A lo largo de nuestra historia, en la política como en la realidad nacional, se han sucedido culebrones que han hecho temblar estructuras de poder, de gobierno o de instituciones nacionales, porque sacudieron las fibras más íntimas o los principios más elevados de la sociedad y del Estado, obligando a realizar cambios. Por ello y […]
A lo largo de nuestra historia, en la política como en la realidad nacional, se han sucedido culebrones que han hecho temblar estructuras de poder, de gobierno o de instituciones nacionales, porque sacudieron las fibras más íntimas o los principios más elevados de la sociedad y del Estado, obligando a realizar cambios. Por ello y en vista de los innumerables y generalmente perversos incidentes que surgieron a conocimiento público, se identificaron como cajas de Pandora, en referencia aquel mito griego por el que Zeus las creó.
Actualmente, uno de ellos está vinculado a daños económicos al Estado y la corrupción, que la Contraloría General ha identificado en el uso de los recursos provenientes del IDH, que el Fondo Indígena utiliza y destina para financiar proyectos de los sectores indígenas y campesinos del país. Sin embargo, a pesar de su gravedad y siguiendo aquella lógica simplista y punitiva de encontrar culpables, no importando las causas y los asuntos de fondo que lo originaron, el impacto y sus consecuencias parecen estar destinadas únicamente a sentar un nuevo escarmiento y precedente para los individuos que finalmente se identificarán como corruptos. Y ello podría suceder en el mejor de los casos, porque por el estado en el que se encuentra la administración de justicia, así como la recurrencia a las dilaciones e innumerables «recursos legales» a las que estamos acostumbrados, finalmente podrían dar lugar a que los presuntos culpables logren torcer el proceso, salgan con su gusto y se burle nuevamente la justicia. Es decir, en realidad se habrá omitido y evitado realizar una investigación completa y de fondo, y mucho menos contribuir a identificar, resolver y corregir aquellos asuntos estratégicos de fondo, que hacen a la gestión del proceso de transformaciones y cambio que todos esperamos.
Debe tomarse en cuenta que los resultados de las indagaciones realizadas por la Contraloría, solo dan cuenta de 71 millones de bolivianos que se desembolsaron a 153 proyectos, cuando en realidad entre fines del año 2010 y el primer semestre de 2011 se aprobaron más de 1.100 proyectos por un monto que supera los 1.260 millones de bolivianos (¡!) y, además, también se ha calculado que en 8 años se han asignado alrededor de 3.500 millones de bolivianos (alrededor de 500 millones de dólares, sin contar otros 2.100 millones de bolivianos que quedaron en caja y banco).
Y cuando nos referimos a otros asuntos de fondo de los que no se habla, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a que el Fondo Indígena (una vez identificados, juzgados y sentenciados los culpables, si se logra), continúe siendo una especie de caja chica (con grandes recursos), para administrar las disputas y la pugna de intereses entre los sectores indígenas y campesinos; sufragar gastos arbitrarios; utilizar prebendal y patrimonialmente los recursos como mecanismo de perversión, corrupción y tráfico de influencias; así como la de mantener aquella lógica colonial de «donantes y beneficiarios» para la distribución de los recursos disponibles (amén de facilitar la conformación de una casta o cúpula con amplios poderes para decidir qué, dónde, cuánto y a quién se financia).
Por otra parte, resulta totalmente incomprensible que el Fondo Indígena que dispone de una gran cantidad de recursos, cuya sostenibilidad y disponibilidad en el tiempo están garantizadas, haya mantenido y reforzado una lógica clientelar e inmediatista de financiamiento de pequeños proyectos puntuales, localistas y hasta de beneficio familiar, que dispersaron y atomizaron el impacto y un manejo eficiente de los recursos. No existió la voluntad e iniciativa para preocuparse por abordar y resolver los graves, profundos y estratégicos problemas que tienen los sectores indígenas y campesinos del país, precisamente por tratarse de uno los más vulnerables, explotados y excluidos de la sociedad. Y este asunto es aún más grave, cuando nada menos que la Presidenta del Fondo, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, exdirigente nacional de las mujeres campesinas, que por varios años se ha permitido efectuar gestiones, comprometer todo tipo facilidades e incentivos, e inclusive otorgar beneficios y licencias más allá de lo legalmente justificable en favor de sectores empresariales y agroindustriales, tradicionalmente conservadores y de intereses antinacionales, no haya tenido la elemental iniciativa de trabajar en favor de su propio sector oprimido y discriminado. Es decir, en un Fondo tan estratégico como pudo haber sido el Indígena. Peor aun cuando se resiste a dar su palabra, explicar su actuación en el manejo de los recursos del Fondo Indígena y dar por entendido que solo serían culpables quienes utilizaron los recursos. Como si la responsabilidad y obligación (triple por ser autoridad, miembro de los sectores afectados y militante de un proceso de cambio), solo fuese atribuible a quienes siguieron la lógica de expresar sus necesidades inmediatas, pero que no se aseguraron de respaldar documentalmente los gastos y/o dar continuidad a proyectos iniciados.
Arturo D. Villanueva Imaña es Sociólogo, boliviano. Cochabamba.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.