En octubre de 2003 Bolivia inició una rebelión popular en protesta por el expolio de la casi única riqueza que le queda al país, los hidrocarburos, y contra la gestión del poder que mantiene a los pueblos bolivianos en la miseria. La salvaje represión ocasionó varias decenas de muertos, lo que provocó que el movimiento […]
En octubre de 2003 Bolivia inició una rebelión popular en protesta por el expolio de la casi única riqueza que le queda al país, los hidrocarburos, y contra la gestión del poder que mantiene a los pueblos bolivianos en la miseria. La salvaje represión ocasionó varias decenas de muertos, lo que provocó que el movimiento popular cambiase su demanda principal por la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, primer responsable de la represión; Goni (sobrenombre con el que se conoce al ex presidente) renunció y huyó a un exilio dorado en Miami.
Carlos Mesa, vicepresidente durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, asumió la presidencia de la república al dimitir éste, con el respaldo de gran parte del pueblo boliviano y un amplio margen de confianza por parte de los movimientos sociales. La llamada «Agenda de octubre», asumida por Mesa, demandaba tres cuestiones acuciantes.
Una ley de hidrocarburos que asegurara que la explotación de éstos revertiría en la mejora de las condiciones de vida (Bolivia tiene uno de los mayores índices de pobreza del continente). La ley establece un aumento de los irrisorios impuestos que las transnacionales pagaban por la extracción y la industrialización de los hidrocarburos para esa reversión en el país y en las capas más populares.
La segunda demanda era la convocatoria de una Asamblea Constituyente que ponga los cimientos para la refundación democrática del país.
La tercera cuestión a dirimir era el juicio a Sánchez de Lozada y sus más cercanos colaboradores como responsables de la represión.
Otro elemento importante, consecuencia de la «Guerra del gas», como se conoce a la revuelta de octubre, fue el debilitamiento y desprestigio de la práctica totalidad de los partidos tradicionales del país, auténticos sustentadores del sistema neoliberal que mantenía y hacía crecer la situación de miseria, abandono y venta de las últimas riquezas a las transnacionales.
Como contrapartida, el movimiento popular, las confederaciones sindicales y el movimiento indígena (el 70% de la población total) se refuerzan y ocupan el escenario principal, con lo que se convierten en vigilantes de los compromisos de Carlos Mesa.
Ningun objetivo cumplido
Veinte meses después, el presidente de Bolivia no había cumplido ni uno sólo de los puntos de esa agenda de octubre. Permanentemente se ha ido retrasando el proceso para la convocatoria de la Asamblea Constituyente, y la Ley de Hidrocarburos, recién aprobada, no ha cumplido las expectativas, por mucho que las transnacionales (una de las principales Repsol-YPF) amenacen con reducir sus inversiones por el pequeño aumento de impuestos que les ha supuesto. Mesa, presionado por esas transnacionales, por los partidos tradicionales recuperados de su debilidad inicial y por la oligarquía dominante de la vida económica interior, no se ha atrevido, o no ha querido, dar respuesta a las demandas populares.
Precisamente, estos sectores oligárquicos, con el respaldo y control en la sombra de las transnacionales, y sabedores de la posible pérdida de su posición de privilegio desmedido como fieles servidores del neoliberalismo económico y totalmente alejados de la dura realidad del 90% de la población boliviana, introducen en la agenda la demanda de la autonomía departamental.
Esta exigencia pretende lograr un mayor control de estas elites sobre las condiciones de explotación de los hidrocarburos y otras fuentes de riqueza (maderas, biodiversidad…) con respecto a lo que pudiera decidirse en el Gobierno central si llega a estar en manos de los sectores populares indígenas y campesinos.
En ese sentido, su demanda para que los referendos de autonomía se celebren antes que la Asamblea Constituyente no pretende sino condicionar posteriormente los trabajos de ésta para la redefinición del país.
Ante esta situación, en las últimas fechas, nuevamente la práctica totalidad de los movimientos y organizaciones sociales han tomado el país, han salido a las calles cansadas de la situación de permanente bloqueo y falta de avances reales.
La reciente aprobación de la Ley de Hidrocarburos no ha cubierto las expectativas y, ahora, la demanda es por la nacionalización de los recursos energéticos. La Asamblea Constituyente, igualmente, se ha convertido en un clamor. Pese a todas las maniobras intentadas por los partidos tradicionales y por el presidente para desmovilizar y rebajar el nivel de las demandas, los pueblos de Bolivia se muestran hartos.
Mesa ha presentado su renuncia (en dos ocasiones anteriores, en el mes de marzo, usó este mecanismo como maniobra de distracción y desmovilización) y puede abrirse una nueva etapa en esta lucha.
Pero este panorama, en este mundo globalizado, tiene dimensiones internacionales que suelen permanecer más o menos ocultas. De una parte, los intereses de las transnacionales que, como ya se ha señalado, juegan fuertemente en la batalla por el control, explotación y venta en el exterior de la riqueza de los hidrocarburos (Bolivia tiene la segunda reserva de gas del continente).
Pero los intereses económicos no sólo operan en esa dirección, sino que apuntan también hacia el control de otros sectores estratégicos; por ejemplo el BBVA y el BSCH son de los principales bancos inversores en el país, al igual que otras empresas en sectores como la telefonía, electricidad, etc. Para mantener esto se requiere tener controlada la vida política y social del país.
Con o contra EEUU
Pero quizás la más importante batalla se juega en el campo geoestratégico de Bolivia para los intereses de dominio del continente por parte de EEUU. Con muchos matices, se podría hablar hoy de dos bloques principales de países, unos estrechamente aliados del país norteamericano (Perú, Ecuador, Colombia…) y anuentes a sus políticas económicas: TLC (Tratado de Libre Comercio) y ALCA. Otros enfrentados, en mayor o menor medida, a esos alineamientos estratégicos en lo económico, pero también en lo político (Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Cuba).
Por eso, en Bolivia no se juega simplemente en función de una situación interna, sino que hay muchos elementos que pueden inclinar a este país hacia una u otra posición y eso puede ser determinante para el futuro inmediato del país andino y de su población, pero también para el propio continente americano.
Esperemos entonces que, ahora sí, los pueblos de Bolivia sean capaces de hacerse con el control de su futuro.
Jesús González Pazos: responsable de Area Indígena de Mugarik Gabe