo hicieron?

Una posible interpretación de estos acontecimientos, puede proceder simplemente asentando dos fechas y diagramando, por expresarlo de algún modo, la dirección de la trayectoria descrita entre ellas: el 17 de octubre de 2003, día del triunfo popular de la Insurrección de las ciudades de El Alto y de la Paz y el 18 de julio de 2004, día del referéndum sobre el destino del gas y el petróleo de Bolivia; en el cual, los movimientos no tuvieron suficiente fuerza como para incorporar las auténticas preguntas pendientes sobre la re-nacionalización de los recursos públicos hoy en manos de transnacionales. Bajo esta lectura se podría sostener que hemos entrado ya a un momento de contundente recuperación de la iniciativa por parte de la derecha y del gobierno y de debilitamiento y reflujo de la fuerza popular. En las siguientes páginas intentaré mostrar que esto no es exacto, sobre todo si leemos los sucesos recientes de la historia boliviana como parte de lo que puede llamarse una estrategia de «cerco y construcción» que es lo que a mi entender, vienen desplegando dificultosa y esforzadamente los movimientos sociales en esa región del continente.

El uso del tiempo: ellos y nosotros

La insurrección indígena y urbana de octubre de 2003, aceptó al entonces vicepresidente Carlos Mesa, un presentador de noticias, culto y sin antecedentes de corrupción, para que se hiciera cargo de la Presidencia una vez desalojado Sánchez de Lozada, como una manera de dar salida a lo que amenazaba convertirse en una aun más cruenta guerra civil.

En la enorme concentración de comunarios aymaras en el centro de La Paz el lunes 20 de octubre, organizada para festejar y exhibir su fuerza antes de volver a sus ayllus y markas, el presidente Mesa se presentó sin haber sido invitado. La gente lo aceptó, le permitieron subir a la tribuna y le plantearon, entre otras muchas, la demanda popular que había unificado al movimiento: «¡El gas es nuestro! ¡Queremos que se vayan las transnacionales!». Carlos Mesa se comprometió en ese momento, como había hecho desde el día que tomó posesión, a cumplir con el mandato del pueblo: organizaría un referéndum para que, democráticamente, se decidiera sobre la propiedad, el control y el usufructo de los hidrocarburos bolivianos, que anteriores gobiernos neoliberales habían entregado a empresas transnacionales a cambio de un impuesto del 12% a los volúmenes totales extraídos. Los aymaras le dieron 3 meses de «tregua» para que hiciera su trabajo.

En aquellos meses, la gente volvió a sus comunidades y en algunas regiones comenzaron las tomas de tierra: en Collana en La Paz, en Sacaba en Cochabamba, en el oriente del país en la rica región de Santa Cruz. La población, envalentonada tras su despliegue de fuerza en octubre, tomaba en sus manos la solución de una parte de sus problemas inmediatos, hasta ese momento sumergidos en los laberintos burocráticos de unas oficinas públicas que, como en otros países de América, ya no se ocupan de una Reforma Agraria derogada, sino que vehiculizan la concentración de la propiedad rural a través del nuevo mercado de tierras impuesto por ley desde 1995.

Desde marzo estas acciones de ocupación y «toma» de los recursos disponibles se extendieron también a las minas: la mina Caracoles, por ejemplo, productora de estaño, anteriormente de propiedad estatal y privatizada durante los años 90´s fue ocupada por miles de «mineros cooperativistas» que son antiguos mineros asalariados, despedidos durante la llamada «reestructuración productiva» de la mina ya privatizada, y que se asentaron en los alrededores de las instalaciones para trabajar por su cuenta, «aprovechando» tanto algunos socavones no explotados por la empresa como parte de los llamados «relaves» -los cerros de mineral ya tratado que se acumulan en los alrededores de las bocaminas principales. Durante esta ocupación, además de con la empresa, se produjo también inicialmente una confrontación con los mineros asalariados que trabajan en ella; evidenciando cómo en épocas liberales las contradicciones entre los subalternos para acceder a ese «bien» cada vez más escaso que se llama «trabajo» contribuyen a la permanencia del orden imperante. El avance y consolidación de lo conseguido por los cooperativistas hasta el día de hoy sigue en disputa. En todo caso, la creencia colectiva en las prerrogativas de la propiedad privada de la riqueza que fue pública, aquí también está debilitada.

En el caso de los mineros despedidos y actualmente ocupados en diversas tareas fragmentarias para sobrevivir, otra acción con una fuerte carga emotiva cimbró a la sociedad en abril pasado: Eustaquio Picachuri, un minero sin trabajo que reclamaba un aumento a su jubilación, se dinamitó a si mismo en el Parlamento después de meses y meses de trámites legales para su demanda. Esta drástica acción de desesperación que exigía además una modificación en la Ley de Pensiones exhibe, también, aunque en sus aspectos negativos, la voluntad popular de que las cosas no continúen como están.

Asimismo, a lo largo del año en las comunidades aymaras del Occidente del país se han llevado a cabo múltiples acciones de afirmación de autonomía a nivel local: desde la más visible lucha del pueblo de Ayo Ayo, a 70 km. de la ciudad de La Paz en plena carretera principal, donde tras ejercer la justicia comunitaria en la modalidad de «linchamiento» en contra de un alcalde corrupto, los comunarios nombraron autoridades de manera tradicional y literalmente «cerraron» el pueblo amenazando con matar a cualquier funcionario gubernamenteal que ahí se presentara. Hasta las diversas expresiones de modificación de los contenidos en la enseñanza primaria, de re-vitalización de la autoridad comunal local que, entre otras cosas nombra una «policía comunal o sindical» que ocupa las funciones e incluso las paupérrimas instalaciones de la Policía nacional expulsada de vastas regiones del Altiplano desde antes de octubre pasado.

Finalmente, también es importante considerar el entramado de vínculos de base, la red de confianzas y compromisos que se han ido consolidando, sobre todo, entre vecinos de El Alto y comunarios de algunas provincias del Altiplano con la población urbana y semi-rural de los Valles centrales en Cochabamba. Una de las tareas que han impulsado los miembros más destacados de la Coordinadora de Defensa del Gas a partir de enero, entre ellos Oscar Olivera, ha sido la organización de varias reuniones llamadas «Encuentros de movimientos sociales», a las que acuden tanto dirigentes nacionales de organizaciones constituidas como por ejemplo Jaime Solares, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros representantes de entidades formales, pero donde principalmente se conocen y toman acuerdos dirigentes vecinales de las distintas zonas de la ciudad de El Alto, comunarios con mandato de ayllus del departamento de La Paz, representantes de campesinos regantes de Cochabamba, dirigentes sociales urbanos vecinales y gremiales de Cochabamba, representantes de sectores sociales en conflicto de Santa Cruz como los estudiantes normalistas y los colonizadores de la zona Norte del departamento, junto a todo tipo de organizaciones sociales como Colegios Profesionales, organizaciones de estudiantes, maestros, etc.

Es decir, en estos «Encuentros» se va configurando un entramado organizativo que tiene dimensiones supra-locales y que, por lo general, funciona con las mismas pautas organizativas que los niveles locales: se discute la coyuntura y se analizan las acciones gubernamentales, se delibera en torno a los fines inmediatos y mediatos a perseguir, se toman acuerdos sobre objetivos explícitos a difundir públicamente y, hasta ahora, se coordinan laxamente pasos y luchas comunes; es decir, no ha llegado un momento en el que se decida colectivamente llevar a cabo acciones conjuntas contundentes y simultáneas, pero si se ha conseguido producir acuerdos de fondo sobre los objetivos que la sociedad movilizada se propone conseguir. Cabe destacar que estas reuniones no ocurren a partir de la convocatoria de las antiguas estructuras de agregación de la sociedad boliviana -como la COB, u otras estructuras sindicales-, ni constituyen mecanismos o estructuras formales de organización social; más bien, los «Encuentros» se levantan sobre el conocimiento mutuo y la confianza recíproca entre representantes y bases sociales de distintos sectores y persiguen la toma de acuerdos mínimos. En ellos se nombran, por lo general, voceros y comisiones autorizados para explicar las decisiones comunes y cada sector articulado con los demás sobre la base de su propia modalidad organizativa y disposición a hacerlo, mantiene la potestad de emprender las acciones que decida convenientes. La estructuración de un organismo de articulación colectiva, a un nivel más amplio que el local o regional, está pues en marcha, con dificultades pero con fuerza.

La mayor parte de las veces, los antiguos organismos sindicales «formales» como la COB, si bien participan en este tipo de reuniones, no entienden su auténtico contenido de conformación de «común-unidad» en marcha para el cual se construyen de manera flexible instancias de aglutinación. Estos viejos dirigentes sindicales, acostumbrados al funcionamiento organizativo asentado en aparatos con capacidad de control de la base, no entienden que estos nuevos conglomerados humanos asociados se movilizarán cuando así lo decidan; hasta ahora, en particular Jaime Solares, se ha dedicado a inventar fechas de movilización por su propia cuenta y riesgo que no han tenido ni la convocatoria, ni la fuerza ni la contundencia que si han conseguido, en Bolivia, en otras oportunidades, las acciones auto-convocadas por la propia multitud deliberante, a partir de las organizaciones de nuevo cuño, básicamente territoriales, que se articulan entre sí en determinados momentos.

Justamente de esta multiplicidad de reuniones ha surgido y se ha extendido la consigna de la «Re-nacionalización de los hidrocarburos»: en las discusiones acerca de qué hacer para «recuperar la riqueza social hoy arrebatada» que es el horizonte general que asigna sentido a tales Encuentros, se desdoblaron dos posiciones en torno al problema particular de los hidrocarburos: o bien se pueden modificar los contratos que el Estado boliviano ha contraído con empresas transnacionales para intentar disminuir el nivel de saqueo que éstas están llevando a cabo, o bien se puede impulsar la re-nacionalización de los hidrocarburos y del patrimonio petrolero de Bolivia en general. La primera opción, que podemos calificar como la posición de la «reforma», utilizando a falta de otros unos esquemas de clasificación un tanto inadecuados, fue asumida por el MAS -Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales, quien fue el segundo candidato más votado en las elecciones de 2002. De ahí la ambigua posición que este personaje y su partido tomaron durante los meses previos al referéndum: coqueteo con el gobierno de Mesa y convocatoria pública a participar en el referéndum votando por el SI en las tres primeras preguntas y por el NO en las dos últimas.

Ahora bien, la otra posibilidad, la de la re-nacionalización de los hidrocarburos como primer paso de lo que se denomina «larga marcha por la reapropiación de la riqueza social arrebatada», es la que viene expandiéndose en Bolivia y es hacia su bloqueo político, que se dirigió el referéndum de Carlos Mesa. En él, como veremos en detalle más adelante, lo que se buscaba era, en primer lugar, sujetar las acciones deliberativas autónomas de la sociedad no nada más a los tiempos del estado, sino a los mecanismos de control y gestión de sus funcionarios e instituciones. En segundo lugar, la formulación de las preguntas presentó la siguiente disyuntiva: cambio moderado de la relación entre el estado boliviano y las transnacionales -si se votaba por el SI- o conservación del status quo -si se hacía por el NO, sobre todo en las tres primeras preguntas.

La respuesta de la Coordinadora del Gas frente al escenario abierto por el referéndum de Carlos Mesa: rechazo al referéndum con tales contenidos, impulsado de todas las maneras posibles, desde la quema de ánforas hasta la anulación del voto, cada sector y en cada región de acuerdo a sus prácticas y posibilidades, justamente se deriva de estos esfuerzos de articulación supra-local que hoy son, según mi entender, la primera tarea de los movimientos sociales.

Después del Referéndum… ¿hacia dónde?

Una mirada superficial de lo que sucedió en el referéndum puede sugerir que la Coordinadora del Gas sencillamente contribuyó a la confusión al decidir solamente el rechazo a tal consulta «por su carácter tramposo», pero sin encaminar de manera nítida las acciones en su contra. Otra lectura es que la Coordinadora está trabajando mediante el amplio proceso de producción de consensos deliberativos arriba mencionado, en la gestación de un nuevo acuerdo general, de unos fines autónomos de la multitud que, esos sí, tendrán que ir acompañados de las acciones concretas a emprender coordinadamente y de los compromisos recíprocos hacia su realización.

La Coordinadora del Gas no pretende que la unidad popular se producirá sólo a partir de la confrontación con el gobierno y acelerando la competencia entre la radicalidad -principalmente discursiva- de las posiciones de los distintos grupos que la conforman -como parece considerar la vieja izquierda y sus representantes. La Coordinadora más bien, supone que al gestarse una unidad popular cada vez más sólida, más capaz de dotarse de objetivos autónomos, se acrecienta la posibilidad de conseguirlos y ahí, y cuando se requiera, no se teme a la confrontación: la unidad social se produce entonces a partir de articulaciones móviles y sintonías múltiples, y los logros prácticos se consiguen a partir de ese consenso deliberativo, en un conjunto de acciones que adquieren ritmos distintos a los del poder. En este sentido, el conservar la autonomía en el uso del tiempo y no ceñirse ni sujetarse a los ritmos estatales -como fue la imposición del referéndum en julio, y como serán las elecciones municipales de diciembre próximo-, es parte de la propia vitalidad de la Coordinadora.

En este sentido, la consigna de la «re-nacionalización» del gas y los hidrocarburos como parte del camino por la «reapropiación de la riqueza social hoy en manos de las transnacionales y el capital», ha llegado a tener un 70-80% de aprobación entre la población boliviana según encuestas realizadas por medios de comunicación y empresas independientes. A fines de abril pasado, cuando esta consigna no era sino eso, una consigna que comenzaba a debatirse y a expandirse, fue cuando Carlos Mesa finalmente hizo conocer las 5 famosas preguntas del «Tramparéndum». En ellas no se pone a discusión, no se consulta sobre el punto que es el realmente sentido y buscado por amplios sectores populares de Bolivia: la restitución del patrimonio público hoy privatizado. Y un hecho contundente es que ni la Coordinadora, ni la COB, ni el movimiento indígena organizado en la CSUTCB, tuvieron suficiente fuerza en abril-mayo, como para imponer en el referéndum las preguntas pertinentes, y este es un dato importante para entender también, los resultados actuales. En aquellos momentos, la lógica estatal constitutiva de la organización del referéndum dificultó incluso el cómo plantearse los pasos a seguir: si se aceptaba la convocatoria a referéndum como grieta democratizadora en el monopolio estatal de la decisión sobre lo público, como algo en cierta medida buscado por el propio movimiento, no resultaba fácil movilizar a nadie simplemente para que la Corte Electoral incluya la pregunta correcta, sobre todo si la gente sencilla percibe que colectivamente «ya se dijo lo que se busca» a través de la movilización de septiembre-octubre pasado: «El gas es nuestro, carajo!». Lo que hizo entonces la Coordinadora fue analizar y difundir exhaustivamente las preguntas de Carlos Mesa, explicar su significado limitado y convocar de manera variada, cada quien según su costumbre y su fuerza local, a rechazar el referéndum y a continuar explicando en todas las regiones la importancia de la re-nacionalización de los hidrocarburos. De ahí que la mirada superficial sólo perciba fragmentación y dispersión social -que las hay-, donde también está presente un flujo de energía social que pausadamente converge en un acuerdo mucho más de fondo.

Intentando resumir el nudo de la confrontación, considero que lo que hemos presenciado estos meses ha sido, por el lado gubernamental, un esfuerzo por totalizar la situación de desgarramiento social abierta en octubre, dando paso al referéndum aunque vaciándolo de contenido y sujetándolo a los mecanismos estatales, apostando a través de ello a que las múltiples expresiones de diversas posiciones políticas que concurren en la Coordinadora, se enfrentarían entre sí quedando aislada sobre todo, la postura más radical representada por las comunidades aymaras dirigidas por Felipe Quispe, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y por las distintas organizaciones vecinales y gremiales de la ciudad de El Alto. Esto no ha sucedido y más bien, las fuerzas subalternas han logrado consolidar acuerdos que, aunque no sin contradicciones, permiten suponer que los movimientos recuperarán la iniciativa política durante la segunda mitad del año. Quien ha quedado más aislado y en peores condiciones ha sido el MAS de Evo Morales, que propone unas reformas cuyo contenido se confunde con el de las propuestas gubernamentales. Esto es quizá lo que más intranquiliza al presidente Carlos Mesa, quien si bien sabe que puede usar temporalmente los resultados del referéndum, tanto para negociar la modificación de algunos detalles en los contratos petroleros que Bolivia tiene con las transnacionales, como para intentar acallar las exigencias del movimiento social, también entiende que su divorcio con la sociedad llana es cada vez más profundo y, sobre todo, más evidente para una multitud que va consolidando poco a poco sus estructuras autónomas de aglutinación.

En este sentido y hacia el futuro inmediato, los «Encuentros de Movimientos Sociales» auspiciados por la Coordinadora del Gas tienen ante sí un trabajo difícil: necesitan dotar de contenido concreto a la consigna de re-nacionalización… ¿Cómo implementarla? ¿Qué pasos hay que dar para conseguirla? ¿Qué riesgos entraña confrontar a las transnacionales más poderosas del mundo oponiéndoles una suerte de «nacionalismo en un solo país»? ¿Cómo la re-nacionalización puede ser paso hacia la «reapropiación social de la riqueza» de manera más general? Estas cuestiones, siguen abiertas en Bolivia.

El referéndum: radiografía de cómo confundir al movimiento social

En varias ocasiones a lo largo de estas páginas he hecho alusión al referéndum boliviano y sus preguntas. Considero adecuado transcribirlas literalmente, para analizar su carácter más de medida de legitimación para el gobierno que de auténtica auscultación a la población para decidir un camino.

1. ¿Está de acuerdo con abrogar la ley de Hidrocarburos No.1689 promulgada por Sánchez de Lozada?

2. ¿Está usted de acuerdo en la recuperación de los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?

3. ¿Está Ud. de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos/as en las empresas capitalizadas de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?

4. ¿Está Ud. de acuerdo con la política de Carlos Mesa de usar el gas como recurso estratégico para negociar una salida útil y soberana al Océano Pacífico?

5. ¿Está Ud. de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que:

– cubra el consumo de gas de las y los boliviana/os

– fomente la industrialización del gas en territorio nacional

– cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50% del valor del gas y del petróleo en favor del país

– destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos?

Una primera cosa que salta a la vista es que la opción por el SI, sobre todo en las primeras tres preguntas, es un reconocimiento del propio gobierno de la necesidad de modificar las relaciones entre el estado boliviano y las empresas transnacionales en materia de hidrocarburos. La segunda cosa que queda clara es que la disputa real, ahora pensada entre la población boliviana y las corporaciones, es hasta dónde se puede recuperar la riqueza social hoy monopolizada por las segundas; esto es, cuánto del patrimonio nacional, de lo que no es otra cosa que trabajo acumulado de generaciones anteriores de bolivianos y bolivianas, hoy enajenado, puede volver a ser puesto bajo propiedad y dominio público. Y por supuesto, otra pregunta de fondo que está abierta es aquella acerca del COMO se podría implementar tal recuperación de lo saqueado para habilitar lo que en Bolivia se ha discutido mucho bajo el término de «control social», que es la ambición de que, además, de que la población recupere una empresa, ésta no quede en manos de una nueva burocracia administrativa técnica o política que a la larga, se enganchará en la defensa y conservación de sí misma[1].

En relación a la pregunta 1, el problema no es tanto la derogación de la Ley de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada, contra la cual el pueblo boliviano reaccionó en Octubre pasado; sino el hecho de que ella no es más que una parte de la nueva regulación neoliberal establecida a partir de la «capitalización» -privatización- de las empresas estratégicas del estado boliviano. Por lo cual, la transformación de la situación exige de manera inmediata un cambio general del esquema productivo y de propiedad neoliberal en el país, que la pregunta tal como está formulada, por supuesto, invisibiliza y bloquea.

Las preguntas 2 y 3 por su parte, de manera muy ambigua, señalan la forma que el gobierno de Mesa quiere imprimirle a este cambio necesario: la menor posible. La pregunta 2 respecto a la propiedad boliviana de los hidrocarburos «en boca de pozo» es la más engañosa, pues el problema no es tal propiedad «imaginaria» sino el ejercicio de las prerrogativas y derechos que surgirían de ella: si no se recupera el control de los pozos de extracción, de las plantas y centros de distribución y de las empresas de refinación, es decir, si no se recupera el patrimonio público real -v.gr., la empresa que fue entregada a las compañías petroleras-, no hay manera si quiera de saber cuánto de dichos «hidrocarburos» que supuestamente pertenecen a los bolivianos «en boca de pozo» está siendo extraído, trasladado y exportado. El gobierno de Mesa, en este sentido, quiere llevar la modificaciones en la relación Estado-transnacionales, meramente por el camino del aumento del impuesto cobrado a la extracción y usufructo de unos recursos gasíferos y petroleros sobre cuyo destino, una vez más, el pueblo boliviano queda excluido.

Finalmente la pregunta 3, que habla de la «refundación de YPFB», consigna que también fue discutida ampliamente en las diversas reuniones y encuentros de distintos sectores sociales que hemos ya mencionado, por la manera en que está formulada, significa literalmente refrendar la aceptación de la manera cómo se realizó la privatización en Bolivia del 95 en adelante, bajo un esquema de convertir las empresas públicas en sociedades anónimas y, supuestamente -porque esto también fue una «operación imaginaria»- distribuir el 50% de la propiedad de esas empresas en acciones ahora pertenecientes individualmente a cada boliviano/a.

En este sentido, lo que queda claro es que en Bolivia, la pelea por la «reapropiación social de los recursos públicos hoy expropiados» sigue abierta. En el referéndum, tanto en el voto por el SI, como incluso en la no participación en él por no expresarse en las preguntas lo que en realidad se busca socialmente, se ha hecho evidente la exigencia social inaplazable de modificar las condiciones del saqueo neoliberal. ¿Hasta dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo? Son cuestiones que están abiertas y se irán definiendo a partir de las luchas sociales bolivianas de los próximos meses.

Ahora bien, si es válida la interpretación de que en su fluir, los movimientos sociales, comunales y populares en Bolivia, van diseñando una estrategia política de «cerco y construcción»: de cerco político, geográfico -en ocasiones- y moral a los planes del capital transnacional y del Estado boliviano y de construcción de capacidad social de intervención en el asunto público, que toma muy diversas formas, desde la generalizada acción deliberativa que hemos descrito, hasta la producción de propuestas autónomas de regulación social y la lucha por implementarlas como norma general. Insisto, si es válida esta interpretación, lo que hemos presenciado a lo largo de todos estos meses ha sido el despliegue de esa construcción de capacidad social de intervenir en el asunto público, trabajada desde distintos puntos y actividades a lo largo de todo Bolivia, después del cerco político y geográfico más notable, tendido desde la sociedad hacia el Estado en octubre pasado. ¿Será capaz el movimiento social comunal y popular boliviano de articularse para emprender un nuevo cerco, hacia la recuperación colectiva de la riqueza material saqueada? Esta pregunta, todavía no tiene respuesta pero lo que sí parece haber, son las condiciones subjetivas y, tendencialmente, el entramado organizativo, capaz de contestarla afirmativamente. En Bolivia, pues, bajo este análisis, se continúan condensando muchas preguntas de eso que algunas/os aún nos empeñamos en llamar Revolución Social.

México D.F., 25 de julio de 2004