Buscar a Bolivia en la página web de Telefónica no es tarea sencilla. Tampoco figura en el Informe de responsabilidad social corporativa 2006 de la empresa. No obstante, mediante su participación del 10% en Telecom Italia, la empresa tiene una causa abierta desde el 12 de octubre de 2007 contra el tercer país más empobrecido […]
Buscar a Bolivia en la página web de Telefónica no es tarea sencilla. Tampoco figura en el Informe de responsabilidad social corporativa 2006 de la empresa. No obstante, mediante su participación del 10% en Telecom Italia, la empresa tiene una causa abierta desde el 12 de octubre de 2007 contra el tercer país más empobrecido de América, a quien acusa ante uno de los órganos más controvertidos del Banco Mundial: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Además de no ser transparente porque sus audiencias son secretas, el CIADI ha demostrado favorecer a los inversores extranjeros. Así, de acuerdo con un estudio de la Fundación Solón, en las 109 disputas atendidas hasta febrero, 93% de los países demandados fueron países en desarrollo. En un tercio de los casos, el tribunal falló a favor de los inversores, y 34% de los casos fueron resueltos fuera de esta corte, pero implicaron una compensación para el inversor.
El CIADI es un mecanismo mediante el cual las transnacionales ejercen su poder sobre los países del sur. La situación más usual en que interviene este tribunal es en los casos en los que existe un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado entre el país sede de la transnacional y el país receptor de la inversión. Si recordamos que los Países Bajos han firmado este tipo de acuerdos con la mayoría de los países latinoamericanos, ello explica que empresas italianas como Telecom o de EE UU como Bechtel abran filiales en Holanda para lanzar desde allí sus inversiones en América Latina.
Es el caso de la demanda de ETI Telecom- Telefónica, que se sustenta en el TBI entre los Países Bajos y Bolivia. Ahora bien, ¿cuán legítima es esta solicitud de arbitraje? Primero, desde el 2 de mayo Bolivia no se encuentra bajo la jurisdicción del CIADI, al haber anunciado su retirada. Segundo, esta decisión se sitúa en el contexto de reformas político-económicas emprendidas por el Gobierno boliviano para reforzar la soberanía del Estado sobre los recursos naturales y los sectores estratégicos.
En 1996, varias empresas estatales bolivianas fueron semiprivatizadas. Una de ellas fue Entel, empresa nacional de telecomunicaciones. El 50% de las acciones fueron adquiridas por la italiana STET, que transfirió sus acciones a ETI Euro Telecom International NV (Países Bajos), filial de Telecom Italia. La administración de ETI se caracterizó por la irresponsabilidad social corporativa, a tal grado que en septiembre la Fiscalía boliviana anunció que tenía una deuda tributaria de 18,6 millones de euros, y otros 18,7 por deficiencias en el servicio.
En marzo se decidió negociar con ETI para revertir al Estado las acciones gestionadas por las administradoras de fondos de pensiones y para la compra de acciones adicionales necesarias para que el Estado controle al menos el 51% de Entel. No se trata de una medida de expropiación y resulta inexplicable la solicitud de arbitraje presentada ante el CIADI. Además, esta medida hace correr el riesgo a las empresas de verse envueltas en una campaña internacional de denuncia desde la sociedad civil.
En 2005, Bechtel-Abengoa-Edison tuvo que retirar una demanda similar contra Bolivia debido a la presión popular. En el caso de Telecom no se vería envuelta sólo Telefónica, también BBVA y La Caixa (que controlan respectivamente el 6,4% y 5,4% de Telefónica). El duelo Telefónica vs. Bolivia podría bien acabar por un 0-1 contundente.
Observatorio de la Deuda en la Globalización