Para tener una visión más completa del pensamiento del nuevo secretario de Educación, Carlos Torrendell, apelamos a un artículo de Virginia Pescarmona en La Izquierda Diario, a Pablo Esteban de Página 12 y a Martín Suárez de Tiempo.ar.
“Educación ya no será más Ministerio, será secretaría de Educación y estará dentro del nuevo Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Después de descartar a Martín Krause por sus repudiables dichos sobre el Holocausto y a la defensora de la dictadura Elena Urrutia, la esposa de Hernán Büchi, exministro de Hacienda de Pinochet; el elegido por Javier Milei fue el director de la Universidad Católica Argentina.
El Doctor en Ciencias de la Educación tiene trayectoria en la educación privada (UCA, Universidad de San Andrés, Universidad Católica de Chile) y, en particular, la religiosa. Es miembro del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina.
También es parte de fundaciones como Potenciar Argentina y un referente activo del movimiento School Choice, es decir, la persona que va a trabajar la idea de las escuelas voucher en Argentina. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Educación Católica con el arzobispo platense Héctor Aguer a cargo, un negacionista, conocido por sus posturas fundamentalistas, como las que esgrimió contra la legalización del aborto, condenando la homosexualidad y el matrimonio igualitario, el mismo que llamó a la “guerra santa” contra los enemigos de la Iglesia.
Tuvo su paso por la gestión pública de la mano del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta.
También fue uno de los 35 miembros permanentes del Consejo de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación nacional. Dicho organismo había sido creado por la Ley de Educación Nacional en 2006. Se había reunido una sola vez hasta la pandemia. A través de la resolución 549/2020, el Ministerio de Educación le dio un marco regulatorio. Una mesa en la que en forma inconsulta, y defendiendo negocios privados, se tomaron decisiones y modificaron artículos de la Ley de Educación para imponer la “educación remota”/teletrabajo, avanzando sobre derechos laborales y régimen de trabajo durante la pandemia, por ejemplo.
En otras palabras, Milei encontró el secretario de Educación a la medida de su ideario.
Quieren que la libertad avance… para hacer negocios con la educación
Torrendell está ligado a la defensa e impulso de la educación privada, a la injerencia religiosa y a la propuesta de vouchers. Es enemigo público de la ESI obligatoria en todas las escuelas y modalidades. Pero no sorprende, porque ya sabemos de las definiciones de La Libertad Avanza sobre este derecho, afirmando que es una ley excesiva, impulsada por el “marxismo” para “eliminar la humanidad”.
Afirma que su convicción es que hay que dar libertad a las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos e hijas. Pero su proyecto es la de habilitar el libre negocio de la educación, permitiendo la competencia entre instituciones, la pelea por la matrícula, y que el Estado se corra de su responsabilidad indelegable de garantizar el derecho a la educación para todos y todas.
Como escribe el propio Torrendell [1]:
“el concepto de ‘school choice’, traducido generalmente como «elección educativa» o «elección de escuelas», comenzó a instalarse en la Argentina a partir de la década del 90” y sigue…”el debate actual sobre elección de escuelas está planteado en el terreno del «enfrentamiento ideológico» (…) entre sus impulsores y defensores acérrimos o moderados (…) y aquellos que cuestionan y ponen en duda sus beneficios, la mayoría provenientes del campo de la Sociología y vinculados a posturas neomarxistas, neosocialistas o de la llamada «tercera vía». Los primeros confían en la eficacia social de los mecanismos de mercado (…) entre los defensores del movimiento de «school choice» no sólo podemos identificar posturas neoliberales sino que también encontramos defensores de grupos minoritarios y economistas (…) El segundo grupo, que se opone a la elección educativa (o al menos a ciertas variantes), denuncia la mercantilización de la educación, la posible fractura de las identidades sociales y culturales y la agudización de la inequidad educativa..”
Pero para este militante de la doctrina de la Iglesia, la justificación de este ataque al derecho a la educación, de correr la responsabilidad del Estado en el financiamiento y dar impulso a la política de vouchers es deseo de Dios. Y lo hace afirmando que “la Iglesia Católica condensa su doctrina sobre la libertad de enseñanza en la Encíclica Divini Illius Magistri del Papa Pío XI (1983) publicada por primera vez en 1929. En ella se sostiene que la «familia, pues, tiene inmediatamente del Creador la misión y, por lo tanto, el derecho de educar a la prole, derecho inalienable por estar inseparablemente unido con la estricta obligación, derecho anterior a cualquier derecho de la sociedad civil y del Estado, y por lo mismo inviolable por parte de toda potestad terrena» (n° 10)” [2].
Ajustar, desfinanciar, descentralizar y dar libre competencia a las instituciones educativas, sería por orden divina.
Motosierra sobre el ideal de educación pública, gratuita y laica
Hay un sentido común que dice que la educación en Argentina es pública, gratuita y laica. Personajes como Torrendell se proponen desterrar definitivamente este consenso. Cuenta a su favor que, desde hace mucho tiempo, esta conquista es más ideológica que legal.
La idea de educación común, gratuita y laica es parte de un debate que en nuestro país tomó forma con la Ley 1420 a fines del siglo XIX. Pero la 1420 fue sepultada, de hecho, por la dictadura en 1978, cuando transfirió las escuelas a las distintas jurisdicciones y proceso que terminó de completarse, en 1992, cuando el menemismo sancionó la Ley federal de Educación. El Congreso Nacional la derogó finalmente en 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Durante muchos períodos, la 1420 tuvo momentos en que legalmente no rigió, derogada o contrapuesta en los hechos a resoluciones, leyes, decretos, etc., que incluyeron el combate a la “escuela sin Dios” durante el Golpe de los ´30 y los decretos provinciales que implantaron la enseñanza de la religión católica en las escuelas, el decreto ley 18.411 durante el Golpe del ´43 que dispuso que “en todas las escuelas públicas de enseñanza primaria, postprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la Religión Católica o la Ley 12.978 de enseñanza católica, promulgada el 29 de abril de 194, durante el Primer gobierno de Perón.
Libre o laica, pública de gestión estatal o privada, hay varios debates que han sido hitos en el debate educativo acerca del rol del estado en relación a la educación, la injerencia de la Iglesia y otros actores, como las empresas o fundaciones en la elaboración de programas y diseños curriculares. Y en pleno siglo XXI, con las reformas de los ‘90 mediante, que no fueron modificadas en muchos aspectos con la Ley de Educación del 2006, hay provincias en las que seguían dando religión en las escuelas públicas.
Frente a la designación de Torrendell, en distintos medios se resaltó un pasaje de una entrevista [3] en la que, hablando de la educación pública, este afirmó que “la escuela no existe por el Estado, sino por la sociedad. Es pública, pero en un sentido no estatista ni subordinado. La educación privada no puede ser reducida a un tipo de gerenciamiento que será permitido siempre y cuando se convierta en una franquicia (franchising) del Estado o responda a los intereses e ideologías de turno de quienes ocupan el nivel directivo burocrático del aparato estatal [4]”.
El problema es que con la “pesada herencia noventista”, sus reformas y sus continuidades en todos los gobiernos posteriores, o las cláusulas negociadas con los lobbies como las Iglesias, que impusieron el artículo 5° a la Ley de ESI, donde dice que “la comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros “, estos personajes y los sectores a los que representan, tienen de donde agarrarse. Por ejemplo, y en la actualidad, este artículo es clave para que la ley no se implemente ni en todo el país, ni en todos los niveles, ni en todas las escuelas.
Por su trayectoria y, acorde a lo que ha expresado Milei en los debates, su ideario es volver al siglo XIX, y nunca tan literal, como un responsable del área educativa que cuestiona de la Ley 1420 (de 1884) a esta parte.
En su trabajo sobre el pensamiento de José Manuel Estrada (su tesis doctoral) lo muestran como un defensor del sueño y legado de J.M Estrada: ser un católico militante y trabajar en el Estado como funcionario público [5]. Allí las definiciones son un defensor acérrimo de la descentralización educativa, la privatización y una fuerte pelea por instaurar el contenido religioso en la educación pública.
En defensa de una educación pública, gratuita y laica
No son nuevos los debates. No son nuevos los sectores conservadores que pretenden hacerse del contenido de la educación ni aquellos que ven jugosos negocios con la educación privada en todas sus formas, con la venta de programas, los negocios editoriales, y un largo etcétera.
Pero la tradición de defensa de la educación pública en la Argentina también es larga y combativa. No menos cierto es que el desfinanciamiento persistente ha provocado una crisis muy profunda en las escuelas, que genera cuestionamiento. Pero las propuestas como los sistemas voucherizados y privatizados como el chileno han fracasado y fuimos testigos de las luchas contra esa herencia de la dictadura de Pinochet que se ha librado en las calles.
La pelea se tendrá que dar por más plata para educación, no más ajuste y de repensar y rediscutir, democráticamente, desde abajo qué educación queremos y necesitamos y qué necesitamos y queremos para conquistarla. Pero frente a estos ideólogos de la motosierra, que pretenden una cruzada conservadora y antiderechos decimos que, sobre el derecho a la educación, a la ESI, a los derechos laborales ¡No Pasarán!”
[1] Torrendell, C. H. «School Choice» : entre la libertad de enseñanza y la libertad de mercado. Revista Valores en la Sociedad Industrial. 2002, 19 (54).
[2] Ibídem
[3] “La educación privada: entre el neoestatismo y la sociedad civil”, 2014, Revista Cultura Económica, UCA.
[4] Y sigue la cita: “La escuela de la sociedad civil tiene sentido en sí misma, con su identidad y proyecto en el marco del bien común y del sistema educativo. El Estado tiene que animarla, protegerla, brindarle condiciones, coordinarla, regularla y controlarla para el logro del bien educativo nacional. Pero no enclaustrarla”.
[5] Escribe que “luego de la derrota de Rosas, las propuestas de política educativa de Sarmiento y del Autonomismo del ’70 desarrollaron normativas que pretendieron–inspiradas en Tocqueville y en la experiencia estadounidense– generar un cogobierno del sistema y de la escuela primaria compartido entre el Estado provincial y la sociedad civil. Estas ideas, que Estrada también fundamenta y propone en su Memoria, quedarán plasmadas en la ley de educación Nº888 de 1875 de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las élites porteñas progresivamente desecharon esta visión y aportaron al desarrollo de un protagonismo del Estado que subalternó y redujo a la sociedad civil solamente a la posición de destinataria de la educación escolar. El segundo proceso centralizador educativo es el protagonismo del Estado nacional por encima de los estados provinciales. Esto se consolidará con mayor fuerza a partir de la década de 1880 aunque la creación de los colegios nacionales y la nacionalización de las universidades ya son un indicio que lo preanuncia”, Memoria sobre la educación común en la provincia de Buenos Aires
Milei ya tiene quien aplique su receta ultraliberal en Educación
Por Pablo Esteban
Desde el balotaje del 19 de noviembre hasta la fecha, Javier Milei solo se concentró en delinear el organigrama y seleccionar a los funcionarios que lo acompañarán durante los próximos cuatro años. Una de las carteras más sensibles es la de Educación, que pasará de Ministerio a Secretaría bajo la órbita del superministerio de Capital Humano, al mando de la polifuncional (periodista, consultora psicológica y especialista en Ciencias de la Familia) Sandra Pettovello. Aunque durante toda la campaña, el presidente electo amagó con escoger al economista Martín Krause, la ventilación de frases antisemitas hicieron que su figura se fuera deshilachando. Al parecer, un camino similar corrió Elena Urrutia, abogada negacionista y con vínculos muy cercanos a la dictadura de Pinochet. Finalmente, quien fue confirmado en el cargo fue Carlos Torrendell. Así lo hizo saber la cuenta de twitter “Oficina del Presidente” y causó sorpresa porque el profesor de la UCA no figuraba en el radar de nadie.
Torrendell es doctor en Ciencias de la Educación (Universidad Católica de Chile) y profesor de la UCA en las materias Política Educativa e Historia de la Educación Argentina. También se desempeña como miembro del Consejo Nacional de Calidad de la Educación que forma parte del Ministerio de Educación de la Nación. Tendrá bajo su responsabilidad la misión de aplicar la lógica ultraliberal y de tinte privatizadora al sistema educativo argentino. Según la plataforma de La Libertad Avanza, el menú de políticas a implementar combina sistema de vouchers para generar “competencia entre las instituciones educativas”, eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza, rever la posibilidad de licencias injustificadas y el arancelamiento de las universidades públicas.
En un Estado que tenderá a achicarse lo máximo posible, una incógnita serán los fondos de los que disponga la Secretaría. Frente a ello, Milei aseguró de manera reciente: “La única billetera abierta será la de la ministra de Capital Humano”. Habrá que ver si finalmente esa lógica culmina imperando y cómo se aplica en la práctica. De acuerdo a un informe realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, si se aprobase sin modificaciones el presupuesto previsto para 2024, la inversión en Educación caería del 6,02 al 5,34 % del total invertido por el Estado. Como a partir del año que viene, según el líder libertario, no habrá dinero para obra pública, las remodelaciones y la creación de nuevas infraestructuras se verán resentidas. Según el documento, con autoría de los investigadores Javier Curcio, Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman, los programas que registrarían las principales caídas serían “Infraestructura y Equipamiento” (-32,63 %), “Actividades Centrales” (-28,2 %), “Información y Evaluación de la Calidad Educativa” (-27,1 %) y “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” (-19,3 %).
Apenas una nota al pie: a contramano de estos aires de recorte presupuestario, durante la campaña, el candidato Sergio Massa anunciaba el envío de un proyecto de Ley de financiamiento educativo para incrementar de 6 a 8 %.
A favor de la privada, católico, conservador (y conversador)
El perfil del secretario electo, al menos en teoría, permitirá cumplir con parte de las aspiraciones que Milei y su espacio proponían antes del balotaje. De hecho, es autor de libros y ensayos que defienden el sistema de enseñanza privada. En un artículo titulado “La educación privada: entre el neoestatismo y la sociedad civil” (publicado en 2014 por la Revista Cultura Económica de la UCA) que circuló en las últimas horas, opina: “La escuela no existe por el Estado, sino por la sociedad. (…) La escuela de la sociedad civil tiene sentido en sí misma, con su identidad y proyecto en el marco del bien común y del sistema educativo. El Estado tiene que animarla, protegerla, brindarle condiciones, coordinarla, regularla y controlarla para el logro del bien educativo nacional. Pero no enclaustrarla”.
Sus trabajos de investigación no solo dejan ver que Torrendell es un defensor de la educación privada, sino también de la educación católica. De los 14 artículos subidos al portal para académicos “Academia Edu”, más de la mitad se refieren a la educación católica en Argentina y América Latina. Asimismo, años atrás, se manifestaba en contra de la Educación Sexual Integral.
Una buena síntesis de su figura la realiza Manuel Becerra, docente en secundaria, formación docente y universidad públicas, a través de Twitter: “Carlos Torrendell es un referente de la educación privada tradicional, ligada a la Iglesia católica. (…) Anti ESI. Sabe leer y escribir y es civilizado, conoce el sistema educativo”. Y luego, en un hilo breve proyecta aquello que podría suceder con la aplicación de los vouchers: “No lo veo muy alineado con la idea de los vouchers, pero vaya a saber. La posición siempre de la iglesia fue un Estado en rol de subsidiario (de subsidios a ellos, justamente, no a la demanda como los vouchers). El subsidio a la educación privada, en Argentina, es el canal a través del cual el Estado transfiere recursos a la Iglesia católica. Los vouchers implicarían desarmar ese canal que funciona desde 1947, y armar otro supongo, salvo que se haga lo que dijo el prócer ése”.
Jason Beech, doctor en Educación (Universidad de Londres) y especialista argentino en Sociología de la educación y educación comparada, conoce a Torrendell y comparte una opinión positiva al respecto. “Es una persona preparada que hace mucho está en el mundo de la educación y de la política educativa. Está muy asociado a la Universidad católica y al mundo católico. Al mismo tiempo, es un muy abierto al diálogo y a la conversación y es respetado por eso”, dice Beech que conoce al futuro secretario de Educación de la Universidad de San Andrés.
Y remata: “Creo que es una señal positiva. A diferencia de Krause, dudo que sea una persona con una mirada asociada a los vouchers o a cambios radicales en el financiamiento del sistema. Puede interpretarse que Milei no quiere mucho conflicto en el área; probablemente no busque cambios radicales sino acuerdos”.
Los que dieron de baja y el músculo PRO
Quien en una primera instancia tenía todos los números para estar al frente del área educativa era el economista Martín Krause. Era, de hecho, quien figuraba como uno de los responsables del bosquejo de reforma educativa que la plataforma de La Libertad Avanza dejaba entrever. Una transformación que implicaba la libertad de contenidos, métodos y proveedores. Esto es: la misma lógica de desregulación que se imprime en el resto de los sectores, también aplicada a un área sensible como la formación de las personas en todos los estamentos educativos. Una iniciativa por intermedio de la cual se financia la demanda y no la oferta: quienes recibirán el dinero del Estado son las familias y no las instituciones.
Durante la campaña, se viralizó un video en que Krause pronunciaba frases infelices como: “Imagínense si en la Gestapo hubieran sido argentinos, ¿no hubiera sido mejor?”. Y sigue: “Porque en vez de matar 6 millones de judíos, hubieran sido menos. Porque hubiera habido coimas, ineficiencias, se hubieran quedado dormidos… pero eran alemanes. Ese fue el problema que hubo”. En apenas 15 segundos, banalizó el Holocausto y afirmó que Argentina, básicamente, estaba compuesta de “chantas” y personas que “no cumplen nada”. De hecho, es posible que la circulación pública de su pensamiento haya sido determinante para dejarlo a medio camino en la carrera para ocupar el principal cargo para dirigir la política educativa del país.
Quien desde hacía dos semanas había ganado protagonismo era Elena Urrutia, abogada argentina y esposa de Hernán Büchi, exministro de Hacienda de Pinochet. De hecho, era la figura que se encargaba de la transición en el área con el equipo del actual ministro Jaime Perczyk. Como Urrutia había realizado un máster en la Eseade (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas), las matemáticas arrojaban certezas. La institución fue fundada en plena dictadura por Alberto Benegas Lynch hijo, el «prócer del liberalismo» según Milei, actor que había funcionado como puente para acercar la chance de que esta confesa negacionista de la última dictadura tomara las riendas del Palacio Pizzurno.
Finalmente, el escogido fue Torrendell, que proviene del ámbito académico, pero también desempeñó funciones públicas. Entre 2012 y 2017, se desempeñó como Coordinador y Asesor de Planeamiento Educativo y en Formación Docente dentro del Ministerio de Educación de CABA; y durante el bienio 2016-2017, fue Miembro del Consejo Consultivo, como parte de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa del distrito porteño. Por la procedencia, parece que el ala macrista, además de definir piezas claves en Economía y Seguridad, ganó una pulseada adicional.
Nuevo responsable para la educación
Por Martín Suárez
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Es Presidente de la ONG Potenciar Argentina que aboga por varios aspectos: el fin de la pobreza, educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico. “Estamos presente en distintas provincias y que lleva adelante proyectos educativos que involucran a docentes, estudiantes, jóvenes, adultos, niños, profesionales y trabajadores”, destacan en la información oficial. Entre sus programas educativos que acercan a establecimientos públicos y privados se destacan: Programa “primera línea”, basado en la “Formación de líderes innovadores”; el “MetaLab”, focalizado en “Enseñar y aprender en el Metaverso”.; y el programa “Enlaces”, que realiza “Actividades y experiencia de trabajo con estudiantes de último año de secundaria”.
La ONG tiene varios socios, aportantes o “aliados”, como los califican en la web, entre los que se encuentran: la empresa láctea “La Serenísima”; la privada multinacional Pan American Energy; la editorial Grupo Planeta; el apoyo de la municipalidad de Pinamar; la Fundación Varkeys; y las universidades privadas UCES y UMSA; entre otras empresas del sector privado.
En cuanto a sus relaciones políticas y religiosas, Torrendell tiene lazos con el ala dura de la Iglesia Católica por ser miembro del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina. Pero lo más llamativo del secretario de Educación de Milei, es que fue parte del gobierno de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta en el ejecutivo porteño. Entre los años 2012 y 2017 se desempeñó como Coordinador y Asesor de Planeamiento Educativo y en Formación Docente dentro del Ministerio de Educación, y fue miembro del Consejo Consultivo de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa.
Es autor de varios ensayos y artículos educativos. En 2014 la Revista Cultura Económica de la UCA, publicó su ensayo: “La educación privada: entre el neoestatismo y la sociedad civil”. En el escrito, destaca su defensa por la educación privada, desprecia al Estado
“La escuela no existe por el Estado, sino por la sociedad. Es pública, pero en un sentido no estatista ni subordinado. La enseñanza privada no puede ser reducida a un tipo de gerenciamiento que será permitido siempre y cuando se convierta en una franquicia (franchising) del Estado o responda a los intereses e ideologías de turno de quienes ocupan el nivel directivo burocrático del aparato estatal. La escuela de la sociedad civil tiene sentido en sí misma, con su identidad y proyecto en el marco del bien común y del sistema educativo. El Estado tiene que animarla, protegerla, brindarle condiciones, coordinarla, regularla y controlarla para el logro del bien educativo nacional. Pero no enclaustrarla”, escribió Torrendell en un ensayo titulado.
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En 2024 habría menos recursos para Educación
La educación no figura entre las prioridades del Proyecto de Ley de Presupuesto 2024. Es que la inversión nacional en la cartera será más baja que el año pasado y representará el 5,34% del total de gastos de la Administración Pública Nacional. La cifra, cuyo impacto efectivo dependerá de la inflación de 2024, abarca los recursos del ministerio y nominalmente implica un crecimiento del 60,9%, mientras que el incremento nominal del conjunto de la Administración Pública Nacional es del 82,8%.
Los datos surgen del informe Presupuesto Educativo Nacional 2024, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP – UBA Conicet), Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman (Observatorio de Argentinos por la Educación).
El documento analiza el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2024 que se está debatiendo en el Congreso, teniendo en cuenta tanto el gasto del Ministerio de Educación nacional como los gastos educativos de otros organismos de la Administración Pública Nacional.
La inversión nacional en educación representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público; el restante 75% corresponde a las provincias.
Si se analiza el presupuesto según funciones, lo asignado a Educación y Cultura aumentaría un 87,2%. Esta función equivale al 6,94% en 2023 y al 7,16% en 2024. El 73% de los recursos de la función Educación y Cultura corresponden al Ministerio de Educación, seguido por las Obligaciones a Cargo del Tesoro y por el Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Educación recibirá el 5,34% de los recursos nacionales en 2024 (una caída con respecto al 6,02% de 2023), y se mantiene como el 5° ministerio con mayor presupuesto. Más de la mitad de los recursos serán para educación superior (55,4%), seguido del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), compensaciones salariales (14,2%), y becas a estudiantes (11,8%).
Agustín Claus, especialista en Economía de la Educación de Flacso, analiza: “La gran incertidumbre de este año consiste en ver qué decisión tomará el presidente electo, Javier Milei. Eventualmente, podría enviar un nuevo proyecto de ley con readecuación de las partidas presupuestarias o bien prorrogar el presupuesto vigente de 2023 para 2024, lo que implicaría un ajuste de la magnitud de la inflación acumulada durante todo 2023. Ninguna de las opciones permite esperar una expansión de la inversión a cargo del Estado nacional”.
Masiva Asamblea Nacional de Becarios
La Asamblea Nacional de Becaries nuclea a trabajadores de la ciencia de distintas provincias. La convocatoria tuvo impulso ya que el CONICET en particular y la ciencia en general, viene siendo uno de los primeros objetivos de ajuste por el gobierno electo de Javier Milei. Tal como dijo el Presidente electo, para él la ciencia tiene que estar “afuera”. Para colmo, Milei designó como posible responsable del CONICET a Daniel Salamone, quien volvió a tener varias apariciones en los medios de comunicación, que alertaron a los diversos colectivos de becarios y trabajadores de la Ciencia.
Salamone ha dado varias declaraciones en los últimos días, en los que planteó su “modelo” para el CONICET: la profundización de la injerencia del sector privado en la ciencia, búsqueda individual de financiamiento privado, modelo start up de rentabilidad, meritocracia de producciones, y un fuerte discurso de división por ramas de la ciencia.
Al mismo tiempo, los trabajadores de la ciencia denuncian una crítica situación en relación a la precarización de su trabajo: falta de aguinaldo, becarios sin aportes jubilatorios, falta de licencias, y salarios insuficientes.
Es por esto que, durante los últimos días se han desarrollado a su vez diversas asambleas, los trabajadores de la ciencia comienzan a organizarse. Se realizaron asambleas en el Polo Tecnológico, en diversos lugares de trabajo, y convocatorias por zona de ATE Conicet.
Durante la Asamblea Nacional de Becaries circularon las preocupaciones frente al modelo planteado por Salamone, que se superpone con reclamos previos que arrastran los sectores más precarizados de la investigación científica como los becarios.
Entre las consignas que se discutió exigir se encuentran: que la plata vaya para ciencia, salud, educación y vivienda y no para pagarle al FMI; el rechazo a la eliminación de la exclusividad de las becas como intento de reducir los salarios y la dedicación a la ciencia; que se efectivice el alta a los ingresantes CIC 2022 y que este gobierno efectivice el pago del aguinaldo. También se planteó la necesidad de defender desde la Asamblea a la comunidad trans travesti y no binaria (TTNB) del CONICET y exigir que el organismo incorpore el cupo laboral TTNB en convocatorias a becas (doctoral, finalización del doctorado, post doctoral) y en el ingreso a carrera científica como política trans-inclusiva.
A estas preocupaciones se le suman los ataques que implican el modelo que Salamone plantea llevar adelante, por lo cual se hizo hincapié en la necesidad de mantenerse organizados frente a los ataques que vendrán. También se desarrolló sobre la importancia de realizar una activa campaña en las redes sociales en apoyo a los trabajadores de la ciencia, y para desmitificar los planteos del posible presidente del CONICET.
En la asamblea se expresó también que el ataque que vendrá será al conjunto de la clase trabajadora. En este sentido, las declaraciones en perspectiva de cerrar los medios públicos de comunicación y la privatización de YPF son una muestra. Por eso se planteó la necesidad de coordinar con esos y otros sectores para llevar a otros sectores la solidaridad, y fortalecer alianzas para que la respuesta a los ataques no se dé por separado. Se podría coordinar así la fuerza de miles de trabajadores estatales de diversas dependencias, que seguramente serán atacados por el gobierno de Milei.
La Asamblea se declaró en estado de asamblea y movilización. Al mismo tiempo, se criticó la decisión de ATE de suspender la movilización que se había votado para el jueves 30 convocando en su lugar a una conferencia de prensa, por lo que se votó participar de esta nueva medida, pero sumando una propuesta de movilización unificada para las próximas semanas. A su vez hubo varias críticas en relación a la falta de espacio de participación y movilización de los sindicatos, por lo que se planteó exigirles a las centrales sindicales que luchen para proteger el trabajo del conjunto de los trabajadores y que se apeguen a las agendas de lucha acordadas en las asambleas.
Nueva asamblea de becaries del Conicet
La Asamblea Nacional de Becaries de la Regional CABA, que reúne becarixs de CONICET, UBA, UNSAM y Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, realizó el miércoles 6 de diciembre una concentración en el Polo Científico, ubicado en Godoy Cruz 2320 de la Ciudad de Buenos Aires, que incluyó un abrazo simbólico al CONICET, en defensa de las amenazas de ajuste y por el pago de aguinaldo para becarixs.
Durante la jornada se reclamó: Derechos laborales plenos para becarixs; pago del aguinaldo en diciembre; que los salarios de lxs becarixs se actualicen automáticamente con las paritarias estatales; que se reconozca igual salario por igual tarea en todos los organismos de CyT; que se efectivice el alta a quienes fueron evaluadxs positivamente para ingresar a la carrera de investigadorx; que se efectivicen las becas concursadas en 2023. Se defenderá además la dedicación exclusiva de las becas y los derechos alcanzados, por lo que se pedirá un salario correspondiente a un trabajo con dicha dedicación.
¿Quién es Daniel Salamone?
Daniel Salamone es médico veterinario, dirige el Laboratorio de Biotecnología Animal de la UBA y es investigador del CONICET, el mismo organismo que conducirá desde el 10 de diciembre. “El clonador nacional”, como lo define Javier Milei, nació en Entre Ríos hace 63 años, hizo su residencia en el zoo porteño y se doctoró en Estados Unidos.
En 2000 volvió al país, inspirado por una charla con René Favaloro sobre la dificultad de conseguir “donantes universales” de corazones para trasplantes. Decidido a dedicar su carrera a la reproducción asistida, en 2002 formó parte del equipo que alumbró a Pampita, la primera vaca clonada de Latinoamérica. Ocho años después nació Ñandubay Bicentenario, el primer caballo. Más tarde copiaría cabras, perros, gatos, cebras y chitas.
Su último desarrollo son cinco cerdos editados genéticamente, también pioneros en la región, nacidos para cumplir el deseo de Favaloro: que sus descendientes se multipliquen de a miles, y así puedan trasplantar piel, córneas o nervios a humanos. Salamone ve en la clonación un futuro próspero, donde se revierta la diabetes con una sola intervención o se preserven para siempre especies en peligro de extinción. “La naturaleza clona, crea gemelos. Nosotros encausamos esa fuerza e hicimos una tecnología”, se justificó en una entrevista con Clarín, donde también confesó su temor a las capacidades de daño de la energía atómica y de la inteligencia artificial.
¿Qué piensa sobre el CONICET y cómo imagina su futuro? Sin experiencia en gestión política, durante estos días lo definió como “la organización gubernamental más reconocida en América Latina” y negó ideas de cierre o privatización, aunque sí anticipó su intención de reducir ingresos de investigadores, además de esbozar un cambio sustancial de orientación: que los científicos prioricen la productividad y la cantidad de papers, sin excluir la posibilidad de que financien sus propios trabajos. “Cuando uno quiere hacer un proyecto de investigación, tiene que «venderlo» para conseguir el dinero”, justifica.
En contra de lo que considera “trabas regulatorias”, critica el esquema mediante el cual el CONICET tiene participación y voto en las empresas a las que aporta investigadores, ya que “asusta mucho” al sector privado. En esa línea, buscará conseguir fondos de inversión y “crear una suerte de cartera de proyectos que compitan, con un horizonte puesto en formar empresas start-up” y foco en la meritocracia.
Su otro objetivo es reforzar las investigaciones dedicadas a la vivienda, el agro y el clima. “Estamos poniendo plata en lugares que no corresponden, cuando hay gente que no está comiendo”, planteó. “Tenemos que tomar conciencia de que estamos en un país que es pobre en este momento, y debemos dar una mano”.
Los desafíos ante el nuevo gobierno de ultraderecha: un llamado a organizarse
Por Ademys
El triunfo electoral de Javier Milei nos pone en alerta a sectores amplios de la sociedad, especialmente los movimientos de lucha de trabajadores ocupados, precarizados y desocupados, de DDHH, de mujeres y diversidades sexuales y de género, de la salud, la educación, la ciencia, la cultura, etc.
Ante su programa de gobierno, que es público y que plantea un cuadro de profundización del ajuste y reformas estructurales, de avance sobre los derechos democráticos, Ademys ratifica la defensa de los derechos sociales y de la clase trabajadora, como así también la defensa irrestricta de la educación pública, estatal, gratuita, laica, científica y de género.
Rechazamos cualquier intento de avanzar en la mercantilización y ajuste educativos, así como defendemos el salario y el Estatuto Docente que el programa de Milei amenaza con pulverizar. Nos proponemos desde ahora mismo organizar la resistencia con todos los sectores en lucha, ante las promesas de ataque de Javier Milei.
La combinación del rumbo de ajuste fondomonetarista del gobierno que se va y la profundización de una línea reaccionaria y de ataque a lxs trabajadores y sectores populares con el nuevo gobierno, presentan enormes desafíos para el gremio docente.
El planteo histórico de Ademys en el plano gremial es el salario igual a la canasta familiar por un cargo. Más que nunca, seguiremos dando batalla en un cuadro más complejo a nivel nacional, Ministerio de Educación pasa a mera Secretaría y -aún con los límites que tiene desde su puesta en marcha- peligra la continuidad de la paritaria nacional docente. En CABA, con la asunción de Jorge Macri como Jefe de Gobierno, se plantea un escenario de un eventual co-gobierno con la ultra derecha de la Libertad Avanza de Milei y Ramiro Marra, que se aprestan a votar en la Legislatura un presupuesto 2024 de ajuste.
Está en juego la escuela pública, el salario, nuestras condiciones laborales y derechos conquistados, así como los regímenes previsionales, la estabilidad en los cargos y el presupuesto educativo.
Impulsamos la más amplia unidad desde las escuelas y las organizaciones sindicales para actuar en frente único de lucha con todos los sectores docentes, estudiantiles y de familias que estén dispuestos a dar la pelea en defensa de la educación pública. Además, en total solidaridad y coordinación con todos los sectores de trabajadores ocupados y desocupados, del movimiento de mujeres y diversidades y de la juventud. Reafirmamos nuestra pertenencia al Plenario del Sindicalismo combativo y la necesidad de fortalecer la articulación con los sindicatos y agrupaciones combativas de la docencia nacional.
Desde Ademys, sindicato integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, consideramos como un aspecto fundamental la defensa del conjunto de las libertades democráticas y contra la persecución y criminalización de la protesta social, del juicio y castigo a los culpables, cárcel a los genocidas y el cierre de todas las causas a los que luchan.
Una vez más, afirmamos con toda nuestra fuerza: ¡Son 30.000! Repudiamos las declaraciones de Milei y de vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, de obsceno negacionismo y apología del terrorismo de Estado.
Proponemos a toda la docencia porteña impulsar asambleas y reuniones en las escuelas y distritos para deliberar sobre la situación planteada y organizarnos frente a los desafíos que tenemos por delante y a las organizaciones sindicales docentes -en particular, a la UTE-CTERA- y estudiantiles a reunirnos para tomar iniciativas de lucha y dar una respuesta de conjunto. Damos nuestro expreso apoyo a lxs trabajadorxs, de Télam, TV Pública y Radio Nacional quienes se encuentran ya en estado de asamblea ante la amenaza de privatización de esos medios al igual que a lxs trabajadores estatales nacionales.
Organicémonos desde ahora contra los planes de Milei, Villarruel y Jorge Macri.
Afíliate a Ademys en defensa de la escuela pública.
Sigamos construyendo un sindicato combativo, independiente y de lucha.
¡Ni un paso atrás!
En Mendoza, docentes protestaron fuera de la Legislatura
Trabajadores y trabajadoras de la educación se concentraron por el reclamo ante los numerosos cierres de cursos en la modalidad de Jóvenes y Adultos. Lo realizaron fuera de la Legislatura provincial antes de la asunción de Cornejo como nuevo Gobernador
La concentración se realizó para extender el reclamo y exigir una solución urgente a la problemática.
Laura Espeche una de las trabajadoras afectadas contó «esto afecta a uno de los sectores más vulnerados de la educación, donde cursan chicos y chicas con dificultades para poder asistir a las secundarias de enseñanza media debido a sus horarios de trabajo, madres trabajadoras que son sostén de familia y no tienen otra posibilidad de terminar sus estudios, entre muchas otras problemáticas que rodean a la comunidad de los CENS y CEBJA que hoy sufren el ajuste de Cornejo. Este gobierno por un lado habla de inclusión y por otro ajusta a los más vulnerables”.
Hugo Brito y Jaldo dejan al salario docente por debajo de la pobreza en Tucumán
Con un breve comunicado de prensa, la conducción de ATEP anunció el lunes pasado el acuerdo paritario alcanzado con el gobierno provincial: «Los docentes tucumanos continuarán recibiendo, en los meses de diciembre y enero, la suma de $40.000 por agente y quienes posean dos cargos o 30 horas o más, recibirán por el segundo cargo un adicional de $15.000, es decir entre dos cargos un total de $55.000 no remunerativos y no bonificables».
Recordemos que el salario inicial de una maestra de grado fue de 238.000 pesos y el salario de una profesora con 24 años de antigüedad apenas alcanzó los 263.000 pesos por cargo para el mes de octubre. Es decir, muy por debajo de la canasta de pobreza que el Indec calculó en 345.000 pesos en ese mismo mes.
El acuerdo que firmó Hugo Brito también deja el salario docente perdiendo por goleada contra una inflación que ya lleva un incremento del 142% interanual. El acuerdo se amolda a las prerrogativas del gobierno de Jaldo, que arrancó su gestión desenfundando la motosierra de Milei en la provincia, apuntando contra los trabajadores estatales.
«No hay plata» es la campaña de Milei, y Jaldo la hizo suya inmediatamente, con un ajuste de 220.000 millones de pesos que incluye, entre otras medidas, el fin de las adscripciones, con un efecto colateral: el desplazamiento de miles de docentes reemplazantes que podrían quedar sin trabajo. Pero «sí hay plata» para los grandes empresarios de la provincia que se vieron favorecidos por el mismo decreto con una rebaja de impuestos, como las patronales del citrus que tienen alícuota cero en sus exportaciones o los ingenios azucareros con las alícuotas más bajas del impuesto a los ingresos brutos.
Una vez más la conducción de ATEP viola el mandato de las asambleas zonales de delegados de escuelas, en las que se había votado un aumento del 83% en el salario básico. Y es que a través del Congreso de ATEP, controlado por su agrupación, Hugo Brito se encarga de avasallar sistemáticamente el mandato de las escuelas. La bronca en la docencia es generalizada y el Facebook del gremio se llena de insultos y reclamos a medida que pasan las horas.
«Hugo Brito y la conducción de ATEP otra vez traicionan a las bases y entregan el salario docente a un gobierno que está ajustando a tono con los planes de Milei. El peronismo tucumano fue cómplice de Macri y se prepara para ser cómplice del ajuste del nuevo gobierno, que ya adelantó que se viene con una fuerte suba de tarifas, despidos, privatizaciones y un fuerte ajuste en el sector público, que no va a pagar la ¨casta política¨ integrada al gobierno, sino el pueblo trabajador», sostuvo Pía Mustaqui, delegada y referente de la Agrupación Marrón Docente.
«Tenemos que movilizarnos para repudiar esta nueva entrega y empezar a coordinar con otros sectores que también están siendo atacados, como las y los trabajadores de la Salud y municipales, con los estudiantes y sus familias. Nadie se salva solo, tenemos que unificar las fuerzas y salir a las calles para enfrentar el ajuste», manifestó Sofía Jatib, también delegada y referente de la Agrupación Marrón Docente.
Por la continuidad del Canal Pakapaka
El Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, entidades y profesionales afines se encuentran juntando adhesiones para solicitar a las autoridades que asumirán el gobierno nacional el 10 de diciembre su compromiso público de dar continuidad del Canal Pakapaka, el primer canal infantil público de Argentina, preservando los derechos de las infancias a una comunicación pública de calidad, dando cumplimiento al artículo 17 de la Convención de los Derechos del Niño que ordena a los Estados a alentar a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para la niñez y a elaborar directrices apropiadas para protegerla frente a toda información y materiales que puedan resultar perjudiciales para su bienestar.
Paka Paka fue fundado en 2010 y es considerado uno de los mejores canales internacionales para audiencias infantiles, tanto por la calidad de sus producciones, como por su concepción educativa plural y su misión de compromiso en la formación ciudadana y la centralidad de otorgar voz a su propia audiencia.
“Pakapaka se inserta en un contexto mundial donde las televisoras públicas para las infancias son la norma para complementar, desde una concepción de servicio público, a las señales infantiles privadas de carácter comercial. Tanto en Estados Unidos, como en las naciones europeas, en Brasil y Latinoamérica, en Japón y en otras tantas naciones del mundo, se cumple con este requisito, contemplado en nuestro país en el art.17 de la Ley 26522. Durante estos 13 años Pakapaka ha brindado miles de horas de programación de apoyo escolar tanto para el nivel inicial como para el nivel primario y es corrientemente utilizado en las aulas de todo nuestro país, tanto a través del uso de su señal como de los contenidos programados en los carritos tecnológicos escolares o de su disponibilidad en internet”, afirman los autores de la iniciativa.
Adhieren a esta solicitud: consejeros, consejeras y organizaciones de la sociedad civil, reunidos en el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, entidades y profesionales afines, a través de la difusión en sus redes sociales y canales de comunicación social.
Para adherir ingresar AQUÍ
Después de muchos años la izquierda recuperó el gremio docente en Córdoba
Después de muchos años de burocracia sindical la izquierda recupera uno de los sindicatos más importantes de Córdoba: la UEPC sindicato que representa al grueso de los docentes en la provincia.
Tras un año de mucha lucha donde se denunció la burocracia de la Lista Celeste, se logró imponer la lista 2, compuesta por diferentes sectores de la izquierda.
Por eso, este viernes 1°, en un concurrido acto, los delegados y secretarios que recibieron formalmente la sede del sindicato prometieron combatir al gobierno provincial y su intención de reformar por derecha la educación.
También prometieron darle pelea al gobierno de Milei y su intento de privatizar la educación. En el acto participaron sindicatos docentes de todo el país.
En su primer día como secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, advirtió en diversos medios de comunicación la preocupación del sindicato respecto al panorama político y social actual y los ajustes que se avecinan.
En primer lugar, manifestó que la medida anunciada este jueves por el gobierno nacional electo sobre la eliminación del Ministerio de Educación de la Nación -que pasará a ser una secretaría dependiente de un “superministerio de Capital Humano”- pone en alerta a toda la docencia del país.
El Secretario General alertó además que esta medida acerca del Ministerio puede significar el fin de la Paritaria Nacional Docente, por ser el ámbito que regula las condiciones salariales y la distribución de los recursos a nivel nacional, y las inversiones en infraestructura, materiales pedagógicos y nuevas tecnologías. Entre otros aspectos, enfatizó la preocupación acerca del cumplimiento de lo establecido por la Ley de Financiamiento Educativo.
Al respecto, Cristalli planteó como eje central la resistencia como sindicato los ajustes anunciados y el rechazo al modelo educativo que se está proponiendo: “El sistema de voucher planteado va a ser muy difícil que pueda implementarse, es lo peor que le puede pasar al sistema educativo, porque lo que se toma como ejemplo es el modelo de Chile, mientras que los propios chilenos vienen a estudiar a Argentina porque acá hay educación de calidad y garantizada por el Estado. Ellos para poder acceder a un título universitario tienen que endeudarse a 30 años, y evidentemente hay una desigualdad enorme entre quienes tienen posibilidades y los que no”.
Entre otras cuestiones, indicó sobre el rol que asumió este jueves: “Como organización sindical vamos a defender el trabajo de los docentes, la estabilidad laboral, el salario y las jubilaciones. Vamos a apoyar las políticas públicasque garanticen que las escuelas no se cierren y que aseguren a las y los estudiantes el acceso a la educación obligatoria desde el nivel Inicial hasta el nivel Secundario a cargo del Estado”.
“Vamos a exigir que el acuerdo salarial realizado hasta el mes de enero de 2024 se cumpla tal cual está firmado, es decir que se garantice que los salarios queden cada mes 10% por encima de la inflación”.
“Nos preocupa muchísimo el anuncio de intentar la transferencia de la Caja de Jubilaciones, porque eso significaría que ya no pagaría una parte la Provincia si no que se resolvería a través de Anses. Además, exigimos garantías de que no se eleve la edad jubilatoria, ya que sería un despropósito pretender que los docentes trabajen hasta los65 años, y también exigimos tener la garantía de que se mantiene la suspensión del diferimiento para los aumentos, el 82% del cálculo del haber jubilatorio y el 82% del Fonid que lo estamos cobrando ya”.
“Tenemos que tener inversión para que todas las escuelas empiecen a funcionar el primer día de clases, para infraestructura escolar, que hay muchas escuelas con inconvenientes y si no se prevé hacerlo con tiempo durante este mes y el verano va a ser muy difícil que en algunos lugares se pueda comenzar”.
Respecto al rol del sindicato, reafirmó su vocación de diálogo institucional con todos los niveles de gobierno y la defensa delmodelo gremial docente que sostiene la UEPC, basada en la lucha irrestricta por mejores condiciones laborales y la construcción permanente de propuestas vinculadas a salud, recreación, capacitación y demás aspectos para acompañar la vida de las y los afiliadas y su grupo familiar, y la docencia en general.
Los nuevos miembros de la Junta Ejecutiva Central del gremio docente, encabezada por el secretario generalRoberto Cristalli, y la secretaria general adjunta Elizabeth Vidal, quienes fueron electas y electos el pasado 4 de agosto, comenzaron sus funciones al frente de la UEPC a partir del viernes1° luego de un emotivo acto de asunción de las nuevas autoridades, que se llevó adelante el jueves.
Durante el acto, Juan Monserrat, quien fue secretario general de nuestra organización durante dos periodos señaló: “Estoy convencido de que hemos hecho lo mejor que pudimos hacer y hemos construido una organización en la que nuevas voces se van a integrar al debate colectivo. Vamos a honrar a este sindicato para que siga debatiendo, luchando y resistiendo. Hoy más que nunca”, expresó el ex titular de UEPC.
Diario El Chubut lanza campaña macartista contra la docencia y la izquierda
En su editorial de este lunes 4 de diciembre el diario El Chubut lanzó una acusación infundada contra la izquierda acusando a los partidos trotskistas de preparar sabotajes a las escuelas.
Si esto ya no fuera algo ridículo, en el marco de una provincia que prioriza el pago de la deuda externa a la inversión en educación y a la calidad educativa para lxs que estudian y trabajan en sistema educativo público estatal. La intoxicación masiva en la escuela 7719 de El Maitén en 2022, con más de 50 estudiantes y docentes intoxicados, hizo evidente la crisis de infraestructura escolar y decenas de escuelas fueron cerradas ante problemas estructurales. Decenas de escuelas sin calderas como sucedió en la escuela 724 o en la 792 en Trelew en 2023, por nombrar solo dos ejemplos de la crisis del sistema educativo provincial.
Este ataque, quiere sentar un precedente peligroso, todo lo que se rompe, no es por falta de inversión, o por la desinversión en el presupuesto, sino porque los docentes serían quienes lo rompen. No podemos permitir que se quiera estigmatizar y demonizar a las y los docentes y a la izquierda que vienen desde 2018 enfrentando el ajuste de Arcioni, primero en el gobierno nacional de Macri y luego con el gobierno del Frente de Todos.
El Chubut, como hacen los medios nacionales apoyando y difundiendo las medidas de ajuste y el plan de guerra contra el pueblo que prepara Milei, hace periodismo de guerra a favor del ajuste que va a llevar adelante el electo gobernador “Nacho” Torres, quien seguirá priorizando el pago de la deuda externa a la inversión educativa e impulsando los bajos salarios y el ajuste a las y los trabajadores de la educación y al presupuesto educativo.
No por nada, ya incorporó dos miembros de La Libertad Avanza a su gabinete, se reunió con la defensora de los genocidas y vicepresidente electa Victoria Villarruel y ya dijo que «Nuestro compromiso es trabajar en conjunto y concretar las transformaciones que Chubut y la Argentina necesitan» en su saludo al presidente electo, Javier Milei. Nada bueno podemos esperar de este gobierno provincial y nacional que quiere llevar adelante un ajuste brutal contra el pueblo trabajador.
Enfrentar al macartismo, es parte de defender el derecho a la organización para enfrentar los ataques de la clase dominante -y sus representantes- y sus planes de hambre y miseria para las grandes mayorías.
Contra este plan de guerra es necesario organizar y preparar la resistencia desde ahora, haciendo asambleas por escuela junto a la comunidad educativa, auxiliares, padres, madres y estudiantes, exigiendo al sindicato asambleas por regional y plenarios que tiendan a unir y coordinar con las y los estatales, y el conjunto de los trabajadores, con el movimiento de mujeres y la juventud combativa, porque si nos atacan a uno, respondemos todos.
Sistema de créditos universitarios
Por Guillermo Ramón Ruiz
Una medida del actual gobierno, no del que viene, propone drásticos cambios académicos que podrían, entre otras cosas, suponer una estandarización de los planes de estudio y un acortamiento de la formación de grado, pero sin precisiones temporales ni diagnósticos claros. Se denomina sistema de créditos, y no parece favorable a la promoción de ofertas universitarias acordes con las dinámicas exigencias del presente.
En las universidades norteamericanas y europeas, el crédito tiene el significado vinculado con la enseñanza de materias de las carreras universitarias. Allí, los cursos tienen un valor medido en una cantidad de horas, ese valor se denomina crédito. En función de su cantidad de horas, los cursos pueden valer, por ejemplo, 10 créditos o más. Por eso, es común escuchar a estudiantes de esos países decir que precisan conseguir una determinada cantidad de créditos para concluir un ciclo de estudios. Desde hace varios años en algunos posgrados argentinos se comenzaron a implementar créditos para computar los cursos que deben tomarse antes de realizar una tesis.
Ahora bien ¿qué es el sistema de créditos académicos aprobado por la anterior administración? Según la resolución ministerial 2.598 (del 21 de noviembre), 1 crédito equivale a 25 horas de trabajo del estudiante, y eso abarca tanto las horas de clases presenciales como las horas de estudio autónomo, en el hogar. La resolución establece además que todos los planes de estudios de las carreras universitarias tendrían que tener 60 créditos anuales (o sea, unas 1.500 horas computando clases presenciales y estudio autónomo) y que la duración de las carreras de 2 años sería de 120 créditos, y las de 4 años tendrían 240 créditos. Con lo que se abre el paso a una estandarización de los planes de estudios y la reducción de la duración de las carreras.
El crédito a la vez podría dar lugar a un acortamiento de la formación de grado. Ciertamente, en nuestras universidades hay un problema en la duración real de las carreras universitarias, pero ello no sólo es producto del diseño curricular sino también de factores vinculados con la dedicación al estudio que tienen nuestros estudiantes, y la necesidad de trabajar muchas horas a la semana para financiar sus carreras.
La medida forma parte de un conjunto de resoluciones ministeriales, publicadas en la penúltima semana de noviembre. Y viene a cerrar un ciclo caracterizado por una errática política educativa del gobierno que dejará el poder el próximo 10 de diciembre, que incluyó un total de 592 días sin clases presenciales (uno de los períodos más extensos del mundo, que ha tenido profundas secuelas negativas en el desempeño escolar) y que ahora apuesta a provocar cambios académicos drásticos en las universidades.
Según las estadísticas oficiales, el país cuenta con 133 instituciones universitarias a las que asisten 2.549.789 estudiantes de grado. De este diverso conjunto de instituciones, son las 57 universidades nacionales las que poseen más definidas sus misiones.
Estas instituciones si bien se agrupan en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se organizan alrededor de los principios de autonomía académica y de gobierno, reconocidos en la Reforma Constitucional de 1994. El sector universitario a su vez se encuentra regulado por la Ley de Educación Superior, de 1995, que creó el máximo órgano de coordinación —el Consejo de Universidades— y también la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Como vemos en estos antecedentes, a pesar de sus diversidades, las universidades argentinas han tenido varias regulaciones en las últimas décadas. Y si bien la resolución ministerial 2.598/23 se ubica en una línea de trabajo iniciada por el Consejo de Universidades y el CIN, cabe discutir algunos de sus supuestos y alcances.
En primer lugar, se presenta como una solución al serio problema de la brecha existente entre la duración real y la duración teórica de las carreras de grado universitario y, además, se propone reducir la duración de los planes de estudio con la incorporación —en el cómputo de la carga horaria— del tiempo de estudio que tienen los estudiantes de forma autónoma, fuera de las clases.
Se deja entrever, por una parte, un modelo de estudiante estandarizado, para todas las carreras, en las cuales el trabajo autónomo en el hogar aparece uniformizado, cuando en realidad la formación en Agronomía es muy diferente a la de Psicología o a la de Bioquímica. Por otra, los planes de estudios también son pensados de manera uniforme ya que las carreras deberían durar 4 años como máximo. ¿Ello es posible en todas las disciplinas y profesiones? Hay destrezas, como en la Odontología, que requieren más tiempo de formación del previsto por esta resolución.
En segundo lugar, la norma es taxativa en el rol que tendrá el ministerio de Educación Nacional (que fue reducido a una secretaría a partir de la asunción del próximo gobierno) como autoridad de aplicación de este mecanismo de créditos, pero con esto ¿se respeta la autonomía universitaria?
En tercer lugar, aparece una de las mayoras flaquezas de esta norma: instar a las universidades a adecuar con premura sus planes de estudio vigentes al sistema de créditos. Esa premura no se justifica ni tampoco se define de cuánto tiempo se dispone para hacer estos cambios.
En suma, esta propuesta de cambio curricular, dispuesta al final del mandato presidencial, no tiene precedentes en el país, y desconoce que —por su autonomía— nuestras universidades ofrecen títulos que habilitan directamente para el ejercicio profesional. Esto no sucede en otros países del mundo; en los Estados Unidos, por citar un ejemplo, al egresar de una escuela de leyes se debe rendir un examen —fuera de la Universidad— para poder ejercer la Abogacía.
La educación universitaria debería ser revisada desde una perspectiva global que respete su autonomía y las particularidades de las disciplinas, y que a la vez permita resolver la extensión de los estudios más allá de 5-6 años de duración. La promoción del derecho a la educación superior supone generar oportunidades para la alta formación científica y profesional, y no la reducción de las carreras, ni la homogenización de planes de estudio y de estudiantes, ya que con ello no necesariamente se logrará una mayor calidad.
Fuentes: Perfil, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Página 12,Tiempo Ar
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