El gobierno brasileño y Petrobras aceptaron el decreto de nacionalización del gas y el petróleo e iniciaron una ronda de conversaciones para definir los nuevos contratos de operación. Petrobras, auqe anunció su intención de demandar una indemnización, no recibirá nada por los campos petroleros, porque su contrato es ilegal, al no haber sido refrendado por […]
El gobierno brasileño y Petrobras aceptaron el decreto de nacionalización del gas y el petróleo e iniciaron una ronda de conversaciones para definir los nuevos contratos de operación. Petrobras, auqe anunció su intención de demandar una indemnización, no recibirá nada por los campos petroleros, porque su contrato es ilegal, al no haber sido refrendado por el Congreso. El gobierno estudia indemnizar a la petrolera con gas por la nacionalización de las refinerías.
«El Ministro de Minas y Energía de Brasil y el presidente de Petrobras reiteran su absoluto respeto a las decisiones soberanas del Gobierno y el pueblo boliviano, manifestadas en el Decreto 28701 y expresan su disposición a implementarlo de acuerdo a la normativa aplicable», dice un comunicado conjunto emitido al término de una reunión entre la comisión brasileña que llegó a Bolivia presidida por el el ministro de Minas y Energía de Brasil, Silas Rondeau, y el presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, y la delegación boliviana integrada por el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, el presidente de YPFB, Jorge Alvarado y el superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sáinz.
Según un informe, las dos delegaciones acordaron realizar reuniones a nivel técnico para tratar las condiciones de operación de los negocios durante la fase de transición, y también definir las condiciones y contratos necesarios para la producción del gas y su comercialización, el proceso de refinación, incluidos los mecanismos y formas de compensación negociada y las condiciones para la firma de los contratos de producción.
«Con ese objetivo se ha creado una comisión de alto nivel, integrada por ambos ministros y los presidente de YPFB y Petrobras», agrega el comunicado conjunto.
El precio del gas
Después de la nacionlización, el gobierno anunció su intención de elevar el precio del gas boliviano que se exporta a Brasil hasta alcanzar los parámetros regionales, anuncio que motivó la preocupación brasileña cuyo mercado depende en un 50 por ciento del energético boliviano.
En la reunión, las dos delegaciones acordaron analizar este tema dentro del marco de lo «racional y equitativo», en los términos de la declaración de Puerto de Iguazú, bajo los mecanismos establecidos en el contrato de compra y venta de gas natural.
«Los métodos de trabajo establecidos en la reunión reflejan el interés en profundizar el diálogo bilateral», apunta el documento.
«Se hoy cobramos US$ 3,80, no significa que vamos subir o precio mañana a US$ 5 o US$ 7», dijo Soliz.
Quien debe tener miedo es Petrobras
Conocido el decreto de nacionalización, la mayoría de los analistas y periodistas ligados a los intereses de las petroleras advirtieron que la decisión boliviana podría provocar la huida de los inversionistas, entre ellos Petrobras.
Sin embargo, horas antes de la reunión con Petrobras, al ser consultado sobre el tema Soliz afirmó que «Petrobras es la que debe temer, no nosotros».
Soliz dijo que las petroleras pueden no recibir indeminizaciones por la nacionalización.
Casi el mismo tiempo, Pablo Solón, asesor del gobierno, dijo que la Constitución no preve indemnizaciones para contratos ilegales, como los son los contratos petroleros que no fueron ratificados por el Congreso, tal como manda la Constitución.
El presidente de YPFB dijo a la BBC que Bolivia va a pagar por 51 por ciento de las acciones de la nacionalización de las refinerías, pero no por los recursos naturais que são de propriedade dos bolivianos..
Soliz Rada dijo que en el caso de la privatización, el gobierno debe evaluar si las empresa pagaron el precio justo porque al momento de la privatización no se tomó en cuenta los hidrcarburos que habían en esas unidades.
Las refinerías fueron privatizadas durante el gobierno de Hugo Bánzer-Jorge Quiroga, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional.