El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha hecho todo lo que está en sus manos para resolver dialógicamente el conflicto artificial creado por la extrema derecha en cabeza del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y su camarilla golpista, para evitar lamentables consecuencias en vidas y recursos económicos devenidas del paro cruceño iniciado este sábado 23 de octubre con la excusa del Censo nacional.
Camacho, expresión de la oligarquía más retrógrada, racista y patriarcal boliviana, justificándose en la majadería de realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda en el 2023, cuando ya toda la arquitectura política y social del Estado, menos él, acordaron democrática y participativamente reprogramar el Censo para el 2024 por razones técnicas, insiste sin argumentos en protestar por la fecha del proceso censal.
Debido a que las fuerzas de la ultraderecha tuvieron la habilidad de escalar el conflicto, el viernes 21 de octubre, en el departamento de Santa Cruz se realizó el Gran Cabildo del Pueblo, una movilización de cientos de miles de personas provenientes de los pueblos trabajadores, indígenas, originarios, afrodescendientes, mujeres, estudiantes, pequeños y medianos productores y múltiples autoridades provinciales y municipales, para manifestarse en contra del paro convocado por el gobernador cruceño y su grupo cívico.
La gran marcha y concentración inició a las 17.00 horas y se extendió casi por cinco horas, entre breves intervenciones de liderazgos que apoyan la revolución democrática y cultural y el principio del Vivir Bien que encabeza el Gobierno nacional y sus dirigentes Luis Arce y David Choquehuanca, Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Hacia el final de la actividad de masas, desde el escenario se dio lectura y aprobación a la Resolución del Cabildo del Pueblo: «Ante el anuncio de un paro indefinido por el comité cívico pro Santa Cruz, el Gran Cabildo Nacional en Defensa de la Democracia y la Economía desarrollado el 21 de octubre del 2022, a los pies del monumento del Chiriguano, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con la participación del pueblo cruceño, trabajador, naciones indígenas, originarias, organizaciones obreras, campesinas, interculturales, sectores económicos y productivos del campo y la ciudad, organizaciones de mujeres, gremialistas, transportistas, estudiantes, universitarios, cooperativistas, micro, pequeño y medianos empresarios, artesanos, artistas, adultos mayores, personas con discapacidad, juventud y la sociedad civil organizada; con la firme convicción democrática y en el marco del respeto de las normas que rigen el Estado Plurinacional de Bolivia, los sectores de la sociedad exigimos que paren las intenciones de desestabilizar el Gobierno nacional, que ha ganado de manera democrática las elecciones nacionales de octubre de 2020 con más del 55 por ciento, a la cabeza de Lucho Arce y David Choquehuanca», y el documento agregó que, «con la finalidad de que la paz social y las condiciones de trabajo se garanticen en nuestro territorio nacional, la decisión ha sido del pueblo que hoy rechaza la intención de volver a los tiempos de Áñez, tiempos de masacres y oscuridad».
El sábado 22 de octubre, desde temprano, la ministra de la Presidencia del Gobierno central, María Nela Prada, recibió una comitiva cruceña acaudillada por Camacho con el propósito de zanjar el conflicto artificial de manera dialogada. En ese contexto se supo que el paro aventurado por Camacho ya había cobrado la vida del funcionario municipal Juan Pablo Taborga, quien, cerca de la localidad de Arroyo Concepción, municipio de Puerto Quijarro, habría participado en incidentes que se investigan por orden gubernamental a causa de la naturaleza criminal de su fallecimiento en el marco del paro derechista.
La mesa de diálogo entre el Gobierno y el grupo cívico cruceño hizo un cuarto intermedio debido a la muerte de Taborga y retomó después. Sin embargo, al final de la tarde, Camacho y su gente abandonaron el camino del diálogo, quebrando la mesa negociadora. Como su propósito no es modificar aspectos del Censo ni nada por el estilo, sino que intentar inestabilizar las actividades cotidianas y económicas del departamento oriental para crearle problemas al Gobierno de Arce y Choquehuanca, por parte de la extrema derecha la mesa sólo fue una puesta en escena con horario de vencimiento, independientemente de lo que allí se tratara.
De todos modos, la ministra Prada insistió en que el espacio de diálogo continúa abierto para el Gobierno, pero señaló que los cívicos de Camacho, o sea las bandas racistas que tratan de paralizar a la fuerza la zona, serán los responsables de los hechos de violencia que puedan ocurrir.
De acuerdo a los informes emitidos por diversas fuentes periodísticas, el paro no ha tenido éxito.
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