El pasado 4 de enero, cuando 13 representantes de las cancillerías del Grupo de Lima solicitaron al presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, no asumir su segundo mandato y transferir el poder a la Asamblea Nacional opositora hasta que se convoque a nuevas elecciones presidenciales, México, país miembro, presente en la reunión, declinó […]
El pasado 4 de enero, cuando 13 representantes de las cancillerías del Grupo de Lima solicitaron al presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, no asumir su segundo mandato y transferir el poder a la Asamblea Nacional opositora hasta que se convoque a nuevas elecciones presidenciales, México, país miembro, presente en la reunión, declinó firmar la declaración que desconoció al mandatario, y llamó a no intervenir ni aislar a esa nación sudamericana.
La posición mexicana fue expuesta por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, quien declaró: «Hacemos un llamado a la reflexión dentro del Grupo de Lima sobre las consecuencias que tendrían para los venezolanos aquellas medidas que busquen tener injerencia en asuntos internos que entorpezcan el diálogo entre los actores involucrados y la comunidad internacional». Añadió que la vía más efectiva para alcanzar los objetivos por los que se creó el grupo, «es mediante iniciativas de mediación y diálogo, no de aislamiento». En virtud de ello, dijo que México no considera apropiada «cualquier vía que no dé prioridad al fomento de la paz y el diálogo».
Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y en un claro deslinde con las posiciones adoptadas por el ex canciller mexicano Luis Videgaray –quien lideró y operó al interior del Grupo de Lima como un acérrimo defensor de las posturas de Washington–, Reyes, invocando la doctrina Estrada, aseveró que con apego a los principios rectores de la política exterior establecidos en el artículo 89 de la Constitución, México «continuará promoviendo la cooperación internacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, tanto en Venezuela como en el resto del mundo».
Un día después, López Obrador reiteró esa toma de posición y dijo que México no se inmiscuirá en asuntos internos de otros países «porque no queremos que otros gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos».
El 10 de enero, dos días después de que el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa secundara la posición mexicana al señalar que el Grupo de Lima «no tiene competencias» ni «autoridad» para «calificar» o «tipificar» gobiernos, la representante alterna de México ante la Organización de Estados Americanos, Mariana Olivera, ofreció «ser puente de comunicación con el gobierno de Venezuela». Al participar en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Olivera recordó que ese foro regional «tiene la responsabilidad de contribuir a la solución pacífica y negociada de la situación en Venezuela». Dijo: «Nuestra apuesta es por la diplomacia».
El 23 de enero, tras la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México reiteró que «México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas».
Ese mismo día se conocía el posicionamiento conjunto de México y Uruguay, instando a todas las partes (el gobierno de Maduro, la oposición venezolana y la comunidad internacional) «a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama que enfrenta Venezuela». Para alcanzar ese fin, ambos países propusieron un nuevo proceso de negociación «incluyente y creíble, con pleno respeto al estado de derecho y los derechos humanos».
Un día después, mientras López Obrador reiteraba la postura de México de seguir reconociendo al gobierno constituido de Venezuela y el mantenimiento de las relaciones diplomáticas con apego a la Carta Magna y el principio de no intervención, el canciller Marcelo Ebrard ratificaba que no iba «a acompañar el desconocimiento» al gobierno de Maduro expresado por Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil, entre otros países, y agregaba que «la forma en que lo hicieron tiene pocos precedentes internacionales». Dijo: «Caracas tiene un Poder Ejecutivo constituido y no vamos a proceder a romper relaciones o desconocer ese mandato».
Ese mismo 24 de enero, el representante de México ante la OEA, Jorge Lamónaco, solicitó a la secretaría general del organismo una «aclaración jurídica detallada» sobre el estatus de Juan Guaidó, teniendo en consideración «todos los instrumentos legales pertinentes y las consecuencias para el futuro funcionamiento de nuestra organización conforme a su mandato».
Ese día, en Caracas, Nicolás Maduro aceptó el plan de México y Uruguay para dialogar. Pero el viernes 25 de enero, mientras López Obrador decía en la capital mexicana que su país podía servir como «intermediario» y «conciliador» en la crisis venezolana siempre y cuando «las partes lo soliciten, no a la fuerza», Juan Guaidó rechazaba prestarse a un «falso diálogo».
El 28 de enero, en el marco de una entrevista a Guaidó, las ocho columnas del diario El Universal de México, decían: «Pido a México sumarse contra Nicolás Maduro». En el cuerpo de la entrevista Guaidó descartó «mesas de diálogo» con el chavismo porque «ya hubo y no se llegó a nada», pidió la «solidaridad» de México con Venezuela, dijo que no dio un golpe de Estado porque Maduró «usurpó el poder» e insistió en que se realicen «comicios libres».
Ese día, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la administración Trump, enseñó un mapa que mostraba en rojo a los países que, según él, respaldan a Maduro y en azul, a aquellas naciones que apoyan al presidente de la Asamblea Nacional. México apareció en rojo.
Poco después, mientras trascendía que los gobiernos de México y Uruguay entregarían propuestas concretas de diálogo al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena, aclaró que el gobierno de López Obrador no está «a favor de ningún bando en la crisis». Aseveró: «No estamos en contra de Estados Unidos respecto a Venezuela. No estamos con Maduro. No estamos con Guidó. Pensamos que puede haber una tercera vía para hallar una solución pacífica».
El 30 de enero, al recibir en Palacio Nacional al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, López Obrador volvió a ofrecer la participación de la diplomacia mexicana para favorecer la alternativa de un diálogo sin condiciones de las partes. Manifestó: «Convocamos a todos a buscar una solución pacífica, no violenta; a no caer en la provocación, en la violencia. No hay peor cosa que la guerra y la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Y la diplomacia tiene ese encargo fundamental».
Poco después las cancillerías de Uruguay y México anunciaban la organización de una conferencia internacional en Montevideo, para el 7 de febrero, a la que serían invitados países afines a la postura de neutralidad.
AMLO y la no intervención
En materia de política exterior la brújula mexicana siempre apunta al norte. Así ha sido desde mediados del siglo XIX y la actual coyuntura no escapa a esa premisa: el vínculo bilateral entre Ciudad de México y Caracas pasa por Washington; esos nexos son inevitablemente triangulares. Cualquier decisión de la diplomacia mexicana debe tomar en cuenta al «factor americano». De allí que en nuestros días Andrés Manuel López Obrador esté respondiendo en función de la propia historia de México; de la soberanía mexicana.
Desde la guerra de 1847, la vecindad y la asimetría de poder con Estados Unidos han estado signadas por una conflictiva relación. En los dos siglos anteriores Washington uso varias veces su negativa a reconocer a gobiernos mexicanos en función de sus propios intereses. En 1859, Benito Juárez aceptó firmar el infame Tratado McLane-Ocampo para que Estados Unidos reconociera su gobierno y no al de los conservadores. Porfirio Díaz sólo fue reconocido hasta 1878, después de que pagó el primer abono por reclamaciones presentadas por Washington. Ya en el siglo XX, Victoriano Huerta cayó, entre otros elementos, porque Woodrow Wilson no lo reconoció. Álvaro Obregón debió esperar su reconocimiento hasta 1923, tras la firma de los Acuerdos de Bucarelli.
Washington no usa el arma del no reconocimiento contra un gobierno mexicano, como ahora lo hace con Nicolás Maduro, desde hace un siglo. Pero eso no es garantía de que no la volverá a emplear aduciendo razones similares a las que está usando contra Venezuela. De allí que AMLO se atrinchere en el principio de la no intervención, como lo hizo en los años 60 Adolfo López Mateo, cuando siguiendo los dictados de Washington la OEA sancionó a Cuba en Punta del Este y le impuso una cuarentena: México fue el único país del hemisferio que no rompió relaciones con la isla.
La no intervención es uno de los principios rectores de la política exterior mexicana establecidos en el artículo 89 de la Constitución. Y a él se ciñe López Obrador, cuando de manera reiterada dice que México no se inmiscuirá en los asuntos internos de Venezuela «porque no queremos que otros gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos».
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