En el caso de las pensiones para los trabajadores jubilados, la triste realidad en México es ésta. En general el monto de las pensiones es de aproximadamente la mitad del último salario recibido por el jubilado cuando estaba activo.

El Presidente López Obrador acaba de anunciar una reforma al sistema de pensiones de los trabajadores retirados. Y si bien todavía no se han divulgado los detalles del asunto, se puede afirmar que el anuncio implica dos temas clave.

Desde las primeras décadas del siglo veinte empezaron a tomar cuerpo una teoría y una práctica económicas que recibieron el nombre de Estado de Bienestar. Históricamente los primeros y máximos exponentes de estas dos nuevas ideas fueron los llamados países nórdicos.

La designación de Leonardo Lomelí Vanegas como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es, indudablemente, una victoria de las fuerzas conservadoras del país. O, dicho de otro modo, un triunfo de los sectores neoliberales y privatizadores de los bienes públicos.

El fondo dinerario disponible en caja, y ya en uso, para paliar los severos daños materiales producidos por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, ambas poblaciones del sureño estado de Guerrero, es de 60 mil millones de pesos (más o menos 3 mil millones de dólares).

De cara al inminente cambio de rector, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha empezado a moverse en una clara confrontación entre dos proyectos, entre dos ideas, entre dos conceptos de universidad.

Hace ya 30 años, a comienzos de los años 90, el gobierno neoliberal del infausto Ernesto Zedillo dio el primer gran paso para privatizar la educación pública. Reformó la Constitución para establecer que a partir de ese momento sólo en la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) se mantendría la gratuidad.

Durante los 40 años de dominio planetario de la ideología neoliberal no hubo sociedad que no haya sido severamente dañada. Desde luego, México no fue la excepción.

A todos nos conviene recordar que el secuestro, la desaparición forzada y el presumible asesinato de los jóvenes estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron planeados y ejecutados durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto.