La eventual convocatoria a elecciones presidenciales para sustituir a Carlos Mesa en el gobierno de Bolivia es una decisión (impulsada por el propio Mesa en el paroxismo de su impotencia), que no sólo tiene el peso de la bendición eclesiástica al consumarse en la mansión del cardenal Julio Terrazas, sino también cuenta con el aval […]
La eventual convocatoria a elecciones presidenciales para sustituir a Carlos Mesa en el gobierno de Bolivia es una decisión (impulsada por el propio Mesa en el paroxismo de su impotencia), que no sólo tiene el peso de la bendición eclesiástica al consumarse en la mansión del cardenal Julio Terrazas, sino también cuenta con el aval del Departamento de Estado y del embajador norteamericano en La Paz; pero además es una salida alentada y financiada por los capitales chilenos que persisten en su afán de controlar el negocio del gas natural boliviano promoviendo el retorno del adenista Jorge «Tuto» Quiroga a la Presidencia de la República. El proceso electoral finalmente será conducido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez, tras una tensa presión popular para impedir que Hormando Vaca Diez, contra natura, se imponga como sucesor de Mesa.
El polvorín en que se ha convertido este país andino-amazónico donde los movimientos sociales a la cabeza de los pueblos indígenas exigen la nacionalización de los yacimientos de gas y petróleo (actualmente en poder de doce compañías transnacionales), exigencias ante las que Mesa renunció con pánico, tiene su detonante reaccionario en la ciudad de Santa Cruz, capital del oriente boliviano. Los representantes de la oligarquía «cruceña» fueron el principal sustento político de Gonzalo Sánchez de Lozada cuando éste fue expulsado del poder durante las revueltas de octubre en el 2003; en dicha ocasión Santa Cruz se ofreció como «sede de un gobierno provisional» al mando del propio Sánchez de Lozada, pero éste optó por huir a Washington en compañía de su cómplice en los genocidios del altiplano andino, Carlos Sánchez Berzaín. Sin embargo, tras la huida de los genocidas y al constatarse las veleidades equilibristas del sucesor Carlos Mesa, quien fue incapaz de consumar la Nacionalización de los Hidrocarburos y promover la Asamblea Constituyente tal como exigió el clamor popular mediante la Agenda de Octubre, los oligarcas cruceños -estrechamente vinculados a capitales chilenos- desataron una gran ola separatista anteponiendo un «Referéndum Autonómico» que pretende la apropiación de las riquezas gasíferas de Bolivia a favor del eje oligárquico Santa Cruz – Chile.
La mafia chileno-cruceña
Al mediodía del viernes 27 de enero del 2004 un coche-bomba explotó cuando la fiscal Mónica von Borries salía de su domicilio rumbo a su oficina en el Ministerio Público de Santa Cruz. Aquella horrenda muerte fue el baño de sangre con que los gamonales cruceños bautizaron al gobierno de Mesa instalado en octubre del 2003.
El asesinato se produjo cuando von Borries se disponía a investigar la apropiación ilegal de más de 400.000 hectáreas de territorio agrícola por parte del empresario constructor y ex ministro del MNR Andrés Petricevic, ante reclamos del Movimiento Sin Tierra (MST) que exigía la reversión de esas tierras para beneficio de miles de campesinos pobres. Se dijo que el crimen había sido cometido por el narcotraficante italiano Marco Marino Diodato, un mercenario que llegó a Bolivia durante la dictadura de García Meza y que en los años 90 trabajó para su tío político Hugo Banzer Suárez.
Diodato fue sorprendido «clonando» celulares del Alto Mando Militar y purgaba una condena en el Penal de Palmasola, en Santa Cruz, de donde huyó durante el gobierno de Sánchez de Lozada, hecho que también era investigado por la Fiscal asesinada. Hay más de una evidencia, revelada documentadamente por el periodista Víctor Orduna del Semanario Pulso, en sentido de que entre la banda de Diodato y el grupo empresarial de Petricevic existen estrechos nexos.
Según Orduna, Diodato y sus cómplices mantenían fluidas relaciones financieras y laborales con el Banco de la Unión, del que Petricevic es socio principal junto a los inversores chilenos Julián Adolfo Seco y Jorge Valdez.
Los capitales chilenos se han diversificado en las dos últimas décadas hasta transformar la economía de Santa Cruz en un satélite de la «pujante» oligarquía de Chile. Santa Cruz se parece cada vez más a Santiago y Miami. Este insólito «subcolonialismo» se desarrolla intensamente en rubros tales como la exportación de soya, el «show bussines» mediático y el negocio petrolero, entre los más jugosos. Esto explica el interés de la oligarquía cruceña, coincidente con las presiones que ejercen las transnacionales petroleras, por trasvasar a como de lugar el gas natural concentrado en la franja sur-oriental de Bolivia hacia el norte de Chile, donde este energético es una necesidad de vida o muerte.
El asesinato de la fiscal von Borries -que el gobierno de Mesa dejó en la impunidad- fue el inicio de una escalada conspirativa y delincuencial consumada, un año después de ese hecho criminal, con la propuesta política del «Referéndum Autonómico» lanzada en el «Cabildo de la Cruceñidad» que se produjo en enero de este año. El desenlace de esta coyuntura fue la renuncia del propio Mesa el pasado lunes.
Semejante «agenda cruceña» (que es el principal obstáculo para la Nacionalización de los Hidrocarburos y la Asamblea Constituyente definidas por la Agenda de Octubre) se impuso a plan de actos terroristas como el atentado dinamitero a un vehículo de la compañía Petrobrás en mayo pasado, atribuyéndolo a un supuesto grupo guerrillero de «izquierda», o la paliza sufrida por marchistas indígenas -que se dirigían pacíficamente al centro de Santa Cruz- a manos de la «Unión Juvenil Cruceñista», una organización paramilitar cuyos miembros son adiestrados nada menos que por los matones de Diodato.
Según información difundida por el analista Aníbal Jerez, el fascismo cruceño se ha corporativizado a través de organizaciones empresariales como CAINCO y la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), así como del Comité Cívico Pro-Santa Cruz y logias como «Nación Camba» que es una suma de las fraternidades carnavaleras de la oligarquía oriental. Las cabezas visibles de estas entidades pro-chilenas son los empresarios Branco Marincovic, Ruben Costas, Oscar Serrate, Rafael Paz, Oscar Ortiz y los hermanos Dabdoud: éstos, dice Jerez, reciben estipendios de las compañías petroleras en calidad de miembros de sus directorios o son socios de capitalistas chilenos en diversos rubros de exportación.
Asegura nuestra fuente que este grupo mafioso y fascista, en su afán de perturbar el clima de paz social necesario para viabilizar la Asamblea Constituyente, fue el que contrató a hordas de provocadores entre el lumpen («cleferos» y «artilleros») del mercado de La Ramada, quienes actuaron hostigando al Movimiento Sin Tierra durante el dramático conflicto en la Hacienda de los Yuquises entre abril y mayo pasados.
Alfombra para Tuto
El cabildo autonómico de enero de este año, a través del cual Santa Cruz intentó separarse de Bolivia nombrando un «gobernador», desató una onda conspirativa que culminó con la caída del pusilánime Carlos Mesa, no sin antes haber defenestrado al prefecto socialista Carlos Hugo Molina (quien renunció tras recibir una amenaza de linchamiento, al igual que el ex Ministro de Agricultura Javier Pedrazas que impulsaba la reversión de tierras de los Petricevic).
Y Mesa se fue como vino: pidiendo permiso al embajador norteamericano David Greenlee. Tuvo que ser el ex jefe de la CIA en Bolivia quien marcara el rumbo de la crisis boliviana. Mister Greenlee sostuvo intensos cabildeos con los representantes cruceños para buscar las alternativas a Mesa, el equilibrista. Se intentó inicialmente la sucesión constitucional para entregar el poder al presidente del Senado Hormando Vaca Diez; pero la inminencia de una radical resistencia popular contra el mirista cruceño hizo abortar esa opción.
Luego se tocaron las puertas de los cuarteles, al extremo de organizar una manifestación de civiles ante las puertas del Alto Mando Militar en Miraflores proclamando a un general más o menos carismático; pero los milicos todavía se resisten a la tentación golpista por temor a fragmentarse en el intento, lo cual sería obvio tomando en cuenta la polarización del país.
Finalmente la solución vino desde Washington: A mediados de mayo, una delegación cruceña encabezada por Branco Marincovic viajó a la capital de Estados Unidos en compañía de Mauricio Balcázar, yerno de Sánchez de Lozada, donde personeros del Departamento de Estado propusieron el adelantamiento de elecciones como parte de una estrategia para promover el retorno del ex presidente Jorge «Tuto» Quiroga al poder. Esta opción maduró y emergió desde instituciones «académicas» como el «Grupo de Trabajo para el Diálogo Interamericano» o el «Center for Strategic & International Studies» (CSIS) que son financiados por el consorcio «Kissinger McLarty Inc.», un cenáculo imperial que protege los intereses transnacionales en el hemisferio y reúne a líderes de las américas en una especie de club neoliberal donde personajes con «vocación de poder» como Sánchez de Lozada, Carlos Menem, Tuto Quiroga, Andrés Openheimer o Manuel Rocha comparten testeras por igual.
La Operación «Retorno de Tuto» comenzó a activarse ya en marzo de este año, cuando el correligionario y principal operador del «tutismo» en Bolivia, Mauro Bertero, quien aún oficia como vocero de Acción Democrática Nacionalista (ADN), propuso oficialmente el adelantamiento de elecciones para suplir a Mesa.
Tuto Quiroga fue el principal impulsor del trasvase de gas a puertos chilenos, con el pretexto de exportar el energético a California, ya en 1999, a través del proyecto Pacific LNG que Sánchez de Lozada heredó alegremente en el 2002. El ex Presidente adenista se perfila hoy como «el hombre de la concertación» que intentará neutralizar en las urnas el clamor popular para nacionalizar el gas, a través de una campaña que no sólo será financiada con aportes de las transnacionales petroleras, sino también con recursos provenientes de Chile donde este político mantiene intereses empresariales en actividades diversas como la aeronáutica, la banca y el turismo. Comienza así otra etapa en la dramática lucha del pueblo boliviano por defender la democracia y preservar sus recursos naturales.