El gobierno chiapaneco a través del titular de la Fiscalía General del Estado con frecuencia asevera tener avances contundentes en materia de seguridad y justicia en Chiapas, expresa su «compromiso» de procurar una justicia más humana siempre al lado de la gente, sin embargo, la realidad indica lo contrario, existen cientos de casos de injusticia, […]
El gobierno chiapaneco a través del titular de la Fiscalía General del Estado con frecuencia asevera tener avances contundentes en materia de seguridad y justicia en Chiapas, expresa su «compromiso» de procurar una justicia más humana siempre al lado de la gente, sin embargo, la realidad indica lo contrario, existen cientos de casos de injusticia, graves violaciones a los derechos humanos e impunidad, lo que indica que el discurso oficial termina por ser demagogia.
La «seguridad y justicia» que tanto pregonan los voceros de Rutilio Escandón Cadenas, las estadísticas «positivas» que presentan las instituciones donde supuestamente existen bajos índices de violencia, son una maniobra mediática que buscan ocultar la violencia institucional y sus consecuencias para el pueblo chiapaneco.
La realidad concreta en la entidad está marcada por constantes desalojos, despojos de tierras, desplazamiento forzado, tortura, detenciones arbitrarias y demás graves violaciones a los derechos humanos, en específico contra comunidades organizadas, luchadores sociales, activistas y defensores de los derechos humanos
La ejecución extrajudicial del defensor de derechos humanos Sinar Corzo hace más de un año se mantiene en completa impunidad, ejemplo de la indolencia y burocratismo de las autoridades e instituciones «procuradoras de justicia» encargadas de proteger a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra el pueblo organizado y no organizado. Acaso esto es ¿justicia?
Otros crímenes contra luchadores sociales se han materializado durante esta administración, por tanto, sería una ingenuidad creer en cada oración articulada y vertida por los políticos de oficio ante los medios de comunicación. Noé Jiménez Pablo es otra víctima de ejecución extrajudicial que el gobierno chiapaneco niega el derecho a la justicia, este crimen escala estructuras del Estado sin lugar a dudas, en tanto, un funcionario arropado en las siglas del MORENA se le identifica como el autor intelectual sin ser objeto de la justicia.
Al tratarse de crímenes de lesa humanidad que implica intereses gubernamentales, la justicia se aleja lo mayor posible de las víctimas, automáticamente se suprime y no existe instancia de gobierno que actúe en consecuencia para el juicio y castigo a los responsables de éstos casos. Las carpetas de investigación pueden o no dar indicios de los probables responsables materiales e intelectuales, pero, al tratarse de crímenes contra integrantes de organizaciones populares el Estado mexicano actúa con dilación lo cual hace que la justicia a la larga se vuelve inexistente.
En el contexto chiapaneco, es demagógico e irresponsable hablar de una justicia más humana y al lado de la gente, la justicia por si sola es humana, imparcial, honesta que no ocupa un apelativo para reforzar una acción consecuente. El problema estriba en que la impartición de justicia se encuentra muy desgastada por la magnitud de la impunidad que existe a la fecha por crímenes que por comisión, omisión y aquiescencia las estructuras gubernamentales y funcionarios en turno se ven involucrados, por esa razón, el gobierno actual está obligado a manipular e imponer una idea falsa acerca de la justicia.
Decenas de casos pueden evidenciar la frágil e inexistente justicia en lo que transcurre de esta administración estatal, nuestro compañero Armando Hernández y Javier González pueden atestiguar un caso de lo inverosímil que resulta ser la justicia «más humana y al lado de la gente» que pregonan las autoridades. Javier González lleva más de 6 meses en la cárcel como rehén político, con un expediente con todas las irregularidades posibles que evidencia la perversidad gubernamental al mantenerlo preso sin justificación, durante su detención desaparición forzada fue torturado física y sicológicamente.
Aunado a ello, la instancia estatal y federal evade su responsabilidad de aplicar y avanzar en el acceso a la justicia para casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, actúan con dilación y burocratismo por tratarse de seres que ejercen la crítica política contra el régimen actual. Con toda perversidad, justifican todo acto violatorio a los derechos humanos o crimen en contra de quienes consideran el problema en Chiapas, criminalizan la lucha y defensa de la tierra, la lucha contra el despojo y saqueo empresarial.
Presentar al pueblo organizado que exige juicio y castigo a los responsables de miles de crímenes de lesa humanidad y de Estado en el país como el enemigo a vencer o el factor del subdesarrollo no es un acto de justicia. Estos señalamientos, criminalización y represión se vuelve un método contrainsurgente para aniquilar los sectores organizados, además, expresa el grado de descomposición de los políticos de oficio que con hipocresía esconden su responsabilidad en la entrega en bandeja de plata los recursos naturales, energéticos, minerales y mano de obra del pueblo chiapaneco que la oligarquía se apodera mediante la explotación y saqueo con respaldo de la ley burguesa.
No exista nada humano ni justo en la labor institucional de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la imagen que el titular de ésta presenta ante la opinión pública es meramente la careta de un criminal que busca la aprobación y aplausos de instituciones y funcionarios nacionales. Qué digno puede ser una labor que intenta doblegar mediante la tortura la voluntad de luchar y organizarse por mejores condiciones de existencia, un hogar, o como dicen coloquialmente, donde echar raíz.
La actitud jactanciosa del titular de la Fiscalía de Chiapas que reconoce como un triunfo presentar a más de 247 personas detenidas producto de los operativos policíaco militares contra campesinos o colonos no es propiamente un acto de justicia, sino de hechos represivos, de injusticia, que desconoce y elimina el derecho humano de quienes por su propia condición de desposeídos de los medios de producción, pobreza y miseria, no tienen más que el pedazo de tierra que le permite sobrevivir en condiciones paupérrimas. Desalojarnos y dejar sin hogar miles de familias no coincide, a decir del gobierno en turno, con una justicia más humana al lado de la gente.
¿En qué sentido se presentan esos «avances contundentes»? En el fortalecimiento de las corporaciones policíaca militares y la vigilancia de éstos por el propio fiscal en la ejecución del estado de derecho, así como el seguimiento diario de las instancias municipal, estatal y federal a través de las mesas de seguridad, significativo en la salvaguarda de las designios capitalistas en ésta etapa de despojo violento y legal de tierras a campesinos y represión contra el pueblo en general.
El aumento en el número de elementos policíacos y la cantidad de operativos que se planea ejecutar durante este año, no corresponde a las necesidades de los trabajadores del campo y la ciudad para erradicar el origen de la desigualdad. Una política popular para mejorar las condiciones materiales de existencia del pueblo no se impulsa a través de la represión y crímenes, este hecho solo desenmascara el carácter pro empresarial de este gobierno.
Sinar Corzo, Noé Jiménez Pablo y su compañero Santiago Gómez, los ambientalistas Nora Patricia López y José Luis Álvarez, Mario Moreno del FNLS, son pueblo pobre organizados bajo sus formas de lucha; qué decir de cientos de presos por motivos políticos y sociales que llenan las cárceles de Chiapas, de otras ejecuciones extrajudiciales contra el pueblo no organizado que durante el año fueron víctimas de las balas de agentes del Estado.
No puede existir nada humano en este gobierno si el descontento crece por infinidad de exigencias que no se atiende; dilación, burocratismo, demagogia, represión, criminalización, el gobierno orilla al cansancio y se cierra al diálogo con el pueblo organizado. El lado humano de la justicia chiapaneca no existe para miles de víctimas de la represión y violencia de clase que azota a los trabajadores en Chiapas.
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