Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, EU y Canadá, se pactó también un cambio en la política educativa, pues se decía que había que modernizar la educación para cerrar la enorme brecha en calidad que existía entre México y esos dos países, de otra manera -decían- sería imposible competir contra las […]
Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, EU y Canadá, se pactó también un cambio en la política educativa, pues se decía que había que modernizar la educación para cerrar la enorme brecha en calidad que existía entre México y esos dos países, de otra manera -decían- sería imposible competir contra las dos potencias. Con ese argumento justificaron las políticas de «modernización» educativa que empezaron a aplicarse desde entonces.
Tales reformas están orientadas con la idea de que la educación no debe ser un derecho sino una mercancía, quitándole funciones al Estado y abriendo las puertas a la comercialización de la educación, con facilidades a la inversión privada.
Algunas de esas reformas son: la selectividad para el ingreso a la educación media superior y superior, el pago a los profesores e investigadores por su productividad, la vinculación de las instituciones educativas a empresas privadas, el aumento a las colegiaturas…
En consecuencia a estas reformas, se creó el Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL, institución privada que tiene entre una de sus metas regular, mediante exámenes de selección, el acceso de aspirantes a todas las instituciones del país a nivel medio superior. En el área metropolitana esto se expresa con el «examen único» de ingreso al bachillerato.
La mejoría en la calidad de la educación que dijeron que traería este organismo no ha sido visible, pero sí ha sido evidente el aumento en la comercialización de la educación. En total más de doce millones de personas, el 12 % de la población ya ha sido evaluada por ese centro privado. Esto significa ingresos estimados en 3 mil millones de pesos en ese lapso para la empresa. Sólo en la Ciudad de México, el CENEVAL percibe entre 30 y 40 millones de pesos, por la evaluación de los 250 mil jóvenes que cada año buscan ingresar a la educación media superior (a cada uno se le cobra 220 pesos), mostrando así que dicho organismo ha contribuido más al bolsillo de quienes son dueños de esa institución que a la calidad educativa.
En 2005 participaron 287 mil 886 alumnos egresados de la educación secundaria, de acuerdo a la SEP ello representó un incremento de 7 mil 231 solicitantes con respecto al proceso de ingreso de 2004.
El examen que aplica la UNAM y el CENEVAL, consta de 128 preguntas de opción múltiple, del que se ha denunciado por académicos especialistas que contiene muchas trampas, no pocas veces las preguntas tienen errores, una redacción ambigua que confunde al estudiante o incluso más de una respuesta correcta.
Sus propios resultados muestran que los hombres tienen más ventaja sobre las mujeres, y que los ricos tienen muchas más ventajas sobre los pobres, que un estudiante que tiene más acceso a la cultura, a libros, a internet obtiene mejores resultados que uno que no los tiene, incluso un estudiante cuyos padres tienen un nivel alto de escolaridad tiene más oportunidades de quedarse en la escuela de su preferencia.
A pesar de que el CENEVAL es una copia de las agencias de EU dedicadas a dar este servicio de evaluación, estas agencias (e incluso quien en ese país ha realizado exámenes de opción múltiple) recomiendan no utilizar un examen de opción múltiple como el único criterio para tomar la decisión de qué estudiante es el que deberá quedarse en la opción de su preferencia.
Es absurdo y carece de sustentabilidad académica la aplicación de este examen. Ningún escolar que ha terminado la educación primaria tiene que presentar un examen para que se evalúe si es apto para ingresar a la secundaria, pues sus 6 años de trabajo, de tareas, de exámenes y calificaciones aprobatorias, ya lo demuestra, de la misma manera ningún estudiante de secundaria debería ser evaluado para ingresar al bachillerato.
Pero es de esta manera absurda como se evalúa a 250 mil jóvenes que se enfrentan durante un par de horas a una prueba de 128 preguntas, para que al cabo sea una computadora quien «decida», seleccionando a los 51 mil afortunados que pueden ir a la UNAM o el IPN a estudiar una licenciatura, o quienes son los 130 mil que serán enviados a una institución de deficiente calidad y que además ellos, los aspirantes, no escogieron.
Los aspirantes deben tener al menos 31 aciertos para ingresar a alguna institución, tan sólo ese año 38 mil 387 concursantes no cumplieron con ese requisito (o algún otro como no tener el certificado de secundaria) Deberán también elegir las 30 instituciones educativas o escuelas de preferencia para así poder ubicarlos en alguna de ellas y argumentar después que se les asignó alguna de las que el ellos eligieron, no importa si es la que estaba en el número 27 de su preferencia. Con esto los obligan a pedir escuelas que no quieren.
En el 2005 el 17% de los aspirantes tuvo que ir a una escuela que no había pedido, pues si el estudiante no llena su lista de 30 y no queda dentro de sus primeras opciones se le clasifica como EDO, estudiante con derecho a otra opción, que son instituciones educativas creadas, no para la generación de ciencia y conocimiento en beneficio de la sociedad en su conjunto, sino para el apoyo a las empresas privadas.
Lo que es claro es que en el país no se cuenta con opciones educativas de calidad para todos los estudiantes que quieran continuar sus estudios, ese año la UNAM tuvo una demanda de 134 mil 400 jóvenes y sólo contó con 33 mil 500 lugares, el IPN con 18 mil lugares rechazó a 21 mil. Los bachilleratos del Estado de México tienen lugar para 40 mil estudiantes y sólo fueron aceptados 6 mil.
La aplicación de este examen muestra un énfasis en establecer rasgos de competencia entre los estudiantes ahí donde no debería haberlas, causa inconformidad, deserción, frustración que ha cobrado consecuencias bastante dramáticas, como el suicidio que se presentó en la ciudad de dos estudiantes hace un par de años.
En todo este tiempo se ha rechazado o enviado a planteles que no eligieron a 1 millón 200 mil estudiantes, de estos un número grande deciden no continuar su formación académica, debido a que se les asigna a escuelas técnicas en especialidades que no les interesan, aún así año con año aumenta el número de estudiantes que no fueron asignados a su primera opción, en 2001 fueron 108 mil los enviados a opciones no deseadas y en 2005 fueron más de 207 mil.
En la Huelga del CGH que defendió la gratuidad de la educación, uno de los puntos del pliego petitorio fue la desvinculación de la UNAM del CENEVAL, esto se logró gracias a la lucha pero no fue suficiente pues a pesar de que la UNAM aplica su propio examen, sigue siendo parte de la COMIPENS (Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior), por lo que los estudiantes que hacen el examen de ingreso a la UNAM, en teoría no hacen el examen del CENEVAL, pero hacen uno muy parecido y concursan igual que todos los demás aspirantes.
Con todo esto se demuestra que en el país no se necesita ningún organismo privado que venga clasificarnos, lo que se necesita son escuelas de buena calidad como la UNAM y el IPN, pero pensadas en una lógica distinta a la oficial, permitiendo que abrieran sus puertas a su máxima capacidad, abriendo cupo en sus aulas para estudiantes que desean continuar sus estudios y no coartando este derecho como lo hacen actualmente.
Desde siempre estas han sido demandas del movimiento estudiantil. Por eso todos debemos organizarnos para hacer realidad una educación que responda a las necesidades del pueblo y no a intereses creados por los dueños del dinero.
Que los estudiantes no sean «aspirantes», como quien aspira a algo inalcanzable, como quien quiere algo que no le pertenece. No, que los estudiantes sean dirigidos por sus propias motivaciones académicas, sus propios intereses para explotar al máximo sus propias capacidades, en beneficio de todos.