Es probable que el equipo de fútbol de la diplomacia brasileña en La Paz no tenga mucho problema en dejarse ganar incluso 20-2 por el equipo presidencial. La clave es meterle goles energéticos a Evo. Lula no permitiría a sus diplomáticos que se dejen meter un solo gol en las negociaciones sobre gas y […]
Es probable que el equipo de fútbol de la diplomacia brasileña en La Paz no tenga mucho problema en dejarse ganar incluso 20-2 por el equipo presidencial. La clave es meterle goles energéticos a Evo. Lula no permitiría a sus diplomáticos que se dejen meter un solo gol en las negociaciones sobre gas y políticas energéticas. En esta materia parece ser que los brasileños juegan muy bien en la altura.
Y el siguiente gol de Brasil en este último asunto viene ya cantado y de la voz de su embajador en el Illimani. Según la agencia oficial de noticias, ABI, Federico Cezar de Araujo, el titular de la Embajada brasileña en La Paz, «luego de destacar el extraordinario momento que vive la relación bilateral y el apoyo del gobierno del presidente Inacio Lula da Silva al proyecto de industrialización de los hidrocarburos bolivianos, el representante de Itamaratí garantizó que incluso «después del (año) 2019, con la extensión del contrato, se puede agregar valor al gas boliviano»».
Añade que están a punto de llegar a acuerdos para pagar a Bolivia por los licuables que desde 1999 van gratuitamente al Brasil, aunque aclara que sólo pagaran por los que fluyen desde 2007, pero un precio ínfimo: 100 millones de dólares anuales por lo que, a precios internacionales, vale más de 350 millones de dólares.
¿Quien, ingenuamente, le pide a Lula que apoye la industrialización del gas en Bolivia? ¿Cuando ese presidente apoyó algo así?
Recordemos que Bolivia no tiene reservas de gas certificadas en cantidad suficiente ni para garantizar su propio consumo interno en los próximos veinte años si descontamos los actuales compromisos de exportación suscritos. Tampoco se hicieron gasoductos internos ni se incrementó significativamente el número de conexiones domiciliarias de gas y vehículos a GNV, porque, de hacerlo, habría ya racionamiento interno. Sobre industrialización simplemente hay nada.
El sonoro decreto de marzo de 2006, No. 28264, que declaró «prioridad nacional» la construcción del Gasoducto al Altiplano (GABO) quedó también en nada. El gobierno avanzó sólo hasta el nivel de «prefactibilidad» y lo abandonó. Tenía por objetivo construir un gasoducto que lleve gas desde el Chaco boliviano (Megacampo Margarita) a las vastas zonas mineras de Potosí, al Salar de Uyuni (industrialización del litio y otros recursos evaporíticos), al de Coipasa, pasando por el altiplano y llegando hasta las extensas zonas pobladas cercanas al Perú, garantizando la provisión del energético a los sectores agrícolas e industriales de las regiones más pobladas de Bolivia. Hubiese permitido también ahorros significativos al sustituir el consumo de diesel venezolano, altamente contaminante, y gasolinas y GLP subsidiados.
Lo cierto es que el crecimiento del consumo interno de gas y su industrialización dentro de nuestras fronteras está reñido -es excluyente en el fondo y en la forma- con la política exportadora del energético como materia prima, que tiene como operadores e interesados directos a las empresas petroleras transnacionales llegadas de la mano de la «capitalización» de YPFB. Con la primera ganan los bolivianos. Con la segunda sólo ganan Brasil, Petrobras y el resto de las transnacionales. Los bolivianos nos reducimos a contentarnos con cobrar «regalías», algo así como limosnas.
El actual ministro de Hidrocarburos, Oscar Coca, ha resaltado inequívocamente el rumbo elegido por el MAS, que es el mismo de sus antecesores («exportaremos gas donde sea que hayan mercados de exportación»), para lo cual, con financiamiento del BID, el Banco Mundial y de la CAF (entidades siempre listas para financiar el saqueo de nuestros países), está decidido a tender un ducto de exportación a Uruguay y Paraguay, alentado por los aplausos entusiastas del ex ministro del sector, Álvaro Ríos Roca (gobierno de Carlos Mesa Gisbert).
Así, al firmase los contratos petroleros de octubre de 2006, el gobierno decidió el aplazamiento indefinido del GABO, el fomento del consumo interno de gas y la industrialización. En suma, aplazó el desarrollo nacional. Decidió, en fin, el abandono de la senda nacionalizadora, que se limitó a un transitorio incremento neto de la renta petrolera a favor del Estado boliviano (82-18%), para volver el 2007 al 50-50% de la Ley de Hidrocarburos promulgada el año 2005, porcentaje disminuido luego por los «Costos Recuperables» del Anexo D de los nuevos contratos petroleros.
Por eso, los hábiles jugadores de la diplomacia brasileña pueden hacer creer a nuestros gobernantes que incrementando las exportaciones de gas a Brasil y ampliándolas indefinidamente más allá de 2019, se hará realidad la industrialización vía un «polo energético» en la frontera. Si hubiera un mínimo de dignidad nacional y de independencia del actual gobierno respecto del de Lula, lo primero que habría que exigir es que éste cumpla los compromisos adquiridos la década pasada (24 termoeléctricas, etc.)
¿Será por eso que los entusiastas que apoyaron antes el proyecto Pacific LNG militan ahora -«a cambio de nada»- en las filas del MAS? ¿Tiene que ver esto con compromisos electorales de Lula a Evo?
Seguimos preguntando: ¿Porque no son estos los temas centrales de un debate entre los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia?