Campaña internacional de presion sobre Abengoa, una empresa que se encuentra en el consorcio «Aguas del Tunari», el cual fue expulsado por el pueblo de Cochabamba en el 2000 durante la bien conocida «Guerra del Agua»

Carta que será enviada

Señores/as,

Nos dirigimos a ustedes profundamente preocupados por la actitud asumida por ABENGOA S.A., en la resolución de la demanda de una indemnización de 25 millones de dólares, que le opone al gobierno de Bolivia ante un órgano del Banco Mundial, el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI).

En el proceso de privatización de la empresa municipal de distribución del agua de Cochabamba (SEMAPA), se adjudicó la concesión al consorcio «Aguas del Tunari», propiedad en 55% de International Water Ltd. (Bechtel y Edison) y en 25% de ABENGOA S.A. Se registraron aumentos en las tarifas de los usuarios con más bajos recursos de hasta 45%, y en algunos casos de más de 100%. Las tarifas fueron ajustadas al curso del dólar estadounidense, lo cual representó una grave pérdida del poder adquisitivo para una población de por sí en condiciones de extrema pobreza. Por otra parte, los gastos de instalación de las conexiones corrían a cuenta de los usuarios. Finalmente, el acuerdo con «Aguas del Tunari» prohibía el uso de fuentes alternativas naturales, sin reconocer el sistema de auto-organización por parte de los ciudadanos y no respetaba los «usos y costumbres» practicados por las comunidades desde tiempos inmemoriales.

En reacción a la política empresarial implementada por «Aguas del Tunari», se desencadenó la «Guerra del Agua», un levantamiento popular articulado en torno a la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, que fue severamente reprimido por el gobierno, con un saldo de decenas de heridos y un muerto.

Hoy en día, contrariamente a la predisposición, tanto de las otras compañías socias del consorcio «Aguas del Tunari» (BECHTEL y EDISON), como de los socios bolivianos A. Petricevich y S. Doria Medina, ABENGOA S.A. persiste en obstaculizar una solución negociada con el gobierno boliviano.

Por todo lo expuesto, y sosteniendo que el agua constituye un bien común, un derecho humano y social que no puede ser considerado como una mercancía, los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil internacional firmantes, exigimos a ABENGOA S.A. que rectifique de forma oportuna y retire inmediatamente su demanda de indemnización al gobierno boliviano ante el CIADI y desista en su voluntad de empobrecer aún más a Bolivia. Constituimos una red internacional que crece de día en día y mantendremos una mirada preocupada y vigilante sobre la decisión que tomen, informando a la opinión pública y a los medios de comunicación al respecto cuando sea necesario.

Observatorio de la Deuda en la Globalización
Càtedra UNESCO de Tecnología, Desarrollo Sostenible, Desequilibrios y Cambio Global. Universitat Politècnica de Catalunya.
C.Colom, 114. 08222 Terrassa (Barcelona).
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ANEXO PARA INFORMACION

ABENGOA VS. BOLIVIA

Desde 1996, instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo condicionaron varios de sus créditos en Bolivia, a la privatización de la empresa municipal de distribución de agua de la ciudad de Cochabamba (SEMAPA). Después de un proceso de convocatoria y de negociación caracterizado por su falta de transparencia y fiscalización pública real, se adjudicó la concesión al consorcio «Aguas del Tunari», propiedad en 55% de International Water Ltd. (Bechtel y Edison) y en 25% de ABENGOA S.A. Así, la empresa recibió una concesión exclusiva en el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización del agua potable desde las plantas de tratamiento o los pozos de agua hasta los usuarios de la Provincia Cercado de Cochabamba. Queremos repasar aquí algunos de los términos del contrato mencionado así como las medidas implementadas por «Aguas del Tunari», que llevaron al desencadenamiento de «la Guerra del Agua» en el año 2000, la represión gubernamental responsable de la muerte de un joven, de decenas de heridos, y finalmente a la terminación del acuerdo en abril del mismo año.

En primer lugar, siguiendo el parámetro del Banco Mundial de recuperación plena de los costos de operaciones («full cost recovery«), el contrato contemplaba en su inicio un incremento de 35% en las tarifas de los usuarios, previo a cualquier inversión o mejora del servicio, lo cual en sí carecía de sentido para la población. Pero en realidad, se registraron aumentos en las tarifas de los usuarios con más bajos recursos de hasta 45%, y en algunos casos de más de 100%. Las tarifas fueron ajustadas al curso del dólar estadounidense, lo cual representó una grave pérdida del poder adquisitivo para una población de por sí en condiciones de extrema pobreza. La gente, literalmente se vio en la situación de elegir entre comer y pagar la factura de agua. En el mismo sentido, los costos de instalación del sistema de agua corrieron a cuenta del usuario y podían elevarse a varios cientos de dólares contando el pago del medidor, el alcantarillado y la conexión de agua.

En segundo lugar, el acuerdo prohibía el uso de fuentes alternativas naturales en zonas donde estuviera disponible el suministro de agua por parte del concesionario. Existía y existe en la región un sistema de auto-organización por parte de los ciudadanos, bajo la forma de cooperativas, asociaciones, comités de agua, etc., sin afán de lucro. El contrato no comprendía medida alguna de indemnización para las inversiones realizadas por pequeñas asociaciones autónomas con el objetivo de solucionar su problema de acceso al agua. Tampoco respetaba los antiguos «usos y costumbres» que las comunidades indígenas han venido practicando desde tiempos inmemoriales y que han garantizado un acceso equitativo a este recurso. De esa manera, «Aguas del Tunari» adquirió un carácter monopólico, sobre las fuentes de usos comunitario y público, lo cual le permitió las intolerables alzas de tarifas mencionadas.

Finalmente, siguiendo la lógica empresarial de maximización de los beneficios y reducción de costos, el contrato descartaba inversiones que, a pesar de ser necesarias del punto de vista ambiental, no implicaban una ganancia para el concesionario (reparación de infraestructuras preexistentes defectuosas o construcción de desagües pluviales para prevenir inundaciones).

En ese contexto de mercantilización de un recurso básico para la salud y la vida de la población1, ¿es acaso sorprendente la rebelión de amas de casa, estudiantes, obreros, campesinos, comunidades indígenas enteras y otros muchos sectores de la población?

Lejos de constituir «un grupo que manipula a los pequeños productores rurales y los organiza en torno a acciones violentas contra un contrato que no les concierne» (carta de Didier Quint, Director General de International Water LCC, dirigida al Democracy Center, www.democracyctr.org), los ciudadanos cochabambinos se articularon en la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, constituyendo un amplio movimiento multisectorial y horizontal que representa un ejemplo a nivel mundial en las luchas contra la privatización y los efectos perversos de la globalización.

Hoy en día, contrariamente a la predisposición tanto de las otras compañías socias del consorcio «Aguas del Tunari» (BECHTEL y EDISON), como de los socios bolivianos A. Petricevich y S. Doria Medina, ABENGOA S.A. persiste en obstaculizar una solución negociada con el gobierno boliviano. A un país agobiado por una injusta deuda externa de 4’867 millones de dólares que le impide aspirar al mejoramiento de las condiciones de vida de su población y le obliga a rematar sus recursos naturales, ABENGOA S.A. exige el pago de 25 millones de dólares. Al respecto, parece necesario recordar ciertos datos:

• La inversión efectiva del consorcio en Cochabamba varía solamente entre medio millón y dos millones de dólares, lo cual no tiene proporción con la suma demandada al gobierno boliviano2

• 25 millones de dólares representan: a) las ganancias de BECHTEL en doce horas, b) un tercio de los 78 millones previstos para la construcción de las nuevas oficinas de ABENGOA S.A. en Sevilla3, c) en Bolivia, el pago anual de 3’000 doctores rurales bolivianos o de 12’000 maestros de escuelas públicas o la construcción de 125 nuevas conexiones de agua potable.

Para más información, consulta: http://www.democracyctr.org/bechtel/

Notas