Expulsados en aplicación del Título 42, una normativa establecida por la Casa Blanca en marzo de 2020, no tienen acceso a artículos de primera necesidad ni a servicios sociales o médicos, y están expuestos a secuestros y violencia
Reynosa/ Tamaulipas/México, 3 de mayo de 2021.- Cientos de personas deportadas por Estados Unidos a México bajo la política del Título 42, en su mayoría mujeres y niños, están varadas en una plaza pública en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Se encuentran en una situación muy vulnerable, que les convierte en víctimas propicias a sufrir secuestros y que les deja especialmente expuestos a la violencia de las mafias. No cuentan ni siquiera con artículos de primera necesidad, como agua potable o refugio, ni con servicios sociales o médicos, afirma Médicos Sin Fronteras (MSF), que desde el pasado mes de febrero les brinda atención médica y psicosocial.
La mayoría de las personas provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, los tres países que forman el llamado «Triángulo Norte de Centroamérica». Actualmente, se encuentran hacinadas en la Plaza de la República de Reynosa, en una de las regiones más peligrosas de México. En este lugar, que está junto al Puente Internacional, a solo unos metros de la frontera con Estados Unidos, los equipos de MSF proporcionan una media de más de 150 servicios médicos, psicológicos, sociales y de promoción de la salud cada día.
“Vemos muchas familias, en particular mujeres que viajan solas con sus hijos. Fueron deportadas de inmediato a una ciudad extremadamente peligrosa, abandonadas en la calle y teniendo que valerse por sí mismas para intentar cubrir sus necesidades más básicas”, afirma José Antonio Silva, coordinador de MSF en Reynosa. “Están asustadas, en una ciudad desconocida e insegura y, a menudo, traumatizadas por el duro viaje que han tenido que llevar a cabo. También por la experiencia que han vivido durante el tiempo que estuvieron bajo la custodia de Estados Unidos”.
Durante el último mes, la cantidad de personas deportadas a Reynosa ha seguido aumentando; hasta hace unos días, en la plaza pública había unas 400. “La mayoría son migrantes que cruzaron a Estados Unidos y fueron deportados directamente a México bajo el Título 42, una política perniciosa y discriminatoria de la era Trump que ha continuado bajo la Administración Biden”, afirma Silva. En violación del derecho nacional e internacional, la política del Título 42 utiliza la pandemia como pretexto para cerrar la frontera, expulsando directamente a migrantes y solicitantes de asilo de regreso a México o a sus países de origen.
Desde marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo más de 618.000 deportaciones en aplicación del Título 42. Solo en marzo de 2021, el número de personas deportadas superó las 104.000.
Si bien la administración Biden se había comprometido a revocar las políticas dañinas de la era Trump y ampliar las vías de protección, el nuevo Presidente ha optado por continuar bloqueando y expulsando a solicitantes de asilo y migrantes con el pretexto de salvaguardar la salud pública. Desde que comenzó su mandato en enero, cerca de 240.000 personas han sido expulsadas de Estados Unidos bajo el Título 42.
“Lo que estamos presenciando hoy en Reynosa está ocurriendo también en otras ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez”, dice Silva. “Es una maquinaria bien engrasada que sirve para llevar a cabo deportaciones masivas y que no tiene consideración alguna por la salud y seguridad de las personas. Nos preocupa enormemente el hecho de que cada vez se esté deportando a más personas vulnerables; personas que además de ser expulsadas, no reciben ningún tipo de apoyo”.
Entre las personas deportadas hay migrantes que no hablan español, como indígenas o haitianos. Otros grupos vulnerables incluyen a personas heridas o enfermas, personas que viajan con niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. En un contexto tan violento, todas ellas corren un mayor riesgo de sufrir atraques.
“Disponemos de informes sobre personas que desaparecen de la plaza a plena luz del día o en mitad de la noche, lo cual es muy preocupante”, explica Silva.
Según la organización internacional Human Rights First, desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo el 21 de enero de 2021, se han reportado al menos 492 ataques violentos contra personas varadas en la frontera entre Estados Unidos y México, o contra personas expulsadas a México. Los ataques incluyen secuestros, violaciones, torturas, amenazas, robos y asaltos,
El equipo de salud mental de MSF, que trabaja con los deportados mediante sesiones grupales de apoyo psicológico, ha observado signos de traumas complejos y de depresión. Se reportaron signos de reacción aguda al estrés, síntomas psicosomáticos, como dolor de cabeza y de espalda, hipervigilancia debido a la inseguridad de la zona, dificultad para dormir, y miedo y ansiedad relacionados a la deportación o el hecho de vivir en condiciones de inestabilidad y violencia.
A pesar del aumento de personas deportadas en estas ciudades fronterizas y en toda la región, MSF es testigo de cómo el Gobierno de México no está haciendo lo suficiente para brindar servicios esenciales ni para garantizar la seguridad de este grupo de personas altamente vulnerable. MSF ha observado deficiencias en la gestión que realizan las autoridades mexicanas, debido al hacinamiento de los albergues y las pocas instalaciones estatales habilitadas para recibirlos, entre ellos el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF) y los Centros de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF).
MSF insta a la administración de Biden a rescindir de inmediato el Título 42 y reiniciar el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera sur. El Título 42 es una política ilegal y discriminatoria que pone en peligro la vida de las personas.
MSF exige a las autoridades mexicanas que adopte inmediananmente medidas para aumentar la capacidad de vivienda, de atención médica y de protección de las personas en tránsito en su territorio, especialmente para familias y menores.
Debe ser una prioridad evitar la creación de nuevos campamentos, como el que fue desmantelado hace solo dos meses en Matamoros, y permitir que los migrantes viajen en condiciones seguras y dignas.
Dada su responsabilidad de perpetuar la crisis humanitaria a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, la administracion de Biden también debe apoyar a las autoridades mexicanas y a las organizaciones humanitarias que responden a las crecientes necesidades en el norte de México.
Silvia Fernández. Press Officer, MSF España