Miguel Ángel Ferrer

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Es muy claro que luego de más de 20 años de calumniosos y masivos ataques mediáticos contra López Obrador la derecha no ha logrado aprender que esa táctica no hace mella en el tabasqueño y que, por lo contrario, lo acoraza, lo blinda, lo hace más fuerte.

El alma de la teoría y de la práctica neoliberales es la privatización de los bienes públicos. O, dicho de otro modo, la apropiación por los particulares de los bienes colectivos. La primera medida económica del gobierno ex soviético, a cuyo frente quedó Boris Yeltsin, fue la privatización de las empresas hasta entonces propiedad del Estado: tierras, aguas, minas, bancos, fábricas.

El obradorismo se apresta a dar un nuevo paso en la tarea de desmontar otro de los pilares del neoliberalismo: los llamados órganos autónomos, una forma de gobierno paralelo ideada para desviar recursos de la nación hacia manos privadas.

El conservadurismo mexicano sabe bien que no tiene ninguna posibilidad de recuperar Palacio Nacional en 2024. Y por lo pronto está trabajando ahí donde ve algunas posibilidades de mantener ciertas cuotas de poder político y, por lo tanto, presupuestales: gobiernos estatales y municipalidades ricas e importantes.

En el gobierno de la Cuarta Transformación existe plena conciencia de la necesidad de derogar las leyes que dan sustento al mecanismo de subcontratación de obreros y empleados, el llamado outsourcing.

A seis meses de las elecciones del 6 de junio de 2021 es muy claro que la oposición no está en condiciones de vencer al obradorismo. La mejor prueba de ello es la convocatoria de los dirigentes y voceros del conservadurismo para la conformación de una gran alianza de los tres partidos de la derecha: PAN, PRI y PRD.

En las elecciones del julio de 2018 López Obrador ganó la Presidencia de la República con 30 millones de votos. Pero en esos mismos comicios el PAN obtuvo 9 millones y el PRI 7 millones. Es decir los partidos neoliberales lograron el respaldo de 16 millones de ciudadanos.

Los hechos son sagrados; la interpretación es libre. Así reza el viejo y sabio aforismo periodístico. Y es un hecho evidente, comprobado y comprobable que la aprobación ciudadana al gobierno de López Obrador linda en el 70 por ciento, aunque pueda reconocerse que algunas encuestas dan cifras menores: 60 por ciento. Pero todas refieren siempre varios puntos por arriba del 50 por ciento.

La oposición al gobierno de López Obrador se da y se expresa en varios frentes. El primero y más visible y ruidoso es, obviamente, el mediático. Otro es el representado por los gobernadores, legisladores y alcaldes del viejo régimen. Uno más, desde luego, es el de los desprestigiados partidos políticos de la derecha: PRI, PAN, PRD y MC (Movimiento Ciudadano). Y en esa lista de opositores ligados a la derecha no podían faltar los miembros más conservadores del Poder Judicial.

Los datos duros son más reveladores que las toneladas de noticias falsas que diariamente pretenden abrumar a la ciudadanía para mermar el apoyo de la gente a López Obrador. He aquí algunos de esos datos: el precio del dólar se encuentra por debajo de 21 pesos y la inflación está bajo control y no supera la cota del cuatro por ciento.

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