El 10 noviembre de 2019, Evo Morales dejó el país después de que el Comandante General de las Fuerzas Armadas le sugiere públicamente renunciar. Jeanine Añez asume la presidencia transitoria el 12 de noviembre. Casi cinco meses después, el 22 de marzo de 2020 se inicia un periodo de cuarentena por la pandemia del Coronavirus en Bolivia que obliga postergar las elecciones generales previstas para el 5 de mayo del mismo año. Marcado por estos tres episodios, el país ha entrado en un tiempo de contracción económica por el descenso en el crecimiento de la producción nacional y la presión inflacionaria, agravado por la incertidumbre generada por la nula representación popular de las autoridades del gobierno. Surge entonces la necesidad de repasar brevemente las políticas económicas aplicadas en los últimos años, su corte y analizar las actuales posturas sobre lo que puede pasar con la economía nacional en un futuro próximo.
Es innegable que Bolivia sufrió un profundo cambio social, económico y político en el periodo 2006-2019, pasó de un modelo de crecimiento neoliberal a uno de economía mixta, donde el Estado jugó un rol protagonista en la economía, controlando los recursos naturales y los ingresos de las principales industrias. El excedente generado por las empresas estratégicas contribuyó a la política de distribución del ingreso nacional y además fue utilizado para la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Estos cambios no fueron de shock, sino por el contrario paulatinos y de difícil aplicación principalmente en los procesos de industrialización que requieren largos plazos de maduración. Este extenso periodo se puede dividir en dos: un sub-periodo de transición caracterizado por una dura disputa política hasta el año (2009) en que se promulga la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Posteriormente a este año, se da un segundo subperiodo de consolidación del modelo económico nacional hasta el año (2019) caracterizado por la hegemonía política del MAS.
Según (Arévalo, 2015) la Bolivia del periodo señalado fue producto de la interacción de múltiples factores, entre ellos el aprovechamiento de la bonanza por los precios de exportación de materias primas y su adecuada utilización; la nacionalización de los recursos y su canalización al gasto público y social; también se privilegió la estabilización macroeconómica como fundamento del pacto social y político para promover un clima adecuado que benefició la producción privada y la distribución más equitativa de la riqueza.
La puesta en práctica de las políticas del modelo de gestión económica se tradujo en cifras porcentuales positivas en el crecimiento económico, las más altas en la historia económica reciente de Bolivia y pudiesen ser, si se utilizan con prudencia las reservas internacionales restantes, la base para contrarrestar las fuerzas contractivas en la presente coyuntura y la del futuro próximo. Es importante anotar que gran parte del crecimiento que experimentó el país se debió a la creciente demanda interna donde el consumo doméstico es la variable principal y representó casi el 70 % de la demanda agregada o absorción interna. Resulta claro que sin el aumento del ingreso nacional y por habitante y su eficiente distribución a través de políticas públicas, el país no hubiera podido reducir la pobreza, la desigualdad ni mejorar la calidad de vida de la población.
El gasto público canalizado a la solución de problemas sociales fue un instrumento muy útil para reducir la desigualdad y mejorar el bienestar. Bolivia experimentó más de una década de crecimiento la cual fue acompaña de una importante reducción de la pobreza, pasando de un nivel de 38% el 2006 al 20% el 2019, de acuerdo con los datos oficiales. En 2012 y en el marco de la política de redistribución del excedente económico, 3.6 millones de personas obtuvieron beneficios directos a través del pago del Bono Juana Azurduy, Juancito Pinto y la Renta Dignidad. Con ello fue posible reducir la desigualdad con el coeficiente de Gini, pasando de 0.8% el 2006 al 0.5% el 2019.
Lo más relevante de este largo periodo fue que se profundizó la democracia, puesto que se integró y dio mayor participación política y social a los sectores indígenas excluidos por la sociedad, generando una “nueva burguesía aimara y quechua”; incluso se propició la movilidad social y el recambio de parte de la élite tradicional en el poder político y administrativo. En suma, la política social hizo posible una mayor inclusión, una mejor movilidad y el ascenso de grupos menos privilegiados por su condición indígena, de ingreso, educación, participación ciudadana, acceso a empleo, vivienda, servicios, salud e infraestructura productiva y recreacional, aspectos todos que impulsaron una mayor democracia en el país (Arévalo, 2015). El modelo económico boliviano aplicado fue reconocido y elogiado por diversas instituciones incluyendo el Banco Mundial, el BID, y el FMI.
Ya en el gobierno de Añez, a finales del 2019 se plantearon rápidamente dos objetivos económicos principales acordes a una restauración económica neoclásica, es decir, reducir el déficit fiscal y mantener la inflación en niveles mínimos. Para ello, se inició una reducción del gasto público realizando despidos de funcionarios públicos, frenando proyectos de industrialización como la planta de fertilizantes, de transporte público como el tren eléctrico y de salud la planta de medicina nuclear; estableciendo a su vez una política de incentivos fiscales a la producción privada con la condonación de impuestos. Adicionalmente, plantearon tratar de detener la disminución de las Reservas Internacionales Netas, la desaceleración de la economía y revertir la balanza comercial negativa; por esto último corrían rumores de un cambio en la política cambiaria con presión a devaluaciones de la moneda que finalmente no se dieron.
Posteriormente, en marzo de 2020 surge la necesidad de aplicar medidas inmediatas sugeridas por la ONU para enfrentar la pandemia del Coronavirus y los efectos paralizantes que conlleva en la producción y economía nacional. Para ello el gobierno, con el respaldo de un crédito del Banco Central de 1000 millones de dólares y cerca de 500 millones de dólares de donaciones internacionales, inició dos grupos de medidas: las primeras, relacionadas con la prórroga de los pagos en las cuotas de los créditos privados con la banca; las segundas, referidas a la creación de un Bono Familia de Bs 500 aplicables a las familias con hijos en colegios privados y escuelas alternativas, el Bono Universal de Bs 500 para las personas mayores de 18 años que no tengan ingresos ni cobren alguna renta o bono, se crea un plan de apoyo al pago de salarios que consiste en préstamos fáciles para que paguen el sueldo de dos meses y el plan de empleos que consiste en préstamos a cinco años plazo para micro y medianas empresas.
Todo ello, contrariamente a sus ideas iniciales de retomar el rumbo neoliberal trata de medidas que dan continuidad a una economía estatista, respaldadas por préstamos internos que provienen de los ahorros en reservas internacionales del Banco Central, esto, de acuerdo con los principios y variantes keynesianas. Es decir, en la interpretación keynesiana, la política social se dirige a subsidiar el consumo para estimular la demanda efectiva interna de los grupos sociales menos favorecidos de la sociedad o de grupos políticamente seleccionados (Mattick Paul, 1969).
En el momento actual, tras la paralización de gran parte la producción nacional, de la construcción, del turismo, de los servicios, de las exportaciones, de las importaciones, del comercio, etc..; existen al menos tres posturas sobre lo que pasará con la economía en el corto plazo: 1) viene una crisis económica profunda como en la década de los ochenta, 2) viene un cambio de paradigma en la economía hacia la solidaridad y respeto a la naturaleza, 3) La crisis será superada rápidamente y el capitalismo estará más vigente que nunca.
Alejandro Werner, director del departamento del hemisferio occidental del FMI, sostiene que “América Latina se enfrenta a la recesión profunda”, nos alerta de la posibilidad de otra década perdida como la de los años ochenta, incluso si la recuperación económica es rápida. (El País, abril 2020). Atilio A. Borón, nos dice que “la era neoliberal es un cadáver aún insepulto pero imposible de resucitar”, lo que da paso a modelos más solidarios y sustentables (CLASO, abril 2020). Slavoj Žižek, sentencia que la pandemia le propinó “un duro golpe al sistema capitalista”, pero, existen serias dudas acerca de que el virus en cuestión haya acabado no solo con el neoliberalismo sino también con la estructura que lo sustenta. Contra el optimismo, Javier Sampedro sentencia que “Las tres grandes pandemias del siglo XX no cambiaron el mundo ni la doctrina económica, la actual tampoco lo hará”.
Joseph Stiglitz, indica que “con la crisis del Covid-19 se está demostrando el error fundamental del liberalismo: creer que los mercados pueden manejarse por sí solos. Sin embargo, sucede todo lo contrario y ante la emergencia acuden a los Gobiernos para contrarrestar los efectos nocivos a la economía”. (La Republica, abril 2020). Por tanto, podemos decir que sería un error para el actual gobierno y para el que viene abandonar las políticas de desarrollo nacional y no aprender de la experiencia exitosa del pasado inmediato para solucionar los problemas actuales de la economía.
Bolivia se encuentra todavía dentro de los países de América Latina con mayor participación del Estado de la economía, los bonos resultaron buenos instrumentos para incentivar la demanda agregada y corregir desigualdades, sin embargo, quedó como reto la industrialización que no debe ser abandonada. Asimismo, un sistema de salud público con infraestructura, recursos humanos capacitados y al servicio de la sociedad, solo puede ser garantizado desde el Estado.
Luis Paz Ybarnegaray. Master en Estudios Latinoamericanos, Universidad Complutense de Madrid.