Como ya describimos en números anteriores de La Verdad Obrera, en el marco de la crisis internacional y de un muy probable menor crecimiento de la economía argentina, los superávits «gemelos» fiscal y comercial, pilares del «modelo» K, están seriamente cuestionados. Las provincias son el eslabón débil dentro del esquema fiscal argentino. De hecho tomadas […]
Como ya describimos en números anteriores de La Verdad Obrera, en el marco de la crisis internacional y de un muy probable menor crecimiento de la economía argentina, los superávits «gemelos» fiscal y comercial, pilares del «modelo» K, están seriamente cuestionados. Las provincias son el eslabón débil dentro del esquema fiscal argentino. De hecho tomadas de conjunto, su último resultado fiscal correspondiente al año 2011, cerró con un déficit de más de 10 mil millones de pesos. La dependencia de los gobiernos provinciales del envío de fondos nacionales, en tiempos de «sintonía fina» -el eufemismo con el que Cristina Kirchner bautizó al ajuste, torna crítica la situación de varias provincias.
El recorte al que los trabajadores pusieron un freno en Santa Cruz; los despidos en Rio Negro, diagramados por el fallecido Soria, en el marco del pase a disponibilidad de 20 mil estatales; el atraso y pago desdoblado de salarios de los municipales y el intento de despidos de 195 trabajadores de la empresa estatal de recolección de residuos Crese, por parte de Mestre en Córdoba, son una muestra de los planes de los gobiernos nacionales y provinciales, en tiempos de crisis. En esta última provincia, los trabajadores que realizan la limpieza en las dependencias estatales están de paro por salarios adeudados de diciembre y enero; y en los hospitales el conflicto con médicos, enfermeras y empleados estatales, ya va por el sexto mes. En la provincia de Santa Fe, apenas aprobado el presupuesto 2012, el gobierno y la oposición tomaron una medida de emergencia, tomando «prestado» fondos de este presupuesto, para pagar sueldos y aguinaldos que no llegaron a cubrirse con el presupuesto 2011. Las provincias acumulan deudas y rojos en sus Cajas de Jubilaciones, por falta de envío de los fondos nacionales para cubrir los déficits.
El «bonapartismo fiscal», permitido por el control de la mayoría de la recaudación en manos del gobierno nacional, pasó de ser el instrumento de presión para lograr la adhesión política de los gobiernos provinciales, a convertirse en herramienta de «tercerización del ajuste». Para evitar el déficit de las cuentas fiscales nacionales y sostener la «caja» propia, el gobierno no envía los fondos o reprograma las deudas de las provincias como hizo a fines del año pasado, con la condición de que, monitoreados por funcionarios del gobierno nacional, «revisen» sus gastos, es decir, ajusten.
Con las Cajas de Jubilaciones que todavía están en manos de las provincias (13 de 24) y con regímenes de jubilación y salarios por arriba de los jubilados nacionales, sucede lo mismo: el gobierno «nacional y popular» exige que «armonicen» sus cajas de acuerdo a las pautas de la nación, es decir que aumenten la edad jubilatoria y cambien la ecuación para los cálculos de los haberes jubilatorios. Lisa y llanamente, peores condiciones y haberes más bajos para los jubilados. El plan de Santa Cruz, que pretendió aumentar en 10 años la edad jubilatoria, obedecía a estos requerimientos del gobierno nacional, por eso, son verosímiles las versiones que señalan que el plan fue elaborado por funcionarios de Cristina, con el aval de La Cámpora y que sólo después de la represión se dieron vuelta y dejaron «sólo» al gobernador Peralta.
Por eso, el gobierno de Cristina es directamente responsable de los ajustes que implementan los gobernadores, aunque pretenda desligarse de la responsabilidad política.
Pero hay otro acuerdo más profundo que tienen los gobiernos provinciales, sean kirchneristas «puros», recién convertidos, peronistas u opositores, con el gobierno nacional. Y es que en su gran mayoría sostienen subsidios a los empresarios, planes de «promoción industrial» que significan no cobro de impuestos y otras «facilidades» a los capitalistas. Ante el deterioro de las finanzas del Estado la única respuesta que tienen es ir contra el salario, las condiciones de trabajo de los estatales y los jubilados. En esta orientación no tienen nada que envidiarle a los planes aplicados en la tan (discursivamente) denostada década del 90 y que hoy se llevan adelante en Europa.