La mayor parte de la producción provincial se exporta, caso del petróleo, el aluminio y los langostinos. Las ganancias de estos sectores se vieron incrementadas fuertemente por las sucesivas devaluaciones del peso frente al dólar en 2018 y 2019. El impacto de esas devaluaciones sobre el poder adquisitivo de los y las trabajadoras del Estado […]
La mayor parte de la producción provincial se exporta, caso del petróleo, el aluminio y los langostinos. Las ganancias de estos sectores se vieron incrementadas fuertemente por las sucesivas devaluaciones del peso frente al dólar en 2018 y 2019. El impacto de esas devaluaciones sobre el poder adquisitivo de los y las trabajadoras del Estado fue amortiguada por una tenaz lucha que luego de varios meses de huelgas y acampes semanales con 10º bajo cero, obtuvo aumentos cercanos a la inflación.
Las distintas fuerzas del peronismo local mantienen una política favorable al capital extractivista exportador, intentando sostener sus ganancias y al mismo tiempo la paz social. Para ello tomaron una enorme deuda en dólares con la cual lograr al mismo tiempo subsidiar al capital extractivo, derivar fuertes sumas a la corrupción estructural de la política provincial y sostener el poder adquisitivo de la población. Con ello obtuvieron la reelección en la gobernación. Pero no bien concluida la elección, Arcioni, el gobernador reelegido y afín al ala más empresarial del peronismo, comenzó a incumplir los acuerdos paritarios.
Cuatro meses de lucha sostenida
El alineamiento del gobierno provincial con Alberto Fernández quitó incentivos al gobierno de Cambiemos para mandar fondos adicionales como lo venía haciendo, que calmen el estallido provincial. Alberto Fernández que viene enviando señales para «evitar las calles» y esperar que él asuma, respaldó de hecho al gobernador. Pero si el incumplimiento paritario se hace difícil de tolerar en lo económico y en la salud, por el cierre de diversos servicios de la obra social de los estatales, la forma en que se dio implica además un ataque a la dignidad popular, especialmente ofensivo cuando se sostiene la corrupción política y las enormes ganancias del capital extractivista.
En los primeros dos meses los paros y marchas fueron creciendo, hasta llegar a decenas de miles marchando el 22 de agosto, partiendo del aeropuerto de Trelew y yendo hacia Rawson en homenaje a los 17 guerrilleros y guerrilleras fusiladas por la dictadura militar de 1972.
Los estatales se vieron obligados a tomar medidas de acción directa como los cortes de ruta para impedir la producción de petróleo, para acumular fuerza y forzar al gobernador a ceder. No obstante, Arcioni incrementó la represión simbólica discursiva y física con medidas parapoliciales y mafiosas.
El gobierno tercerizó la represión en la dirección del sindicato petrolero, socia de las empresas estatales del sector, con su secretario general presidente de la asociación público-privada Petrominera. Luego de amenazas públicas de «pasar por arriba a los piquetes», pasaron a la acción. Una banda encapuchada con pecheras del sindicato petrolero desalojó un piquete docente en Comodoro Rivadavia. La respuesta fue una marcha de 30.000 personas en una ciudad petrolera de 220.000 habitantes. Pero tan importante como el número fue la solidaridad recibida por trabajadores de todo el país con un paro nacional docente y un paro provincial de los camioneros, en repudio a la represión.
El incremento de la tensión siguió en aumento, con el gobernador y la burocracia petrolera reivindicando la represión y señalando como salida a la crisis la aceptación de los estatales de que la paritaria firmada no se cumpliría y la habilitación del ingreso de la megaminería a la provincia para generar nuevos dólares.
Las fuerzas en pugna siguieron incrementando las acciones, con otro pico de lucha del 17 al 19 de septiembre, con la muerte de dos maestras que se trasladaban de Comodoro a Rawson luego de una asamblea. Esos días se produjeron el asedio popular a la Legislatura provincial y parcial incendio de la misma y tomas de numerosos y diversos edificios públicos, así como nuevos cortes de ruta.
La semana del 23 de septiembre volvieron los cortes al petróleo, así como a Aluar y un paro en la fábrica contra los despidos de trabajadores que se habían solidarizado con la lucha de los estatales.
En el curso de esta lucha de meses, el Ejecutivo provincial fue consiguiendo llegar a acuerdos parciales con varios gremios estatales. En la mayoría de los casos la zanahoria era «no descontar los días de huelga», junto a la promesa de ir restableciendo el cronograma de pago. Si bien el descontento estatal siguió siendo extendido, en la práctica el único sector que decidió de conjunto continuar el paro indeterminado fue el docente.
Sectores docentes de base impulsaron una radicalización de la lucha con cortes al abastecimiento de petróleo a principios de octubre (además de nuevas tomas de escuelas y edificios públicos más cortes de ruta), al punto que el gobierno provincial apeló al gobierno nacional, su adversario electoral, para presionar al Poder judicial con el envío de la Gendarmería. Finalmente el movimiento replegó la acción directa, sosteniendo un paro que en tales circunstancias empezó a menguar su adhesión.
Una vez cumplida la votación del 27 de octubre donde el Frente de Todos duplicó a Cambiemos, la expectativa de muchos era algún tipo de vuelta a la normalidad en el cumplimiento de la paritaria firmada. Sin embargo, Arcioni decidió usar su capital político para redoblar la apuesta, descontando cerca de la mitad del sueldo docente de octubre por días de paro, que además hizo extensivo a la docencia que no había hecho paro.
Así llegamos al 7 de noviembre en que se dio un nuevo salto represivo, golpeando y capturando deliberadamente al secretario general de ATECH.
Respuesta masiva a la represión del gobernador Arcioni
Las movilizaciones y cortes se dieron a raíz de la represión que sufrieron las y los docentes el jueves 7 al mediodía en Casa de Gobierno, sumada a la brutal detención del secretario general de Atech, Santiago Goodman.
En la noche del jueves el gobernador informó en conferencia de prensa por el canal público provincial que el ministro coordinador de Gabinete, Federico Massoni, había sido apartado de su cargo. Y en el transcurso de la mañana del viernes 8 se conoció el desplazamiento del ministro de Educación, Cassutti.
En el marco de un nuevo paro general de 24 horas convocado por la Ctera en solidaridad con los hechos acontecidos el jueves, el viernes comenzó en el Ministerio de Educación, la concentración para una masiva marcha que le dio cierre a la decimosexta semana de lucha.
La integraban en su mayoría docentes, pero también otros sectores estatales integrantes de la Mesa de Unidad Sindical y estudiantes.
Alrededor de las 10:30 se dio inicio a la marcha, con más de 3.000 personas que recorrieron las calles de Rawson, la ciudad capital, hasta llegar a Casa de Gobierno donde tomaron la palabra miembros de Ctera y Santiago Goodman.
En Comodoro Rivadavia hubo concentración frente al Concejo Deliberante de la ciudad y en la localidad del Hoyo concentración y corte a la altura del paralelo 40. En Buenos Aires, se dio una importante concentración en el Obelisco y marcha en solidaridad.
Tras el acto ingresaron dirigentes sindicales a Casa de Gobierno siendo recibidos por la ministra de Gobierno. Cientos de docentes se mantuvieron a las afueras exigiendo respuestas al gobierno pero también a los sindicatos.
Al salir, Goodman comentó que hacía minutos «el juez de primera instancia Pablo König hizo lugar al amparo y a la cautelar» y que «la devolución de lo que se descontó debe realizarse en el término de cinco días».
Respecto a cómo continúa la agenda, refirió que «nos convocan a las seis de la tarde del día lunes» y que «luego van a ser convocados los otros sectores», también que se irá por el pliego que implicaba la cláusula gatillo o los aumentos salariales.
El paro docente entra en la semana número 17
El lunes 11 de noviembre tuvo lugar en la Casa de Gobierno la reunión entre el gobierno, ATECh y otros sindicatos docentes, mientras cientos de docentes de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew y las localidades del Valle expresaban con batucadas, cantos y diversas intervenciones el rechazo a las políticas de ajuste, represivas y de descuentos masivos del gobernador Arcioni, y el recientemente designado ministro de Educación, Andrés Meiszner.
La reunión se dio en el marco del inicio de la decimoséptima semana de lucha en la provincia y se extendió durante tres horas luego de la cual Santiago Goodman, secretario general de la ATECh leyó el acta a los docentes.
El acta de la reunión
La reunión trató sobre los puntos descuentos masivos, calendario escolar, infraestructura escolar, aumentos adeudados y criminalización de la lucha. A continuación reseñamos los puntos, que será puesta a consideración de las y los docentes por mandato escolar. Sobre los descuentos masivos que el gobierno realizó a docentes «el gobierno provincial manifiesta que en virtud de la medida cautelar recibida» se «procederá a la devolución de oficio de los descuentos efectuados con respecto a los salarios percibidos y no percibidos, de acuerdo al pago escalonado, reliquidándose los salarios a la fecha de pago de acuerdo al rango original». A su vez, el gremio exige la anulación de la Circular 1319. Sobre la agenda o calendario escolar se propone que «el ciclo 2019 finalizará el 19 de diciembre de 2019, el ciclo lectivo escolar 2020 comenzará el 26 de febrero de 2020» y que «aquellos alumnos que sufrieron pérdidas de contenidos por el conflicto suscitado, recuperarán los mismos durante el primer semestre del ciclo 2020 a través de TAE, Taller de Apoyo Escolar, desarrollado en horarios extraescolares». Sobre la infraestructura escolar, «se está avanzando en la ejecución del plan de reparación y mantenimiento de escuelas. El Ministro de Infraestructura se compromete a enviar el balance del plan» y que se espera la pronta sanción de un Proyecto de ley acordado entre gremio y gobierno sobre fondos para la Infraestructura. Sobre los aumentos adeudados. «El gobierno reitera que cumplirá con todo lo acordado en la paritaria salarial» y que el gobierno propone «abonar el aumento adeudado en el mes de julio que asciende a una suma de 120 millones, el día 20 de diciembre de 2019″ para la cual, se acuerda reunión para el día 27 de diciembre a las 18 horas para tratar los restantes aumentos adeudados correspondientes al 10,016% de septiembre y el 12,4% a partir de octubre». A su vez, los gremios exigieron la no sanción disciplinaria y la no criminalización y judicialización de las protestas.
Se debe tener en cuenta que este mes, se pagó la primera cuota (son 3) de la primera cláusula. La correspondiente a julio. El 20/11 se pagaría la segunda cuota de la primera cláusula que corresponde a agosto, y el 27/11 informarían cuándo pagarían la tercera cuota de la primera cláusula. Es necesario recordar que el Gobierno adeuda dos cláusulas gatillo, las correspondientes al segundo y tercer trimestre de este año, sin embargo, en el acta solo se compromete a pagar una parte de lo adeudado de la primer cláusula gatillo (correspondiente al mes de julio), para lo cual se destinaría 120 millones de pesos, la fecha del pago de las otras dos cláusulas es incierta.
Con 17 semanas de gran lucha, decenas de cortes, piquetes y marchas, movilizaciones masivas, dos compañeras fallecidas en un viaje tras un plenario provincial de delegades, represiones brutales, la renuncia de cinco ministros incluyendo el último golpe político al gobierno de Mariano Arcioni que derivó en la renuncia del ministro represor Massoni y la dificultad del Gobierno para armar gabinete, esta propuesta fue aprobada por las bases docentes.
Estallido social y lucha contra la megaminería
La provincia, que depende de industrias extractivas como la petrolera, hasta octubre acumulaba una deuda de más de 760 millones de dólares con compromisos de pago hasta 2026. En un escenario crítico de inestabilidad financiera y política, el lobby minero volvió a aparecer, esta vez con la promesa de aportar divisas para estabilizar las cuentas y dar trabajo a la población.
La minería metalífera a cielo abierto está prohibida por ley desde 2003 y se sostiene desde entonces gracias a la lucha constante de las asambleas ambientales. El año pasado hubo una actividad intensa del lobby minero para empujar la modificación de esa ley pero el conflicto de los estatales colaboró para que eso no suceda.
Este año el estallido social operó de forma similar, aunque con una novedad muy importante. En medio del conflicto, las bases de los gremios estatales y los docentes autoconvocados dejaron atrás las consignas que hablaban de «crisis de diseño para instalar la megaminería» y empezaron a debatir, junto a estudiantes y ambientalistas, la matriz productiva de la provincia.
«La mayoría de los colectivos en lucha coinciden en que la crisis, más que estar promovida para la explotación minera, está siendo aprovechada para esto. La intención de instalar la megaminería estuvo siempre, por lo menos desde el año 2002 en adelante. Lo que sí vemos ahora es que se reforzó o se potenció el aprovechar la crisis para instalar de nuevo el tema», señala Flavia Núñez, de la Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn.
En la cordillera también se dio una profundización del debate al interior del gremio. La profesora de inglés y afiliada del sindicato Atech en Esquel, Fernanda Rojas, aporta su mirada: «La megaminería siempre estuvo presente entre los docentes, pero este año más. Desde el mismo Gobierno se agita el tema. Para nosotros no es casual que quieran entrar ahora. La presentan como solución a la crisis, cuando en realidad sabemos que no es así».
La insistencia de las bases ha hecho que los representantes sindicales también se pronuncien públicamente sobre el tema ambiental y la matriz productiva. La delegada de Atech, Magalí Stoyanoff (Comodoro Rivadavia), expresó: «La megaminería no es la solución. Esto es una opinión de Atech, es una opinión que se pone en discusión en cada una de las asambleas. No nos interesa que la plata salga de cualquier lado, no nos interesa más endeudamiento, no nos interesa abrirle las puertas a la minería o a más empresas que saquean y contaminan, y no dan respuesta ni en la cantidad laboral ni en la cantidad de dinero que dejan en la provincia».
Así también se han manifestado el secretario general de Atech, Santiago Goodman; el titular de la CTA Chubut, Tomás Montenegro; y el delegado de ATE Chubut, Guillermo Quiroga. Otras instituciones, como la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional Chubut y el Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (ATE), están trabajando en informes sobre la deuda y la matriz productiva, un aporte técnico a las discusiones de las bases.
«No sólo el colectivo docente tomó el conflicto medioambiental como un conflicto más adentro de la crisis socioeconómica de Chubut, sino también el colectivo estudiantil, que tiene más fuerza y más proyección a futuro», comenta Flavia Núñez.
Además de participar en las marchas y acompañar los reclamos gremiales, han llevado adelante sus propias demandas y estrategias de protesta. En el momento más caliente del conflicto llegaron a ocupar 11 escuelas en simultáneo, una medida sin precedentes en la historia chubutense.
El conflicto actual es la continuidad de una crisis no resuelta. Una crisis, por acumulación, más profunda. Hasta aquí pasaron:
* 80 días sin clases;
*4 ministros de Educación;
*4 ministros de Economía;
*2 ministros coordinadores de Gabinete;
*Incontables marchas, cortes de ruta y ocupaciones en edificios públicos, incluso por jubilados.
El conflicto incluye también la muerte de dos profesoras en un accidente de ruta, volviendo de una asamblea, la detención arbitraria del titular del gremio docente Atech y presiones desde el Gobierno hacia los estudiantes para que abandonen las ocupaciones de las escuelas. Todo eso en un ambiente caldeado por varias causas de corrupción, una de ellas que involucra a la ex ministra de Educación y actual legisladora electa, Graciela Cigudosa.
La crisis económica contribuyó a que la lucha contra la megaminería penetre las demandas de las bases gremiales. «Gane quien gane, que pierda la megaminería» fue la consigna de las asambleas antes de las elecciones.
La crisis continúa: 900 despidos en el Parque eólico Chubut Norte
El parque Chubut Norte terminó octubre con la peor noticia. Según confirmó, Mato Suárez, secretario general de la UOCRA, luego de la suspensión, nos comunicaron que «a partir del 1º de noviembre todos los trabajadores estaban cesanteados».
La determinación de la empresa Genneia, tiene que ver según sus dichos con falta de financiamiento por el cepo al dólar. Ante esta situación la UOCRA pidió la conciliación obligatoria que se realizó en el Ministerio de Producción de la Nación.
Mientras tanto, los trabajadores despedidos que se declararon en forma inmediata «en estado de alerta y movilización» permanecieron en las puertas de la planta que la empresa tiene sobre la ruta 3.
De acuerdo a lo conversado con la empresa no resultará fácil la salida, pues asegura que no puede acceder al financiamiento para continuar con la obra, de ahí la intervención de la cartera que conduce Dante Sica hasta el 10 de diciembre.
En este contexto, Suárez se refirió a la gravedad de la situación, pues son 900 familias más que se suman a una crisis generalizada, lo que generará gran impacto y contribuirá «al caos social que ya reina en la provincia».
Fuentes: RedacciónEDA, La Izquierda Diario.
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