¿Es leal la fuerza armada al régimen constitucional? Los movimientos sociales están a la expectativa. La derecha socava el apoyo militar al gobierno y sigue utilizando a la Iglesia para romper el estado de Sitio y congregar acólitos
Una eventual intervención armada en Bolivia, pregonada por el presidente Hugo Chávez, tardó más en ser dicha que rechazada, pero la ocasión proporcionó nuevas claves para comprender porqué ante la masacre de campesinos del pasado jueves, unas displicentes FFAA dilataron su llegada a Pando, tanto que sólo están recogiendo cadáveres, en vez de haber impedido la matanza.
El mandatario venezolano sugirió el fin de semana, que el general Luis Trigo, Comandante en Jefe, estuvo «en huelga de brazos caídos».
Se confirmaron así diversas versiones en torno a la pasividad de algunos generales para responder con presteza ante la reciente emergencia, y sobre un altercado del Comandante en Jefe con el presidente Evo Morales, dos días antes de que decenas de mercenarios emboscados acribillaran a campesinos en el poblado amazónico de Porvenir, a 45 km de Cobija.
En medio de temores sobre un incremento de las actividades golpistas de los prefectos y terratenientes adversos al régimen constitucional, fuentes oficialistas expresaron en las últimas horas preocupación por la lealtad del Alto Mando, ante los aprestos de mercenarios y sicarios armados por la derecha en los últimos años contra sectores de los movimientos sociales.
Estos sectores están exigiendo en los caminos la devolución de los bienes estatales, tomados la semana pasada por los grupos de choque de la derecha en distintas ciudades del oriente.
Las bandas paramilitares portaban fusiles automáticos FAL e incluso ametralladoras AK, según los primeros reportes de la matanza sangrienta del jueves en Pando y Cobija, la capital, atestada, lo mismo que la selva próxima, de sicarios al mando del prefecto Leopoldo Fernández, a quien el gobierno responsabilizó del genocidio.
El general Trigo formaba parte, junto con otros altos mandos, de «una especie de huelga de brazos caídos» que restó celeridad a las determinaciones de manera que, agregó el presidente Chávez, «le han permitido a los fascistas paramilitares masacrar al pueblo de Bolivia».
Durante las jornadas previas a la masacre, la población civil reclamó no sólo en Pando sino en barriadas populosas de Santa Cruz, como el Plan Tres Mil, la protección estatal contra los mercenarios y las críticas apuntaron a indecisiones del Gabinete, ignorándose los problemas del Presidente para lograr que los militares actuaran con eficiencia ante el drama y la tragedia.
¿LENTITUD O DESGANO?
«En lugar de hacer cumplir el decreto presidencial del Estado de sitio, (Trigo) ordenó que las tropas se acuartelaran y abandonaran el aeropuerto» de Pando la noche del sábado, dijo Chávez.
Pese a la presencia de militares y la vigencia del Estado de Sitio, la madrugada del mismo domingo fue quemada la sede del municipio de Filadelfia, uno de los poblados afectados por la violencia de la derecha. Todavía al comenzar la semana, los militares no habían ingresado en la Prefectura ni el Servicio Departamental de Caminos, madriguera de los paramilitares.
«Es decir, abandonó la protección de la soberanía. Cosa extraña, general Trigo. Afortunadamente, soldados de otras jerarquías fieles al Gobierno están cumpliendo las órdenes de Evo Morales», añadió el mandatario venezolano.
«Yo lancé una declaración muy fuerte, lo reconozco», le respondió también Chávez al Comandante en Jefe boliviano, y agregó: «tiene usted razón, yo no debo meterme en las cosas internas de Bolivia, pero qué bueno sería oírlo a usted decir algo de la injerencia grosera y terrible del imperio norteamericano en su país. ¡Qué bueno sería oírle decir algo, señor general Trigo!», dijo revelar que éste se tomó la libertad de «sin consultar con su Presidente, salir a responderle al presidente Chávez».
Mientras unos soldados bolivianos están acatando órdenes del Presidente, otros obedecen disposiciones «extrañas» del Comandante en Jefe, denunció también.
«Afortunadamente», dijo, «oficiales de otras jerarquías y soldados leales al Gobierno sí están cumpliendo la orden del presidente Evo Morales».
«¡Resiste Evo, batalla Evo, contigo está el pueblo de Bolivia!», exclamó el gobernante venezolano tras leer una comunicación, al parecer manuscrita del líder cubano, Fidel Castro, quien le informaba de que había «fuerzas leales» que recuperaron el aeropuerto de Pando.
«Si estoy equivocado, general Trigo, demuéstreme lo contrario y apoye al Presidente legítimo de Bolivia y no a los paramilitares o a los yanquis que quieren derrocar al Presidente de Bolivia; demuéstremelo general Trigo, demuéstremelo y tendrá mi mano de soldado», añadió el presidente venezolano en otra parte de sus declaraciones.
TRIGO Y LOS CIVICOS CRUCEÑOS
Un reporte de La Prensa, reveló que el martes de la semana pasada se produjo un altercado en Palacio Quemado cuando el Presidente de la República le cuestionó al Comandante en Jefe la incapacidad de los militares para evitar las tomas de instituciones en Santa Cruz y otras ciudades.
Golpeando la mesa, según otras versiones no desmentidas por el gobierno, Trigo le respondió que para lograr la intervención de las FFAA, Morales debía firmar un decreto que las autorice.
El jefe militar aludía al Decreto Supremo 27977, que establece los procedimientos para que el Jefe de Estado pueda hacer uso de la fuerza en conflictos internos, dado que por mandato de la Constitución las FFAA garantizan la estabilidad del Gobierno legalmente constituido.
«Las instrucciones del Capitán General para el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas deberán ser escritas, debiendo referirse a situaciones específicas; en lo posible, con descripción detallada de tiempo y espacio, pudiendo incluirse otras referencias puntuales, como instrucciones para el repliegue o detalles referentes a coordinación con otros organismos de seguridad», añade esa disposición.
Fuentes parlamentarias recordaron los incidentes que Trigo tuvo en octubre del año pasado con la dirigencia cívica de Santa Cruz cuando encabezó la recuperación del aeropuerto de Viru Viru, tomado por los «unionistas» allegados a la Prefectura, quedando desde entonces afectado y al parecer si ánimos para proseguir en el mando ante la intimidación de los dirigentes regionales. Trigo, oriundo de Santa Cruz, es un general de la Fuerza Aérea,
Entonces las miradas se volcaron hacia el comandante del Ejército (arma decisora entre los militares bolivianos), Freddy MacKay, nacido en Oruro, pero quedaron frustradas en los siguientes meses pues a fines de abril, el analista Heinz Dieterich reveló que estaba involucrado en algunos movimientos irregulares previos a 1º de mayo, incluida una misa de opositores en La Paz
En los últimos meses, al menos dos ex comandantes de las Fuerzas Armadas, Marcelo Antezana y Alwin Anaya, ligados a los gobiernos de la derecha, junto con otros militares retirados, fustigaron al gobierno, al Alto Mando y al general Trigo, así como al ex comandante del Ejército, César López, actual presidente interino de la Aduana.
Al concluir la semana, luego de que la tropa fuera ultrajada por bandas de delincuentes y «unionistas» financiados, según el gobierno, por las prefecturas, el comandante de la Octava División del Ejército, general Marco Antonio Bracamonte, dijo: «Preferimos morir en nuestros cuarteles (…) antes que muera el resto de mi país, de mis ciudadanos», y recordó también a otros medios las tradicionales premisas de los militares: dios, patria y hogar.
¿DIVIDIR A LAS FFAA?
Ya respaldados por el Estado de Sitio, el sábado, el jefe del Estado Mayor, general José Prudencio Medrano, explicó que estas tropas están siendo desplazadas cerca de los lugares en que hay conflictos, pero ese mismo día, fueron quemadas en Filadelfia, cerca de Porvenir, las instalaciones del municipio local.
El general Trigo recordó en pleno inicio de Estado de Sitio que las acciones están enmarcadas en el artículo 208 de la CPE. «En cumplimiento de ello vamos a garantizar el patrimonio de la nación, el funcionamiento del aparato estatal y de los servicios públicos, así como la conservación de los recursos estratégicos».
También durante el fin de semana casi todas las redes de televisión privada allegadas a los agroempresarios cruceños sugerían que la presencia de los militares en Pando tenía como consecuencia un aumento de la violencia.
«Llegaron, balearon y mataron», acusó un sugestivo titular mientras las imágenes de la mayor parte de los canales privados repetían, sin contexto y en voz baja, los esfuerzos de un coronel para auxiliar a un civil herido de muerte, cuando las tropas llegaron a Cobija y fueron recibidas por la metralla de mató a un conscripto e hirió a otro.
«Alto Mando cobarde», dijo también este último domingo el prefecto Leopoldo Fernández, responsabilizado como autor de la masacre, mientras que desde Santa Cruz el cívico Branco Marinkovic espetó: «Ejército asesino».
La campaña contra los militares tendía, según diversos observadores, a descalificar el respaldo y defensa que deben las FFAA a un gobierno legalmente constituido, y aminorar la aplicación del Estado de Sitio, dictado para defender a la población civil de los ataques mercenarios a mansalva, con lo cual estaba abierta la posibilidad de disuadir y extirpar a los paramilitares que emboscaron a los campesinos el jueves pasado.
Pero el objetivo de fondo, de acuerdo con fuentes parlamentarias, era dividir a los jefes militares para resquebrajar las decisiones de Alto Mando o propiciar el incumplimiento de órdenes, e incluso, seducir a los jefes de tropa recién desplegados para que se volvieran contra el gobierno, aprovechando las armas con que fueron dotadas para defender el régimen constitucional.
Las diversas facciones de la derecha insistían asimismo en aprovechar de las gestiones de diálogo para intentar atenuar el impacto de las medidas de excepción en el desarme de los mercenarios. «No rompa el diálogo» decía un aviso televisivo de un grupo de derecha paceño que atacó duramente a Evo Morales.
DETRÁS DE LAS MISAS Y EL APOYO EXTERNO.
La opción del diálogo entablado ayer entre el gobierno y los prefectos contrarios, se mantenía lejana, sin embargo, en tanto sea considerado un instrumento de la derecha para conservar posiciones, que van desde el incremento velado de las actividades golpistas hasta recurrir a la Unión Europea y las Naciones Unidas, e incluso la Unasur, que se reúne este lunes en santiago para considerar la situación en Bolivia.
Los grupos de derecha utilizaron también la convocatoria a misa de católicos y evangelistas para marchar en Cobija el domingo, bajo el pretexto de exhortaciones a la Paz. En Santa Cruz, durante su homilía dominical, el cardenal Julio Terrazas reclamó a los radicales por haber utilizado las campanas de la catedral cruceña para reunir a la gente que en la plaza principal ultrajó nuevamente a inmigrantes collas y disidentes de los prefectos.
Pero a la salida de esa misa el cívico Branko Marinkovic, aparente heredero de las instrucciones del expulsado embajador norteamericano Philip Goldberg, reunió a sus seguidores en las gradas de la Catedral para anunciar el desbloqueo de carreteras, fustigar al Ejército e instigar a que la gente coreara «asesino», «asesino» en alusión al presidente Evo Morales.
En todo caso, la confianza en los militares continuaba preocupando a los grupos sociales. Salvadas las distancias, el analista Heinz Dieterich decía antes del referéndum del pasado 10 de agosto y del recientemente dictado estado de Sitio, que una de las razones pragmáticas del presidente Morales para evitar las medidas de excepción, finalmente dictadas, eran su inseguridad respecto de la lealtad de la fuerza armada.
«La esencia del conflicto en Bolivia es el choque entre el poder fáctico y el constitucional, entre la alianza oligárquica-imperial y el gobierno de Evo. Cuando el poder fáctico desconoce el legítimo poder constitucional, éste tiene los recursos de la justicia y la fuerza militar para imponer la ley. El gobierno de Evo no ha usado esos poderes por dos razones, una pragmática y otra moral: a) no está segura de la lealtad de la justicia y de la Fuerza Armada y, b) la ética y formación política de Evo rechazan el uso de la represión estatal legítima para imponer su proyecto político» ●