El pasado 14 de junio, La Jornada publicó la misiva que el presidente de Bolivia, Evo Morales, envió a la Unión Europea, en la cual considera una vergüenza la «directiva retorno» y expresa su solidaridad con los «clandestinos» Foto: Ap Señor Evo Morales: Mientras leía la carta abierta que dirigió a las autoridades de la […]
El pasado 14 de junio, La Jornada publicó la misiva que el presidente de Bolivia, Evo Morales, envió a la Unión Europea, en la cual considera una vergüenza la «directiva retorno» y expresa su solidaridad con los «clandestinos» Foto: Ap
Señor Evo Morales:
Mientras leía la carta abierta que dirigió a las autoridades de la Unión Europea sobre las (ya aprobadas por el Parlamento Europeo) nuevas normativas en inmigración, la prensa del Estado español detallaba algunas medidas que nuestro gobierno espera aplicar también relacionadas con el retorno de los inmigrantes.
En Europa y en el Estado español estos planteamientos se defienden con argumentos del miedo frente a la crisis económica. Le pormenorizo. El gobierno español ofrecerá a los inmigrantes en paro que decidan volver voluntariamente a su país, cobrar el equivalente a los subsidios de desempleo que cobrarían si permanecieran en España. Eso sí, se les prohibiría entonces la vuelta a España en los tres años siguientes y pierden su permiso de residencia y de trabajo.
En esta línea de endurecimiento de la política de inmigración, también se estudia eliminar de la reagrupación familiar a los ascendientes de los inmigrantes que viven en España. Ni los papás ni las mamás podrán acogerse a las «mercedes y beneficencia» de la tierra española.
Los derechos alcanzados después de hacer frente al desarraigo, a años de trabajo y de interminables gestiones administrativas, perdidos por una compensación económica.
Lo que olvida decir el gobierno español cuando habla de los migrantes (seres humanos, mayoritariamente jóvenes, con el legítimo derecho de buscar empleo) es lo que han dicho sus propios estudios: los inmigrantes suponen 8,8% de la población española, absorbiendo sólo 5,4% del gasto público y aportando 6,6% de los ingresos totales. Su presencia en España supone un beneficio neto para el país de 5.000 millones de euros. Sólo con su contribución a las arcas de la seguridad social española se pagan 900.000 pensiones para las jubiladas y jubilados del país. Los inmigrantes no podrán traerse a sus ascendentes mientras que financian a los míos.
Pero fíjese, señor presidente, que el miedo frente a la nueva situación económica les permite también plantear sin ruborizarse aumentar la jornada laboral de las 40 horas actuales a 60 horas o 65 horas. Otro derecho conseguido por muchos años de lucha, que si funestamente sale adelante sólo perjudicará, deshumanizará y explotará más aún a trabajadoras y trabajadores con las rentas más bajas, entre ellos, claro, los inmigrantes.
Los gobiernos europeos parece que son incapaces de entender que el mundo ha cambiado e insisten -replicando la cantarela empresarial- que frente a la crisis hay que producir más y reducir costes (como acabamos de ver). Pero en un planeta esquilmado, como decía el agrónomo brasileño Antônio Lutzenberger, «lo que interesa no es la producción en masa, sino la producción de las masas».
Como usted sabrá, la clase política española y muchos medios de comunicación, definen las políticas del gobierno que usted preside, de populistas, con un tono despectivo. Como ciudadano español no sabría entonces cómo calificar las medidas que adoptan mis gobernantes.
Director de Veterinarios Sin Fronteras – España