En octubre de 2006 el abogado esquelense Gustavo Macayo presentó una denuncia contra el municipio de Cholila, por haber vendido 61 hectáreas de tierras fiscales a dos sociedades en condiciones irregulares, violando distintos procedimientos normativos y entre ellos, «burlando la ley que impide a los extranjeros adquirir tierras en áreas cercanas a la frontera», de […]
En octubre de 2006 el abogado esquelense Gustavo Macayo presentó una denuncia contra el municipio de Cholila, por haber vendido 61 hectáreas de tierras fiscales a dos sociedades en condiciones irregulares, violando distintos procedimientos normativos y entre ellos, «burlando la ley que impide a los extranjeros adquirir tierras en áreas cercanas a la frontera», de manera de beneficiar al empresario norteamericano Stephen Bussey, cuya mujer aparece como titular de ambas S.A. Macayo recientemente informó que la denuncia fue archivada el Ministerio Público Fiscal, «a pesar del cúmulo de pruebas, estar totalmente identificados los hechos y las personas involucradas». El abogado, que vive en Esquel y es profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia, impugnó la decisión ante el juez de Garantías, Dr. Jorge Criado, que ahora tiene que resolver la continuación o no de la investigación penal sobre los funcionarios involucrados, entre los que se encuentra el reelecto intendente Héctor Castro, radical devenido kirchnerista, y los integrantes del Concejo Deliberante, que ratificó la transferencia.
En diálogo con Prensa De Frente, Macayo explicó que la enajenación irregular de tierras a los empresarios extranjeros se da «al mismo tiempo que se ignora, omite o directamente se viola toda la legislación indígena vigente , ya sea provincial o nacional, con lo cual los territorios indígenas se están reduciendo en forma drástica, lo mismo la condición de vida de las Comunidades Mapuche-Tehuelches».
La venta de tierras denunciada se realizó en julio de 2004. La operación benefició a dos sociedades anónimas no registradas ante la Inspección General de Justicia, «y por lo tanto sin Personería Jurídica, y sin capacidad para contratar con nadie y a un precio absolutamente inferior al valor real de los predios. Una de las empresas (Cholila S.A.) obtuvo su personería jurídica tres meses después; la otra (Energética Lago Lezana S.A.) nunca terminó de realizar los trámites legales».
La documentación probatoria de este episodio salió a la luz a partir de un conflicto del empresario con las comunidades de Cholila, que con el patrocinio letrado de Macayo iniciaron un Amparo ambiental. «El amparo se tramitó ante la Justicia Civil de Esquel por los vecinos de Cholila en 2005 contra las mismas empresas, que habían embalsado el Lago Lezana, provocando inundación de las tierras, poblaciones y bosques nativos ribereños», relata el abogado. Las tierras que poco antes habían adquirido las empresas habían sido pagadas a un valor ridículo: $1.100 la hectárea, cuando las inmobiliarias consultadas las valúan entre los 5.000 y 8.000 dólares (entre 15.000 y 24.000 pesos la ha.).
«En el caso de Cholila, se vende tierra a dos sociedades anónimas que en realidad benefician a un extranjero, que no podría adquirirlas por la ley que les impide hacerlo en áreas de frontera, y negándoles el mismo derecho a los antiguos pobladores de que puedan agrandar sus pequeñas ocupaciones tradicionales, mejorando sus espacios de pastoreo o de agricultura, y por lo tanto, sus economías familiares. Es evidente que detrás de estas operaciones debe haber negociados o cosas así, sino no se puede entender». El abogado de Esquel considera que «ante los hechos descriptos, son aplicables las figuras previstas en el Código Penal de violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, teniendo en cuenta el precio notoriamente insignificante de la operación inmobiliaria, entiendo que se encuentra en juego lo dispuesto en el art. 174 inc. 5° del Código Penal (defraudación contra la Administración Pública)».
Al momento de describir el escenario más general en el que se dan estas operaciones, Macayo plantea que «existe una gran presión inmobiliaria en toda la Patagonia. Ni hablar donde hay bosques, ríos, lagos, etc. Esto se ha agudizado mucho en los últimos cuatro o cinco años, desde que el dólar tiene un gran poder adquisitivo. No existe ningún límite para adquirir tierras en cantidad y calidad. Al mismo tiempo, el gobierno elude permanente la posibilidad de entregarles títulos de propiedad comunitarios a los mapuche – tehuelches, así como reconocerles su existencia como Comunidades, y también hay un permanente silencio y denegación de sus derechos como Pueblos Originarios. Esto es crítico a nivel de la Administración Provincial y de los Municipios, ya que no existe ningún Instituto que se ocupe al menos de tener información pública accesible sobre las Comunidades existentes en la Provincia, y a partir de ello, que se pueda brindarles asistencia jurídica que les permita prevenir conflictos y violaciones a sus derechos».
«Pero la situación también es grave al nivel del acceso a la justicia, donde se encuentran verdaderamente marginalizados y en una notable desigualdad de oportunidades respecto al resto de la población criolla o extranjera. Los pocos intentos de accionar judicialmente o de evitar atropellos que se sostienen, son generalmente a pulmón, y con muchas dificultades, porque el poder público y la sociedad predominante lo ven con muy malos ojos. Esto se ve reflejado en el desconocimiento y poco interés que existe por parte de los funcionarios judiciales en conocer y aplicar los Derechos Indígenas, salvo algunas excepciones que se dan en el ámbito de la Defensoría Pública, pero que no alcanza para cubrir la problemática, que es muy amplia y compleja».
Esta situación de injusticia contra los pobladores también se reflejó en el trámite de la denuncia, de acuerdo al relato del abogado. «En el invierno de 2005 el lago Lezana, que se encuentra en la zona de Cholila, comenzó a levantar inusualmente su nivel. Eso motivó la movilización de los vecinos ribereños. Allí descubrieron que los adquirentes de esas tierras habían represado el lago, cerrando la única salida que tiene, el Arroyo Lezana. En septiembre de 2005 se dio inicio al amparo con prueba anticipada, de donde surge a través de un Informe de la Inspección General de Justicia de Chubut (después de mucho insistir), que las empresas adquirentes de las tierras no tenían Personería Jurídica a la hora de contratar con el Municipio. El precio de la tierra surge de manera inmediata que es totalmente desajustado a la realidad».
«Cuando solicitamos al juez civil actuante en el amparo que le dé intervención a la Justicia Penal, por existir evidencias de la comisión de un delito contra la administración pública, el juez civil no hizo lugar al pedido. Una vecina había denunciado ante la Oficina Anticorrupción de Chubut, que depende del Ejecutivo Provincial pero la denuncia no prosperó. Ante esta situación, me vi en la necesidad de hacer la denuncia yo mismo, teniendo en cuenta que a raíz del Recurso de Amparo que ya estaba en curso, los vecinos de Cholila y Lago Lezana estaban sufriendo una dura represalia y persecución por parte de las autoridades del Municipio, incluyendo una denuncia penal por calumnias e injurias contra algunos de ellos, y podría generarles demasiada presión que iniciaran nuevas acciones. En octubre de 2006 presenté la denuncia por escrito, con abundante prueba documental certificada por el juzgado civil».
Consultado sobre el contexto en el que se dispone al venta, Macayo señala que «desde hace unos cuantos años (siete u ocho) se comenzaron a agrandar los ejidos urbanos de los pueblos a cuyo alrededor existen muchas tierras ‘fiscales’, es decir, sin titulares dominiales reconocidos. La intención es posibilitar que los Municipios puedan engrosar sus arcas vendiendo tierras que antes eran provinciales, sin las limitaciones que les impone la legislación vigente al Estado Provincial (cumplimiento del régimen de ocupación y mejoras, consulta y participación de los Pueblos Indígenas, etc.) ya que los Municipios no tienen que sujetarse a esa legislación, pudiendo hacerlo por sus propias ordenanzas municipales, las que generalmente tienen pocas exigencias y permiten la venta bastante discrecionalmente. Y sobre todo, hay mucho menos control externo e interno sobre estas operaciones. Esto ha hecho que en estos últimos tiempos los municipios de Chubut se hayan transformado en verdaderas inmobiliarias».