La conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera reunió a cientos de miles de mexicanos en plan celebratorio. Ese mitin fue un acto político de multitudinario apoyo al Presidente López Obrador. Pero más que político fue un acto ideológico.

La Francia de hoy ofrece un muy buen ejemplo de política económica antipopular. O neoliberal o neoconservadora, es decir, el gobierno contra el pueblo.

Es notoria y notable la diferencia entre un Presidente de la República con ideología conservadora o neoliberal o neoporfirista, y otro de pensamiento liberal, revolucionario o patriótico.

El caso García Luna ha resultado un golpe demoledor para el Partido Acción Nacional (PAN). De sus dirigentes principales, uno (Ricardo Anaya) está auto exiliado en Estados Unidos; el otro (Felipe Calderón) puso pies en polvorosa, y se encuentra en España, bajo la protección del fascismo peninsular.

Es muy claro que la característica esencial de la doctrina económica neoliberal es la privatización de los bienes públicos. Y, como todos sabemos, el gobierno del Presidente López Obrador no ha propuesto ni realizado ninguna privatización de bienes públicos.

La oligarquía mexicana lo tiene muy claro: el Poder Judicial es su más importante trinchera en el combate contra la Cuarta Transformación de la vida pública que encabeza el Presidente López Obrador.

El asunto del supuesto plagio de una tesis de licenciatura siempre estuvo muy oscuro. Se acusó públicamente a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de haber copiado un trabajo previo de otro autor. Pero hasta el momento todo sigue muy enredado.

Nada tienen de extraños los recientes e inusuales incidentes en el metro de la Ciudad de México.

Durante muchos decenios en México se aplicaron diversas políticas públicas que sin duda pueden ser calificadas como principios o bases de un Estado de Bienestar.

A la iniciativa de ley de reforma electoral, conocida como Plan B, que ya fue aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión, los diputados de Morena y sus aliados (Partido Verde y Partido del Trabajo) subrepticiamente adicionaron el texto original con una disposición que permitiría el traspaso de los sufragios obtenidos por un partido hacia otro de la misma coalición.