Para nadie es desconocido que la derecha mexicana mira en el Poder Judicial a un poderoso aliado político. O, diciéndolo de otro modo, la oligarquía está representada por este poder del Estado en la lucha por frenar el avance de la Cuarta Transformación.

El México del año 2023 es muy distinto al México anterior a ese año. Para empezar, desapareció el fraude electoral organizado desde la cúpula del poder, es decir, desde la presidencia de la república.

Poco a poco las cosas están cambiando en el Instituto Nacional Electoral (INE). Una primera muestra es la decisión de la nueva consejera presidenta de bajarse el sueldo en acatamiento de la Constitución.

Adormecida durante muchos años, parece que la Universidad Nacional empieza a despabilarse. Desde hace varios meses hay señales de que empieza a gestarse una nueva época de movilizaciones estudiantiles. Aquí y allá, la muchachada se está organizando.

Con gran alivio millones y millones de mexicanos han tomado conocimiento del fin de la era más corrupta y simuladora que haya habido en el Instituto Nacional Electoral (antes IFE), desde su fundación.

La conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera reunió a cientos de miles de mexicanos en plan celebratorio. Ese mitin fue un acto político de multitudinario apoyo al Presidente López Obrador. Pero más que político fue un acto ideológico.

La Francia de hoy ofrece un muy buen ejemplo de política económica antipopular. O neoliberal o neoconservadora, es decir, el gobierno contra el pueblo.

Es notoria y notable la diferencia entre un Presidente de la República con ideología conservadora o neoliberal o neoporfirista, y otro de pensamiento liberal, revolucionario o patriótico.

El caso García Luna ha resultado un golpe demoledor para el Partido Acción Nacional (PAN). De sus dirigentes principales, uno (Ricardo Anaya) está auto exiliado en Estados Unidos; el otro (Felipe Calderón) puso pies en polvorosa, y se encuentra en España, bajo la protección del fascismo peninsular.

Es muy claro que la característica esencial de la doctrina económica neoliberal es la privatización de los bienes públicos. Y, como todos sabemos, el gobierno del Presidente López Obrador no ha propuesto ni realizado ninguna privatización de bienes públicos.