La destitución de Dilma y la aguda crisis venezolana cierran un ciclo en la región. La enorme Marcha Federal preanuncia la apertura de uno distinto, con realineamientos políticos y sindicales. Hasta académicos de universidades liberales de elite reconocen los avances logrados en la región por los gobiernos que llaman de izquierda. La modista del Hada […]
La destitución de Dilma y la aguda crisis venezolana cierran un ciclo en la región. La enorme Marcha Federal preanuncia la apertura de uno distinto, con realineamientos políticos y sindicales. Hasta académicos de universidades liberales de elite reconocen los avances logrados en la región por los gobiernos que llaman de izquierda. La modista del Hada Buena y los cambios en la redacción de Clarín.
Dos ex presidentes de Uruguay fijaron los términos de la discusión sobre el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en Brasil. Para Julio Sanguinetti «es una grosería intelectual y una inmoralidad hablar de un golpe de Estado», porque se cumplieron todos los requisitos constitucionales. En cambio José Mujica, sostiene que el trámite en el Senado «fue una gigantesca pantomima» para ocultar que «no sólo se trató de un golpe de Estado sino que se decidió en otra parte». Este debate hace ahora una breve escala en el Tribunal Supremo de Justicia, pero visto el rol que el tribunal cumplió en la destitución, este recurso será rechazado, lo cual agotará los recursos internos y despejará el camino hacia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego de la suspensión de la presidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia de cinco diputados y senadores del PT con el patrocinio de dos abogados brasileños y del argentino Damian Loreti, secretario de la Comisión Directiva del CELS. Ahora insistirán señalando que no hay ninguna causa penal, ni imputación ni condena contra la mandataria destituida; que sus juzgadores adelantaron la posición que sostendrían por lo que la condena fue una profecía autocumplida y que se violaron los derechos políticos de Dilma y de sus votantes. El viernes, la CIDH expresó su preocupación ante la destitución de Dilma en un juicio político sobre el cual «se han planteado cuestionamientos por irregularidades, arbitrariedad y ausencia de garantías al debido proceso», señaló que seguía con atención la observancia de los derechos humanos «que las autoridades competentes del Poder Judicial de Brasil proporcionen a este caso» y anunció que continúan su curso regular la cautelar y la petición presentadas. Durante el impeachment quedó establecido que Dilma no había cometido ningún delito de corrupción, como sí lo hicieron sus principales acusadores. De los 81 senadores, 61 votaron por la destitución, 47 están bajo proceso judicial y 15 fueron condenados. Nunca antes el Tribunal de Cuentas había considerado irregular el dictado de decretos para reasignar recursos presupuestarios, tal como el jueves hizo el presidente argentino, y había aprobado sin objeciones las rendiciones de cuentas presidenciales. Tampoco había objetado la postergación de compromisos asumidos por el Estado bajo una forma de maquillaje fiscal conocido como «pedaleadas». También se violentó el principio de no discriminación por razones políticas, puesto que no se aplicó similar proceso a su sucesor, el actual presidente Michel Temer, quien fue denunciado por los mismos hechos. En cuanto se votó la destitución, el Congreso sancionó la ley 13.332/16, que en forma expresa legitima la práctica por la que fue sancionada la ex presidente. Lo que hasta ayer se consideraba un delito hoy es una conducta admitida. «La conducta no era ilícita ni lo sería después. Sólo fue considerada delictiva para aprobar el juicio político», dijo el profesor de derecho Ricardo Iodi, uno de los testigos de la defensa.
La parcialidad de todo el procedimiento fue tan manifiesta que los dos testigos del Tribunal de Cuentas llamados a declarar fueron eximidos del juramento de decir verdad, ya que estaba probado que participaron en las movilizaciones contra Dilma y en la redacción del informe en su contra. En el camino, Temer perdió dos ministros, que debieron renunciar cuando se difundieron grabaciones en las que urgían a la rápida destitución de Dilma para que no avanzaran las investigaciones sobre corrupción que golpean con especial contundencia a los dos partidos del nuevo oficialismo, el Demócrata (PMDB) de Temer y el Social Demócrata (PSDB), los Tucanos de Fernando Henrique Cardoso, Aecio Neves y Ze Serra.
Detrás de la escena
Nadie ocultó durante el largo proceso que estas cuestiones formales no eran lo que de verdad se discutía. Hace un año, durante una visita privada, el asesor en temas internacionales de Dilma y de Lula, Marco Aurelio García, comunicó a sus interlocutores argentinos que la situación no tenía retorno. Pese a la profunda recesión (arañó el 4 por ciento en 2015, a lo que habrá que sumar una cifra similar o mayor este año) el principal problema no era económico sino político. Luego de vencer al candidato socialdemócrata Aecio Neves denunciando las políticas de ajuste que se proponía aplicar, Dilma asumió desde el gobierno esa agenda liberal y ante el malestar que esto provocó en las bases del PT, interrumpió los contactos con Lula. Cuando los retomó, en los primeros meses de este año e incluso intentó designarlo jefe de gabinete para que condujera el gobierno y la contraofensiva política, ya era tarde. Sólo el 8 por ciento de la población aún creía en ella.
El ocaso de Dilma no puede analizarse en forma separada de la crisis profunda que desgarra a Venezuela desde que la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 y reclamó realizar este año un plebiscito revocatorio del mandato de Nicolas Maduro; de la asunción de Maurizio Macrì en la Argentina en elecciones libres el mismo mes; de la derrota de Evo Morales en Bolivia en febrero, cuando una ajustada mayoría le negó la posibilidad de una nueva candidatura cuando termine su actual mandato, en 2020, y del anuncio de Rafael Correa de que no buscará ser reelecto, pese a que sus partidarios aún impulsan una consulta popular que le permitiría intentarlo, para lo cual ya han reunido 1,2 millones de firmas. También es preciso incluir en el análisis la situación de Chile, donde Michelle Bachelet se arrastra con pena y sin gloria en su deslucido segundo mandato, y de Uruguay, cuyo gobierno encabezado una vez más por Tabaré Vázquez se parece cada día más a las administraciones del Partido Colorado que el Frente Amplio desplazó.
Es hora de intentar un balance, así sea preliminar, sobre lo actuado por esos gobiernos que desde la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela en 1999 transformaron el patio trasero de Estados Unidos en una región pacífica y autónoma, que sacó de la extrema pobreza a millones de habitantes y gozó por ello de una fuerte adhesión popular. Lejos del cénit, aun conservan un apoyo significativo que se expresa en la consigna argentina que esta semana retumbó también en Brasil: «Vamos a volver». La cuestión es cuándo y cómo.
En un libro recién publicado*, el sociólogo Marcelo Leiras, director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, no oculta su sorpresa al constatar que en los países que fueron gobernados en este lapso por lo que él llama la izquierda, se produjo una reducción del desempleo y de la desigualdad superior a la del resto de los países, aunque las condiciones globales fueron las mismas para todos. Leiras enumera como países que tuvieron gobiernos de izquierda durante periodos extensos a la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela. Como Izquierda Amplia considera a esos mismos países más aquellos donde por lo menos hubo un gobierno de izquierda aunque fuera breve (el Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay) y como Otros a Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Perú y Surinam. Leiras destaca que los países con gobiernos de izquierda,
– Crecieron a una tasa mucho más alta durante los años dorados de los precios internacionales de las materias primas.
– Tuvieron resultados más favorables del comercio internacional.
– Redujeron en mayor proporción el peso de los intereses de la deuda pública.
– Aumentaron en mayor medida el gasto público, pero no se generó mayor déficit, porque también mejoraron su capacidad de generar ingresos.
– La inflación fue mayor.
– Comenzaron el periodo con niveles de desempleo que triplicaban al resto e hicieron desaparecer esa brecha con los otros dos grupos.
– Redujeron la desigualdad en la distribución de los ingresos en forma mucho más pronunciada. Comenzaron el periodo siendo más desiguales que el resto y lo cierran siendo menos desiguales.
Leiras afirma que la inconsistencia fiscal es un fracaso para cualquier gobierno pero no compromete la identidad de un gobierno de izquierda, mientras que la recesión es una señal de incompetencia de cualquier gobierno, pero afecta en especial las credenciales de un gobierno de derecha. «Los gobiernos de izquierda que chocaron contra el desequilibrio fiscal dejan una memoria de progreso social que, sin ser brillante, está mucho más cerca de la promesa inicial. Los gobiernos de izquierda que perdieron popularidad y elecciones, perdieron en su ley. Esa es en mi opinión la base de experiencia y de memoria sobre la cual podrá construirse la proyección electoral de la izquierda en los países que tuvieron gobiernos con esa orientación. Esa base podrá sostener nuevos gobiernos de izquierda o no en la medida en que pueda expresarse eficazmente a través de las organizaciones sociales y de los partidos políticos. Pero aún cuando no haya expresión organizada de esa memoria de recuperación social, creo que la recuperación del empleo de esta década les pondrá un dique a las políticas económicas que se adopten en el futuro». Al ponderar lo que considera un «enorme progreso político en la región», concluye que sus sistemas políticos maduraron, al desterrar el golpe de Estado como recurso de la competencia política, a pesar de las frecuentes crisis presidenciales y los gobiernos que no llegan a completar sus mandatos y sostiene que los gobiernos de izquierda mostraron que se puede redistribuir el ingreso «sin sacrificar el crecimiento, el equilibrio fiscal ni poner en riesgo la democracia». La derecha, dice, acusa a los gobiernos de izquierda de anti republicanos, plebiscitarios, hegemónicos, clientelistas y tramposos. Esta clasificación le va bien a los gobiernos chavistas «pero no a los gobiernos del Frente para la Victoria en la Argentina».
La reconstrucción
La Marcha Federal que culminó el viernes con un masivo acto cuyas columnas desbordaron desde la Plaza de Mayo sobre las dos diagonales y la Avenida de Mayo, muestra un camino de recomposición del movimiento popular, a partir del rechazo a las políticas oficiales que con celeridad están revirtiendo aquellos avances que contabilizó el académico de San Andrés. La confluencia bajo el rótulo de Articulación Popular, de las dos CTA, cuya reunificación parece próxima, del Movimiento Sindical Federal, de varios sindicatos de la CGT (entre ellos los de Camioneros y Peajes que conducen dos de los hijos de Hugo Moyano y el de Dragado y Balizamiento, del flamante secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid), de varias regionales cegetistas que participaron en los actos realizados en sus provincias, de diputados y senadores justicialistas, de autoridades partidarias, de organizaciones kirchneristas y de la izquierda marxista (que marchó con consignas propias) contrastan con las actitudes de la magra Marcha de la Resistencia de la semana pasada y de los encuentros de gobernadores e intendentes de la próxima, que coinciden en sus propósitos de exclusión. En uno de sus mejores discursos, Hugo Yasky mencionó la confluencia del movimiento sindical, los movimientos sociales y estudiantiles, los pequeños productores, las pymes, la agricultura familiar, los organismos de derechos humanos, los trabajadores informales de la economía popular, a los que definió como el mapa del campo popular, que el neoliberalismo quiere dividido. Igual que Micheli, dijo que «si logran dividirnos van a dominarnos. Si nosotros construimos la unidad para la lucha, por la liberación, por la justicia social somos invencibles». Agregó que protagonizaban un cambio histórico porque el pueblo «no se arrodilla ante el poder económico ni ante la represión». Anunció que el viernes 16, cuando comiencen las audiencias públicas para tratar las tarifas, las dos CTA y la GCT estarán presentes y movilizadas y llamó a unificar todas las centrales sindicales, luego de una referencia afectuosa a Micheli, con quien hasta se abrazó. Una semana después, el viernes 23, la CGT tendrá su Congreso General Confederal, en el que podría disponerse el primer paro general bajo el actual gobierno. Si no hay dudas sobre el valor de la unidad, resta por discutir el problema de la conducción. Nada menos.
Nota:
* ¿Por qué retrocede la izquierda?, Capital Intelectual.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-308554-2016-09-04.html